El escenario
Un vicepresidente cerca del abismo institucional
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Es probable que el caso Ciccone sea sólo la primera causa en la que Amado Boudou deberá declarar en condición de indagado. El mismo juez que lo investiga por el caso de la imprenta, Ariel Lijo, tiene en sus manos la pesquisa por el presunto enriquecimiento ilícito del vicepresidente. Fuentes judiciales irreprochables dijeron que Boudou está tan comprometido en una causa como en la otra, y que hay varias empresas que se cruzan entre los dos expedientes. El vicepresidente baila, así, en la cornisa del abismo institucional.
El gobierno de Cristina Kirchner decidió, increíblemente, proteger a Boudou, destituir al juez y trasladarle al periodismo independiente la culpa del escándalo. En 2008, después de la primera gran derrota política del gobierno en su guerra con el campo, el kirchnerismo acusó de su fracaso al periodismo. Ahora, cuando el Gobierno enfrenta su peor crisis institucional en 11 años de poder, la culpa vuelve a ser del periodismo. Boudou acusó de sus desventuras judiciales a la prensa y después a Lijo, pero terminó ampliando la ficción. Describió al juez como un títere de periodistas y editores.
La Presidenta no deja pasar una sola cadena nacional sin hacer referencias críticas al periodismo. Boudou le habla entonces, cuando habla en público, a una política que cree en la victoria de inverosímiles conspiraciones periodísticas.
El jueves pasado, en medio de la conflagración contra la prensa, Cristina Kirchner anunció una serie de medidas impositivas para aliviar la situación de los medios periodísticos. Las decisiones van en la buena senda, pero pierden parte del mérito cuando aparece claramente la discriminación. Varios gobiernos de países centrales decidieron apoyar al periodismo gráfico, por su sentido cultural y valor formativo, y ante la desigualdad de su competencia con Internet. En el caso argentino, Cristina Kirchner siguió ese camino cuando bajó el IVA a los diarios, a su precio y a la publicidad, pero exceptuó a LA NACION y Clarín.
Ordenó también la posibilidad de una regularización de deudas tributarias, muchas en trámite judicial, mediante un sistema de canje publicitario. Pero fijó un monto que, otra vez, discriminó a LA NACION, que tiene un desacuerdo impositivo con el Gobierno que se discute en la Justicia. Esta clase de regularizaciones no tienen nunca un tope. Al contrario, un caso oscuro e inexplicable, como el blanqueo de capitales, no estableció nunca ningún tope ni condición. El blanqueo es peligroso, al revés de los desacuerdos tributarios con medios periodísticos, porque podría permitir el lavado de dinero de sospechosa procedencia.
Pero volvamos a Boudou. El nivel profesional de sus abogados defensores es muy malo. Fuentes judiciales dijeron que a estas alturas un vicepresidente debió recurrir a los grandes penalistas del país (citaron a Alejandro Carrió, a Carlos Arslanian y a Zenón Ceballos, entre otros). Prefirió, en cambio, quedar encerrado entre inconcebibles contradicciones. Quiere ir a hablar ante el juez. El juez lo llama. Entonces no quiere ir. Durante cuatro días, Boudou lo vapuleó sin cesar al juez Lijo.
El vicepresidente carece de la necesaria sensibilidad política como para percibir el cambio de época. Hace dos años, cuando él y Cristina acababan de asumir el actual mandato, el vicepresidente destituyó en su sola conferencia de prensa al juez, al fiscal y al jefe de los fiscales. Indiferente, Lijo parece tomar ahora las agresiones de Boudou como de quien vienen. Nunca le contesta. Boudou se enardece aún más y dobla la apuesta. Nada. El juez calla. Con cada cosa que hace o dice, el vicepresidente se asoma un poco más al precipicio. La desesperación no puede explicar todo.
La época cambió, en efecto. El fuero federal se abroqueló ahora alrededor de Lijo. No se trata sólo de una decisión corporativa, porque nunca los jueces federales hicieron eso con Oyarbide, el juez más controvertido de ese fuero. Sólo se activó el elemental sentido de sobrevivencia. Si cayera Lijo, un juez sin cuestionamientos y con buenas relaciones con sus colegas, entonces todo el fuero federal se convertiría en presa fácil del humor oficial. "Nos barrerían a todos en 24 horas", dramatizó uno de los jueces que se solidarizó con Lijo.
El juez recibió un respaldo implícito hasta del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. En un oportuno homenaje a la sala del fuero federal que juzgó a los comandantes de la dictadura, Lorenzetti dijo que aquel juicio a los jerarcas militares instaló el principio moral de la igualdad ante la ley. "Nadie puede estar por encima de la ley. No debe haber impunidad", subrayó. No se quedó ahí: "También instaló (aquel juicio histórico) la idea de que el Poder Judicial debe ser independiente, de que los magistrados deben ser firmes en sus convicciones cuando aplican la ley, cualquiera sea su contexto", dijo. El juez Lijo estaba sentado frente a él. El propio presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, criticó duramente a Boudou por sus ataques personales al juez. "Eso no se hace cuando se respeta la propia investidura", advirtió. Cabral expresó el generalizado hartazgo de los jueces con el vicepresidente.
A pesar de todo, la estrategia del cristinismo es terminar con Lijo. Tal vez no porque esté convencido de la defensa de Boudou ni tampoco porque desconfíe tanto de Lijo. Se trata de una estrategia política. Apartar a Lijo significaría el arribo de un nuevo juez, que necesitaría de muchos meses para volver a poner en funcionamiento el expediente de Boudou. Es lo que ocurrió cuando se fue el primer juez, Daniel Rafecas, y lo sucedió Lijo. Esos meses por delante le permitirían a Cristina Kirchner ir llegando al final de su mandato sin tener que despedir a su vicepresidente. La Presidenta se ve en el espejo de Fernando de la Rúa cuando Boudou tambalea.
No hay, sin embargo, ninguna comparación posible entre la crisis del presidente radical y la actual. De la Rúa nunca tuvo el poder de los Kirchner y, por el contrario, tenía al peronismo en la oposición. Por lo demás, ningún Kirchner está comprometido en la causa Ciccone, según los jueces y fiscales que han leído el expediente del caso. Otra cosa son las razonables deducciones políticas, pero son sólo deducciones. En rigor, Lijo no hizo más que coincidir con todos los funcionarios que investigaron el caso: el juez Rafecas; el primer fiscal, Carlos Rívolo, y el actual fiscal, Jorge Di Lello. Es difícil la casualidad cuando todos los que leyeron el expediente terminaron con una mala opinión sobre Boudou.
Cristina no se salvará de Boudou fácilmente ni Lijo caerá. El propio Boudou ya habla y escribe como un procesado. Pero, vale la pena repetirlo, es sólo la primera causa. El enriquecimiento ilícito está a la vuelta de la esquina. El vicepresidente acumuló propiedades (con su nombre o con los de otros) que no se pueden justificar desde los salarios en la función pública.
Boudou anticipó que planteará la nulidad de la citación a indagatoria. No importa. Esa maniobra no detendrá nada. El juez puede crear una causa aparte con ese planteo, mientras continúa con las indagatorias y los procesamientos. Todo dejaría de tener efecto sólo si las dos instancias superiores, la Cámara Federal y la de Casación, le dieran con el tiempo la razón a Boudou. Posible, pero no probable.
Boudou dijo también que irá mañana con un discurso de duros reproches al juez. Tampoco importa. No será la primera vez que un juez o un fiscal son agredidos por un sospechoso. En tales casos, los jueces toman nota de la declaración del acusado y luego abren su turno de preguntas. Boudou podría llevar un escrito y negarse a declarar. Cumpliría con la citación y no diría nada. O podría someterse al interrogatorio del juez. Si fuera así, la audiencia durará muchas horas.
Una de las preguntas, entre las muchas que le hará el juez, será, seguramente, si conoce a todos los miembros de la familia Ciccone. Boudou dice que no los vio nunca. Varios de los Ciccone afirman que hablaron con él. El yerno de uno de los Ciccone, Guillermo Reinwick, asegura que estuvo con el vicepresidente en el Palacio Duhau en compañía de un empresario que está dispuesto a confirmar su aseveración. Reinwick no dio nunca el nombre del empresario, pero se trata de un hombre muy conocido en el sistema de salud y prepagas.
La impopularidad del vicepresidente puede medirse por los apoyos que recibe. Casi ninguno. Sólo se colocaron de su lado algunos kirchneristas marginales. Ningún candidato de 2015. El gobernador Daniel Scioli dijo que no haría declaraciones sobre el escándalo vicepresidencial. El propio Florencio Randazzo prefirió creer en la rectitud de los jueces. "La Justicia resolverá este caso", se desligó. Elecciones y Boudou parecen antónimos.
Solo, exclusivamente arropado por las operaciones encubiertas del Gobierno, Boudou se convirtió en la carga más pesada de Cristina Kirchner en el último y definitivo tramo de su poder. Es la carga del pasado y sus errores, que ningún presente puede borrar.
