La Justicia K sigue enterrando a Nisman, por Julio Blanck

La Justicia K sigue 

enterrando a Nisman

por Julio Blanck

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La procuradora general Alejandra Gils Carbó tendrá en sus manos, desde mañana, la posibilidad de mantener enterrada la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman. Si lo hace, continuará con la línea de acción seguida por el sector de la Justicia obediente a las órdenes y necesidades del kirchnerismo.

Gils Carbó está habilitada para desistir el recurso directo que presentará ante la Corte Suprema el fiscal general de la Cámara del Crimen porteña, Ricardo Sáenz. Pedirá que el caso sea investigado por la Justicia federal, en tanto están involucrados funcionarios del Gobierno anterior incluyendo a la ex presidenta Cristina Kirchner. Si la procuradora bloquea el recurso de Sáenz, la Corte Suprema podría quedar técnicamente impedida de considerar esa petición.

El fiscal Nisman apareció muerto en su departamento de Puerto Madero en enero de 2015, con un tiro en la cabeza, cuatro días después de haber denunciado a la entonces Presidenta por encubrir a ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA que costó 85 muertos.

El fuero criminal ordinario, donde está radicada la causa, fue el escenario donde desde el comienzo se buscó hundir la muerte de Nisman. Durante un año, la hoy jubilada fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini dejaron la investigación exactamente donde había empezado. Ni siquiera llegaron a determinar si fue homicidio o suicidio. Una maniobra perfecta para que todo quedase oculto y oscuro.

El fiscal Sáenz dirá en su escrito a la Corte que Nisman representa un caso de “muerte violenta de carácter político”. Y basa su pedido de pase a la Justicia federal en que la jueza Palmaghini ordenó hace tres semanas que se investiguen posibles cruces telefónicos de Cristina con ex funcionarios, en los días anteriores y posteriores a la muerte de Nisman.

Harán una presentación similar ante la Corte las dos querellas del caso: las hijas de Nisman representadas por su madre, la jueza Sandra Arroyo Salgado; y la madre de Nisman, patrocinada por el abogado Pablo Lanusse.

La procuradora Gils Carbó es la pieza fundamental del artefacto de resistencia y entorpecimiento que el kirchnerismo dejó sembrado en la Justicia, antes de abandonar el poder obligado por la decisión inapelable del voto popular.

En ese batallón militante se inscriben camaristas, jueces y fiscales. En todas estas instancias hubo acciones orientadas a desviar y frenar tanto el caso por la muerte de Nisman, como la denuncia de encubrimiento contra la ex presidenta, su canciller Héctor Timerman y otros dirigentes y allegados, beneficiarios del poder kirchnerista.

En diciembre la jueza Palmaghini había separado a la fiscal Fein de la causa y ordenó decenas de medidas de prueba. A comienzos de marzo le tomó declaración al ex jefe de espías Jaime Stiuso. El hombre declaró que a Nisman lo había matado “un grupo relacionado” con el gobierno de Cristina.

De inmediato Palmaghini mandó el caso a la Justicia federal. La Cámara del Crimen lo aprobó el 22 de marzo. En abril asignaron el expediente al juez federal Julián Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano. Pero la defensa de Diego Lagomarsino, el colaborador que dijo haberle prestado a Nisman el arma con que se disparó el balazo mortal, apeló el cambio de jurisdiscción.

En junio la Cámara de Casación porteña aceptó el reclamo y devolvió el caso a la Justicia ordinaria.

Entre los tres firmantes de esa resolución estuvo María Laura Garrigós de Rébori, titular de esa Cámara y presidenta de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

Otro miembro de Justicia Legítima, con cargo de vocal en esa organización, es Javier De Luca. Como fiscal de la Cámara de Casación fue quien el año pasado bloqueó el pedido del fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, para que se reabriera la investigación de la denuncia de Nisman contra Cristina, que ya había sido desestimada de manera fulminante por el juez federal Daniel Rafecas.

Para que De Luca pudiese cumplir con la misión encomendada fue precisa la estratégica demora de una sala de la Cámara Federal. Es la que integran Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. Moldes presentó su apelación en los últimos días de marzo de 2015. Avisó que se apuraba porque “no quiero caer en una maniobra de sincronización de tiempos que haga que cuando mi recurso llegue a Casación me esté esperando con los brazos abiertos un fiscal militante de Justicia Legítima”.

Eso fue lo que sucedió. Cuando el 15 de abril los camaristas mandaron la apelación de Moldes a Casación, que es el máximo tribunal penal del país, justo entraba de turno el fiscal De Luca. La demora se había sostenido incluso con una breve licencia del camarista Freiler por problemas estomacales. El 20 de abril del año pasado De Luca rechazó continuar la investigación contra Cristina. La diputada Elisa Carrió lo trató de “cómplice de un asesinato”.

Este año la dinámica de la denuncia de Nisman y su inmediata muerte comenzó a cambiar. Influyeron la pérdida de poder y control judicial por parte del kirchnerismo y el impulso social que despertó a una Justicia que en demasiadas instancias había permanecido temerosa o dormida.

Dato clave del cambio es que la DAIA, representación política de la comunidad judía, decidió presentarse como querellante en la causa por la denuncia de encubrimiento a Cristina en el atentado a la AMIA, la mutual de la colectividad. Lo hizo con la firma de su titular, Ariel Cohen Sabban, quien solicitó al juez Rafecas la reapartura de la causa. La DAIA pidió ser querellante el 2 de agosto pasado. Apenas tres días después Rafecas rechazó a la vez ese pedido y el de reapertura de la causa.

El ex vicepresidente de la DAIA y actual diputado por el PRO, Waldo Wolf, declaró: “El fallo de Rafecas nos hace sentir que se profundiza la impunidad”.

Según la resolución del juez no existen nuevos elementos que permitan la reapertura de la denuncia. Ratificó así su resolución del año pasado en el mismo sentido. La base de esa decisión de Rafecas había sido un dictamen de la Procuración del Tesoro que encabezaba entonces Angelina Abbona. Se trata de una abogada que de funcionaria de Cristina pasó a revistar ahora en el gobierno de Santa Cruz que encabeza Alicia Kirchner.

La participación de la Procuración del Tesoro motivó una dura denuncia del fiscal Moldes contra Abbona, basada en que ese organismo tiene como misión defender al Estado pero no a sus funcionarios. Justo eso es lo que había hecho Abbona: elaborar un dictamen que diera argumentos para salvar a Cristina y Timerman de la acusación por haber firmado un pacto con Irán que implicaba encubrimiento en el caso AMIA.

Revelaciones hechas en el programa de Jorge Lanata, que serán ampliadas, muestran cómo operaron los abogados del Estado liderados por Abbona para proteger a la entonces Presidenta. Correos electrónicos entre ex funcionarios revelarían la coordinación de tareas con ese fin ilegal.

En diez días los camaristas Freiler y Ballestero recibirá la apelación de la DAIA para que reabra la denuncia de Nisman que Rafecas cerró dos veces sin tomar una sola medida de prueba. A su vez, el fiscal Moldes pedirá la nulidad de la decisión original de esos camaristas respaldando la posición del juez. A partir de ese día serán Freiler y Ballestero quienes podrán rechazar esos recursos y seguir enterrando a Nisman.

Pero la estrategia defensiva de Cristina está amenazada desde varios frentes.

El juez federal Claudio Bonadio avanza con una causa por traición a la Patria contra Timerman, por las mismas razones en las que se basó Nisman para acusar a Cristina por el pacto con Irán.

Familiares de dos personas muertas en el atentado a la AMIA son las querellantes en este nuevo caso.

El fiscal Eduardo Taiano pidió a Bonadio medidas de prueba similares a las que su colega Gerardo Pollicita solicitó sin éxito al juez Rafecas.

Si Bonadio y Taiano avanzan, la causa que ellos tienen podría absorber la que Rafecas cerró dos veces y también incluir a Cristina.

El fiscal Moldes ya pidió investigar si la denuncia de Nisman contra Cristina no implica también el delito de traición a la Patria.

La diputada Carrió, en diálogo con la Agencia Judía de Noticias, reclamó que la comunidad apoye el juicio político a Rafecas.

Un peritaje psicológico pedido por la jueza Palmaghini concluyó hace cinco días en que Nisman “no sufría un sindrome autodestructivo”.

El fiscal Eduardo Rosende, que reemplaza a la fiscal Fein, acaba de solicitar la reconstrucción detallada del momento de la muerte de Nisman.

La comisión bicameral de control de los organismos de seguridad, que preside Sergio Massa, aceptó una propuesta del diputado Wolf y decidió citar a “todas las personas involucradas en la responsabilidad de la seguridad interior” la noche en que Nisman apareció muerto.

El gobierno de Mauricio Macri se limita a contemplar este proceso, que está apuntado a desentrañar cuestiones de inédita gravedad institucional.

Los que empujan en dirección a la verdad dicen simplemente: “Queremos evitar que Nisman vuelva a morir”.

Borraron los registros de entrada a Olivos del día de la muerte de Nisman, por Daniel Santoro

Borraron los registros de 

entrada a Olivos del día de 

la muerte de Nisman

por Daniel Santoro

El contraataque de Cristina al ex fiscal de la AMIA.

Las planillas donde se anotan el ingreso y egreso de personas entre los días 15 y 19 de enero del 2015 no están en el documento oficial que debía preservarse por cuestiones de seguridad y legales.

Daniel Santoro

Del registro de ingresos a la residencia presidencial de Olivos en los días anteriores y posteriores a la misteriosa y violenta muerte del fiscal Alberto Nisman, el 15 de enero del 2015, se descubre una mayor presencia del director y subdirector de la AFI, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena; del titular de la AFIP Ricardo Echegaray y el diputado Andrés “Cuervo” Larroque, mientras poco a poco crecen las audiencias de Cristina Kirchner para Aníbal Fernández. Pero lo más importante, desde el punto de vista judicial y político, es que extrañamente las planillas de ingresos del 15 al 19 de enero no están en el documento, como si las hubieran arrancado, lo que podría configurar el delito de destrucción de documentos públicos. Estos datos, secretos hasta ahora, revelan cómo Cristina con la ayuda de la AFI, la AFIP y la UFI preparó su contraataque contra Nisman pero la ausencia de las planillas con los ingresos y egresos de esos días clave no permiten reconstruir la historia con más detalles.

Mientras un médico traumatólogo entraba casi a diario a la quinta de Olivos al igual que el peluquero Alberto Sanders, un día antes de la denuncia de Nisman  contra la entonces presidenta por encubrimiento a favor de los cinco iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA, entre otros, hubo una cumbre en el chalet presidencial, lo que confirma que el Gobierno sabía con anticipación de la decisión del ex fiscal de la AMIA.

El 13 de enero desfilaron por el chalet de Cristina y la casa de Máximo, Ricardo Echegaray –ex titular de la AFIP y actualmente suspendido como titular de la Auditoría General de la Nación-, el ministro del Interior, Florencio Randazzo –que se quedó poco tiempo-, Larroque –acusado por Nisman de ser uno de los nexos con el referente iraní Jorge Kalhil- y José Ottavis, entre otros. Olivos era el lugar preferido por Cristina para recibir a sus más íntimos. Algunos ministros solo pisaron la residencia para actos oficiales.

Al día siguiente, Nisman presentó su denuncia que provocó una conmoción en el país y preocupación en el Gobierno. Esa jornada, a las 12.40, entró Parrilli y antes de una hora ya se había retirado. La respuesta K fue la lectura de un comunicado por parte del canciller Héctor Timerman, quien comenzó con una campaña de ataques personales y descalificaciones contra el fiscal.

Llamativamente, no están en el registro que consultó Clarín gracias a un pedido de acceso a la información pública presentada por Poder Ciudadano -que preside Hugo Wortman Yofre- las hojas correspondientes al 15, 16, 17 y 18. Una maniobra para ocultar quiénes entraron a Olivos antes de que Nisman apareciera con un balazo en la cabeza en su departamento de las torres Le Parc. El documento salta al 19, como si la Agrupación Seguridad e Inteligencia de la Presidencia esos días no hubiera anotado nada.

El gobierno de Mauricio Macri que entregó el registro a Poder Ciudadano primero enumeró hoja por hoja, es decir que el borrado o rotura se hizo antes de la entrega del poder el 10 de diciembre. Se trata de un documento clave para investigar tanto la muerte como la denuncia de Nisman que ahora reabrió el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Claudio Taiano.

El registro se reanuda el 19 cuando entra Echegaray a las 11.20 y el secretario de Justicia Julián Alvarez. Parrilli hizo una visita de solo 19 minutos y se fue raudamente. En esos días aparece con horario de ingreso Camilo Vaca Narvaja, el entonces novio de Florencia Kirchner, pero sin horario de salida.

Ese día Cristina publica una carta en Facebook en la cual se pregunta qué llevó a Nisman “a tomar la terrible decisión de quitarse la vida”. Eran días de confusión y alarma en el Gobierno, que empieza a atacar a su ex jefe de Operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso. El 21 se destaca un ingreso de Echegaray a las 23.30 y otro del secretario de Seguridad, Sergio Berni, a las 0.10. ¿Qué tenía que hacer el recaudador de impuestos en Olivos a esa hora? En fuentes judiciales se preguntaron si habría aportado datos sobre el dudoso patrimonio de Nisman.

El 22 entran Parrilli, el secretario general de la presidencial Aníbal Fernández, Randazzo, Echegaray y Rudy Ulloa. Por la tarde, Cristina publica una segunda carta en Facebook en la que descarta la hipótesis del suicidio y dice que no tiene dudas de que Nisman fue asesinado. La presidenta apunta a Stiuso.

Los días siguientes se repiten las reuniones de estos funcionarios. El 26 de enero la fiscal Viviana Fein imputa al técnico en informática Diego Lagomarsino, quien trabajaba para Nisman, por haberle entregado al fiscal el arma calibre 22 con la que se realizó el disparo que lo mató. Mientras tanto, en un golpe de efecto, la presidenta anuncia la disolución de la SIDE y envía al Congreso un proyecto de ley para crear una nueva agencia federal de inteligencia (AFI). Al día siguiente, se suma a las tertulias el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, acompañado de Julio Alak, ministro de Justicia.

Luego del Gobierno impulsaría una investigación judicial para comprobar que Nisman tenía una cuenta bancaria oculta con 800 mil dólares en Nueva York. Paralelamente, el kirchnerismo lanzó una campaña sucia contra Nisman en las redes sociales y con carteles mostrando las fotos de sus novias modelos. El 29, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman y madre de sus dos hijas, dice que “tenemos la certeza de que esto fue obra de otra persona”. Durante la crisis por la muerte violenta de Nisman, Aníbal F. pasó a ser jefe de Gabinete y luego candidato frustrado a gobernador bonaerense. Sin embargo, la rutina de Olivos no se cambió y en los registros se ve la entrada diaria del estilista de Cristina e incluso del peluquero de sus perros, Alfonso Ibáñez.

Se destapó la cloaca del caso Nisman, por Julio Blanck

Se destapó la cloaca del caso Nisman

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En un puñado de días, y en sucesión llamativa, el fiscal general Ricardo Sáenz dictaminó que a Nisman lo habían asesinado; y el temido y siempre turbio espía Jaime Stiuso volvió al país, se presentó a declarar y sostuvo que el supuesto asesinato, en enero de 2015, había sido obra de un grupo vinculado al gobierno de Cristina, a quien cuatro días antes Nisman había acusado de encubrir a iraníes por el atentado a la AMIA.

Esto, a menos de tres meses de la asunción presidencial de Mauricio Macri, bastó para que saltara por el aire la gruesa losa que el gobierno de Cristina Kirchner había colocado, en defensa propia, sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. 

Ahora se destapó la cloaca. Lo que quedó al descubierto promete desagradables consecuencias judiciales, políticas, o ambas a la vez, para una lista que encabeza la propia ex Presidenta, seguida en orden aleatorio por el ex supersecretario Carlos Zannini, el tan verborrágico ex jefe de espías Oscar Parrilli, el teniente general en retiro rotundo César Milani, el hiperquinético ex secretario de Seguridad Sergio Berni y el jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, quien ocupa ese puesto desde hace tres años. 

Integra además esa nómina la defenestrada fiscal Viviana Fein, pieza decisiva en la construcción del segundo entierro de Nisman, el de la causa por su muerte. También su jefa espiritual y operativa, la todavía procuradora general Alejandra Gils Carbó. A ellas podría sumarse la jueza Fabiana Palmaghini, que sorprendió al declararse incompetente en la causa luego de haber rechazado esa petición puntual de la familia de Nisman un par de semanas atrás. Su fundamento para dejar ahora el caso fue que existía violación de correspondencia de Nisman (correos electrónicos y teléfono celular), un delito federal que ya estaba en el expediente desde hacía más de seis meses. En cambio Palmaghini mencionó la cuestión del presunto homicidio apenas lateralmente.

Tampoco está claro en qué terminará la peripecia de Stiuso, el hombre que llevó de la mano a Nisman en la investigación contra los iraníes por el atentado a la AMIA, a quien Cristina defenestró finalmente y que terminó señalado como “autor intelectual” de la denuncia de encubrimiento presidencial. 

En gentil devolución, el gobierno kirchnerista señaló entonces a Stiuso como posible instigador de la muerte de Nisman. Fue cuando el kirchnerismo hablaba de crimen antes de volver a hablar de suicidio, como parte de su exitosa estrategia de enchastre y confusión general.

En el último año, entre su declaración original ante la fiscal Fein y su estruendoso regreso de esta semana, Stiuso se refugió en los Estados Unidos. Allí disfrutó de una protección seguramente labrada en su larga vinculación operativa con la CIA. De allí que esta llamativa sucesión de hechos en el caso Nisman sea vista en ciertos ámbitos políticos y judiciales como una operación cuyo garante de última instancia sería la administración de Washington y su representación local, La Embajada.

En las líneas menores de los alcanzados por el caso Nisman habría que anotar al grupo Quebracho, siempre sospechado de estar penetrado, cuando no directamente teledirigido por los servicios de inteligencia. Y al jerarca piquetero Luis D’Elía, antisemita y proiraní notorio, un personaje que hostiliza a la familia Nisman por el caso AMIA desde el lejano tiempo en que el fiscal estaba casado con la jueza Sandra Arroyo Salgado y ambos convivían en un departamento del barrio de Palermo, adonde D’Elía organizó escraches y marchas.

Las intimidaciones y amenazas a los Nisman nunca cesaron del todo. El fiscal y su ex mujer habían sido agresivamente fotografiados hace nueve años, al salir de la clínica tras el nacimiento de Kala, su hija menor. Y a fines del año pasado la hija mayor, Iara, llamó a su madre –de viaje en el interior del país– porque desde un auto que entró al country donde viven se estaban tomado fotos de manera ostensible hacia su casa. 

El Gobierno asegura que permanece ajeno a todo este tráfico contaminado, aunque sus efectos políticos puedan beneficiarlo por el previsible acorralamiento judicial y político del kirchnerismo duro y su Jefa. 

Pero en la Casa Rosada dicen, con cierto rencor fermentado, que “esta banda es la que persiguió a Macri y le inventó la causa por las escuchas”. Cuando se refieren a “esta banda” hablan de Stiuso y de su equipo: jueces, juezas, fiscales, gestores judiciales, espías, víctimas a medida, toda gente a generoso sueldo –formal o informal– del kirchnerismo durante la “década ganada”.

El cambio de gobierno creó un contexto favorable para que el caso Nisman avanzara, superando la paralización judicial. Pero sería muy aventurado afirmar que el macrismo haya tenido algo que ver, directamente, con los hechos de los últimos días. 

La capacidad de operación de los funcionarios de Macri sobre la Justicia resulta por ahora bastante menguada. Es todo un cambio saludable, vista la profusa contaminación en sentido contrario ocurrida cuando Stiuso estaba al servicio de los Kirchner y sus operadores hacían y deshacían, repartiendo premios y castigos en cámaras, juzgados y fiscalías estratégicos. 

Pero esa limitada capacidad operativa es también fruto del fracaso en algún intento de acortar distancias con los magistrados. El ministro de Justicia, Germán Garavano, a través de un juez federal trató de armar un encuentro con integrantes de ese fuero decisivo. Su convocatoria resultó mínima. 

Así, aún reconociendo que la disposición del macrismo a respetar la independencia de los jueces es indudable, el Gobierno termina haciendo de la carencia una virtud. 

A los jueces federales, lobos solitarios que nunca cazan en manada, no es sencillo reunirlos. Mucho menos cuando uno de los proyectos de reforma judicial que impulsa el Gobierno implica una dilución de su poder por la creación de una decena de juzgados para casos de criminalidad organizada. “Nos quieren dejar solamente los casos de los pibes que agarran fumándose un porro”, exagera un juez que ha sabido hacer uso intensivo del poder que le da su cargo.

Hoy los jueces federales se miran de reojo entre sí, calculando a quién podría caerle la causa Nisman si se consolida el alejamiento de la jueza Palmaghini y el cambio de fuero. Aunque el motivo del apartamiento haya sido la violación de correspondencia de Nisman, parece claro que cualquiera que tome el caso iría directo sobre las circunstancias de la muerte del fiscal. Sería una mala noticia para Cristina y su séquito.

La Justicia parece despertar de un largo sueño respecto de la ex Presidenta. No es el caso del juez Claudio Bonadio, que había avanzado con el caso Hotesur hasta que el cristinismo consiguió sacarlo de la causa. Pero ahora la tiene citada a indagatoria a Cristina por el multimillonario negocio del dólar futuro que benefició a grandes corporaciones y al poder financiero. Este caso pone en la primera línea de involucrados al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y a su jefe político, el entonces ministro y hoy diputado Axel Kicillof. 

En estos días, el juez Ariel Lijo volvió a mover la causa por la financiación de la campaña de Cristina en 2007 y citó como sospechosos a ex funcionarios y empresarios. Y el fiscal Carlos Rívolo pidió el juicio oral en la causa por enriquecimiento ilícito contra Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, ya condenado por la tragedia de Once. Dicen en Tribunales que el avance de esta causa por enriquecimiento podrá finalmente enviarlo a prisión.

El caso Hotesur, en su capítulo de presunto lavado de dinero en los hoteles de la familia Kirchner, pasó del juez Daniel Rafecas a su colega Julián Ercolini. Después de una pericia la causa quedaría lista para avanzar de modo decisivo: las pruebas de lavado serían contundentes.

A Rafecas, el mismo que había rechazado la denuncia de Nisman contra Cristina, le quedó el tramo de Hotesur referido a las contrataciones que Aerolíneas Argentinas hizo en esos hoteles. Esta semana el diario La Nación reveló que la empresa que Cristina le prestó a La Cámpora para que gestione algo, le pagó casi 5 millones de dólares a la empresa de la familia Kirchner desde el año 2008. Eso equivale al alquiler de 15 habitaciones todos los días de todas las semanas de todos los meses de todos esos años. Algo tendrá que hacer Rafecas. Algo que quizás a Cristina no le guste. 

El bochorno insostenible de la causa Nisman es un espejo en el que ningún juez hoy quiere mirarse. 

D’Elía y Esteche afirman que tienen miedo de ir presos

La muerte del fiscal

Es por la declaración de Stiuso , quien dijo que podrían haber participado del supuesto crimen de Nisman.

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“Probablemente en unos días estemos presos, Fernando y yo”, exageró ayer el dirigente piquetero ultra K Luis D’Elía, al referirse a las hipotéticas consecuencias del testimonio del ex director de Operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso en el caso Nisman. “Pero el centro de la operación es Cristina”, agregó. 

“Tengo miedo de todo. Tengo miedo de ir preso”, confesó por su parte Fernando Esteche, líder del movimiento Quebracho, quien estuvo condenado como autor intelectual de un ataque a un local de la provincia de Neuquén.

En el salón Néstor Kirchner de la sede de la organización Unidos y Organizados, ubicado en el barrio Once, cerca de trescientas personas se concentraron para apoyar a D’Elía y Esteche que replicaron la afirmación de Stiuso ante la jueza Fabiana Palmaghini en el sentido de que podrían haber participado del supuesto asesinato de Nisman.

Stiuso solo hizo una interpretación de quiénes podrían haber matado a Nisman y no una acusación formal contra ellos. Además, su testimonio primero tiene que ser verificado por el juez que se quede con la causa (Ver recuadro).

Al mediodía de ayer, ya se escuchaban los cánticos de los militantes -mayoría en el público-; “patria si, colonia no”; “vamos a seguir luchando, poniendo huevo, contra el imperialismo y la oligarquía”; “Macri, basura, vos sos la dictadura”. 

Además, atacó con exhabrutos a los periodistas de Clarín Julio Blanck y Daniel Santoro, quienes escribieron sobre el testimonio de Stiuso. 

El dirigente de Miles y de la organización territorial FTV sostuvo además que “Stiuso es un operador del sistema internacional que articula con lo peor de la derecha norteamericana”. Durante once años, Stiuso fue el jefe operativo de la SIDE kirchnerista y fue echado por la denuncia de Nisman por encubrimiento de los iraníes contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

En cuanto a Esteche, sostuvo que la declaración judicial de Stiuso “es una maniobra que involucra a altos personajes del gobierno nacional”, entre los que nombró a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso y la diputada nacional Elisa Carrió. Esteche sostuvo que en esa versión del ex hombre fuerte de la SIDE “sólo pueden creer los ¨fascinados¨, es decir aquellos que buscan solo una respuesta, no la verdad”. 

Sobre la muerte de Nisman, opinó que se trataba de “un fiscal que le preguntaba que podía o no hacer a la embajada de Estados Unidos, que andaba en una auto que le prestaba la CIA, que aparece muerto con un arma que se la prestó un servicio de inteligencia, que tres diputadas de la Nación lo llamaron 35 veces la noche en que muere y que ese mismo día él llamo desesperado a este hombre que hoy nos acusa a nosotros”. Además de las agrupaciones Quebracho y Miles, había representantes de la Tupac Amaru, La Cámpora, CTA, el Partido Comunista, Seamos Libres y Movimiento Evita. 

“A Nisman lo pueden haber matado miembros de Quebracho y militantes ultra K liderados por D’elia”

Jaime Stiuso volvió a declarar y produjo un terremoto político en la causa Nisman. Cada vez se sabe más de lo que declaró el ex-espía de la SIDE. En este caso aseguró que Nisman fue asesinado y apuntó contra militantes de quebracho y del grupo ultra kirchnerista, liderados por Luis D’Elía con apoyo de Irán.

Recordemos que Diego Lagomarisno aseguró que Alberto Nisman temía por su vida y por eso le habría pedido un arma, para defenderse en algún supuesto ataque de la agrupación K que lidera Fernando Esteche, según relato el mismo Lagomarsino.

“A Nisman lo mató un grupo directamente relacionado al Gobierno” dijo Jaime Stiuso en su segunda declaración, ahora se sabe que apuntó contra Quebracho y dijo que ellos mismos, acompañados por el grupo de Luis D’elía y apoyo de Irán, pueden haber matado a Nisman.

En este momento se analizan llamadas entre Khalil (servicios secrectos de Irán) y Pascolini (miembro del grupo de D’elía). En dicho llamado, Jaime Stiuso asegura que se empezó a organizar el homicidio a Nisman. Dicha llamada fue hecha horas después de que Nisman denunciara al Gobierno.

De no creer.. Caso Nisman: Gils Carbó ascendió al equipo de Fein

Caso Nisman: Gils Carbó ascendió al equipo de Fein

Polémicas designacionesPuso al secretario de la fiscal en un cargo más alto. Y además efectivizó y premió a once empleados de la fiscalía.

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Pese a que once meses después de investigar la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman no llegó a ninguna conclusión sobre las causas de su deceso, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, premió a la fiscal Viviana Fein con la efectivización o ascenso de once miembros de su fiscalía.

Hace una semana, la jueza Viviana Palmaghini quitó a Fein el control de la investigación de la causa Nisman por su lentitud y su pelea con las querellas de la familia del ex fiscal de la AMIA. En once meses, Fein no emitió un dictamen opinando si se trató de un homicidio, suicidio o suicidio inducido, aunque se inclinaba por la segunda de estas hipótesis y no terminó de hacer todos los peritajes necesarios.

Desde el principio, Gils Carbó entornó a Fein con un equipo de asesores en comunicación que tomó medidas en sintonía con la posición de la ex presidenta Cristina Kirchner en el caso. Por ejemplo, en febrero del año pasado Nicolás Wiñazki y este autor publicaron que Nisman había redactado un proyecto de su denuncia por encubrimiento de los iraníes acusados en la AMIA con un pedido de captura de Cristina.

Al día siguiente, el entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rompió un ejemplar de Clarín en una conferencia de prensa y Fein lo apoyó diciendo que el borrador no existía aunque luego se enmendó. En un principio, la ex presidenta habló de un suicidio al igual que su secretario de Seguridad, Sergio Berni, pero al día siguiente dijo que no tenía dudas de que fue un asesinato.

A pesar de que Palmaghini le quitó la dirección de la investigación, Gils Carbó firmó el 23 de diciembre el expediente 8825/2015, al que tuvo acceso Clarín en fuentes judiciales, en el que nombró al secretario de Fein, Bernardo Chirichella como fiscal general, es decir un cargo más arriba que el de su actual jefa. Otros once secretarios y empleados también fueron ascendidos o efectivizados. El mismo proceder usó Gils Carbó –a quien el Gobierno de Macri le pidió la renuncia por su alineamiento con el kirchnerismo- con el fiscal federal Pedro Zoni, quien había sido designado para una fiscalía en el Chaco que no se puso en marcha aún y lo efectivizó en la fiscalía federal 8 de los tribunales de Retiro, en reemplazo del subrogante Eduardo Taiano, quien se negaba a pedir la indagatoria de los ex presidentes de Papel Prensa. Además, el mismo 27 de agosto, Zoni pidió las indagatorias de la madre y la hermana de Nisman, Sara Garfunkel (73 años) y Sandra Nisman por supuesto lavado de dinero por la cuenta con 600 mil dólares que el ex fiscal tenía en Nueva York. El pedido fue inmediatamente aceptado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien luego fue apartado por enemistad manifiesta con el muerto. El gobierno de Cristina Kirchner quería presionar a la familia Nisman mientras buscaba información sobre la denuncia de encubrimiento que supuestamente el fiscal escondió antes de su muerte dudosa.

En fuentes judiciales llamó la atención el ascenso de Chirichella, el brazo derecho de Fein, quien fue denunciado por las querellas debido a su polémica actitud en la audiencia testimonial de la ex secretaria letrada de Nisman, Soledad Castro, quien defendió al fiscal de la AMIA y cuestionó al juez federal Daniel Rafecas, quien archivó en tiempo récord la denuncia por encubrimiento contra Cristina.

Fein quiere citar a declarar a Milani por la muerte de Nisman 

Por Cecilia Di Lodovico 

Es por las numerosas llamadas entre el celular del militar y la ex ​mujer de Fernando Pocino, dirigente de la ex SIDE enfrentado con Jaime Stiuso.

La fiscal Viviana Fein planea llamar a declarar a César Milanien la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, el ex titular de la UFI-AMIA hallado sin vida en el baño de su departamento el 19 de enero pasado.

El ex jefe del Ejército Argentino se vio envuelto en el caso luego de que la Unidad de Fraudes Bancarios de la Policía Federal detectara que el día que murió Nisman hubo numerosas llamadas entre el celular del militar y el de Silvia Tomalini, la ex mujer de Fernando Pocino, el director de Reunión Interior de la ex SIDE que estaba enfrentado al ex jefe de los espía, Jaime Stiuso. Nisman trabajaba con Stiuso en la causa AMIA.

Si bien la causa fue paralizada por Fein hasta que se decida el pedido de cambio de competencia –solicitado por la ex mujer y la madre de Nisman–, fuentes cercanas a la fiscalía indicaron a PERFIL que la citación a Milani será uno de los próximos pasos que tendrá la investigación. La hipótesis de homicidio sostenida por los abogados que representan a la familia del fiscal hace especial hincapié en la existencia de una inteligencia paralela que lo espiaba a través de sus custodios y de prefectos.

Milani deberá explicar porqué se intensificaron las comunicaciones entre los jefes de inteligencia el domingo 18 de enero, desde las 11 de la mañana hasta la hora en que la madre de Nisman logró entrar al departamento. Ya dieron sus explicaciones –aunque para la Justicia no son claras– otros protagonistas de los cruces telefónicos: Alberto Mazzino, ex director de Análisis de la agencia de inteligencia, y el fiscal Carlos Stornelli. Tanto Mazzino como Stornelli declararon que las comunicaciones eran moneda corriente, al contrario de lo que señala el informe de Fraudes Bancarios, división que conduce Walter Corbo. Antes del 19, no se habían producido llamadas los fines de semana.

Mazzino, el último en declarar, restó importancia a las llamadas. Mencionó que hablaron de muchos temas con Pocino.

Pocino aún no dio su testimonio en la causa. Desde la fiscalía de Fein consideran quelos cruces de llamados son un síntoma “alarmante” de lo que ocurrió, pero que no es suficiente prueba para hablar de un homicidio.

Según pudo saber este diario, la próxima semana rechazará el pedido de las querellas. Estará de turno las primeras semanas de enero y sólo tomaría medidas en el expediente del caso Nisman si son urgentes.