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domingo, 9 de octubre de 2016

Las encuestas vienen llenas de sorpresas, por Julio Blanck

Las encuestas vienen llenas de sorpresas

por Julio Blanck



A tres mil personas les pidieron, hace diez días, que definieran a Cristina Kirchner con una sola palabra. La que más se repitió fue “corrupta”, la segunda “ladrona”, la tercera “líder”, la cuarta “delincuente”, la quinta “estadista”. En total hubo 64,0% de palabras negativas, contra 29,3% de positivas y 5,3% neutras. La percepción furiosamente bifronte que la sociedad tiene de la ex presidenta quedó así reflejada, tanto como la contundente diferencia en favor de la opinión negativa. El trabajo, de alcance nacional, fue realizado por la consultora Giacobbe & Asociados mediante mensajes a dispositivos móviles. Esta es, como toda encuesta, un recorte parcial de la realidad. Pero como toda encuesta, también es parte de la realidad del momento.
La originalidad de esta medición de imagen, escapando del formato tradicional de preguntas a los encuestados, puede equipararse a otros abordajes novedosos que las consultoras realizan para pulsar la opinión pública en el primer punto de inflexión de la gestión de Mauricio Macri.
A casi once meses del cambio de gobierno y faltando un año para la elección de medio término que podrá determinar la segunda parte del actual mandato; cuando parecer haber tocado fondo la dura caída económica y social por el ajuste y la economía empieza a dar tímidas señales de recuperación; las encuestas vienen llenas de sorpresas.
Hugo Haime, cuyos trabajos son de consumo obligado para gobernadores y líderes legislativos del peronismo, ensayó en su último trabajo una llamativa, pero no imposible, hipótesis electoral. Preguntó, en el Gran Buenos Aires, cuántos votarían el año próximo una boleta que lleve juntos a Cristina y a Daniel Scioli. Recuérdese que en la Provincia se elegirán senadores y diputados nacionales. La respuesta le dio 34%, lo que marca la notable capacidad de resistencia de las caras de la derrota en la elección presidencial de 2015.
Ese desempeño posible del kirchnerismo duro quedó empatado, en la medición de Haime en el GBA, con una eventual boleta que reuniera a Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que también dio 34%. El oficialismo no tiene candidatos firmes a la vista en la pelea bonaerense, pero si fuesen en la boleta Elisa Carrió y Jorge Macri –lo que hoy es improbable– estarían reuniendo apenas el 19%, siempre en el Conurbano y según este sondeo.
Aclara Haime que las proporciones se modificarían fuerte si se considera toda la Provincia, porque en el interior bonaerense crece mucho Cambiemos por el peso de María Eugenia Vidal y del presidente Macri, y porque allí Massa retrocede unos puntos y Cristina se encoge hasta casi desaparecer del radar electoral. Se podría configurar así un escenario dividido en tercios ligeramente desiguales, que según el consultor se replica también a nivel nacional.
Desde bastante antes de llegar a la Casa Rosada, el jefe de Gabinete Marcos Peña y su equipo toman muy en cuenta las encuestas de Isonomía, una firma que –como la mayoría de sus colegas– también trabaja para el sector privado. En su último sondeo mensual exploraron asuntos de alto interés para el Gobierno. Detectaron, en un trabajo de alcance nacional, que el 62% de los encuestados considera que Macri debió tomar medidas duras en lo económico como consecuencia de lo heredado. Un 37% las atribuyó sólo a la decisión del Presidente y sólo 2% eligió no contestar. En proporciones similares, y con un sesgo algo negativo respecto de la medición mensual anterior, un 57% dijo que el Gobierno conseguirá controlar la inflación y un 38% opinó que no lo podrá hacer.
Para una gestión como la de Macri, que requiere de un mayor recorrido que estos diez meses para demostrar que el camino elegido es el correcto, la medición de Isonomía sobre el futuro suena alentadora: un 18% considera que el Presidente está cumpliendo las expectativas y un grueso 48% dice que no las está cumpliendo pero que “necesita tiempo” para hacerlo. Hay un 32% duro e irreductible, que seguramente mantendrá esa postura durante todo el ciclo de Macri, que considera que no está cumpliendo las expectativas “y no lo hará”.
En la línea de los enfoques originales, Juan Germano dice que Isonomía trabaja sobre la idea de “primer metro cuadrado”. Esto es, la percepción inmediata sobre los temas que afectan la vida cotidiana sin hablar de política ni de dirigentes.
De este modo, en una marcada dualidad que no es nueva pero siempre resulta llamativa, el sondeo detecta que hay un balance de opinión positivo de distintos grados cuando se pregunta en el aspecto personal sobre empleo, consumo, salario, salud, vivienda, servicios y espacios públicos, mientras que esos mismos temas vistos por las mismas personas en perspectiva nacional dan moderados o fuertes balances negativos. La unanimidad la logran, en los dos casos con claro registro negativo, la inseguridad y el ahorro.
A mí me va bien pero al país no, podría ser una interpretación simple de estas percepciones. Más allá de la contradicción aparente, habría que ver llegado el momento cómo impacta esto en la decisión electoral.
Por su parte Consultora W, dirigida por Guillermo Oliveto y especializada en estudio sistemático de climas de época y consumo, detectó –sobre mil casos en todo el país– que el 74% dijo haber recortado sus gastos respecto de un año atrás, y el 68% consideró que su poder adquisitivo era menor en el mismo período. Pero a la vez, el 54% opinó que las medidas económicas del Gobierno fueron un “ordenamiento” mientras el 46% las calificó de “ajuste”. La diferencia no es menor. En este estudio, un 64% atribuyó a “la herencia recibida” la responsabilidad por las medidas económicas de Macri y 36% las atribuyó enteramente al Gobierno.
También con creatividad, Oliveto buscó explorar en “la paciencia de la sociedad”. Preguntó a sus entrevistados hasta cuándo aceptarían al Gobierno si las cosas siguen como van. Un 38% dijo hasta fin de año o comienzos de 2017; un 18% hasta la mitad del mandato y un 19% “todo lo que haga falta”. Los que dijeron que ya no le tenían paciencia fueron un 18%, con ligero crecimiento respecto de la medición anterior. No sería una mala foto para Macri, si no abusa de esta buena disposición que muestra la sociedad.
Recortada sobre el territorio de Buenos Aires, una encuesta de Analía del Franco Consultores encontró que la dualidad entre situación personal y global se rompía. Al preguntar sobre la situación de la Provincia, encontró que en ambas dimensiones la percepción negativa se mantiene por encima de la positiva. También observó un leve pesimismo sobre el futuro, ya que el nivel de expectativa negativa (50,9%) del Conurbano, compensa y supera la visión más optimista (52,3%) del interior provincial.
Cuando en este sondeo se preguntó para quién gobierna María Eugenia Vidal, el 36,4% dijo para la clase alta, el 24,2% para la clase media y el 11,7% para la clase baja. A pesar de estos indicadores, en el estudio asoma con mucha solidez la imagen de la gobernadora, con un balance positivo-negativo de 61,7% a 34,1%. Esto se repite en otros de los sondeos antes mencionados y en todos los que miden el estado de la opinión pública bajo parámetros clásicos, lo que coloca a Vidal como la figura política de mayor aceptación en el país.
Una novedosa entrada en diagonal al estado de ánimo político de la sociedad lo ofrece la encuesta recién procesada por Management & Fit, cuyos aspectos centrales –en particular el brusco ascenso de la inseguridad como preocupación mayor– se publican en esta edición de Clarín.
La consultora que dirige Mariel Fornoni escarbó en una veta inexplorada: el arrepentimiento del voto a presidente en 2015. Sobre dos mil casos en todo el país, el 59,7% aseguró que hoy votaría al mismo candidato y 21,7% afirmó que no volvería a hacerlo. Un 18,6% engrosó el rubro no sabe / no contesta.
De los que votaron a Macri, el 73,9% sostendría su elección y el 13,2% dijo que no la repetiría. En el caso de Daniel Scioli, el 59,7% mantendría el voto y el 28,2% lo cambiaría. Un 48,6% de quienes votaron a Sergio Massa lo elegirían otra vez y un 28,7% no lo haría. Y a Margarita Stolbizer volvería a votarla un 42,5% de quienes la apoyaron hace un año, mientras que el 31,5% buscaría otra opción.
En una pregunta de trazo bien grueso, pero clave para definir el clima político y social, M&F pregunto simplemente a los encuestados si estaban dispuestos a votar hoy acompañando al Gobierno o apoyando a un partido opositor. Según el resultado alcanzado, el 37,6% votaría al oficialismo y el 35,8% a la oposición, mientras un 26,6% permanece indefinido.
Cambió el gobierno, ya pasaron más de diez meses, la transición sigue abierta e incierta. A esta altura, toda la historia está por escribirse.

domingo, 4 de septiembre de 2016

La Justicia K sigue enterrando a Nisman, por Julio Blanck

La Justicia K sigue 

enterrando a Nisman

por Julio Blanck


La procuradora general Alejandra Gils Carbó tendrá en sus manos, desde mañana, la posibilidad de mantener enterrada la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman. Si lo hace, continuará con la línea de acción seguida por el sector de la Justicia obediente a las órdenes y necesidades del kirchnerismo.
Gils Carbó está habilitada para desistir el recurso directo que presentará ante la Corte Suprema el fiscal general de la Cámara del Crimen porteña, Ricardo Sáenz. Pedirá que el caso sea investigado por la Justicia federal, en tanto están involucrados funcionarios del Gobierno anterior incluyendo a la ex presidenta Cristina Kirchner. Si la procuradora bloquea el recurso de Sáenz, la Corte Suprema podría quedar técnicamente impedida de considerar esa petición.
El fiscal Nisman apareció muerto en su departamento de Puerto Madero en enero de 2015, con un tiro en la cabeza, cuatro días después de haber denunciado a la entonces Presidenta por encubrir a ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA que costó 85 muertos.
El fuero criminal ordinario, donde está radicada la causa, fue el escenario donde desde el comienzo se buscó hundir la muerte de Nisman. Durante un año, la hoy jubilada fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini dejaron la investigación exactamente donde había empezado. Ni siquiera llegaron a determinar si fue homicidio o suicidio. Una maniobra perfecta para que todo quedase oculto y oscuro.
El fiscal Sáenz dirá en su escrito a la Corte que Nisman representa un caso de “muerte violenta de carácter político”. Y basa su pedido de pase a la Justicia federal en que la jueza Palmaghini ordenó hace tres semanas que se investiguen posibles cruces telefónicos de Cristina con ex funcionarios, en los días anteriores y posteriores a la muerte de Nisman.
Harán una presentación similar ante la Corte las dos querellas del caso: las hijas de Nisman representadas por su madre, la jueza Sandra Arroyo Salgado; y la madre de Nisman, patrocinada por el abogado Pablo Lanusse.
La procuradora Gils Carbó es la pieza fundamental del artefacto de resistencia y entorpecimiento que el kirchnerismo dejó sembrado en la Justicia, antes de abandonar el poder obligado por la decisión inapelable del voto popular.
En ese batallón militante se inscriben camaristas, jueces y fiscales. En todas estas instancias hubo acciones orientadas a desviar y frenar tanto el caso por la muerte de Nisman, como la denuncia de encubrimiento contra la ex presidenta, su canciller Héctor Timerman y otros dirigentes y allegados, beneficiarios del poder kirchnerista.
En diciembre la jueza Palmaghini había separado a la fiscal Fein de la causa y ordenó decenas de medidas de prueba. A comienzos de marzo le tomó declaración al ex jefe de espías Jaime Stiuso. El hombre declaró que a Nisman lo había matado “un grupo relacionado” con el gobierno de Cristina.
De inmediato Palmaghini mandó el caso a la Justicia federal. La Cámara del Crimen lo aprobó el 22 de marzo. En abril asignaron el expediente al juez federal Julián Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano. Pero la defensa de Diego Lagomarsino, el colaborador que dijo haberle prestado a Nisman el arma con que se disparó el balazo mortal, apeló el cambio de jurisdiscción.
En junio la Cámara de Casación porteña aceptó el reclamo y devolvió el caso a la Justicia ordinaria.
Entre los tres firmantes de esa resolución estuvo María Laura Garrigós de Rébori, titular de esa Cámara y presidenta de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.
Otro miembro de Justicia Legítima, con cargo de vocal en esa organización, es Javier De Luca. Como fiscal de la Cámara de Casación fue quien el año pasado bloqueó el pedido del fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, para que se reabriera la investigación de la denuncia de Nisman contra Cristina, que ya había sido desestimada de manera fulminante por el juez federal Daniel Rafecas.
Para que De Luca pudiese cumplir con la misión encomendada fue precisa la estratégica demora de una sala de la Cámara Federal. Es la que integran Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. Moldes presentó su apelación en los últimos días de marzo de 2015. Avisó que se apuraba porque “no quiero caer en una maniobra de sincronización de tiempos que haga que cuando mi recurso llegue a Casación me esté esperando con los brazos abiertos un fiscal militante de Justicia Legítima”.
Eso fue lo que sucedió. Cuando el 15 de abril los camaristas mandaron la apelación de Moldes a Casación, que es el máximo tribunal penal del país, justo entraba de turno el fiscal De Luca. La demora se había sostenido incluso con una breve licencia del camarista Freiler por problemas estomacales. El 20 de abril del año pasado De Luca rechazó continuar la investigación contra Cristina. La diputada Elisa Carrió lo trató de “cómplice de un asesinato”.
Este año la dinámica de la denuncia de Nisman y su inmediata muerte comenzó a cambiar. Influyeron la pérdida de poder y control judicial por parte del kirchnerismo y el impulso social que despertó a una Justicia que en demasiadas instancias había permanecido temerosa o dormida.
Dato clave del cambio es que la DAIA, representación política de la comunidad judía, decidió presentarse como querellante en la causa por la denuncia de encubrimiento a Cristina en el atentado a la AMIA, la mutual de la colectividad. Lo hizo con la firma de su titular, Ariel Cohen Sabban, quien solicitó al juez Rafecas la reapartura de la causa. La DAIA pidió ser querellante el 2 de agosto pasado. Apenas tres días después Rafecas rechazó a la vez ese pedido y el de reapertura de la causa.
El ex vicepresidente de la DAIA y actual diputado por el PRO, Waldo Wolf, declaró: “El fallo de Rafecas nos hace sentir que se profundiza la impunidad”.
Según la resolución del juez no existen nuevos elementos que permitan la reapertura de la denuncia. Ratificó así su resolución del año pasado en el mismo sentido. La base de esa decisión de Rafecas había sido un dictamen de la Procuración del Tesoro que encabezaba entonces Angelina Abbona. Se trata de una abogada que de funcionaria de Cristina pasó a revistar ahora en el gobierno de Santa Cruz que encabeza Alicia Kirchner.
La participación de la Procuración del Tesoro motivó una dura denuncia del fiscal Moldes contra Abbona, basada en que ese organismo tiene como misión defender al Estado pero no a sus funcionarios. Justo eso es lo que había hecho Abbona: elaborar un dictamen que diera argumentos para salvar a Cristina y Timerman de la acusación por haber firmado un pacto con Irán que implicaba encubrimiento en el caso AMIA.
Revelaciones hechas en el programa de Jorge Lanata, que serán ampliadas, muestran cómo operaron los abogados del Estado liderados por Abbona para proteger a la entonces Presidenta. Correos electrónicos entre ex funcionarios revelarían la coordinación de tareas con ese fin ilegal.
En diez días los camaristas Freiler y Ballestero recibirá la apelación de la DAIA para que reabra la denuncia de Nisman que Rafecas cerró dos veces sin tomar una sola medida de prueba. A su vez, el fiscal Moldes pedirá la nulidad de la decisión original de esos camaristas respaldando la posición del juez. A partir de ese día serán Freiler y Ballestero quienes podrán rechazar esos recursos y seguir enterrando a Nisman.
Pero la estrategia defensiva de Cristina está amenazada desde varios frentes.
El juez federal Claudio Bonadio avanza con una causa por traición a la Patria contra Timerman, por las mismas razones en las que se basó Nisman para acusar a Cristina por el pacto con Irán.
Familiares de dos personas muertas en el atentado a la AMIA son las querellantes en este nuevo caso.
El fiscal Eduardo Taiano pidió a Bonadio medidas de prueba similares a las que su colega Gerardo Pollicita solicitó sin éxito al juez Rafecas.
Si Bonadio y Taiano avanzan, la causa que ellos tienen podría absorber la que Rafecas cerró dos veces y también incluir a Cristina.
El fiscal Moldes ya pidió investigar si la denuncia de Nisman contra Cristina no implica también el delito de traición a la Patria.
La diputada Carrió, en diálogo con la Agencia Judía de Noticias, reclamó que la comunidad apoye el juicio político a Rafecas.
Un peritaje psicológico pedido por la jueza Palmaghini concluyó hace cinco días en que Nisman “no sufría un sindrome autodestructivo”.
El fiscal Eduardo Rosende, que reemplaza a la fiscal Fein, acaba de solicitar la reconstrucción detallada del momento de la muerte de Nisman.
La comisión bicameral de control de los organismos de seguridad, que preside Sergio Massa, aceptó una propuesta del diputado Wolf y decidió citar a “todas las personas involucradas en la responsabilidad de la seguridad interior” la noche en que Nisman apareció muerto.
El gobierno de Mauricio Macri se limita a contemplar este proceso, que está apuntado a desentrañar cuestiones de inédita gravedad institucional.
Los que empujan en dirección a la verdad dicen simplemente: “Queremos evitar que Nisman vuelva a morir”.

domingo, 5 de junio de 2016

La conexión secreta Cristina-Casanello, por Julio Blanck

La conexión secreta Cristina-Casanello


Escenario

El juez federal Sebastián Casanello y la jefa de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, comparten algo más que haber sido recibidos por el papa Francisco en audiencia privada y a solas, durante una hora cada uno, con apenas una semana de diferencia. Los dos frecuentarían además el contacto con ex funcionarios kirchneristas que operarían en comunicación directa con Cristina, transmitiendo mensajes y sugerencias que ella envía desde su cauteloso retiro en Santa Cruz.
Casanello llegó el jueves a Roma para participar de una cumbre contra la trata de personas y el crimen organizado, que se realiza bajo el auspicio del Papa. Integra la delegación argentina que encabeza el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. A diferencia de sus compañeros de viaje, Casanello no participó del cóctel de bienvenida que ofreció Rogelio Pfirter, nuestro embajador ante el Vaticano, sino que fue directo del aeropuerto Leonardo da Vinci a la residencia de Santa Marta, junto a la basílica de San Pedro, donde vive el Papa.
Si la reunión de Francisco con Casanello abre interrogantes sobre la posible influencia en el ánimo y las decisiones del juez que tiene en sus manos la investigación sobre Lázaro Báez, socio y testaferro de los Kirchner, la visita de Bonafini, una semana atrás, no tuvo otra trascendencia que la política.
Fuentes con acceso al círculo cercano de Cristina aseguran que después del revuelo que provocó la visita de Bonafini al Papa, ella le mandó decir a través de Oscar Parrilli que se mantuviera en silencio y no hiciese más declaraciones. La jefa de las Madres cumplió la indicación.
En Roma, después de aquella audiencia, Bonafini fue a fondo contra el gobierno de Mauricio Macri, defendió a rajatabla la gestión de Cristina y dijo que Francisco estaba triste porque el país le hacía acordar a 1955, cuando la Revolución Libertadora derrocó a Juan Domingo Perón. Esas expresiones provocaron inmediatas desmentidas y relativizaciones por parte de la Iglesia argentina y de visitantes inmediatos del Papa.
Esta historia, curiosamente, enlaza a Parrilli con quien fuera su segundo en la Agencia Federal de Inteligencia, Juan Martín Mena, quien se ocupó de comandar la operación sobre los tribunales durante el último año de mandato de Cristina. Mena llegó a la AFI desde el Ministerio de Justicia, pero su misión básica fue la misma.
Según fuentes de los tribunales, Mena mantuvo contacto permanente con el juez Casanello durante todo el año pasado. Habría constancias sobre esa comunicación permanente. El vínculo se habría mantenido en los últimos meses, ya con Mena fuera del gobierno.
El juez había trepado al cargo auxiliado por su cercanía con La Cámpora, a través del ex secretario de Justicia Julián Alvarez, que era su referente político y judicial más firme, y con Eduardo De Pedro, ex secretario general de la Presidencia. Con ellos nunca habría interrumpido el contacto. Tampoco con varios fiscales y secretarios enrolados en la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.
Casanello, que durante casi tres años mantuvo en letargo las denuncias contra Lázaro Báez y sus negocios con la familia Kirchner, cambió de ritmo junto con el cambio de gobierno. Y sobre todo con la difusión del video que mostraba a un hijo y al contador de Báez contando millones de euros y dólares en la financiera La Rosadita. Esa filmación puso patas arriba toda la estrategia defensiva de la ex presidenta.
Casanello entonces detuvo a Báez en abril. Lo procesó y embargó. También detuvo a su contador Daniel Pérez Gadín y al abogado Jorge Chueco. Por esos días también declaró el arrepentido Leonardo Fariña, involucrando de lleno a Cristina y a Báez en los negocios derivados del sobreprecio en las obras públicas.
Se movió la causa hasta entonces dormida. Pero la defensa de Báez, y la de sus hijos Martín y Leandro, sospechan que toda esa agitación puede terminar apuntando sólo hacia Lázaro, estableciendo un cordón de seguridad judicial alrededor de Cristina. Por eso quieren sacar del medio a Casanello. Quizás jueguen a fondo mañana, lunes, cuando Lázaro sea recibido en audiencia a puertas cerradas por la Cámara Federal.
También es notorio que al menos un sector del Gobierno está interesado en que Casanello sea removido de este caso y opera en consecuencia. Así, desentrañar la supuesta conexión secreta entre Cristina y el juez puede ser clave para el futuro de la investigación y para el destino judicial de los involucrados.
El portal Infobae había publicado un anticipo del escrito que presentaría la defensa de Leandro Báez, pidiendo corroborar la existencia de llamados telefónicos hechos desde y hacia el teléfono celular del juez Casanello, cuando el magistrado se encontraba en la zona de la residencia de Olivos. Habrían sido en agosto y noviembre del año pasado. Cristina era presidenta. La otra punta de esas comunicaciones con el celular de Casanello fueron los teléfonos de Rolando Falke, un abogado que integra el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados; y de María Laura Roteta, una fiscal cercana a la procuradora Alejandra Gils Carbó.
Fuentes vinculadas a estas investigaciones agregaron a Clarín que las llamadas fueron registradas en la antena de telefonía celular ubicada en la calle Manuel de Uribelarrea 481, de Olivos, a 250 metros de la quinta presidencial. Una tercera comunicación con el celular de Casanello habría sido detectada allí en el mes de octubre.
Lo más relevante, según datos de última hora, es que el mismo 6 de agosto de 2015, cuando se comunicaron los celulares de Casanello y el abogado Falke, se habría registrado una llamada al celular de Lázaro Báez en esa misma celda telefónica, identificada como GKN 053.
De ser así, se reforzaría la hipótesis de que Casanello y Lázaro, juez e investigado, habrían coincidido en la zona de la quinta de Olivos donde vivía Cristina. Igual conviene no dejarse llevar por la ansiedad: todo esta sujeto a comprobación judicial.
Días atrás el juez Casanello desmintió en un comunicado oficial haber cobrado dinero de Lázaro Báez para dilatar la investigación. Y afirmó que “nunca, bajo ninguna circunstancia” se reunió con Cristina Fernández de Kirchner.
Un tema interesante a dilucidar es si Casanello pudo haber estado aquellas veces en la mansión del camarista federal Eduardo Freiler, que es su mentor en los tribunales y fue uno de los que votó para desplazar al juez Claudio Bonadio de la causa Hotesur, donde se investigan los negocios hoteleros de la familia Kirchner y su relación comercial con Lázaro Báez.
A mediados de 2014 Freiler, camarista próspero, compró una casa de dos plantas, de más de 1.200 metros cuadrados, frente a la entrada a la quinta presidencial por la calle Villate. Por cierto, al momento de las llamadas del celular de Casanello detectadas en Olivos, la casa de Freiler estaba en obras de remodelación y nadie vivía todavía allí, como informó a fines de agosto de 2015 el diario La Nación.
La cuestión es que Casanello, en medio de tanta controversia, tuvo su hora a solas con el Papa. “El apoyo es extraordinario”, dijo después de hablar con el Pontífice.
Su inclusión en la lista de jueces que viajaron a Roma se debió a la gestión de Gustavo Vera, legislador porteño muy allegado al Papa. Amigos de Francisco que también conocen a Vera dicen que Casanello “es el preferido” de este dirigente, comprometido con la lucha contra la trata de personas y ahora además en el caso de la fiesta trágica en Costa Salguero, donde murieron cinco jóvenes.
Casanello es el juez de este caso y se muestra muy activo. Ya procesó a los organizadores de la fiesta y a cinco inspectores municipales.
El mismo juez también lleva con mucha actividad la causa Panamá Papers sobre cuentas y empresas en paraísos fiscales, en la que está involucrado el presidente Mauricio Macri. Antes de viajar a Roma, Casanello decidió ampliar la investigación sobre el Presidente, pidiendo información sobre ocho sociedades radicadas en cinco países, en las que Macri pudo haber tenido participación.
El caso Panamá Papers se destapó a partir de revelaciones de una investigación periodística internacional. La denuncia original contra Macri y posteriores pedidos de ampliación fueron hechos por el diputado Darío Martínez, kirchnerista de Neuquén, quien también formaría parte del circuito abastecedor de datos y directivas integrado por Parrilli, Mena, De Pedro y Julián Alvarez.
En su última presentación, el diputado Martínez pidió que el juez cite a declarar al Presidente y a todos sus familiares. Casanello deberá contestar este pedido cuando regrese de Roma.
En la delegación de jueces que fue recibida por el Papa están, entre otros, Ariel Lijo y María Servini de Cubría. Lijo había estado con Francisco el 6 de mayo de 2014. “Si la prudencia se convierte en inacción es cobardía”, le dijo el Pontífice. Menos de dos meses después, el 27 de junio de ese año, Lijo procesó al entonces vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone.
En tanto, Servini de Cubría es mencionada en Comodoro Py como eventual encargada de tomar el caso Lázaro Báez y la llamada “ruta del dinero K”, si finalmente Casanello es apartado de la causa.
Según fuentes con acceso a la delegación judicial que viajó a Roma, el Papa le dijo a Casanello: “No le tengas miedo a las presiones de ningún tipo. Ni a los medios ni a los políticos. Avanzá con prudencia, pero avanzá”.
Los caminos del Señor son insondables.

domingo, 22 de mayo de 2016

La última jugada de Oyarbide: ofreció ir a fondo contra Cristina y De Vido

La última jugada de Oyarbide: ofreció ir a fondo contra Cristina y De Vido

Escenario

El jueves 7 de abril el juez federal Norberto Oyarbide, con la misma falta de escrúpulos que le dio triste fama, hizo su última jugada para seguir siendo juez: le ofreció al Gobierno acelerar causas dormidas y en poco tiempo avanzar a fondo sobre Cristina Kirchner y de Julio De Vido. Mencionó un expediente donde se verificarían transferencias de dinero de la Presidencia hacia el entonces jefe del Ejército y patrón de la inteligencia oficial, teniente general César Milani. Y señaló que él podría reclamar para sí la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, porque ahora pasó a la Justicia federal y él era el juez federal de turno aquel fatídico día de enero de 2015.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, rechazó la bochornosa oferta y urgió a Oyarbide a que le entregara de una vez su renuncia, que para eso lo había citado ese día en las oficinas del quinto piso del Ministerio, en la calle Sarmiento 329.

La historia fue confirmada a Clarín por un influyente hombre público que tiene llegada directa al presidente Mauricio Macri y por un experto en temas de seguridad y justicia que fue funcionario y ahora está en la oposición. También corroboró los hechos una fuente cercana al propio Ministerio de Justicia.
Presintiendo que Oyarbide intentaría una maniobra final para continuar en el cargo que ocupó durante 21 años, Garavano se aseguró de tener testigos de ese encuentro. Se hizo acompañar por su viceministro, Santiago Otamendi. Y se preocupó porque la prensa los fotografiara antes de comenzar la reunión.
Oyarbide habría dicho al ministro, reteniendo por un instante el texto impreso de su renuncia, que era “una lástima” que tuviese que apurar su retiro porque había “algunas causas interesantes que involucran a la Doctora y al arquitecto De Vido” en las que podrían tomarse pronto algunas decisiones resonantes. Sus interlocutoeres entendieron que se refería incluso a la detención de la ex Presidenta y de quien durante los doce años de poder kirchnerista manejó los fondos de las obras públicas, fenomenal usina de la corrupción que se está destapando en los tribunales.
El ministro, que tenía instrucciones precisas de Macri, le reclamó al juez el texto de la renuncia sin siquiera hacer comentarios sobre la oferta. Una semana después, el Presidente la aceptó formalmente y Oyarbide dejó de ser juez. Garavano declaró entonces que “nosotros queremos tener una Justicia mejor y dimos un gran paso en esa dirección”.
Al Gobierno, ya lo dijo Garavano, le preocupa la posible sobreactuación de jueces que durmieron una bien lubricada siesta durante los años kirchneristas y ahora corren presurosos a sacar patente de independientes. La oferta de Oyarbide es la forma más grotesca que esas sobreactuaciones han tomado hasta el momento.
La contracara de la espectacularidad premeditada de la Justicia es la victimización política que le permite a los investigados. Una actuación dramática de Cristina declarándose perseguida, sin pasos judiciales previos y concretos que la alcancen a ella o a su entorno directo (Lázaro Báez, su hijo Máximo, De Vido) es el escenario que a toda costa quiere evitar el Gobierno.
Por cierto, la ansiedad de un sector social demanda ver ya a Cristina detenida. Pero eso, si alguna vez sucede, no será pronto. Al Gobierno no le desagrada el paso a paso judicial. Evalúa que ninguna conmoción es conveniente antes de que Macri haya conseguido contener la inflación, poner en marcha la economía y recuperar el empleo. Se ha dicho en estas páginas: Cristina debería preocuparse por su libertad ambulatoria el día que Macri consolide su gestión.
Al renunciar, después de una sugerencia directa que le habría sido transmitida por el presidente de Boca, Daniel Angelici, muy cercano a Macri, Oyarbide se puso a salvo de un eventual juicio político en el Consejo de la Magistratura. Allí, el oficialismo no tenía –ni tiene– mayoría suficiente para asegurar su destitución. Elisa Carrió y un sector del radicalismo insistían en agotar esa instancia para exponer y condenar públicamente las conductas del juez. Eso no ocurrió porque Macri decidió otro camino. Oyarbide está hoy expuesto al alcance de la Justicia como cualquier ciudadano.
La lluvia ácida no se detuvo. Cuando sucedió aquella reunión entre Garavano y Oyarbide faltaban seis días para que Cristina se presentara a declarar ante el juez Claudio Bonadio por la causa del dólar futuro, por la que fue procesada justo un mes después. El pasado jueves 12 de mayo, un día antes de que Bonadio la procesara, ella fue acusada de enriquecimiento ilícito y coimas por el fiscal Carlos Rívolo en la causa Los Sauces, que investiga maniobras con propiedades de la familia Kirchner.
El día que renunció Oyarbide tampoco Bonadio había procesado y embargado a De Vido en 600 millones de pesos por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once. Ni De Vido había tenido que atravesar el calvario que jamás imaginó, el miércoles último, cuando tuvo que pasar el mismo día por tres juzgados diferentes en Comodoro Py.
Quien fuera dueño y señor del manejo de la caja más generosa del kirchnerismo, acudió a notificarse del procesamiento con Bonadio; después tuvo que declarar en indagatoria ante el juez Sebastián Ramos acusado de no haber renegociado contratos con empresas concesionarias de servicios públicos, y de allí ante el juez Julián Ercolini, también en indagatoria, sobre la escandalosa compra de trenes a España y Portugal. Apenas salió de la última de las diligencias se enteró de que el fiscal Federico Delgado pidió procesarlo por coimas en esa operación ferroviaria.
Para peor, diputados del macrismo y también de la oposición presionan en el Congreso para que De Vido renuncie a sus fueros y acepte que su domicilio sea allanado. A comienzos de mayo el ex superministro, amparándose en sus fueros, había impedido ese procedimiento ordenado por el juez federal Luis Rodríguez que lo investiga por enriquecimiento ilícito. La ofensiva del oficialismo continuará.
Por cierto, las parábolas judiciales tienen a mal traer a De Vido. Hace poco más de dos años, en marzo de 2014, había tenido que salir a negar cualquier tipo de vínculo con el financista Guillermo Greppi, titular de la mutual financiera Propyme. En esa entidad, Sergio Schoklender transformaba en dinero efectivo los cheques para el programa Sueños Compartidos, que produjo un fraude monumental con cobertura de las Madres de Plaza de Mayo.
El juez Oyarbide había quedado en posición incómoda poco antes, cuando se reveló que había frenado un allanamiento a Propyme tras un llamado de Carlos Liuzzi, mano derecha de Carlos Zannini, el poderoso secretario Legal del kirchnerismo.
El pasado martes 10 de mayo el juez penal económico Javier López Biscayart ordenó allanar la casa de Greppi, investigado por evasión fiscal y lavado de dinero. En el procedimiento realizado en la calle Seguí al 3600 se encontraron 1.605.217 dólares, 56.768 euros, 1.860 pesos uruguayos y 25 reales, además de casi 2 millones de pesos, según el acta oficial que publicó Clarín.
“¿Cuál es el delito de guardar mi plata en un placard?”, protestó Greppi, al hablar con el canal de noticias TN. El lunes pasado López Biscayart lo procesó y embargó en 330 millones de pesos.
Al parecer, este individuo es el mismo Guillermo Greppi que adquirió cierta fama de malevo cuando encaró al ya defenestrado jefe de espías Jaime Stiuso y lo amenazó a la vista de los presentes, en la tradicional confitería Rond Point de Figueroa Alcorta y Tagle. Fue un domingo por la mañana, cuando Stiuso, junto a su mujer y su hija, compartían mesa con una pareja amiga. Cuentan que Greppi se acercó, les preguntó a los Stiuso si la chica era hija de ellos y les dijo “es muy linda, cuídenla mucho”. Luego, sin más palabras, dejó el lugar.
En ese momento Stiuso había sido expulsado de la SIDE por Cristina y estaba enfrentado sin retorno con Milani y con Zannini, a quien se tenía por protector político de Greppi. Todavía no habían matado al fiscal Alberto Nisman ni Stiuso había tenido que tomar prudente distancia viajando por largos meses a Estados Unidos.
Habría que preguntarse ahora cuánto de la mano de Stiuso y sus amigos, discretamente activos en organismos de inteligencia y el Poder Judicial, está detrás de algunas de las desgracias que se desploman sobre lo que fue el paraíso kirchnerista.

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