Milagro Sala, un serio problema en la política exterior, por Joaquín Morales Solá

Milagro Sala, un serio problema en la política exterior

por Joaquín Morales Solá

Podrá decirse que el kirchnerismo (o el cristinismo, para ser precisos) conserva importantes resortes de influencia en organismos internacionales de derechos humanos y que, en parte por eso, tiene tanta repercusión en el mundo el caso de la prisión de Milagro Sala . Y es cierto. Podrá agregarse que la líder del movimiento Túpac Amaru es una figura polémica, prepotente y arbitraria en el manejo de los recursos públicos. Y también es cierto.

Nada debería ocultar, con todo, que el gobierno de Mauricio Macri se encuentra ante un serio problema de política exterior. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de pronunciarse reclamando su inmediata libertad. Ya antes habían exigido lo mismo el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas; el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, y Amnistía Internacional. No es un problema menor. El Presidente necesita conservar la autoridad moral para, por ejemplo, seguir reclamando la libertad del líder opositor venezolano Leopoldo López. No debería ser Sala quien la ponga en duda.

La CIDH podría avanzar aún más en sus decisiones en los próximos meses. La causa de Sala es defendida en ese tribunal por Jorge Taiana, ex canciller de Cristina Kirchner, y por el CELS, un centro argentino de defensa de los derechos humanos.

Funcionarios argentinos dijeron que los pronunciamientos de la CIDH y el de las Naciones Unidas no son vinculantes. La afirmación es relativa. "Todo es vinculante y obligatorio", aceptó otro funcionario. Se refería a que las convenciones, pactos y acuerdos sobre derechos humanos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano fueron incorporados a la Constitución en la reforma de 1994. La Corte Suprema argentina tiene jurisprudencia al respecto: las resoluciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio en el país. El gobierno nacional le pedirá a la justicia de Jujuy que ponga inmediatamente en libertad a Sala. Los jueces jujeños podrían negarse, pero el caso llegará a la Corte Suprema. Todos conocen de antemano cuál será su decisión.

¿Está la CIDH influida por el cristinismo? Vale la pena consignar un ejemplo. En marzo pasado convocó a una urgente audiencia para analizar la derogación de la ley de medios por parte de Macri. Por primera vez en su historia, la CIDH examinó a un gobierno apenas cuatro meses después de haber asumido. El Gobierno ganó ese debate de marzo, pero sumó varios enemigos empecinados en derrotarlo.

Milagro Sala fue detenida el 16 de enero pasado por un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, acusada, entre otros delitos, de sedición. Varios días después fue puesta en libertad, pero en el mismo acto se la notificó que quedaba presa de nuevo por delitos más graves, como asociación ilícita y defraudación al Estado. La primera prisión fue arbitraria y vició de legitimidad a todo el proceso judicial posterior. El respetado constitucionalista Roberto Gargarella escribió al respecto: "Cada paso que se tomó desde entonces (la primera prisión) mostró la misma marca de origen: mantenerla detenida primero, ver de qué modo se justifica después". Gargarella, que es muy crítico con la historia de Sala, calificó de "arbitraria" su prisión.

El Presidente detesta estar en la situación en que está. De hecho, se sintió muy incómodo durante la reciente visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a quien Amnistía Internacional le había pedido que intercediera ante Macri por la libertad de Sala. Macri y Trudeau fueron interpelados por la prensa, en una aparición conjunta, por el caso Sala. Pocos días más tarde, el Presidente convocó a una reunión de la que participaron la canciller Susana Malcorra; el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. "No quiero que sigan preguntándome en el mundo por Milagro Sala", los conminó.

Al problema lo tenía sentado en la reunión: Gerardo Morales cultiva el odio a Sala desde hace diez años. Ella no se privó de darle motivos: llegó, en tiempos del cristinismo, a destruir las oficinas privadas de Morales en Jujuy, que es una de las causas por las que se la juzga ahora. No es sólo Morales. Es también la dirigencia política y judicial de Jujuy y del Norte la que quiere ver presa a Milagro Sala, porque ella desafió al Estado y disputó el control territorial con esos jefes políticos de la región.

Gran parte de los jueces y fiscales que juzgan a Sala fueron nombrados por el ex gobernador peronista de Jujuy Eduardo Fellner. Es lo que Garavano les recordó a los parlamentarios peronistas del Parlasur que fueron a pedirle por ella. "Hablen con Fellner antes de venir aquí", les dijo. Estaba en la delegación de parlamentarios José López, el que luego revoleó bolsas con dólares en un convento, lo que le valió su posterior destitución como miembro del Parlasur. Sala es también parlamentaria del Parlasur.

Macri quedó encerrado en una ingrata situación. Entre la insistencia internacional para que liberen a Milagro Sala y la obstinación de la política y la justicia jujeñas para mantenerla presa. Ahí está el Presidente, sin solución por ahora.

Seguramente influyen en la enorme presión internacional tres condiciones de Sala: es mujer, indígena y parlamentaria. Sabemos aquí que el Parlasur fue un invento cristinista para conseguir fueros para algunos (no para todos), pero eso no se ve desde el lejano atalaya del mundo. Los cristinistas que militan a favor de Sala (o en contra de Macri, no se sabe) son Taiana, el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini. Un amigo de Zannini, Gustavo Cinosi (uno de los dueños del hotel Sheraton de Pilar), fue nombrado en la OEA con el cargo de asesor de Asuntos Institucionales. Fue el modo como el secretario general de la OEA, el uruguayo Almagro, agradeció el voto y las gestiones argentinas para su designación durante el gobierno de Cristina.

La carta de Almagro a Milagro Sala fue un desastre sin atenuantes. Como jefe de un organismo internacional, Almagro debió hacer primero gestiones reservadas ante el gobierno argentino y, en todo caso, advertirle que podría hacer pública su posición si la situación no cambiaba. Hizo todo lo contrario: se solidarizó con Sala sin siquiera avisarle al embajador argentino en la OEA. La OEA parece condenada a la mala suerte. El chileno José Miguel Insulza se fue criticado el año pasado de la OEA, pero lo cierto es que su gestión fue mucho más seria que la de Almagro. Almagro tiene una increíble facilidad para oscilar entre lo correcto y lo incorrecto. El torpe pronunciamiento de Almagro tuvo, sin embargo, su influencia. Aunque la CIDH es autónoma en sus decisiones, depende orgánicamente de la OEA, cuyo jefe es, precisamente, Almagro.

A pesar de todo, al Gobierno le preocupó, tanto como el pronunciamiento de la CIDH, la declaración de José Miguel Vivanco, director de la División Américas de la prestigiosa organización Human Rights Watch, quien suscribió la posición del constitucionalista Gargarella. Vivanco no tiene ninguna vinculación con el cristinismo y, al contrario, defendió a los perseguidos durante la larga década del cristinismo. A los periodistas, entre ellos. En los primeros días de la detención de Milagro Sala, Vivanco pidió, en un artículo publicado en LA NACION, la derogación del delito de sedición porque es incompatible con un Estado democrático.

Desde el primer reclamo de las Naciones Unidas, políticos argentinos criticaron la gestión de Malcorra. Es injusto. Ya hizo mucho logrando frenar durante casi un año el importante problema de política exterior que existe ahora. Malcorra y Garavano le venían anticipando a Gerardo Morales desde abril pasado que el caso Sala terminaría mal.

¿Cómo terminará? Debería terminar, al menos, con soluciones realistas. No hay solución buena para la pertinacia de los dirigentes jujeños mientras las cosas estén como están. Es evidente que Milagro Sala ejerció violencia contra sus adversarios y manejó discrecionalmente los fondos públicos. Sin embargo, la figura de la prisión preventiva debe ser usada con mucha prudencia. Le niega la libertad a una persona que no fue condenada (cuyos presuntos delitos deben probarse) y puede violar el principio de inocencia (todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario). En el caso de Sala, el delito está probado, pero no quién lo cometió. Astuta, Milagro Sala rechazó la prisión domiciliaria por la que trabajó Garavano. En la cárcel es una perseguida política; en su casa la aguarda el olvido.

Políticos y jueces de Jujuy deberían ser conscientes de que el problema se les fue de las manos. Milagro Sala no tiene fueros (no los tiene el Parlasur) y debe ser investigada con todas las garantías del debido proceso, más aún porque es un personaje polémico y controvertido. Deberían evitar, en fin, que se convierta en mártir quien no lo es ni merece serlo.

El mundo cambió antes que su muerte, por Joaquín Morales Solá

El mundo cambió antes que su muerte

por Joaquín Morales Solá

Fidel Castro murió en La Habana cuando el castrismo latinoamericano ya había desaparecido, salvo en la nostalgia de personas mayores que habían vivido, medio siglo antes, la ilusión fracasada de una revolución que se convirtió en involución. Producto cabal de la Guerra Fría de mediados del siglo XX, Castro fue una pieza de museo en los últimos 27 años, desde la caída del Mmuro de Berlín en 1989. Hace pocos días cayó el último vestigio de su larga influencia en la región.

Ocurrió cuando el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos firmó por segunda vez un acuerdo de paz con el comandante "Timochenko", jefe de las FARC, la guerrilla más antigua de América latina. Aunque La Habana fue el escenario de las negociaciones de paz, lo cierto es que el castrismo sólo se resignó a lo inevitable.

América latina cambió en el último año como para amargarle la vida a Fidel, que siempre creyó que el viento de la historia soplaría, tarde o temprano, en la dirección correcta diseñada por él. Venezuela, su último protectorado ideológico, se hunde en la ruina. Mauricio Macri reemplazó en Buenos Aires a su amiga Cristina Kirchner. Michel Temer ocupa en Brasilia el lugar de Lula y Dilma, viejos conocidos del líder muerto. El liberal Kuczynski gobierna Perú y hasta Daniel Ortega se hizo capitalista para seguir mandando como un dictador en la pobre Nicaragua. El magnate Sebastián Piñera podría volver en 2018 al gobierno chileno.

Hace poco le preguntaron a Macri si la relación de Washington con América latina se tensaría en el caso de que Donald Trump desconociera los acuerdos de Obama con los Castro. Contestó que no. "La nueva corriente de líderes latinoamericanos no está pendiente de Cuba", respondió. Con una frase, Macri explicó el contexto en el que Fidel murió. O prefirió morir antes de comprobar que la historia siempre tiene su propia dinámica.

Sin embargo, nunca la política es un paraíso. La nueva ola de líderes latinoamericanos tiene sus problemas. En la Argentina, en apenas una semana, el peronismo en sus infinitas versiones logró cambiarle tres veces la agenda a Macri. También le confeccionó una nueva. La de estos días podría ser una foto anticipada de cómo será el peronismo en el año electoral que viene. O podría ser algo más: el anticipo, quizá en sus trazos más amables, de la futura convivencia con el peronismo si un revés electoral se abatiera sobre el Presidente en las próximas elecciones legislativas.

El problema de Macri dejó de ser político hace mucho tiempo; su principal conflicto es el económico. Tal vez, los acuerdos con el peronismo (gobernadores y sindicatos) para pacificar la política complicaron la economía, pero la culpa no es sólo de esos acuerdos. La recesión es profunda. La esperanza de recuperación se pasó de principios del segundo semestre al último trimestre. La economía sigue igual. Los datos oficiales de la recesión coinciden con la percepción de los empresarios y el mal humor de muchos sectores sociales.

¿Dónde está la culpa? ¿Cómo saberlo cuando ni siquiera está establecida la responsabilidad, cuando hay muchos ministros de Economía y ningún ministro? Nadie lo sabe. Pero es inútil reflexionar sobre si el actual sistema de conducción económica es bueno o malo. El Presidente está seguro de que la mejor solución es que no haya un superministro. Ni un Cavallo, ni un Lavagna ni un Sourrouille de la segunda década del siglo XXI. No quiere ni la sombra de esos ministros con más poder que sus presidentes. Lo cierto es que la campaña electoral, cuyo inicio de hecho Macri esperaba para diciembre, se adelantó. La campaña ya empezó.

Frigerio y Prat-Gay lo advirtieron cuando fueron a Diputados por el impuesto a las ganancias. Los esperaba toda la oposición junta, por primera vez en casi un año. Peronistas massistas, ortodoxos y kirchneristas; socialistas y otros diputados de izquierda. Nunca habían visto ese espectáculo. "Se terminaron los buenos tiempos; empezó la campaña", le susurró Frigerio a Prat-Gay. Antes, el Senado había sancionado, con el voto de todos los peronistas, un proyecto de emergencia social que creaba un millón de puestos de trabajo. El Gobierno lo repudió, pero terminó negociando un nuevo proyecto, más realista, menos imperativo.

No importa. El peronismo se pavonea en el teatro político remarcando lo que es obvio: la iniciativa está en sus manos. Algunas organizaciones sociales acompañaron esas propuestas (tanto las del peronismo como las del Gobierno), pero es un espacio que merece otro análisis. Si hay unánime coincidencia en que el país está en medio de una pertinaz recesión, debe concluirse que la crisis golpea a todos, pero sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad. La pregunta es por qué no funcionaron los sensores políticos de la administración. ¿Por qué los funcionarios no ofrecieron a esas organizaciones sociales el acuerdo que después suscribieron? Podría haber sido peor, y no lo fue porque el Gobierno tiene algunos funcionarios como Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, capaces de hablar con los jefes piqueteros como si hubieran nacido en el mismo barrio.

Sucedió algo parecido con el aumento del mínimo no imponible del impuestos a las ganancias. Su eliminación fue una promesa de campaña de Macri, que no la pudo cumplir cuando se encontró con el Estado fundido que dejó Cristina Kirchner. Tuvo tiempo, con todo, para modificar la alícuota mucho antes. Sergio Massa anunció un proyecto propio un día antes de que el Gobierno hiciera público el suyo. En rigor, hasta ese momento Massa no había entregado nada nuevo en la mesa de entradas de Diputados. Eran sólo palabras. Le sacó a Macri la ventaja de un día y, encima, anunció una sesión especial, que tendría quórum para deliberar, pero no para tratar ningún proyecto. Nada por aquí. Nada por allá. Genio y figura de Massa.

No obstante, ¿quién puede negarle la habilidad para mostrarse dueño de la iniciativa? El Gobierno ya sabe que su ley de modificación de ganancias saldrá del Congreso con muchos cambios. Es la promesa que hizo para evitar un debate inútil, pero con alto contenido político, para llamarlo de algún modo.

El impuesto a las ganancias afecta seriamente a los asalariados con ingresos más altos. Nadie habla de los aportes patronales, que son una enorme traba para la creación de nuevos puestos de trabajo. Ni del IVA, que lo pagan ricos y pobres y que es uno de los más altos del mundo. El impuesto a las ganancias es emblemático desde 1999.

Todas la concesiones del Gobierno de la última semana significarán más dinero para un Estado cuyo déficit aumentó en octubre por la caída de la recaudación (típico de la recesión) y por la reanudación de la obra pública. Tiene todavía un margen de $ 100.000 millones para no pasarse del déficit previsto del 4,8%. Cree que logrará no superarlo. El Gobierno aceptará aplicar impuestos al juego, que es de las provincias, pues no administra bingo ni casinos. Y a la renta financiera, que ya tiene algunos gravámenes. Podría reponer las retenciones a la minería, porque la quita que aplicó Macri fue un pedido de tres provincias peronistas: San Juan, La Rioja y Catamarca. Nunca nadie lo contó, mientras el Presidente pasó un año con el estigma de que benefició a las mineras por decisión propia. ¿Por qué nadie dijo de quién fue la idea?

La reforma electoral cuenta con el apoyo de una clara mayoría social. El kirchnerismo más cerril en acuerdo con el PJ feudal -cuándo no- decidió que el proyecto no llegue al recinto del Senado. Vicarios de Cristina lo atornillaron en las comisiones del cuerpo. ¿Por qué el Gobierno no anunció en su momento la convocatoria a un plebiscito no vinculante sobre esa reforma? ¿Se hubiera prestado el peronismo a la posibilidad de una segunda derrota consecutiva? No, seguramente. El Gobierno se priva de jugar con lo mejor que tiene, que es todavía una mayoría social. La necesita para enfrentar al PJ, que cree que Macri es un usurpador, un paréntesis incómodo de la historia que existirá mientras los peronistas se cambian de ropa y de piel. Ellos, como Fidel, creen en una dirección única e inmodificable de la historia, que siempre los protegerá.

Macri y Massa, en medio de un debate crucial, por Joaquín Morales Solá

Macri y Massa, en medio de un debate crucial

por Joaquín Morales Solá

Sergio Massa le ha hecho un favor a la política argentina. Su promesa inicial de "prohibir las importaciones", atenuada luego en la redacción de un proyecto de ley, permite abrir un debate crucial que el país se debía. La Argentina es la nación con la economía más protegida del hemisferio occidental. ¿Debe seguir siéndolo? Primero hay que formular otras preguntas: ¿existe ahora, acaso, un masivo desembarco de importaciones comparable a lo que sucedió en los años 90, tal como lo describe Massa? ¿Cómo conciliar un país con una dirigencia mayoritariamente aislacionista y el proyecto unánime de hacer un "país exportador"? ¿En qué medida el aislacionismo económico afecta a la sociedad en general y a los trabajadores en particular?

Es cierto que hay en el mundo corrientes sociales que repudian el aperturismo y la globalización. Sobre esas mareas llegaron a la cima de la política, por ejemplo, Donald Trump y los partidos xenófobos de Europa.

La diferencia con la Argentina es que esos dirigentes extranjeros pertenecen a países con economías muy abiertas y que también ellos expresan el antisistema político. Aquí, donde el proteccionismo ya existe, es gran parte del propio sistema el que se refugia en el aislacionismo. Una realidad comprobable es que los resultados del aperturismo y la globalización son excelentes en muchos aspectos de la vida económica, pero producen, al mismo tiempo, insatisfacción en algunos sectores sociales.

Massa es un exponente destacado del sistema argentino, como Mauricio Macri representa, de alguna manera, el antisistema. Tanto el peronismo como el radicalismo han sido históricamente partidos proteccionistas, con la excepción de los años menemistas que los peronistas aceptaron sólo por su rating electoral. En esa corriente se inscriben también muchos empresarios (salvo los competitivos) y casi todos los sindicatos. Partidos históricos, empresarios y sindicatos son, en cualquier lado, la personificación del sistema. El Presidente debe nadar, incluso, contra su propia biografía, porque su padre fue una expresión cabal del empresariado proteccionista.

Una característica del debate es su antigüedad intelectual. El proteccionismo o la apertura se discutían con argumentos racionales hace cincuenta años. La globalización, el monumental progreso en las tecnologías de la comunicación y las experiencias mundiales en materia de integración convierten en rancio aquel viejo debate. Massa señaló que su prioridad es el consumo de la sociedad. No se trata de una novedad; es el proyecto de cualquier político. La pregunta que no respondió es qué clase de consumo quiere. Puede ser un consumo subsidiado e inconsistente en el tiempo (que es el que propuso siempre el populismo latinoamericano) o puede ser el consumo al estilo de las economías más avanzadas del mundo, que se respalda en la producción de bienes y en la capacidad exportadora. Este último modelo requiere de cierta apertura. No existe un estándar de comercio internacional para alguien que se propone vender y se niega rotundamente a comprar.

¿Está la economía argentina en condiciones de abrirse a la competencia con el mundo? No. El propio Macri suele decir que el país no puede, hoy por hoy, competir ni siquiera con Brasil. El ministro Alfonso Prat-Gay les aconsejó a los empresarios que hicieran "dieta y gimnasia" durante cuatro años, porque después tendrán que competir. Macri, entre tanto, apura el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y dio los primeros pasos para la futura integración del país con la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). Competir no significa, desde ya, la apertura indiscriminada de la economía. Todos los países tienen algún filtro en su sistema aduanero, y aun los más aperturistas protegen ciertos sectores de su industria. Pero administrar el comercio exterior es una cosa y cerrarlo es otra.

La economía argentina tiene un enorme problema de precios relativos (es también uno de los países más caros del hemisferio occidental), sobrelleva un monumental déficit en sus cuentas públicas, padece muy altos índices inflacionarios y, encima, muchos empresarios están acostumbrados a aumentar los precios por las dudas. La economía cerrada permite esos desvaríos de los precios en tanto la presión sindical esté satisfecha con importantes aumentos salariales. El resultado es una economía chica, protegida e inflacionaria. Todos contentos, mientras el 30 por ciento de los argentinos se hunde bajo la línea de la pobreza. En rigor, gran parte del sistema se sentía más cómodo con el modelo de los Kirchner que con cualquier otro.

Massa, otros políticos peronistas y muchos empresarios clamaron al cielo en días recientes por la "ola importadora" que destruiría la industria y el trabajo. Primero: ¿qué hay de verdad en todo eso? Poco. Entre enero y julio de este año las importaciones cayeron un 11,8 por ciento. En julio, la caída de las importaciones fue del 17% con respecto a julio de 2015. El gobierno de Cristina dejó 100.000 expedientes sin resolver con autorizaciones para importaciones (DJAI), que incluían insumos básicos para la industria. La Organización Mundial del Comercio fijó el 31 de diciembre pasado como plazo para que dejaran de existir esas trabas aduaneras. El gobierno de Macri debió aprobar a las apuradas aquellas autorizaciones morosas para no frenar la industria por falta de insumos. A pesar de aquellas caídas en las importaciones, éstas tuvieron hasta junio un peso mayor por la influencia de las autorizaciones que hubo en diciembre.

Massa se limitó a pedir en su proyecto una autorización especial para cinco productos: motos, bicicletas, caucho, juguetes y zapatos. "Una cuestión aduanera", la redujo el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, quien calificó al dirigente renovador de "irresponsable". El tan mentado sector textil tendrá este año importaciones de menos del 6% sobre el consumo total. El último año de cierta normalidad, 2012 (después, la falta de divisas cerró a cal y canto las puertas de la Aduana legal), las importaciones de textiles fueron del 6,8%. En quesos, aceites, carne de vaca, dulce de leche, manzanas, peras y pollos, las importaciones serán en 2016 de menos del 1% sobre el total del consumo. El único salto en el porcentaje es de la zanahoria (10,50% del consumo), porque la producción local fue muy afectada por las lluvias.

Las licencias no automáticas vigentes en el gobierno de Macri (significan una revisión detallada y precisa de las importaciones) comprenden el 85% de las importaciones de juguetes; el 64% de motos; el 94% de calzado; el 57% de línea blanca; el 62% de maquinaria agrícola, y el 90% de artículos de vestir. Es verdad que hay, además, una sensibilidad especial con las importaciones por la recesión de la economía. A la caída del consumo (comenzó a remontar en agosto, según el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el economista Miguel Bein, antiguo asesor de Scioli) se sumaron nuevos, aunque pocos, oferentes. La piel del sistema se erizó.

La sensibilidad aparece con cualquier dato nuevo del extranjero, ya sea por la compra "puerta a puerta" en el exterior o por la adquisición de 120 kilos de dulce de leche chileno para un mercado argentino de 48 millones de kilos. Algunos pidieron el cierre inmediato de las importaciones de dulce de leche. Los argentinos deberían preocuparse por el dulce de leche chileno, pero por otras razones. Chile logró colocar en el mundo 3000 toneladas de dulce de leche en el primer semestre de 2015. La Argentina vendió sólo 2000 toneladas con una mayor capacidad de producción.

El único problema serio que existe aquí y en el mundo tiene nombre y apellido: China. No es una economía de libre mercado; las condiciones de trabajo en China son más que pésimas; no existen protocolos para el cuidado del medio ambiente, y hay créditos y subsidios del Estado para las exportaciones. La competencia es desigual para cualquier actor mundial. América y Europa podrían ser, en cambio, oportunidades para la Argentina cuando esté en condiciones de competir.

Cerrarse al mundo significa correr el riego de represalias internacionales que destruirían el trabajo argentino y la propia industria nacional. Pero la solución no es sencilla, porque es mucho más que un problema político: es un conflicto cultural. Hay un sistema político, económico y social convencido de que le están pisoteando un paraíso que nunca existió.

Cristina oscila entre el Congreso y la prisión, por Joaquín Morales Solá

Cristina oscila entre el Congreso y la prisión

por Joaquín Morales Solá

El destino de Cristina Kirchner parece oscilar entre el regreso a la política electoral o el ingreso en la prisión. La política (y la vida) suele tener un camino más enmarañado que una línea directa entre los días que corren y esos futuros posibles. En la provincia de Buenos Aires, el único lugar donde Cristina podría postularse a legisladora con cierto éxito, la esperan las eventuales candidaturas de dos mujeres fuertes, arquitectas en gran parte de su actual desdicha judicial: Elisa Carrió y Margarita Stolbizer. En la Justicia tropezó con dos jueces que están fuera de cualquier sospecha política: Julián Ercolini y Claudio Bonadio. Debe, para peor, enfrentar la investigación de tres fiscales implacables: Carlos Rívolo, Guillermo Marijuan y Gerardo Pollicita, que son quienes investigan y abastecen de pruebas a aquellos magistrados. Es probable que la ex presidenta termine presa. Ella lo sabe. La pregunta para la que nadie tiene respuesta (y ella menos que nadie) es cuándo sucederá esa decisión judicial. ¿Antes o después de una eventual candidatura suya a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires?

Fuentes seguras de la justicia federal aseguran que es inminente que el juez Ercolini llame a indagatoria a Cristina por la organización de un sistema de corrupción con la obra pública que convirtió en multimillonario a Lázaro Báez. Los fiscales Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron esa indagatoria y la acusaron de los delitos de defraudación contra la administración pública y de negociaciones incompatibles con la función pública. La novedad consiste en que el juez coincidió con el reclamo de los fiscales para citar a indagatoria a Cristina. Ercolini, un magistrado con fama de honesto, cumple seguramente con el ritual de todos los jueces federales: jamás citan a indagatoria a importantes figuras públicas si antes no tienen el procesamiento escrito. "No se hace esa clase de citaciones para resolver después una falta de mérito", explican los expertos en jueces.

Ercolini tiene las causas más graves que pesan sobre Cristina: asociación ilícita, Hotesur y los arbitrarios dispendios de Vialidad Nacional. Estos dos últimos casos vinculan estrechamente a la ex presidenta con Báez. Bonadio la investigó y la procesó por la venta de dólar a futuro y estrecha el cerco ahora sobre ella en el caso de la empresa Los Sauces. Carrió y Stolbizer fueron las denunciantes de algunas de esas causas.

Otro juez que investiga al kirchnerismo, Sebastián Casanello, instruye la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero. Hay una disputa sorda entre ese magistrado y la única sala prestigiosa de la Cámara Federal (integrada por los jueces Irurzun, Cattani y Farah). Casanello sostiene que el lavado de dinero es un delito autónomo y que no es su tema, por ahora, hurgar en el delito precedente. La Cámara ya apeló al "sentido común" para señalar que la Justicia debe investigar cómo se generó el dinero que se lavó. Casanello replica que esa cuestión está en manos de Ercolini, que es quien, en efecto, está investigando cómo Báez se convirtió de monotributista que ganaba $ 3500 en 2003 a una de las principales fortunas del negocio de la construcción, 12 años después.

La conclusión de los fiscales Pollicita y Mahiques es que Báez recibió en esos años casi el 80% de la obra pública de Santa Cruz. En ese período, el feudo de los Kirchner recibió tantas obras públicas como ocho provincias juntas en el mismo lapso (La Pampa, Tucumán, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Neuquén y Misiones). Y tuvo un 11% más de presupuesto ejecutado en obras públicas que la provincia de Buenos Aires, el distrito más extenso y poblado del país.

Báez tenía, según la investigación en poder de Ercolini, un canal especial de pago preferencial. Le prorrogaban los contratos y nunca se verificaron los avances de sus obras. Tampoco fue sancionado por los incumplimientos. En síntesis, el patrimonio de Báez creció 12.127% entre 2002 y 2014. Entre 2008 y 2013, Báez pagó a los Kirchner US$ 4 millones y $ 12 millones a través del alquiler de habitaciones que no ocupaba en los hoteles de Hotesur. Clásico lavado.

Algo parecido sucede con la empresa Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner y dueña de unos ocho edificios que eran alquilados por Báez y Cristóbal López, otro empresario muy cercano al antiguo régimen. La investigación realizada por el juez Bonadio y el fiscal Rívolo descubrió algunas anomalías que los dejó estupefactos. Por ejemplo, la casa de Río Gallegos en la que vive actualmente Cristina Kirchner, que está a nombre de Los Sauces, fue comprada en principio por el empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner y sospechado de administrar varios negocios de la anterior familia presidencial. Sanfelice compró esa casa en $ 200 mil y se las vendió a los Kirchner, cuatro meses después, en US$ 250 mil. La vivienda aumentó su valor en un 500%, según el precio del dólar de esa época, en apenas 120 días. No hay nada más parecido al lavado.

Otra sorpresa fue cuando la empresa Los Sauces declaró que se habían perdido los libros contables de la firma. Una investigación del fiscal Rívolo los encontró en una oficina que ocupaba su presidenta, Romina Mercado, sobrina de Cristina, en una propiedad de Sanfelice. En esos libros contables aparecieron adelantos de dividendos a sus accionistas (Cristina y sus hijos), pero ninguno de esos movimientos contables se trasladaron a los movimientos bancarios de la empresa. Podría tratarse también de una maniobra para lavar dinero que provenía de otra parte.

Un sector de la Justicia quiere desplumar de los bienes mal habidos a Cristina. Ya la desplumaron de una porción importante de su inconmensurable fortuna. Ni ella, ni sus hijos, ni sus socios (Báez y sus hijos, sobre todo) tienen acceso a las cuentas en el exterior, según aseguran fuentes judiciales. Los bancos del exterior suelen congelar en el acto las cuentas de personas "políticamente expuestas". El dinero blanco de los Kirchner en la Argentina está inhabilitado por el juez Bonadio. El juez Casanello y el fiscal Marijuan embargaron propiedades en Santa Cruz por ciento de millones de dólares que estaban a nombre de Báez. Posiblemente, nunca las recuperarán. Todos suponen que Báez era un testaferro de los Kirchner. A Cristina sólo le queda el dinero en efectivo que podría ocultar, pero que no puede mostrar porque está bajo la lupa de jueces y fiscales. En un párrafo casi irónico, Bonadio habilitó hace poco a Cristina para cobrar su jubilación y la pensión de su marido por el "derecho a la alimentación" que no se le puede negar a nadie.

La prisión de una persona procesada por corrupción es posible sólo si hay riesgo de fuga o si está en condiciones de obstaculizar la investigación judicial. Los jueces percibieron que Cristina cumple religiosamente con sus obligaciones judiciales. Con mala cara y peores palabras, pero las cumple. Ercolini estaría dispuesto a enviar cuanto antes a juicio oral las corrupciones de Vialidad y Hotesur. El juicio podría condenarla a prisión, ¿terminará antes o después de las elecciones? La pregunta no tendría sentido si los fueros dejaran de proteger a los políticos por los delitos que estaban siendo investigados antes de que fueran candidatos. Esa protección, que cubre el pasado de los candidatos, es inexplicable. Los candidatos deberían renunciar a los fueros por presuntos delitos precedentes o la ley de fueros debería ser cambiada. Si eso sucediera, no habría contradicción entre los posible destinos de Cristina como candidata o como presa.

Macri, entre lo trascendente y lo frívolo, por Joaquín Morales Solá

Macri, entre lo trascendente y lo frívolo

por Joaquín Morales Solá

Enrique Peña Nieto y el emir de Qatar merecían un contexto argentino mejor que el que les tocó. El acercamiento con México de Mauricio Macri significa dos importantes giros en la política exterior. Un nuevo gesto de la Argentina de aproximación hacia la Alianza del Pacífico (coalición que fue fuertemente rechazada por el kirchnerismo), por un lado, y la recuperación de la relación histórica con México, por el otro. En la última década, México fue injustamente relegado de la política exterior argentina, influida de manera desmedida por la estrategia del Brasil de Lula. Basta decir, por lo demás, que Qatar controla un fondo soberano de más de US$ 100.000 millones y que ha hecho importantes inversiones en todo el mundo.

Política exterior e inversiones fueron, sin embargo, eclipsadas por el sesgo a veces farandulero de la política nacional o por decisiones tan polémicas como inútiles. Macri le venía ganando por knock-out a Tinelli en las aspiraciones de éste para influir en el fútbol argentino. Le sacó la AFA y la Superliga. El conductor televisivo desafió entonces al Presidente y lo satirizó de la peor manera, en el peor momento. Comenzó entonces un intercambio de reproches, que -todo hay que decirlo- el periodismo, con excepción de los diarios, agigantó innecesariamente. Corrían días sin grandes noticias porque los jueces y gran parte de los políticos estaban de vacaciones. Cristina Kirchner, gran vector de (malas) noticias desde diciembre pasado, descansaba también en el confín del Sur. Un sector importante de la sociedad consumía, a su vez, la información que daba cuenta de los arrebatos de Tinelli o de las réplicas del Gobierno. Farándula, periodismo y sociedad se unieron en un extraño viaje hacia la nada.

El Presidente pudo resolver la cuestión con una reunión austera, aunque fuera pública, con Tinelli. Nadie puede negarle el derecho (o la necesidad) de reunirse con quien se había propuesto erosionar su fortaleza política hasta el extremo de desconocer su investidura. A estas alturas, Tinelli importa poco. Importa, en cambio, lo que hizo el Presidente para resolver un conflicto más mediático que político. Después de la reunión, la cuenta oficial de Macri en Twitter difundió una serie de imágenes de Tinelli llegando a la residencia de Olivos y siendo recibido por el Presidente como si se tratara de otro jefe de Estado. No fue todo. Poco después, el propio Macri difundió por Snapchat imágenes de él y Tinelli en las que ambos, entre risas, intercambiaban sus caras.

La sobreactuación de Macri es la prueba más cabal del fastidio presidencial con el conductor televisivo. El fastidio no justifica el error. Las imágenes se captaron en el despacho presidencial de la residencia oficial. La institución presidencial está herida en el país desde la caída de Fernando de la Rúa. Duhalde fue un presidente débil. Los Kirchner no reconstruyeron esa institución porque la convirtieron en una especie de monarquía electiva. El deber de Macri es reconstruir la institución presidencial de una República. Pero, ¿qué aporte a esa reconstrucción puede hacerse cuando el juego consiste en que Tinelli ocupe el lugar de Macri? Tinelli debería aceptar de una buena vez que quiere hacer (y hace) política desde un programa de TV sin ninguna noción de los valores, y Macri tendría que demostrar en cada acto público que es consciente de la situación que vive la sociedad argentina.

Ése es el otro costado de las imágenes presidenciales que merece analizarse. El Ministerio de Trabajo consignó que en los últimos seis meses se perdieron casi 180.000 puestos laborales. La inflación tiene un ritmo anual del 40%. Ni el consumo ni la actividad industrial han dejado de caer. La economía está en recesión. Los vaivenes con las tarifas de los servicios públicos provocaron temor e inseguridad en amplios sectores sociales, que ya no saben cómo ni cuándo ni cuánto pagarán. El Presidente viene repitiendo que él sufre al lado de cada argentino que sufre en esta transición hacia una economía más seria, moderna y homologable. Las decisiones que ha tomado en ese sentido son elogiables, aunque cuestionen su implementación. La situación y aquellas palabras presidenciales chocan de frente con las imágenes que el propio Presidente difundió de su encuentro con Tinelli, el mayor ícono de la frivolidad argentina.

¿Quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? "Si la sátira de Macri es en adelante menos corrosiva, el resultado será beneficioso para el Presidente", dijo un pragmático funcionario cercano a él. De hecho, la sátira de Macri, posterior a la reunión con Tinelli, bajó varios decibeles, aunque no abandonó el monotema de las tarifas, que es el costado más débil del Presidente en este momento. Tinelli no se llevó nada. Ni la AFA ni la Superliga. Típico de un negociador duro como Macri, que no concede nada cuando ya lo tiene todo. "Una reunión superficial", describió Tinelli ante un amigo. Lo cierto es que las imágenes de la reunión (no la reunión) dejaron la impresión de un Presidente que se equiparaba con Tinelli. No son lo mismo.

Tampoco era indispensable que el Gobierno se enredara en una polémica por los datos de la Anses, que trasladó a la Secretaría de Comunicación Pública. No estamos ante la amenaza de un "Estado policial", como denunció Cristina Kirchner. Un verdadero Estado cuasi policial se vivió bajo su presidencia, cuando todos los teléfonos importantes de la Argentina (incluidos los de sus legisladores) estaban intervenidos por los servicios de inteligencia y la propia jefa del Estado violaba el secreto fiscal para difundir información personal sobre sus enemigos. Con todo, la decisión firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, merece una reflexión. El precedente no es bueno y abre una puerta, además, a futuros avances del Estado sobre otros derechos constitucionales, como el de la privacidad o el de la intimidad.

La decisión de Peña dispone que la Anses compartirá los datos de los argentinos que tiene registrados, unos nueve millones, con esa Secretaría para usarlos en la comunicación oficial. Se trata de nombres y apellidos, DNI, CUIT o CUIL, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios. La ley de protección de datos personales dispone una serie de derechos y garantías de los argentinos para evitar manejos abusivos por parte de terceros. No se trata sólo de esa ley; la Constitución otorga rango constitucional a la protección de los datos personales.

La ley dispone que los datos personales podrán se trasladados sólo con el consentimiento libre, expreso e informado de los ciudadanos. Otro requisito que impone la ley es el "principio de finalidad", que establece que los "datos personales no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención". El Estado está exceptuado, en un artículo de redacción vaga e imprecisa, del consentimiento, pero no lo está de la finalidad. Aquella excepción al Estado, permite que Peña pueda asegurar que su decisión es legal. Queda en el limbo, no obstante, el tema de la finalidad. ¿Por qué la Anses debe compartir sus datos cuando los obtuvo sólo para fines previsionales? La prestigiosa ONG Asociación por los Derechos Civiles (ADC), políticamente imparcial, señaló que los datos personales deberían estar resguardados por una autoridad independiente, y que la ley que los protege debería ser reformada para incluir nuevos estándares internacionales y el fenómeno digital.

Sería mucho más útil debatir esas reformas que hacer prolijamente lo que ya hacía el kirchnerismo de manera soterrada. Sería mejor hablar de México y de Qatar antes que seguir dando vueltas con Tinelli entre el vacío y la nada.

Macri, desde la pelea interna hasta Tinelli, por Joaquín Morales Solá

Macri, desde la pelea interna hasta Tinelli

por Joaquín Morales Solá

Cierto fresco se siente en el despacho de los presidentes. Colaboradores y secretarios de Mauricio Macri van vestidos con algún abrigo. La calefacción está puesta en su nivel mínimo, cuenta uno de esos ayudantes. El despacho ya es otro, aunque es el mismo. De la vieja decoración sólo quedan el escritorio y la enorme boiserie en la pared de la chimenea. Los sillones claros, cuadros con pinturas modernas y una antigua mesa redonda crean un ambiente menos saturado, más liviano. La decoración está inspirada, aunque no es idéntica, en el Salón Oval de la Casa Blanca. "Ayer hizo más frío", dice el Presidente no bien empieza el diálogo. La energía rondará la conversación, una y otra vez.

Sin embargo, Macri comienza por despejar rumores. "No es cierto que falta coordinación en el gabinete o que haya fracasado la idea de dividir el viejo Ministerio de Economía", afirma, enfático.

En ese despacho, cuenta, se reúne una vez a la semana un equipo integrado por Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Alfonso Prat-Gay, Gabriela Michetti (o Federico Pinedo si ella no está), Emilio Monzó, Ernesto Sanz, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui (vicejefes de Gabinete éstos dos últimos). Siempre hay un sillón a disposición del ministro con el problema más urgente o más importante.

"Desde aquí se coordina todo", explica. ¿Acaso no hay problemas entre Prat-Gay y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger? "Antes de asumir, pensé mucho en ellos dos. Uno debía ir al Banco Central y el otro al Ministerio de Hacienda. Los dos sabían que el que fuera al Banco Central tendría asegurado el respeto a su independencia. A veces, le pregunto a Sturzenegger si no sería conveniente una tasa más baja. Él me dice que no en este momento. Yo lo respeto. Los ministros de Economía creen menos en la independencia del Banco Central. Siempre fue así. Pero yo debo dar el ejemplo: la institucionalidad comienza por separar la amistad de la función que un amigo cumple en el Estado", responde.

Al Presidente no le gusta que le disputen la propiedad intelectual de sus mejores logros. Subraya: "Aquí, en esta oficina, yo decido la estrategia. Yo dije que del cepo al dólar había que salir inmediatamente después de asumir y entonces me criticaron hasta mis amigos. Salimos muy bien. Yo dije que había que arreglar cuanto antes con los holdouts. Una vez lo bajé de un avión en Nueva York a Luis Caputo (secretario de Finanzas) y le ordené que no volviera al país sin el acuerdo en la mano. Fue así. Salimos bien. Yo dije que no podíamos vivir como país ni un minuto más consumiendo energía gratis. Y ahí estamos". Aunque nunca lo nombra, es más que obvio que está refutando la teoría de que Prat-Gay debería ser un superministro de Economía. "Si todos moderaran sus egos, la política sería mucho mejor", concluye sin dar ningún nombre.

¿Se equivocó Juan José Aranguren con las tarifas? "Es probable que se hayan cometido errores. Pero no es culpa de Aranguren. Yo les digo siempre a mis ministros que prefiero que se equivoquen haciendo diez cosas a la vez que no haciendo nada por temor a equivocarse." ¿Hablamos de energía? "Hablemos. ¿Quiero un cambio cultural en el consumo de energía? Sí. ¿Era necesario salir de la lógica perversa de que la energía es barata y se puede consumir sin límites? Sí. Pero hay algo más grave que todo eso: ¡no tenemos energía! La producción del país es insuficiente y, lo que es peor, también la estructura para la importación es insuficiente. El gobierno anterior hizo una estructura pequeña para la importación para salir del paso. Si el consumo domiciliario se disparara, la única salida que tendremos sería el corte de energía a la industria. Y entonces tendríamos fábricas paradas, empleados suspendidos y la economía produciendo menos. No es una solución lógica para un país que aspira a reactivar su economía", reseña, y sintetiza: "La Argentina era un avión que se venía a pique y al que, encima, le habían destruido el instrumental. Estamos estabilizando la nave en medio de la oscuridad".

La Justicia es otra de sus obsesiones. "El kirchnerismo se fue, pero Justicia Legítima sigue ahí. Hay jueces y fiscales de esa agrupación en todos lados que obstruyen la política (como sucedió con las tarifas) o que creen en la abolición del Código Penal. Traban las decisiones políticas, sean económicas o de seguridad, por razones ideológicas, no judiciales. Los conozco. Me hacían lo mismo en la Capital", señala. Está claro, aunque no lo diga, que entre los miembros de Justicia Legítima inscribe a los jueces de la Cámara Federal de La Plata, que suspendió los aumentos de las tarifas de gas en todo el país. Justicia Legítima no está entre los jueces federales de primera instancia, le digo. No pone buena cara. ¿Los cuestiona también? "Por otras razones", dice, seco. No explica cuáles. Pero a su alrededor suele criticarse la demora con que esos jueces trataron la corrupción en la era kirchnerista.

"El déficit fiscal bajará este año al 4,8 por ciento. He revisado los números", asegura. Parece contestarles a los economistas que no creen en su promesa de llegar a ese número. Heredó un déficit de casi el 7 por ciento. Le encantan los pronósticos de economistas privados que indican que el país podría crecer el año próximo entre el 4 y el 5 por ciento. "Son los que más acertaron en los últimos años", se entusiasma, pero prefiere la modestia: "Le dije a Alfonso que firmemos un crecimiento del 3,5 por ciento. Con eso me conformo", agrega. Es el porcentaje que anduvo anunciando en los últimos días. ¿Qué necesita la inversión? "Dos cosas. Primero, una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte. Y, después, que el peronismo se muestre racional, más comprometido con políticas permanentes de Estado. La pregunta que más me hacen en el exterior es ésta: ¿y después de usted qué? La respuesta la tiene la oposición, no yo, porque todos saben qué hará mi partido y la coalición que integramos."

Acaba de estar en Idaho, en los Estados Unidos, con los dos hombres más ricos del mundo, Warren Buffet y Bill Gates. La canciller alemana, Angela Merkel, le dijo que "Alemania será socio estratégico del crecimiento argentino". Pone otra cara cuando habla del mundo. En esas reuniones lo tratan como a una estrella de rock. Buffet y el poderoso dueño de medios Rupert Murdoch se comprometieron a visitar la Argentina en los próximos seis meses. Algunos empresarios extranjeros le preguntaron sobre la inflación y el déficit fiscal, pero la mayoría creyó en sus promesas de que superará esos problemas, asegura.

La política local es menos amable. ¿Lo preocupa que los gremios hayan endurecido su discurso? "No. Hay una necesidad en la política, y en gran parte del periodismo, de gritar y criticar para que la gente los tenga en cuenta", responde. Calla, en cambio, sobre el almuerzo que reunió hace pocos días a Diego Santilli, vicejefe porteño, con Hugo Moyano. Moyano le mandó mensajes que lo tranquilizaron. Está tranquilo. Las encuestas tratan muy bien al Presidente y muy mal a los gremios. Que hagan lo que quieran. Es evidente que lo alivia la normalidad en la que entró la relación con el Papa. Habló con Francisco desde Bruselas para agradecerle las palabras que el Pontífice tuvo hacia él en el reportaje concedido a LA NACION. "Fue una conversación muy cordial y muy sincera", recuerda. Conversación sincera significa, en el lenguaje de los jefes de Estado, que también hablaron de las cosas que los separaron, es decir, del convencimiento del Vaticano de que en la Argentina había una campaña para desprestigiar al Papa.

¿Y la pelea con Tinelli? "No hubo pelea. Él decidió satirizarme y recibió 150.000 tuits de crítica. Investigamos el tema. No hubo trolls ni el Gobierno tuvo nada que ver. Sí hubo 30.000 tuiteros que lo criticaron. ¿Cómo no va a haber 30.000 tuiteros que simpatizan con el Gobierno si este gobierno es producto en gran medida de las redes sociales? Es increíble que se ofenda. Tinelli me satiriza de mala manera ante tres millones de personas en televisión y se ofende porque lo critican 30.000 tuiteros". "Tinelli está ofendido porque le sacaron la AFA", dicen al lado del Presidente. Es evidente que Macri no es De la Rúa. Ni está dispuesto a claudicar ante él ni se atemoriza por los caprichosos berrinches del conductor televisivo.

¿Qué es lo que más lo emocionó en las últimas semanas? Responde, seguro y directo: "Los aplausos de miles de argentinos en Jujuy, en Tucumán y en Palermo. No lo esperaba". "¿Hace frío aquí?", pregunta antes de despedirse. La energía no lo deja en paz. Por el precio, por la carencia, por el consumo. Sabe que la solución será lenta y que su gobierno depende de la paciencia de los argentinos. ¿Habrá paciencia? ¿Quién lo sabe?

Subió la imagen del Gobierno a pesar de los errores, por Joaquín Morales Solá

Subió la imagen del Gobierno a pesar de los errores

por Joaquín Morales Solá

O Mauricio Macri sigue de luna de miel con la sociedad o está cubierto por un misterioso manto que lo preserva del fuego de herencias ajenas y errores propios. La aprobación de su gobierno subió cuatro puntos durante el mes de junio, justo cuando estalló el escándalo por las tarifas de gas y electricidad y cuando la inflación demostró que es una bestia indomable. La esperanza de una mayoría social en el futuro y la durísima crítica al gobierno anterior parecen pesar más en el ánimo colectivo que las desdichas del presente.

El riesgo es que el Gobierno crea, con estos números en la mano, que puede seguir administrando entre rectificaciones perpetuas o que los evitables precios políticos que paga son sólo simbólicos.

Es cierto que el pasado se derrumba con una inverosímil carga de corrupción y deshonestidad. Sólo una sociedad que ha perdido el sentido de las proporciones puede observar sin rebelarse la cantidad de millones de dólares indecentes que se despliegan a la luz pública. Ya no sólo se suponen: también se los ve. El efecto fulminante de las fotos de esos dólares en una caja de seguridad de Florencia Kirchner fue entendido hasta por su madre; su abogado, Carlos Beraldi, se quejó ante la Justicia por al filtración de las fotos, que la atribuyó a las fuerzas de seguridad. No se equivoca cuando supone devastadoras consecuencias sociales y políticas. Una cosa es hablar de millones de dólares; otra cosa es verlos. Las preguntas son inevitables. ¿Cómo una joven de 26 años que nunca trabajó, Florencia Kirchner, pudo acumular entre cajas de seguridad y cuentas bancarias unos 6 millones de dólares? ¿O son de su madre? ¿Por qué, entonces, están a nombre de su hija? ¿Cómo pudo suceder que un ex funcionario de rango menor, como fue José López, haya arrastrado 9 millones de dólares en la noche bonaerense y que se suponga, además, que esa cantidad es sólo la caja chica del ex secretario de Obras Públicas? ¿Qué pasó para que Lázaro Báez se convirtiera en un empresario multimillonario e hiciera ricos a sus hijos cuando fue sólo un empleado bancario durante la mayor parte de su vida? Las respuestas están en manos de la Justicia, pero las preguntas son también una carga demasiado pesada para el peronismo y su destino.

Y un bálsamo para Macri. Esos escándalos morales tapan, por ahora, los errores que se cometieron con el sinceramiento de las tarifas, que era necesario -quién lo duda-, pero que requería de una especial precisión. Fue la decisión de Macri con más repercusión social y, sin embargo, el Presidente está pagando un precio político más alto cuando baja las tarifas que cuando las aumentó. Algo (o mucho) se hizo mal para que las cosas resultaran así. El cacerolazo del jueves fue poco significativo (había mucha militancia kirchnerista y otros críticos ideológicos del macrismo), pero cometerían un error si subestimaran la preocupación social por aumentos que ya no se sabe cómo son ni cuándo se aplicarán. El problema no puede quedar en manos de la Justicia; es un conflicto político que debe resolver la conducción política del país.

Sin embargo, la aprobación a la gestión del Gobierno trepó del 56 por ciento en mayo pasado al 60 por ciento en junio, según mediciones de Poliarquía que se cerraron hace una semana. La imagen negativa de la gestión bajó cinco puntos: del 43 al 38%. La imagen positiva del Presidente no se movió de los 50 puntos que registró en mayo. Una medición de Isonomía (que ubica al Presidente con un 63% de aceptación) indica que una mayoría social percibió cierta mejora en la situación de la economía durante el último mes. Algo más de dinero en el bolsillo (por los aumentos salariales) y un poco menos de inflación. Son escalas que todavía están en el subsuelo de la satisfacción social, aunque levemente mejores para la administración. La medición de Isonomía podría explicar los números de Poliarquía. No sólo hay esperanza en el futuro y rechazo del pasado (también detectados por Poliarquía), sino también un poco de presente.

Es notable observar el juego de espejos invertidos en los números de Macri y de Cristina Kirchner. La ex presidenta tiene un 28% de aceptación social. Macri tiene un rechazo del 28%. Los mismos que simpatizan con Cristina son los que objetan a Macri, no importa lo que haga. Otro ejemplo: la gestión de Macri tiene el 60% de aceptación. A Cristina la rechaza el 58% de la sociedad. Los mismos que aceptan a Macri impugnan a Cristina.

Seguramente no se trata sólo de imágenes personales, sino también (y sobre todo) de posicionamientos ideológicos distintos y contradictorios. Más allá del latrocinio durante la década kirchnerista, está más que claro que el matrimonio Kirchner expresaba ideas muy diferentes de las del actual Presidente. Esas posiciones disímiles se advierten en la administración de los problemas internos, pero también se notan fuertemente en la manera de relacionarse con el mundo. Los conceptos de Macri y su estilo (administrar la verdad sin ocultamientos discursivos ni falsos relatos) parecen imponerse hasta ahora en una mayoría social. De él dependerá si conceptos y estilo perdurarán en el tiempo.

Las encuestas recientes refutan también una vieja deducción de analistas que indicaba que la pésima gestión de Cristina Kirchner terminaría afectando injustamente a las mujeres políticas. Un bloque de seis dirigentes nacionales está en la cima de la consideración pública. Se mueven en un rango que va entre el 48 y el 53% de la simpatía popular. Cuatro son mujeres: María Eugenia Vidal, Margarita Stolbizer, Gabriela Michetti y Elisa Carrió. Los dos hombres son Macri y Sergio Massa. El resto de los políticos está muy por debajo de ellos. Cuatro de los seis son dirigentes del oficialismo (Macri, Michetti, Vidal y Carrió). Stolbizer es una opositora moderada, que cuestiona decisiones puntuales de Macri, pero que valora el cambio de las formas políticas promovido por el Presidente. Massa es más cambiante, pero no merece que se lo llame un opositor intransigente o cerril.

Hablemos del presente. La inflación de junio (3,1) resultó distinta de la que esperaba el Gobierno. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, le aseguró al Presidente en mayo pasado que la inflación de julio estaría por debajo de los dos puntos. Con el antecedente de junio, Macri debería estar rezando para que la inflación del mes en curso se ubique por debajo de los 3 puntos. El problema más grande de la inflación es que gran parte se explica por el aumento de los alimentos. Son bienes imprescindibles para la sociedad, más imprescindibles incluso que el gas o la luz, que se pueden racionalizar. La explicación de economistas privados es que el precio de las materias subió en los mercados internacionales y que, por lo tanto, los productos comestibles se deben vender aquí al precio que tienen en el exterior o se los venderá fuera del país. Sin embargo, esos mismos economistas percibieron algunos movimientos en la economía cuando comenzó julio. Es lo que refleja la encuesta de Isonomía.

En el fondo, también Macri cree que los empresarios son demasiado individualistas. Hace poco, uno de los principales empresarios argentinos se quejó ante el Presidente porque venía de un trimestre en el que no tuvo ganancias. "Apenas salí empatado", le dijo. Macri le contestó en el acto: "Ése es el problema con ustedes. No están dispuestos a perder durante un trimestre para ayudar a sentar nuevas bases y ganar después durante muchos trimestres". Macri no se sorprende. "Los conozco", desliza siempre, ya resignado.

Las otras tres razones de la ingobernable inflación son el déficit fiscal, la expansión monetaria y la inflación estructural. La expansión monetaria (el dinero que el Banco Central pone en circulación) está disminuyendo, pero la autoridad monetaria recibió pedidos del Poder Ejecutivo por 160.000 millones de pesos para todo este año. ¿Será ésa la cifra definitiva o habrá nuevas correcciones hacia arriba? ¿Quién o qué garantiza que no habrá nuevos pedidos? "La garantía soy yo", le respondió Macri a un economista.

Las inversiones masivas durante este año se limitarán al campo y a la obra pública, salvo la de algunas petroleras y automotrices. "Primero deben invertir los argentinos", dijo el embajador de un importante país occidental. Los argentinos tienen en el exterior mucho más que los 230.000 millones de dólares que estableció el Indec. Según un estudio de Orlando Ferreres, la cifra total ascendería a cerca de 400.000 millones de dólares, casi un PBI anual. El propio Ferreres estima que se blanquearán unos 40.000 millones de dólares con la nueva ley. Tal vez la cifra final resulte aun mayor. De esos dólares atesorados por argentinos razonablemente desconfiados depende, en parte al menos, que el Presidente pueda atravesar el desierto que le tocó.

Una historia de muertes, drogas y corrupción, por Joaquín Morales Solá

Una historia de muertes, drogas y corrupción

por Joaquín Morales Solá

Ayer, envuelta por más sombras que luces, Cristina Kirchner se fue de la Capital. Había sido protagonista directa o indirecta de una semana en la que la política se disputó en los tribunales federales de Comodoro Py. Es su destino como ex presidenta: demasiado cerca de jueces y fiscales, muy lejos de la política. Se fue impedida de tocar un solo peso (o un solo dólar) de su inmensa fortuna personal. Otra partida de póquer con el juez Claudio Bonadio. Ella lo desconoce como magistrado, y Bonadio redobla la dureza de sus decisiones contra la ex mandataria. Su peor enemigo no es, sin embargo, Bonadio. En el fárrago de esos días, la familia Báez ratificó que no piensa pagar en soledad los estragos de la corrupción durante la era kirchnerista. A pocos metros del edificio judicial, Ibar Pérez Corradi comprometía, sin comprometerlo del todo, a Aníbal Fernández, el último jefe de ministros de Cristina y su candidato perdidoso a gobernador de Buenos Aires.

En el expediente del triple crimen de General Rodríguez, una matanza vinculada con el contrabando de efedrina a México, Pérez Corradi aparece como el autor intelectual de esas muertes. Su socio, el también preso Martín Lanatta, aseguró que esas muertes habían sido ordenadas por Aníbal Fernández, que controlaba la importación de efedrina para enviarla luego a México. En medio de un teatral operativo de seguridad, la jueza María Servini de Cubría le tomó declaración a Pérez Corradi en el edificio de la Gendarmería, justo al lado de los tribunales de Comodoro Py. "Demasiado show para lo poco que dijo", concluyeron luego fuentes judiciales. Tan poco dijo que la jueza ampliará su indagatoria mañana y, si Pérez Corradi continúa con su extraña amnesia, Servini de Cubría lo enviará como preso común a la cárcel de Ezeiza. Basta de farsas para no decir nada.

"¿Lo vio alguna vez a Aníbal Fernández?", le preguntó la jueza. "No", le contestó Pérez Corradi. "¿Aníbal Fernández es a quien llamaban «la Morsa»?", le volvió a preguntar. "Sebastián Forza me dijo que «la Morsa» era Aníbal Fernández?", le respondió. Pobre respuesta para la Justicia: Forza es uno de los tres asesinados que aparecieron en General Rodríguez. Un muerto no sirve para confirmar una declaración. "¿Usted tenía una empresa que fabricaba medicamentos?", lo interrogó. "Sí", respondió. "¿Cómo se llamaba?", lo apuró. "No me acuerdo", contestó. "¿En qué dirección estaba la empresa y trabajaba usted?" "Tampoco me acuerdo", respondió Pérez Corradi. "¿Conoció a Máximo (el presunto nombre de un espía que habría hecho de nexo entre Aníbal y la banda de narcos)?", hincó la jueza. "Escuché hablar de él un par de veces, pero no lo vi nunca", contestó. Nada. Decepción entre los funcionarios judiciales. Llegaron a una conclusión: el que fuera el prófugo más buscado de la Argentina no está dispuesto a contar nada significativo.

Cerca de Servini de Cubría creen que Pérez Corradi tiene una estrategia. Sacarse de encima las causas judiciales argentinas (se declaró inocente) para luego ser extraditado a los Estados Unidos. Siempre se dijo (versión difícil de probar) que era un colaborador encubierto de la DEA, la agencia norteamericana encargada de combatir el tráfico de drogas. Un viejo pedido de extradición de los Estados Unidos contra Pérez Corradi está en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Pero Washington no hizo ningún movimiento, que se sepa al menos, desde su detención en Paraguay.

La Justicia deberá trabajar con otras pistas. Hay un convencimiento entre funcionarios judiciales de que hubo un amplia zona liberada en la noche de la matanza que terminó en General Rodríguez. Los tres muertos (Forza, Ferrón y Bina) fueron asesinados en Quilmes y sus cuerpos fueron trasladados a General Rodríguez, donde los tiraron en un descampado. Total impunidad. ¿Hubo complicidad de la policía bonaerense o de la Policía Federal? La jueza Servini de Cubría analizaba en este fin de semana una presentación de Elisa Carrió en la que vincula con el tráfico de efedrina al ex jefe de control de drogas de la Policía Federal comisario Carlos Gorosito, hombre clave durante la gestión de Néstor Valleca como jefe de la Federal. Valleca era un incondicional de Aníbal Fernández.

Otros no son incondicionales. La suerte de los Báez cambió cuando el jefe de la familia, Lázaro, decidió traicionar a Cristina Kirchner. Sucedió después de la muerte de Néstor Kirchner. Entonces, sostienen funcionarios judiciales, Báez resolvió que dejaría de trasladar a la familia Kirchner las ganancias, lícitas e ilícitas, de su empresa. En cambio, ordenó sacar del país el dinero negro que tenía para depositarlo en cuentas de Suiza, Uruguay y Panamá. La cantidad de dólares fue tan grande que hizo trastabillar el mercado cambiario local y alertó a las autoridades de los Estados Unidos, que advirtieron a la administración de Cristina Kirchner sobre un extraño y monumental trasiego de dólares en el país. Cristina lo llamó entonces a Báez y le preguntó si era él quien estaba haciendo eso. "No", le contestó Báez, campante.

Cristina no le creyó y percibió que la estaban robando. El juez Sebastián Casanello debe investigar ahora (y llegar a una conclusión) sobre ese momento de la historia, porque es el que une el lavado de dinero de Báez con la ex presidenta. La primera información que probaría parte de ella debe venir de Suiza. Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan viajaron a Berna por información. Son optimistas. La actitud del gobierno suizo cambió sustancialmente con el nuevo gobierno argentino. El embajador argentino en Suiza, Antonio Trombetta, acompañó al juez y al fiscal en sus reuniones con las autoridades suizas en un gesto que los suizos entendieron. El Poder Ejecutivo argentino, el juez y el fiscal procuran resolver casos de corrupción. Y en Suiza están partes de las pruebas. Casanello podría recibir en agosto esa valiosa información.

El propio Casanello decidió agregar como prueba un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera que les atribuye a los hijos de Báez varias cuentas millonarias en Suiza. La UIF le dijo que le podía entregar el informe de inteligencia, pero no las pruebas, porque están protegidas por la confidencialidad en su relación con otras agencias extranjeras. Casanello hizo uso de la facultad que tiene un juez para establecer si algo es o no una prueba. Es una prueba, concluyó. Si Suiza confirmara lo que sostiene el informe, el procesamiento de todos los hijos de Báez sucedería también en agosto.

Casanello no puede ahora dejar escapar ninguna pista que conduzca a Cristina Kirchner. Se lo impuso la Cámara Federal cuando confirmó el procesamiento de Lázaro Báez. Con las firmas de Martín Irurzun y Eduardo Farah, la Cámara le dijo al juez que la relación de Cristina con Báez está comprobada en otras causas, como la de Hotesur. No se detenga por eso, le señaló la Cámara al juez, porque se podría estar ante "una generalizada matriz delictiva en gran escala". Es una de las frases más duras de un tribunal sobre la era kirchnerista.

En efecto, hay un consenso ahora entre jueces y fiscales para no crear un solo megaproceso con todas las causas de corrupción que están en marcha. Sería inmanejable por la amplitud y la profundidad de las prácticas corruptas que se investigan. Pero ninguno descarta que, al final de todo, cuando cada juez haya terminado su investigación, un histórico juicio oral pueda resolver sobre aquella matriz delictiva en gran escala que describió la Cámara Federal. En ese momento eventual, en el banco de los acusados, a Cristina podría tocarle el principal asiento de la primera fila.ß

Un submundo de crímenes, por Joaquín Morales Solá

Un submundo de crímenes

por Joaquín Morales Solá

La Justicia confirmó por primera vez que una campaña electoral para elegir presidente de la Nación fue financiada por el narcotráfico. Tres ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner fueron procesados por delitos de corrupción en complicidad con otro sistema mafioso, el de la AFA. Una epidemia de pánico se abatió sobre presos por corrupción o narcotráfico. Temen ser asesinados en cárceles argentinas antes de que puedan hablar delante de los jueces.

Esa catarsis de viejas corruptelas ha puesto al descubierto un submundo de la política que se intuía, pero que nadie previó en su verdadera dimensión. Lázaro Báez, José López e Ibar Pérez Corradi son los presos más iridiscentes que corporizan ese submundo. El inmenso escándalo en el que se hunde el peronismo está provocando, a su vez, profundas revoluciones en el partido que fundó Perón. Cristina Kirchner, quien, según fuentes seguras, está fuera de quicio, ya se limita sólo a defender la línea familiar.

Pérez Corradi es el que está más cerca de soltar la lengua delante de la Justicia. Sabe que una condena a cadena perpetua lo aguarda en la Argentina por el triple crimen de General Rodríguez. Sólo la condición de arrepentido ante jueces y fiscales podría mermar, en algo al menos, el tamaño de la pena. Información en poder de la justicia argentina sostiene que Pérez Corradi confirmó en su prisión de Paraguay las afirmaciones que hizo aquí Martín Lanatta, uno de los prófugos de enero de la cárcel de General Alvear. Lanatta repitió varias veces que el verdadero jefe de todos ellos, incluido Pérez Corradi, era el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Incluso, Pérez Corradi coincidió con Lanatta en que la fuga de éste y de su hermano Cristian junto con Víctor Schillaci fue facilitada con el propósito de asesinarlos posteriormente. Los Lanatta y los Schillaci son, para la justicia argentina, los autores materiales del triple crimen. Pérez Corradi es el autor intelectual.

Todos ellos estaban vinculados con el tráfico de efedrina, que consistía en la importación masiva de esa droga y su posterior contrabandeo hacia el cartel mexicano de narcotraficantes liderado por "el Chapo" Guzmán. La justicia bonaerense, que es la que los juzgó por el crimen de General Rodríguez, llegó hasta Pérez Corradi, aunque su condición de prófugo impidió que se tocara a los funcionarios con poder entonces. La importación de efedrina requiere, por su uso en la fabricación de metanfetamina, de una autorización especial del Gobierno. Es decir, no pudo haber contrabando de efedrina sin la complicidad del gobierno kirchnerista, que aumentó exponencialmente las aprobaciones para la importación de esa droga. Ahora, Pérez Corradi es un caso federal y, por lo tanto, podría delatar a sus cómplices en el antiguo régimen.

Pérez Corradi aparece también en la sentencia del juez Ariel Lijo, que procesó a varios ex funcionarios kirchneristas por el financiamiento ilegal de la campaña electoral de 2007 que convirtió en presidenta a Cristina Kirchner. "Existen indicios de que el dinero vino de carteles de droga de México", escribió el juez en su fallo. Aunque tardío, lo cierto es que nunca antes la Justicia había dicho de manera tan clara que una campaña electoral fue financiada, en parte al menos, por el narcotráfico. De hecho, procesó también a Solange Bellone, esposa de Sebastián Forza, uno de los tres asesinados en General Rodríguez y presidenta de una empresa que aportó a la campaña. Forza era uno de los importadores de efedrina, que le habría sacado el negocio a Pérez Corradi. La traición motivó su condena a muerte (junto con sus cómplices Damián Ferrón y Leopoldo Bina) por parte de Pérez Corradi. En la gris cárcel de Paraguay, Pérez Corradi asegura ahora que Aníbal Fernández era el verdadero cerebro.

En la cárcel de Ezeiza, Lázaro Báez y José López están a punto de correr una carrera para ver quién llega primero a la puerta del arrepentido. El delito por el que se enriquecieron es el mismo (la obra pública) y por lo tanto sólo vale el primer arrepentido. Ex funcionarios kirchneristas apuestan a que esa carrera la ganará José López. "Tiene una personalidad difícil, siente un viejo rencor por Julio De Vido y, encima, ahora éste se desprende de él. No tiene ningún motivo para callarse", aseguran.

Pero las complicaciones judiciales de todos los hijos de Báez en las últimas horas podría acelerar la carrera de éste hacia la condición de arrepentido. Báez tiene un problema: no quiere arreglar con el juez Sebastián Casanello, con quien dice que estuvo vinculado de la peor manera durante dos años. Lo hacía en nombre de él y de Cristina Kirchner. La afirmación tiene que probarse y las pruebas son difíciles, si no imposibles, en el terreno del que habla Báez. La otra aseveración del preso de Ezeiza es que se cruzó con Casanello en la quinta de Olivos, cuando el magistrado esperaba para verse con la ex presidenta. Esta denuncia podría probarse, aunque tampoco será un trámite fácil.

La caída de José López a los pies de un convento de General Rodríguez (¿por qué en ese lugar suceden todas las tragedias del kirchnerismo?) ocurrió cuatro días después de una reunión del cristinismo puro en plena conspiración. Estaban el infaltable Luis D'Elía; Fernando Esteche, jefe del violento Quebracho; Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda (suele convocar a asambleas con el lema "Fuera Macri"), y Gabriel Mariotto, ex titular de la Afsca y ex vicegobernador de Daniel Scioli. El encuentro fue una comida en el restaurante El casal de Cataluña. No fue sólo una reunión social. Todos ellos (más el intendente de Berazategui, Patricio Mussi, que no estaba esa noche) forman un subgrupo cristinista furiosamente antimacrista que todavía está en acción. Antes del caso de José López, se proponía desestabilizar el conurbano movilizando a la gente hacia los supermercados. La pólvora se mojó después de que José López cayera con nueve millones de dólares en sus manos.

Las conjuras de esa secta son el extremo opuesto de lo que sucede en el peronismo. El revoleo de dólares de José López provocó un efecto dominó que dejó al cristinismo como una bancada casi insignificante en la Cámara de Diputados, donde hasta hace seis meses gobernó a sus anchas. Una revolución sorda, inquieta y persistente está llegando hasta el presidente del PJ, José Luis Gioja, porque éste votó el miércoles contra el proyecto de sacarle a De Vido los fueros para que la Justicia allanara su casa. Fue una votación simbólica más que práctica. Después de un mes de debate sobre si ese allanamiento se haría o no, es probable que De Vido haya sacado de su casa hasta las fotos de Néstor y Cristina Kirchner.

"Nos equivocamos con Gioja", tronó el jueves uno de los dirigentes peronistas que más trabajaron para ungirlo presidente del partido. Gioja admite en la intimidad todos los argumentos de los rebeldes, pero asegura que su misión es unir a los peronistas de cualquier laya. Ése es el punto de desacuerdo insalvable con el resto del peronismo. Gran parte del justicialismo sostiene que sin una renovación de dirigentes y de prácticas el peronismo no volverá al poder durante 15 años. "Juntar a La Cámpora con Urtubey o con Massa es como si en los 80 Cafiero hubiera hecho una lista de unidad con Herminio Iglesias", explica uno de los rebeldes. Hubiera sido una lista inútil y perdidosa.

¿Quiénes forman parte de la revolución? Los gobernadores nuevos: Domingo Peppo, de Chaco; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Juan Manzur, de Tucumán, y Juan Manuel Urubey, de Salta. También los acompaña el de San Juan, Sergio Uñac, aunque con más prudencia; él fue vicegobernador de Gioja y es su sucesor. El movimiento renovador se completa con varios intendentes del conurbano, liderados por Martín Insaurralde, Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta. Tratan de tomar distancia de los José López y los Aníbal Fernández de este mundo en un intento, vano o no, de que su partido se escape de las comisarías.

La relación de Macri con la Iglesia y el Papa, por Joaquín Morales Solá

La relación de Macri con la Iglesia y el Papa

por Joaquín Morales Solá

Hay una rumorología sobre disidencias presuntas entre el Gobierno y la Iglesia. Y hay una cuestión que ha sobrevolado esa relación en días y meses recientes: la existencia de un núcleo enorme de pobreza entre los argentinos. Lo primero es una interpretación; lo segundo es un hecho y, por lo tanto, irrefutable. Cualquiera que se tome el trabajo de golpear la puerta de despachos religiosos y gubernamentales se llevará una sorpresa. No hay grandes diferencias ni en el cálculo de la pobreza, ni en su diagnóstico, ni en la solución del problema. Una segunda sorpresa es fácilmente perceptible: ni obispos ni funcionarios quieren disentir entre ellos.

La figura del papa Francisco también forma parte de esos rumores y es, tal vez, lo que estimula aquellas versiones sobre las supuestas diferencias locales. Es cierto que hay un sector de la sociedad furiosamente antikirchnerista, al que no le cae bien nada de lo que hace o dice el Papa. Una parte de ese fanatismo adscribe al gobierno de Mauricio Macri. Es fácil, por lo tanto, describir al Pontífice y al Presidente en bandos enfrentados, pero la verdad es más sofisticada. Existe otro fanatismo, el cristinista. Entre los dos fanatismos suman un 24% de la sociedad, un porcentaje que no es desdeñable y que explica la dificultad de curar la fisura social.

Anteayer, el Papa se reunió a solas con Hebe de Bonafini. La protagonista es conocida por sus provocaciones verbales y fácticas. Muy pocos argentinos (es difícil encontrar otro) han ofendido, como la ha hecho Bonafini, a la persona del Papa con las palabras y con los hechos. ¿Por qué interpretar esa reunión como una agresión contra Macri y no como lo que es: un gesto religioso de perdón... Desde que Bonafini ocupó la Catedral de Buenos Aires, Bergoglio se propuso buscar las razones de semejante encono y acercarse a ella. La invitó al Vaticano cuando todavía Cristina Kirchner era presidenta. Bonafini le contestó que todavía no era el momento. Hace poco, Bonafini le escribió para decirle que el momento había llegado para ella. ¿Qué podía hacer el Papa si no renovar la vieja invitación? Bergoglio cree que ningún desencuentro es definitivo. Acaba, por ejemplo, de convocar a un diálogo al sector lefrebvista del catolicismo, el más ultraconservador, el más alejado de cualquier idea de Dios y de su Iglesia que pueda tener el Papa.

Exponentes importantes de la Iglesia aseguran tener la impresión de que ni Macri ni el macrismo se proponen distanciarse de Francisco. Tampoco hay ausencia de diálogo entre representantes de Macri y del Papa. El rector de la UCA, monseñor Víctor Fernández (el representante personal más auténtico del Pontífice), suele reunirse con Marcos Peña, con Gabriela Michetti y con Federico Pinedo. "Pensar que el Papa puede estar detrás de la desestabilización de un gobierno democrático es no conocer la estructura esencial de su pensamiento", dice un obispo también cercano al Papa. Francisco y la Iglesia argentina comparten la convicción, aseguran, de que el sistema democrático impone dos condiciones: la culminación en tiempo y forma de los mandatos constitucionales y la alternancia en el poder. "Y si este gobierno fracasara, no habrá alternancia por mucho tiempo", acota ese mismo obispo.

Otra de las certezas de Francisco, y de la Iglesia, es que la ayuda social a los más pobres es necesaria (y urgente ahora), pero no suficiente, y que la teoría del derrame natural con el crecimiento de la economía es una idea fracasada. Es el Estado el que debe construir las condiciones para que algunos accedan al trabajo. De hecho, el propio Papa escribió en su encíclica Laudato si' que la ayuda social sólo debe ser temporal hasta que haya trabajo para las personas que lo necesitan. No son pocos los funcionarios que suscriben esa idea general del Papa. "Yo no creo en el derrame", escucharon decir en el gabinete a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Muestra una prueba: hubo pobreza estructural importante aun en los años en que la economía creció.

Tampoco el porcentaje de pobres es tema de discusión. El gobierno de Macri sostiene que el número ya tocaba el 30% cuando asumió. No descarta que haya crecido después de las decisiones económicas que debió tomar y como consecuencia, también, de la parálisis de la obra pública. Parálisis que comenzó en tiempos de Cristina, en septiembre del año pasado, y que prosiguió luego, cuando Macri decidió revisar qué se estaba pagando. La conclusión es que la cifra de pobres no difiere mucho entre las estimaciones del Gobierno y las mediciones del Observatorio de la UCA, que la fijó en el 32,6, en abril.

¿Cuál son los principales problemas de la pobreza? Un dato novedoso es que la mayor tragedia no está en los sectores más pobres de la sociedad, porque éstos tienen cierta contención con planes y asignaciones sociales y con la provisión de alimentos que el Gobierno incrementó en los últimos días. El sector más afectado por la pobreza es la clase media baja y los que trabajan en negro, a los que la inflación les deterioró (o directamente les sacó) sus ingresos. Es, al mismo tiempo, un sector social renuente a recurrir a la ayuda social. Cierto rubor se interpone entre la necesidad y el pedido. Prefiere no comer una vez al día antes que reclamar un plan social o alimentos. Iglesia y Gobierno comparten ese diagnóstico.

La pobreza estructural tiene su raíz en el asistencialismo sin programa de los gobiernos de los últimos 20 años. Hay un vasto sector de la sociedad que no está en condiciones de ingresar al sistema económico por varias razones. En primer lugar, porque son personas que fueron mal alimentadas hasta los 3 o 4 años y eso deja secuelas para el resto de sus vidas. También influye el elevadísimo índice de deserción en la escuela secundaria. El trabajo más bajo en la escala laboral requiere el secundario completo y conocimientos de computación. El 75% de las personas inscriptas en el plan Argentina Trabaja no tiene el secundario terminado. Gobierno e Iglesia coinciden también en que la única inclusión social en serio es el empleo, no la asistencia social.

Las organizaciones sociales kirchneristas suelen hablar con el Gobierno; la condición que éste pone es que estén de acuerdo con el diagnóstico y la solución del problema. La solución no es otra que acompañar a cada víctima de la pobreza estructural hasta encontrar una solución educativa y laboral. Ningún caso es igual a otro. Es sabido que el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico -un ultrakirchnerista-, suele hablar con la ministra Stanley y que ésta se siente cómoda en ese diálogo. Hay, en cambio, un sector de la izquierda que es insalvable porque el conflicto es su razón de existir.

Algunas disidencias entre Gobierno e Iglesia sí existen. Giran sobre la propuesta religiosa del diálogo político y social, al que el macrismo es refractario. Las discordias dentro de la propia administración son, al final, semánticas. En un reciente encuentro entre Peña y Pinedo, el jefe de Gabinete le dijo al senador que era preferible no hablar de Acuerdo del Bicentenario, sino de una agenda parlamentaria. Agenda sí; acuerdo, no.

¿Y qué piensa Macri? El Presidente no quiere iniciar una negociación con el peronismo en el momento menos simpático de su política económica. "Puede interpretarse como que estamos tirando la toalla", les dijo a los dialoguistas. Los dialoguistas coinciden con él, pero confían en que podrán intentar acuerdos más amplios cuando la inflación se serene y empiecen los síntomas del crecimiento. Argumentos políticos comprensibles. Difíciles de explicar, eso sí, a quienes creen que hasta Hebe de Bonifini merece la oportunidad de una conversación cara a cara.