Hotesur | Bonadio se reunió con peritos y suma más pistas de lavado

Por Emilia Delfino

 El juez mantuvo un encuentro con contadores de la Corte Suprema. Tiene copia de una causa tributaria que será clave en su investigación.

Solitario. Su enfrentamiento con el Gobierno le restó aliados. |Foto: Cedoc Perfil

 

En las últimas semanas, el juez federal Claudio Bonadio se reunió con los contadores que realizarán la pericia de las finanzas y libros contables deHotesur. El encuentro fue en su despacho del cuarto piso de los tribunales federales, confirmaron a PERFIL fuentes judiciales.

Lo que comenzó como una investigación sobre irregularidades administrativas avanza hacia el análisis de los manejos millonarios de la empresa que administra los hoteles de la familia presidencial, y en consecuencia, del patrimonio de la Presidenta. El objeto de la causa es determinar si la familia presidencial lavó dinero a través de estas empresas. En la mira del juez también está Lázaro Báez.

El juez tiene además información clave para la causa. Incorporó fotocopias de todo el expediente del juez Javier López Biscayart, que investiga en el fuero Penal Tributario si en los hoteles presidenciales hubo evasión de impuestos mientras una empresa de Báez se encargó de la administración. Según una investigación de La Nación, Lázaro y los Kirchner simulaban la ocupación de habitaciones en los hoteles. Báez las pagaba con fondos de sus empresas, pero las habitaciones estaban vacías.

López Biscayart debe decidir si en esta maniobra se evadieron impuestos. Para eso, depende de un informe que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está elaborando y que debe entregar antes de junio. El juez ya tuvo un adelanto de esos resultados. Como sospechaba, los impuestos se habrían pagado en su totalidad. Los que no se abonaron no alcanzarían el monto de $ 400 mil para acusarlos de evasión.

Esta causa es central para Bonadio. Si el informe de la AFIP llega a la conclusión de que Báez no evadió, el juez López Biscayart pedirá que se investigue si la maniobra apuntó a lavar dinero a través de la falsa ocupación de habitaciones y el pago millonario del empresario de la obra pública a los Kirchner, confirmaron fuentes judiciales a PERFIL. Esa es la principal sospecha de López Biscayart. Si se da este escenario –que hoy es el más probable–, el juez tributario pedirá que otro juez investigue la maniobra de lavado. Todavía no decidió si la enviará a Bonadio, al juez federal Sebastián Casanello o directamente a sorteo entre los doce jueces federales. También podría caer en el fuero Penal Económico.

Bonadio aceita el avance de su causa. En los últimos días, el fiscal Carlos Stornelli se reincorporó a sus funciones tras un súbito pedido de licencia médica por estrés. Bonadio lo llamó por teléfono para dialogar. Es el fiscal del expediente y lo necesita como aliado en el devenir de la investigación.

Cuando el juez se reunió con los contadores de la Corte Suprema todavía no sabía si iba a seguir al mando de la causa. Faltaban días para que la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, confirmara que seguirá estando a cargo del expediente. Cualquiera de sus colegas hubiese puesto un stop hasta la confirmación.

Sólo Bonadio sabe por qué esta causa es tan importante para él; por qué decidió no ingresar en la tregua que varios jueces supieron acordar con el oficialismo; por qué le quedan tan pocos aliados entre sus colegas; y por qué ya no es un juez con buen diálogo con el Gobierno.

"Canicobra" Corral el juez que tiene una mansión de 4 millones u$s y 5 autos alta gama quiere echar a Nisman

CAUSA AMIA  

El juez Canicoba Corral evalúa separar al fiscal de la investigación de la causa

Por Emilia Delfino. Tomaría la decisión por considerar que el fiscal “cometió excesos”.

El próximo paso contra el fiscal Alberto Nisman podría ser suapartamiento de la investigación del atentado a la AMIA. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral evalúa separarlo de la instrucción del expediente, confirmaron altas fuentes de la causa a PERFIL. Nisman seguiría siendo el fiscal de la causa del atentado que continúa impune tras casi 21 años, pero no estaría al mando de la investigación ni de la información y las escuchas que le aporte la Secretaría de Inteligencia (SI), como hasta ahora.

Los argumentos de Canicoba apuntan a que Nisman cometió “excesos” en su investigación, “omisión de denuncia”, que no le informó que una de las personas escuchadas era un “agente iraní”, que reveló a la prensa información que puede perjudicar el esclarecimiento del atentado, y que fue “conducido” por la SIDE de Jaime Stiusso.

Canicoba, un juez con buena relación con el Gobierno, dijo a este diario que Nisman cometió un “exceso” al dar a conocer el contenido de las escuchas a Yussuf Khalil –el nexo extraoficial de Irán con la Argentina, según Nisman– sin consultar antes al juez o informarle sobre su contenido. Nisman está a cargo de la investigación por decisión de Néstor Kirchner, pero formalmente es el juez quien elige delegar una investigación al fiscal. Por eso, es también Canicoba el único que puede dar marcha atrás con esa decisión.

El juez viene indicando desde hace dos días cuáles son los argumentos que recolecta para evaluar si tiene con qué apartarlo. Evalúa también el daño político y el contexto. En su entorno dicen que dependerá de lo que suceda en los próximos días.

Además, si decide apartarlo, deberá ser su juzgado el que asuma la responsabilidad de la investigación. El jueves por la mañana, el juez se reunió durante cuarenta minutos con sus dos personas de confianza en la secretaría especial para la causa AMIA en su juzgado. Luego, recibió a PERFIL y dijo: “Yo ordené las escuchas sobre Khalil y otras personas que hablaban con la Embajada de Irán o estaban vinculadas con el ultraislamismo. También ordené que se interceptaran mails de estas personas. Nisman nunca me comunicó que Khalil era un agente de Irán”, dijo el juez a este diario. Ese es otro de los argumentos que evalúa utilizar para apartar a Nisman.

Los fiscales tienen la atribución legal de iniciar investigaciones preliminares, pero éstas no pueden durar más de tres meses, entre otras implicancias. “Se ha iniciado una investigación sin darle intervención a un juez. Si Nisman me hubiese informado, habría sacado testimonio (formar una nueva denuncia) y lo habría enviado a sorteo a la Cámara Federal para que lo investigara otro juez”, agregó Canicoba. “Hay una omisión de denuncia por parte de Nisman. Pasaron dos años mientras investigaba. Es poco serio”, agregó.

Frentes penales para Nisman y CFK
Para no perder la costumbre, los tribunales federales recibieron ayer denuncias cruzadas por “traición” y “abuso de poder”. En el fuero penal, sede de los juzgados y las fiscalías que investigan al gobierno nacional, un denunciante presentó una denuncia contra la Presidenta, el canciller, Héctor Timerman, y el diputado Andrés Larroque por “traición”, que quedó radicada en el juzgado de Norberto Oyarbide. También denunció, por otro lado aunque por el mismo delito, a Fernando Esteche, líder de Quebracho. Esa presentación estará a cargo del juez Canicoba Corral.

Además, una mujer denunció al fiscal Alberto Nisman por los presuntos delitos de “abuso de poder”, “violaciones de deberes de funcionarios públicos” y “prevaricato”. De darse curso a esta denuncia, estará al mando de la jueza María Servini de Cubría.

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EL ORIGEN DEL CASO  

Los planes de Néstor Kirchner para sacar a los Ciccone de la fábrica de billetes

Testigos de las primeras reuniones en la Casa Rosada reconstruyen los objetivos que tenía el ex presidente para la imprenta. Su negativa a estatizarla. La búsqueda de un empresario. El rechazo de López.

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Pasado y presente. Los sindicalistas gráficos pidieron ayuda frente a las dificultades de los Ciccone para manejar la compañía. Parrilli y Aníbal Fernández transmitieron las ideas del ex presidente. Cristóbal no aceptó. | Foto: Cedoc Perfil

El plan para que una empresa privada desplazara a la familia Ciccone de la imprenta de billetes ya estaba en la cabeza de Néstor Kirchner desde los primeros años de su presidencia. Así lo relataron a PERFIL fuentes sindicales y empresarios allegados al Gobierno que fueron testigos de las negociaciones por acabar con el dominio de los Ciccone.
A pesar de los sucesivos y desesperados pedidos del sindicalista Raimundo Ongaro y su gremio gráfico, el ex presidente y su gabinete se negaron a estatizar la compañía y buscaron distintas alternativas, primero en manos de otros funcionarios, y luego de Amado Boudou, para que Ciccone Calcográfica fuera adquirida por una empresa privada.
Los candidatos privados incluyeron desde empresas extranjeras hasta Cristóbal López, a quien el propio Boudou le habría propuesto el negocio de ser el capitalista visible de Ciccone Calcográfica. Según relataron a PERFIL allegados al zar del juego, Cristóbal rechazó el negocio. Lo consideró incompatible con sus empresas y entendió que al ser la cara visible de una imprenta de valores quedaría en la mira de organismos de control y seguridad –incluso extranjeros–, y eso no es bueno para un empresario del juego.
Pero el origen de la historia se remonta a los primeros años de la era K. Entre 2005 y 2006, una comitiva del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense pidió dos audiencias con Kirchner. Ongaro, otras dos autoridades del gremio y miembros de la comisión interna de la imprenta de valores fueron recibidos la primera vez por Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia. Habían enviado sucesivas cartas, ya desde fines de los ‘90, pidiendo a los distintos gobiernos que estatizaran la compañía.
Ciccone Calcográfica había comenzado su derrumbe financiero desde la muerte de Alfredo Yabrán, con quien la familia tenía un acuerdo económico. Con la crisis de 2001, la situación se agravó. Con Kirchner en el poder, el declive se agudizó. Los sindicalistas explicaron a Parrilli que querían hablar con Kirchner porque los trabajadores de la planta no cobraban a tiempo sus salarios. Las opciones eran dos: que Kirchner autorizara los pagos adeudados por el Estado a la planta e inyectarla de fondos; o estatizarla. Parrilli rechazó ambas de plano. Propuso una tercera: que el gremio propusiera una empresa amiga que se hiciera cargo de la planta y sus deudas, y el Gobierno activaría el plan para desplazar a los Ciccone y entregarle el negocio a la empresa propuesta por el gremio. Parrilli argumentó que la estatización no era una posibilidad. El Gobierno estaba intentando timonear la economía y la planta de billetes no era una prioridad para Kirchner, dijo. Había muchas cosas por resolver antes de que eso, aclaró a los gremialistas. Los gráficos insistieron con la estatización. Estaban sentados con Parrilli en un despacho vecino a Kirchner. Sabían que el Presidente se encontraba reunido en la puerta de al lado. Cuando les tocó el turno, se levantaron para acercarse al despacho del mandatario pero nunca llegaron. Parrilli excusó a Kirchner y los acompañó a la salida.
Nada cambió para los trabajadores de Ciccone y el gremio siguió enviando cartas a Kirchner. Volvió a insistir con la estatización o con una solución a la crisis de la compañía. La segunda vez que Kirchner les respondió, los derivó con Aníbal Fernández. Entonces, el quilmeño era ministro del Interior y tenía a su cargo la emisión de pasaportes y otros negocios a cargo de Ciccone.
Fernández recibió a la comitiva sindical en su despacho e intentó disuadir los reclamos de estatización. Aseguró que el Gobierno estaba conversando con una empresa francesa para que comprara la planta. Dijo que pronto llegarían fondos y que para Kirchner la estatización no era una opción.
Las cartas se sucedieron también durante el gobierno de Cristina Kirchner, quien nunca aceptó recibirlos, a pesar de su afecto por Ongaro, un sindicalista emblema de la lealtad peronista. Ciccone siguió endeudándose ante la AFIP y otros acreedores y llegó a deber tres meses de salario. El gremio hacía colectas para mantener a las familias de unos 200 trabajadores y afilió a su obra social a aquellos que quedaban sin cobertura de las prepagas.
En 2009, los Ciccone intentaron llegar a un acuerdo financiero con Ernesto Gutiérrez, de Aeropuertos Argentina 2000, y Fintech, socia del Grupo Clarín. Pero fracasó. El Gobierno había aprobado una licitación para renovar las maquinarias de la Casa de la Moneda. Amado Boudou habría sido instruido para conseguir un capitalista que se hiciera cargo. La condición era que consiguiera capitales nacionales. Pero tras la muerte de Kirchner, Boudou anuló la licitación de la Casa de la Moneda y logró que el negocio fuera absorbido por The Old Fund, como sostiene el procesamiento del juez Ariel Lijo. Ciccone fue estatizada tras el escándalo, en 2012.

“El dueño visible”
Para el juez Ariel Lijo, tras hacerse de la compañía, Amado Boudou y su entorno comenzaron a buscar un capitalista que pudiera tener el dinero declarado para justificar ser el dueño de Ciccone. Por eso, para el magistrado, Raúl Moneta ingresa a la ecuación nueve meses después de levantada la quiebra de Ciccone.
De acuerdo al procesamiento del vice, The Old Fund levantó la quiebra de la empresa con los fondos que recibió del Estado para imprimir los billetes de 100 pesos y las boletas del Frente para la Victoria (FpV).
Según los testimonios que obtuvo este diario tratando de reconstruir cómo Boudou llega a interesarse en el negocio (ver página 2), hubo dos instancias de búsqueda de capitalistas nacionales: una fue previa a que The Old Fund se hiciera con la compañía; la segunda fue posterior, cuando buscaban un dueño visible.
Esta semana, la defensa de Boudou presentará su apelación. A partir de esa instancia será la Sala I de la Cámara Federal quien deba decidir si lo confirma o no

CASO CICCONE  

La Cámara falló contra Boudou y ahora puede ser indagado

Casación rechazó un pedido de la defensa del vicepresidente y ordenó seguir investigando su intervención en la compraventa de la imprenta de billetes. Silencio en el kirchnerismo.

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• Por Emilia Delfino 

Salida. El vicepresidente abandona su domicilio a las 11 hs en la torre Madero Center. Subió al automóvil oficial con el rostro ofuscado. Ya sabía que la Casación preparaba un fallo en su contra. | Foto: Marcelo Silvestro

La nueva derrota que sumó ayer el vicepresidente Amado Boudou en la Justicia, cuando la Cámara Federal ordenó seguir investigándolo por su intervención en la compraventa de la imprenta de billetes Ciccone, tendrá una continuación en los próximos meses: el funcionario queda al borde de un llamado a indagatoria por el juez Ariel Lijo, como adelantó PERFIL el domingo. El horizonte se oscurece para el vicepresidente.

Con el Papa. A Boudou le quedauna última carta que podrá ser un antes y un después y que está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones, donde se decidirá si quedan firmes o se anulan dos testimonios claves contra el vicepresidente. Mientras se resolvía el fallo contra Boudou, el juez Lijo era recibido por el papa Francisco en Roma. Pero ahora el magistrado a cargo de la causa debe afrontar una proeza todavía mayor: que la Cámara Federal de Apelaciones también falle a su favor y contra los deseos del vicepresidente.

El fallo de ayer. La Sala IV del máximo tribunal penal del país –integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani– declaró por mayoría no hacer lugar al pedido de la defensa de Boudou, que quería ser sobreseído de la causa.

Los abogados del vice buscaban que la Casación dijera que no hay indicios o pruebas suficientes para investigar a Boudou por supuestas negociaciones incompatibles, lavado de dinero y tráfico de influencias.

Tras la negativa de la Casación, Pirota apelará ante la Corte Suprema, con escasas posibilidades de que prospere su pedido, según confirmaron fuentes judiciales a este diario.

El juez Hornos rechazó el pedido de los abogados del vicepresidente porque, a su entender, utilizaron una “vía no idónea”. Lo mismo sostuvo su par Juan Carlos Gemignani.

En cambio, Borinsky votó en disidencia con sus colegas. Tomó elementos del dictamen del fiscal Javier De Luca, quien había argumentado que “se le viene negando (a Boudou) el derecho de discutir si la conducta por la que lo están persiguiendo judicialmente es delito o no lo es”. De Luca no cree que la supuesta intervención del vice en la compraventa de Ciccone se encuadre en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, o con el lavado de dinero y el tráfico de influencias.

El juez Lijo, que dirige la causa, está convencido de que la conducta de Boudou sí se encuadraría en esos delitos.

A su vez, Hornos destacó que la situación de trascendencia y gravedad institucional –alegada por el fiscal en favor del imputado– y que en este caso es especialmente importante porque se trata del vicepresidente de la Nación, es, por el contrario, motivo para “culminar la investigación de la manera más completa y siguiendo los procedimientos ordinarios”.

Después del traspié, el abogado de Boudou, Diego Pirota, tiene un as en la manga y lo pondrá sobre la mesa el próximo martes.

El fallo que viene. Tras la negativa de Casación, Pirota apelará ante la Corte Suprema, con escasas posibilidades de que prospere su pedido, según confirmaron fuentes judiciales a este diario. Pero el abogado tiene un as en la manga.

La Cámara Federal debe decidir en los próximos días si anula las declaraciones de Nicolás Ciccone, uno de los cofundadores de la empresa, y de su suegro, Guillermo Reinwick. Ambos testimonios son pilares fundamentales en la acusación, especialmente sobre el papel que jugó en esta historia el socio y mejor amigo de Boudou, José María Núñez Carmona.

La Cámara Federal viene fallando en contra de Boudou y en general, de funcionarios del Gobierno. Por ese motivo, el as de Boudou no parece ser suficiente para ganar esta partida.
Si los testimonios de Nicolás Ciccone y Reinwick son anulados, caería parte central de la prueba. Sin embargo, en el Juzgado Federal Nº 4 advierten que la prueba documental es contundente en sí misma. La consecuencia que más temen los investigadores es que la Cámara elija apartar al juez Lijo de la causa. Se sabrá en los próximos días o semanas.

Los integrantes del clan Ciccone habían declarado que se reunieron con Boudou en 2010, cuando todavía era ministro de Economía, para negociar el levantamiento de la quiebra de la imprenta.
Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick aseguran haberse reunido con José María Núñez Carmona, socio de Boudou, en el bar I Fresh Market de Puerto Madero el 1º de septiembre de 2010. Silvia Ciccone, hija del fallecido Héctor Ciccone, incluso presentó un acta que supuestamente probaría el encuentro. Los testimonios complementan la prueba documental que lleva a Boudou hacia una posible indagatoria en los próximos meses.

Silencio político. El Gobierno se mantuvo ayer en silencio frente al nuevo fallo en contra del vicepresidente. No hubo declaraciones. Nadie salió a defenderlo. Fueron muestras evidentes del vacío político que rodea a Amado Boudou desde que los problemas judiciales se acumularon en Tribunales.

Sin actividad pública, el vicepresidente fue sorprendido ayer por PERFIL cuando abandonaba su departamento en Puerto Madero. Su rostro se mostraba visiblemente abatido.

En febrero, el fiscal Jorge Di Lello pidió la indagatoria de Boudou, su socio y mejor amigo, Núñez Carmona, y los Ciccone. El juez Lijo todavía no decidió dar lugar a ese pedido. Pero estudia hacerlo una vez que culminen las declaraciones de los testigos. Lijo quiere que los Ciccone sean testigos y no indagados.

Un sindicalista fugó a Suiza U$S 7 millones

Un informe bancario dejó al desnudo la ruta del dinero sindical. Vínculos con Moyano y Kirchner.

José Rodríguez, un histórico de Smata, falleció en 2009. Le dejó una fortuna de seis cifras a su familia. | Foto: Cedoc

 Por Emilia Delfino

La Justicia de Suiza descifró por primera vez la ruta del dinero sindical de uno de los sindicalistas más poderosos de los últimos treinta años. El fallecido secretario general de Smata (sindicato de mecánicos) amasó una fortuna que se creía incalculable. Ya no lo es.Tiene seis ceros y es en dólares.

El gremialista, que falleció en noviembre de 2009, y había estado alineado en los últimos años conHugo Moyano y Néstor Kirchner, dejó a su esposa Norma Fortunata Vergano y a sus hijas Alejandra y Andrea Fabiana un patrimonio de 7 millones de dólares.

Según el informe al que accedió PERFIL, la familia Rodríguez cuenta con propiedades por 2 millones de dólares, cuentas bancarias por 3 millones de dólares y una sociedad comercial por otros 2 millones en moneda estadounidense.

La Justicia sostiene que los fondos salieron de la Argentina en 1996 –durante el menemismo– y tras un recorrido internacional, llegó a dos cuentas en Suiza y un fideicomiso. Las cuentas tuvieron llamativos movimientos dos meses antes y dos meses después de la asunción de Néstor Kirchner.

Los suizos enviaron el informe del banco BBVA Privanza, en donde se detalla que los fondos salieron de cuatro cuentas bancarias en Montevideo, Miami, Nueva York y Hamburgo a nombre del matrimonio, antes de llegar a dos cuentas creadas en Suiza. A Miami y Montevideo llegaron a través de dos sociedades anónimas: Portoviejo e Ipanema Trading. Para la Justicia, serían de la familia sindical. Según el informe bancario, el origen de la riqueza del sindicalista y su familia  se debe “a la acumulación de ganancias y su reinversión, obtenida a lo largo de 50 años de trabajo”. Los Rodríguez aseguraron que “comenzaron con la fabricación y venta de autopartes” y que “su vinculación con el gremio los llevaron a adquirir vehículos destinados al transporte urbano de pasajeros, llegando a ser los dueños de una flota de veinte unidades”. “Hacia fines de los 80 vendieron su participación y comenzaron sus incursiones en la prestación de servicios para la salud”.

Rodríguez y sus hijas crearon empresas para proveer servicios a la obra social de Smata: una consultora y una compañía de servicios de internación domiciliaria. Según el informe suizo, la familia declaró que las empresas están activas y siguen trabajando con obras sociales sindicales y prepagas. La Justicia sospecha que los fondos de Suiza podríanprovenir de malversación de fondos de la obra social.

Oyarbide teme que el gobierno le haya soltado la mano..

FUTURO DE UN MAGISTRADO POLEMICO  

El juez Oyarbide teme un fin de ciclo y analiza si el Gobierno le soltó la mano

Tras la decisión de la “sala K” de apartarlo de la causa Schoklender, pasa por uno de sus peores momentos. El posible juicio político. Su aislamiento en la Justicia.

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• Por Emilia Delfino | 11/08/2013 | 01:29

Jueves. Cabizbajo, sale de almorzar de Estilo Campo, en Puerto Madero. Como de costumbre, uno de sus custodios lleva su bolso.

Aislado, en uno de sus peores momentos políticos, el juez federal Norberto Oyarbide analiza si le ha llegado un fin de ciclo. El fallo de la Sala I de la Cámara Federal que lo apartó de la causa Schoklender fue uno de los golpes más duros para el magistrado, admitieron a PERFIL en su entorno. El juez teme que la decisión de los camaristas, a quienes se refieren como la “sala K” en los Tribunales, sea un punto de inflexión en su relación con el Gobierno. El propio juez no lo sabe aún, pero está convencido de que una decisión como la de la “sala K” no puede dejar de leerse en términos políticos.

A pesar de los rumores de separación con su pareja, el ex árbitro de básquet Claudio Blanco, en el entorno del juez negaron que estén separados. Sin embargo admitieron el sentimiento de soledad política de Oyarbide. Lo cierto es que está aislado de sus colegas, quienes lo defenestran en voz baja, y se encuentra desorientado sobre qué papel asumir en la interna entre el Poder Judicial y el kirchnerismo. De fondo, una interna entre la Secretaría de Inteligencia y un sector del Gobierno por el control de la Justicia, lo tiene entre la espada y la pared. 

No es la primera vez que los camaristas lo critican con dureza por la forma en que instruyó sus causas: lo hicieron en Skanska y en los expedientes de la mafia de los medicamentos y las escuchas ilegales de Mauricio Macri. Nunca llegaron al punto de apartarlo de una causa y dejar en foja cero todo lo actuado.

Si el Gobierno decidió soltarle la mano definitivamente, se sabrá en el Consejo de la Magistratura. Esta semana, el consejero Alejandro Fargosi, que representa a los abogados en el organismo que elige y controla a los jueces, solicitó que se inicie el proceso de remoción de Oyarbide y se disponga su suspensión en el cargo mientras se lo investiga. Fargosi pidió que se revea si el juez habría instruido mal la causa adrede.

Siempre ligado a escándalos, Oyarbide acumula una lista de denuncias ante el Consejo, pero el oficialismo, que tiene mayoría, siempre se encargó de cerrarlas. Los consejeros del oficialismo lo han defendido por órdenes del Gobierno pero no por decisión propia, en la mayoría de los casos, sostienen fuentes del Consejo.

Oyarbide acumula algunas de las causas más calientes para el kirchnerismo. Fue, por citar un caso emblemático, quien sobreseyó en tiempo récord al matrimonio K por presunto enriquecimiento ilícito. El esquema del juez siempre se repite cuando se trata de causas polémicas.

Su juzgado tiene dos secretarías, pero las causas con contenido político o relacionadas con el poder casualmente siempre terminan en la misma, a cargo de su hombre de confianza, Carlos Leiva. En las causas, interviene siempre el mismo equipo de la Policía Federal: la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc). Esa división se especializa en una de las herramientas predilectas del juez a la hora de investigar: las escuchas telefónicas. Tampoco delega las causas sensibles a los fiscales para no involucrarse en la investigación.