Una historia de muertes, drogas y corrupción, por Joaquín Morales Solá

Una historia de muertes, drogas y corrupción

por Joaquín Morales Solá

Ayer, envuelta por más sombras que luces, Cristina Kirchner se fue de la Capital. Había sido protagonista directa o indirecta de una semana en la que la política se disputó en los tribunales federales de Comodoro Py. Es su destino como ex presidenta: demasiado cerca de jueces y fiscales, muy lejos de la política. Se fue impedida de tocar un solo peso (o un solo dólar) de su inmensa fortuna personal. Otra partida de póquer con el juez Claudio Bonadio. Ella lo desconoce como magistrado, y Bonadio redobla la dureza de sus decisiones contra la ex mandataria. Su peor enemigo no es, sin embargo, Bonadio. En el fárrago de esos días, la familia Báez ratificó que no piensa pagar en soledad los estragos de la corrupción durante la era kirchnerista. A pocos metros del edificio judicial, Ibar Pérez Corradi comprometía, sin comprometerlo del todo, a Aníbal Fernández, el último jefe de ministros de Cristina y su candidato perdidoso a gobernador de Buenos Aires.

En el expediente del triple crimen de General Rodríguez, una matanza vinculada con el contrabando de efedrina a México, Pérez Corradi aparece como el autor intelectual de esas muertes. Su socio, el también preso Martín Lanatta, aseguró que esas muertes habían sido ordenadas por Aníbal Fernández, que controlaba la importación de efedrina para enviarla luego a México. En medio de un teatral operativo de seguridad, la jueza María Servini de Cubría le tomó declaración a Pérez Corradi en el edificio de la Gendarmería, justo al lado de los tribunales de Comodoro Py. "Demasiado show para lo poco que dijo", concluyeron luego fuentes judiciales. Tan poco dijo que la jueza ampliará su indagatoria mañana y, si Pérez Corradi continúa con su extraña amnesia, Servini de Cubría lo enviará como preso común a la cárcel de Ezeiza. Basta de farsas para no decir nada.

"¿Lo vio alguna vez a Aníbal Fernández?", le preguntó la jueza. "No", le contestó Pérez Corradi. "¿Aníbal Fernández es a quien llamaban «la Morsa»?", le volvió a preguntar. "Sebastián Forza me dijo que «la Morsa» era Aníbal Fernández?", le respondió. Pobre respuesta para la Justicia: Forza es uno de los tres asesinados que aparecieron en General Rodríguez. Un muerto no sirve para confirmar una declaración. "¿Usted tenía una empresa que fabricaba medicamentos?", lo interrogó. "Sí", respondió. "¿Cómo se llamaba?", lo apuró. "No me acuerdo", contestó. "¿En qué dirección estaba la empresa y trabajaba usted?" "Tampoco me acuerdo", respondió Pérez Corradi. "¿Conoció a Máximo (el presunto nombre de un espía que habría hecho de nexo entre Aníbal y la banda de narcos)?", hincó la jueza. "Escuché hablar de él un par de veces, pero no lo vi nunca", contestó. Nada. Decepción entre los funcionarios judiciales. Llegaron a una conclusión: el que fuera el prófugo más buscado de la Argentina no está dispuesto a contar nada significativo.

Cerca de Servini de Cubría creen que Pérez Corradi tiene una estrategia. Sacarse de encima las causas judiciales argentinas (se declaró inocente) para luego ser extraditado a los Estados Unidos. Siempre se dijo (versión difícil de probar) que era un colaborador encubierto de la DEA, la agencia norteamericana encargada de combatir el tráfico de drogas. Un viejo pedido de extradición de los Estados Unidos contra Pérez Corradi está en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Pero Washington no hizo ningún movimiento, que se sepa al menos, desde su detención en Paraguay.

La Justicia deberá trabajar con otras pistas. Hay un convencimiento entre funcionarios judiciales de que hubo un amplia zona liberada en la noche de la matanza que terminó en General Rodríguez. Los tres muertos (Forza, Ferrón y Bina) fueron asesinados en Quilmes y sus cuerpos fueron trasladados a General Rodríguez, donde los tiraron en un descampado. Total impunidad. ¿Hubo complicidad de la policía bonaerense o de la Policía Federal? La jueza Servini de Cubría analizaba en este fin de semana una presentación de Elisa Carrió en la que vincula con el tráfico de efedrina al ex jefe de control de drogas de la Policía Federal comisario Carlos Gorosito, hombre clave durante la gestión de Néstor Valleca como jefe de la Federal. Valleca era un incondicional de Aníbal Fernández.

Otros no son incondicionales. La suerte de los Báez cambió cuando el jefe de la familia, Lázaro, decidió traicionar a Cristina Kirchner. Sucedió después de la muerte de Néstor Kirchner. Entonces, sostienen funcionarios judiciales, Báez resolvió que dejaría de trasladar a la familia Kirchner las ganancias, lícitas e ilícitas, de su empresa. En cambio, ordenó sacar del país el dinero negro que tenía para depositarlo en cuentas de Suiza, Uruguay y Panamá. La cantidad de dólares fue tan grande que hizo trastabillar el mercado cambiario local y alertó a las autoridades de los Estados Unidos, que advirtieron a la administración de Cristina Kirchner sobre un extraño y monumental trasiego de dólares en el país. Cristina lo llamó entonces a Báez y le preguntó si era él quien estaba haciendo eso. "No", le contestó Báez, campante.

Cristina no le creyó y percibió que la estaban robando. El juez Sebastián Casanello debe investigar ahora (y llegar a una conclusión) sobre ese momento de la historia, porque es el que une el lavado de dinero de Báez con la ex presidenta. La primera información que probaría parte de ella debe venir de Suiza. Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan viajaron a Berna por información. Son optimistas. La actitud del gobierno suizo cambió sustancialmente con el nuevo gobierno argentino. El embajador argentino en Suiza, Antonio Trombetta, acompañó al juez y al fiscal en sus reuniones con las autoridades suizas en un gesto que los suizos entendieron. El Poder Ejecutivo argentino, el juez y el fiscal procuran resolver casos de corrupción. Y en Suiza están partes de las pruebas. Casanello podría recibir en agosto esa valiosa información.

El propio Casanello decidió agregar como prueba un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera que les atribuye a los hijos de Báez varias cuentas millonarias en Suiza. La UIF le dijo que le podía entregar el informe de inteligencia, pero no las pruebas, porque están protegidas por la confidencialidad en su relación con otras agencias extranjeras. Casanello hizo uso de la facultad que tiene un juez para establecer si algo es o no una prueba. Es una prueba, concluyó. Si Suiza confirmara lo que sostiene el informe, el procesamiento de todos los hijos de Báez sucedería también en agosto.

Casanello no puede ahora dejar escapar ninguna pista que conduzca a Cristina Kirchner. Se lo impuso la Cámara Federal cuando confirmó el procesamiento de Lázaro Báez. Con las firmas de Martín Irurzun y Eduardo Farah, la Cámara le dijo al juez que la relación de Cristina con Báez está comprobada en otras causas, como la de Hotesur. No se detenga por eso, le señaló la Cámara al juez, porque se podría estar ante "una generalizada matriz delictiva en gran escala". Es una de las frases más duras de un tribunal sobre la era kirchnerista.

En efecto, hay un consenso ahora entre jueces y fiscales para no crear un solo megaproceso con todas las causas de corrupción que están en marcha. Sería inmanejable por la amplitud y la profundidad de las prácticas corruptas que se investigan. Pero ninguno descarta que, al final de todo, cuando cada juez haya terminado su investigación, un histórico juicio oral pueda resolver sobre aquella matriz delictiva en gran escala que describió la Cámara Federal. En ese momento eventual, en el banco de los acusados, a Cristina podría tocarle el principal asiento de la primera fila.ß