La última jugada de Oyarbide: ofreció ir a fondo contra Cristina y De Vido
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El jueves 7 de abril el juez federal Norberto Oyarbide, con la misma falta de escrúpulos que le dio triste fama, hizo su última jugada para seguir siendo juez: le ofreció al Gobierno acelerar causas dormidas y en poco tiempo avanzar a fondo sobre Cristina Kirchner y de Julio De Vido. Mencionó un expediente donde se verificarían transferencias de dinero de la Presidencia hacia el entonces jefe del Ejército y patrón de la inteligencia oficial, teniente general César Milani. Y señaló que él podría reclamar para sí la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, porque ahora pasó a la Justicia federal y él era el juez federal de turno aquel fatídico día de enero de 2015.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, rechazó la bochornosa oferta y urgió a Oyarbide a que le entregara de una vez su renuncia, que para eso lo había citado ese día en las oficinas del quinto piso del Ministerio, en la calle Sarmiento 329.
La historia fue confirmada a Clarín por un influyente hombre público que tiene llegada directa al presidente Mauricio Macri y por un experto en temas de seguridad y justicia que fue funcionario y ahora está en la oposición. También corroboró los hechos una fuente cercana al propio Ministerio de Justicia.
Presintiendo que Oyarbide intentaría una maniobra final para continuar en el cargo que ocupó durante 21 años, Garavano se aseguró de tener testigos de ese encuentro. Se hizo acompañar por su viceministro, Santiago Otamendi. Y se preocupó porque la prensa los fotografiara antes de comenzar la reunión.
Oyarbide habría dicho al ministro, reteniendo por un instante el texto impreso de su renuncia, que era “una lástima” que tuviese que apurar su retiro porque había “algunas causas interesantes que involucran a la Doctora y al arquitecto De Vido” en las que podrían tomarse pronto algunas decisiones resonantes. Sus interlocutoeres entendieron que se refería incluso a la detención de la ex Presidenta y de quien durante los doce años de poder kirchnerista manejó los fondos de las obras públicas, fenomenal usina de la corrupción que se está destapando en los tribunales.
El ministro, que tenía instrucciones precisas de Macri, le reclamó al juez el texto de la renuncia sin siquiera hacer comentarios sobre la oferta. Una semana después, el Presidente la aceptó formalmente y Oyarbide dejó de ser juez. Garavano declaró entonces que “nosotros queremos tener una Justicia mejor y dimos un gran paso en esa dirección”.
Al Gobierno, ya lo dijo Garavano, le preocupa la posible sobreactuación de jueces que durmieron una bien lubricada siesta durante los años kirchneristas y ahora corren presurosos a sacar patente de independientes. La oferta de Oyarbide es la forma más grotesca que esas sobreactuaciones han tomado hasta el momento.
La contracara de la espectacularidad premeditada de la Justicia es la victimización política que le permite a los investigados. Una actuación dramática de Cristina declarándose perseguida, sin pasos judiciales previos y concretos que la alcancen a ella o a su entorno directo (Lázaro Báez, su hijo Máximo, De Vido) es el escenario que a toda costa quiere evitar el Gobierno.
Por cierto, la ansiedad de un sector social demanda ver ya a Cristina detenida. Pero eso, si alguna vez sucede, no será pronto. Al Gobierno no le desagrada el paso a paso judicial. Evalúa que ninguna conmoción es conveniente antes de que Macri haya conseguido contener la inflación, poner en marcha la economía y recuperar el empleo. Se ha dicho en estas páginas: Cristina debería preocuparse por su libertad ambulatoria el día que Macri consolide su gestión.
Al renunciar, después de una sugerencia directa que le habría sido transmitida por el presidente de Boca, Daniel Angelici, muy cercano a Macri, Oyarbide se puso a salvo de un eventual juicio político en el Consejo de la Magistratura. Allí, el oficialismo no tenía –ni tiene– mayoría suficiente para asegurar su destitución. Elisa Carrió y un sector del radicalismo insistían en agotar esa instancia para exponer y condenar públicamente las conductas del juez. Eso no ocurrió porque Macri decidió otro camino. Oyarbide está hoy expuesto al alcance de la Justicia como cualquier ciudadano.
La lluvia ácida no se detuvo. Cuando sucedió aquella reunión entre Garavano y Oyarbide faltaban seis días para que Cristina se presentara a declarar ante el juez Claudio Bonadio por la causa del dólar futuro, por la que fue procesada justo un mes después. El pasado jueves 12 de mayo, un día antes de que Bonadio la procesara, ella fue acusada de enriquecimiento ilícito y coimas por el fiscal Carlos Rívolo en la causa Los Sauces, que investiga maniobras con propiedades de la familia Kirchner.
El día que renunció Oyarbide tampoco Bonadio había procesado y embargado a De Vido en 600 millones de pesos por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once. Ni De Vido había tenido que atravesar el calvario que jamás imaginó, el miércoles último, cuando tuvo que pasar el mismo día por tres juzgados diferentes en Comodoro Py.
Quien fuera dueño y señor del manejo de la caja más generosa del kirchnerismo, acudió a notificarse del procesamiento con Bonadio; después tuvo que declarar en indagatoria ante el juez Sebastián Ramos acusado de no haber renegociado contratos con empresas concesionarias de servicios públicos, y de allí ante el juez Julián Ercolini, también en indagatoria, sobre la escandalosa compra de trenes a España y Portugal. Apenas salió de la última de las diligencias se enteró de que el fiscal Federico Delgado pidió procesarlo por coimas en esa operación ferroviaria.
Para peor, diputados del macrismo y también de la oposición presionan en el Congreso para que De Vido renuncie a sus fueros y acepte que su domicilio sea allanado. A comienzos de mayo el ex superministro, amparándose en sus fueros, había impedido ese procedimiento ordenado por el juez federal Luis Rodríguez que lo investiga por enriquecimiento ilícito. La ofensiva del oficialismo continuará.
Por cierto, las parábolas judiciales tienen a mal traer a De Vido. Hace poco más de dos años, en marzo de 2014, había tenido que salir a negar cualquier tipo de vínculo con el financista Guillermo Greppi, titular de la mutual financiera Propyme. En esa entidad, Sergio Schoklender transformaba en dinero efectivo los cheques para el programa Sueños Compartidos, que produjo un fraude monumental con cobertura de las Madres de Plaza de Mayo.
El juez Oyarbide había quedado en posición incómoda poco antes, cuando se reveló que había frenado un allanamiento a Propyme tras un llamado de Carlos Liuzzi, mano derecha de Carlos Zannini, el poderoso secretario Legal del kirchnerismo.
El pasado martes 10 de mayo el juez penal económico Javier López Biscayart ordenó allanar la casa de Greppi, investigado por evasión fiscal y lavado de dinero. En el procedimiento realizado en la calle Seguí al 3600 se encontraron 1.605.217 dólares, 56.768 euros, 1.860 pesos uruguayos y 25 reales, además de casi 2 millones de pesos, según el acta oficial que publicó Clarín.
“¿Cuál es el delito de guardar mi plata en un placard?”, protestó Greppi, al hablar con el canal de noticias TN. El lunes pasado López Biscayart lo procesó y embargó en 330 millones de pesos.
Al parecer, este individuo es el mismo Guillermo Greppi que adquirió cierta fama de malevo cuando encaró al ya defenestrado jefe de espías Jaime Stiuso y lo amenazó a la vista de los presentes, en la tradicional confitería Rond Point de Figueroa Alcorta y Tagle. Fue un domingo por la mañana, cuando Stiuso, junto a su mujer y su hija, compartían mesa con una pareja amiga. Cuentan que Greppi se acercó, les preguntó a los Stiuso si la chica era hija de ellos y les dijo “es muy linda, cuídenla mucho”. Luego, sin más palabras, dejó el lugar.
En ese momento Stiuso había sido expulsado de la SIDE por Cristina y estaba enfrentado sin retorno con Milani y con Zannini, a quien se tenía por protector político de Greppi. Todavía no habían matado al fiscal Alberto Nisman ni Stiuso había tenido que tomar prudente distancia viajando por largos meses a Estados Unidos.
Habría que preguntarse ahora cuánto de la mano de Stiuso y sus amigos, discretamente activos en organismos de inteligencia y el Poder Judicial, está detrás de algunas de las desgracias que se desploman sobre lo que fue el paraíso kirchnerista.
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