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domingo, 9 de noviembre de 2014

REPORTAJE A DANIEL SABSAY “Que la Corte se renueve con las próximas autoridades”

REPORTAJE A DANIEL SABSAY  

“Que la Corte se renueve con las próximas autoridades”

El profesor de Derecho en la UBA califica la renuncia de Eugenio Zaffaroni como la de “un lacayo a su monarca”. Criticas a la ley para regular las telecomunicaciones porque “está armada contra el Grupo Clarín” y a la reforma del Código Procesal Penal. A pesar de las pruebas, todavía duda de que Cristina Kirchner sea abogada.

 Denuncia. “Lo que tenemos como Ministerio Público Fiscal, encabezado por la doctora Gils Carbó, es el encubrimiento permanente. Ella incumple la ley todos los días porque les imparte órdenes a los fiscales de cómo actuar”.

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El doctor Daniel Sabsay es profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y director de la carrera de posgrado de Derecho Constitucional en la misma universidad. En las últimas semanas sus declaraciones han sido motivo de infinitos comentarios y discusiones, en particular acerca de la posibilidad de que la Presidenta no fuera abogada.
 —¿Ha tenido alguna novedad al respecto?

—No. No he tenido ninguna novedad. Realmente me sorprende que no haya aparecido el diploma de la señora presidenta. Sería tan fácil taparme la boca. Yo desearía fervientemente que lo tenga, pero cada vez tengo más dudas al respecto. Sobre todo a medida que pasa el tiempo.
—Estamos viviendo un momento jurídico particularmente interesante. Por ejemplo, doctor Sabsay, ¿cómo vería la posibilidad de ampliar la Corte Suprema de Justicia?
—Yo soy reacio, por el país en el que vivimos, a que se modifique el número de miembros de la Corte Suprema –aclara Sabsay–. Y le explico por qué: más allá de lo que pueda ser mejor técnicamente, sabemos que siempre los poderes políticos tienden a intentar poner trampas. Es decir, en este caso, ampliar para hacer una Corte a medida, que fue lo que hizo Menem. Entonces, por el momento, hasta que no haya una mínima transparencia en la misma honestidad pública yo no quiero que se modifique nada de la Corte. Que queden los cinco miembros actuales; que se renueven naturalmente y que la Corte se renueve con las próximas autoridades porque se va a renovar el consenso. Falta muy poco. Es más: Zaffaroni se va recién después del 31 de diciembre. Después viene la feria judicial. O sea que, realmente, el problema empieza en febrero. La mayoría de la Corte se conforma con tres miembros. Van a ser cuatro, y si no se logran los tres votos se nombra a un conjuez que se sortea entre los presidentes de las cámaras federales y nacionales.
—¿Y qué ocurre en caso de que no se logren los votos necesarios?
—Se sortean los presidentes, se pone al que falta y, si no se logran esos tres votos, que hasta ahora se han logrado siempre, bueno… ahí se va a lograr. Mire, no hay que forzar a un gobierno que ya se modificará dentro de pocos meses y a un Senado que también se va a modificar en pocos meses. Entonces, no forcemos una designación. Es innecesario hacerlo antes del 10 de diciembre de 2015.
—La partida del doctor Zaffaroni es una pérdida muy sensible para el Gobierno, ¿no es cierto?
—¡Sin ninguna duda! –exclama Sabsay enfáticamente– El doctor Zaffaroni ha sido un miembro de la Corte Suprema capturado. Se lo veía íntimo del vicepresidente Boudou, a quien recibía en su casa. Además, siempre fue funcional al Ejecutivo y de manera ostensible. La carta de renuncia del doctor Zaffaroni parece realmente, a través de sus finos adjetivos, la de un lacayo a su monarca. Por ejemplo, expresiones como “… quedo absolutamente a su buena disposición…”. En fin, yo no podría hacerlo tan barroco. O sea que esto sólo muestra la actitud de alguien que, personalmente, me ha desilusionado muchísimo. Cuando fue candidato a la Corte yo apoyé al doctor Zaffaroni y sentí que si se lo impugnaba era por un tema ideológico, aun cuando teníamos posiciones ideológicas diferentes. No me parecía justo que hubiera un control ideológico, pero lo que yo no me imaginaba era que iba a ser un juez tan poco independiente y que, además, se descubriera que en ocho de sus departamentos había prostíbulos y que no se lo investigara.
—¿Cómo quedó finalmente ese tema? Se trataba de una terrible acusación, ¿cuál fue la respuesta?
—No se investigó nada, y no fue sólo una acusación. Es una demostración. La Alameda demostró que siete u ocho (creo que eran ocho) departamentos de propiedad del doctor Zaffaroni se utilizaban como prostíbulos. Esto quedó totalmente demostrado. El doctor Zaffaroni dijo que él no se había ocupado del tema porque se lo administraba la persona que vive con él, y así quedaron las cosas. Imagínese usted, en primer lugar, es imposible que alguien que recibe entre cinco y ocho veces más valores por sus alquileres no advierta que algo raro está ocurriendo. Y, en segundo lugar, es mucho más difícil pensar que la persona con que uno vive no comente algo al respecto. En tercer lugar, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, todas las personas adultas y capaces estamos obligadas por el destino de nuestros bienes. Por lo tanto, aun cuando no hubiéramos tenido la certeza, aun cuando no nos hubiéramos ocupado de nuestros bienes, hemos omitido una obligación sumamente importante que encubre delitos.
—¿Exactamente en qué términos?
—Es cierto que quien se prostituye, si es mayor de edad, no comete delito, pero casi siempre se dan dos delitos: el “rufianismo”, es decir, la persona que explota a otra, el proxeneta. Y la trata de personas. Casi siempre estos delitos están ligados. Se ha demostrado que la gran mayoría de las personas que se prostituyen lo hacen contra su voluntad, forzadas por mafias horrorosas que les quitan los documentos, las drogan. Un drama atroz. Entonces, que un ministro de la Corte o cualquier juez resulte propietario de prostíbulos, y que esto pase como un hecho cualquiera, está mostrando el estado en el que se encuentran nuestras instituciones.
—En este momento también hay diferentes discusiones: por ejemplo, acerca de la reforma al Código Procesal Penal. Justamente el ex ministro de Justicia León Arslanian defiende la reforma pero, eso sí, pide eliminar la figura de “conmoción social”.
—Yo no coincido con lo que dice el doctor Arslanian, a quien respeto, por una cuestión muy sencilla: una de las claves de la reforma es algo que, en abstracto, es bueno. Me refiero a dividir los roles del que investiga con aquel que juzga. Es decir, que no se superpongan en la misma persona, que es el magistrado, porque eso le quita imparcialidad. El fiscal entonces va a investigar y el magistrado va a juzgar. Para que eso pueda darse tiene que haber un ministerio público fiscal independiente, imparcial y absolutamente fuera de toda presión. En particular cuando se trata de delitos de corrupción. Allí está la trampa: lo que tenemos como ministerio público fiscal encabezado por la doctora Gils Carbó es el encubrimiento permanente. Es todo lo contrario de lo que implica la independencia. Ella incumple la ley todos los días porque les imparte órdenes a los fiscales acerca de cómo deben actuar; qué deben investigar o no, lo cual está expresamente prohibido por el marco jurídico, que exige lo contrario. Entonces ya esto solo me lleva a estar en contra de la reforma porque les está concediendo un enorme poder a los fiscales. Y si los fiscales son “mandaderos” del Poder Ejecutivo estamos en el peor de los mundos.
—¿El Código Procesal Penal le parece criticable en todos sus puntos?
—En abstracto, es bueno. El problema está en las circunstancias. No va a haber independencia. Ya vemos lo que ocurre con aquellos que llevan a cabo el rol de fiscales. Por ejemplo, el caso Campagnoli: fue el único fiscal que se animó a investigar la ruta del dinero y la mafia de Lázaro Báez, ¿no es cierto? Y bueno, ¡ya sabemos cómo terminó! No pudieron echar a Campagnoli porque hubo una presión social muy grande, y esto demuestra la importancia de que los ciudadanos salgamos a la calle y exijamos. Pero todos los demás ¡no investigaron nada! Semejante bochorno cuando la investigación ya estaba prácticamente sobre la mesa desde que se investigara en el programa de Lanata. O sea que no quedaba mucho por investigar: lo que había que hacer era, simplemente, seguir esos hilos ya investigados por grandes periodistas como Wiñazki, como Geuna, etc.
—¿Cómo queda entonces la situación de un fiscal a quien le haya pasado lo mismo que a Campagnoli, al que, además, le han desmembrado el equipo?
—Evidentemente, esto último lo pone en una situación de extrema debilidad porque es un equipo que Campagnoli formó, integró, y con el que trabajó durante años. Entonces esto está hecho a propósito. Es un poco como cortarle las manos. Igualmente es un hombre muy avezado que va a seguir investigando. Estoy convencido de esto. Además, los hechos demuestran la honestidad de Campagnoli porque lo que hicieron con él es de una perversidad que no tiene antecedentes. No sólo lo suspendieron sino que le rebajaron el sueldo. Esto nunca había ocurrido: un señor viudo, con cinco hijos, y honesto, por añadidura. Sé, positivamente, que no llegaba a fin de mes.
—¿No hubo ningún atisbo de marcha atrás?
—Lo que ocurre es que, como no tuvieron la grandeza de retirar el juzgamiento, dejaron que se extinguiera la acción. Recuerde que hay un plazo durante el cual, si no se impulsa la acción, se cierra el juicio. Lo hicieron así para que, de este modo, no se viera la barbaridad que habían cometido. Ni siquiera tuvieron la grandeza de reconocerla. Además, defeccionó gente de ellos. Fíjese que, aun teniendo gente tan comprada, le faltaron votos.
—Doctor Sabsay, ¿y qué opina acerca del proyecto de ley para regular las telecomunicaciones?
—Me parece gravísimo porque está armado, precisamente, contra el Grupo Clarín. Además, crea el peor monopolio que puede existir: beneficia a todas las telefónicas. Pueden tener canales de aire, cosa que ya no existe en el mundo. ¡Si hay empresas poderosas son justamente las telefónicas! Eso sí es un verdadero monopolio. Es terminar con la libertad de información. Bueno, ya está ocurriendo, por ejemplo, con Telefe: nunca se animaron a sacársela a Telefónica. La Ley de Medios lo prohibía. Entonces, ahora la reforman diciendo que se puede. Pero ¿qué es Telefe? Un híbrido.
—Legalmente ¿cómo ve el sendero por el que transita una ley aprobada, como la Ley de Medios, y luego reformada?
—No hay ningún tipo de seguridad jurídica, y la van adaptando no para los intereses generales sino para las situaciones que presenta cada caso. De este modo persiguen a grupos y personas. Los amenazan, los extorsionan. Esto demuestra que la Ley de Medios en su primera parte es pura poesía hablando de que las pequeñas ONG deben tener sus medios, las comunidades aborígenes, ídem, que el pluralismo, etc. En fin, ¡todas mentiras! ¡Ni uno les dieron! Lograron, eso sí, más del 80% para ellos. Entonces, ésta es la gran realidad. Ese es el gran objetivo: dominar los medios. Por algo son tan amigos de Putin. Incluso, Putin mata a los periodistas que no le gustan. No sólo tiene todos los medios... Recuerde usted que Putin era el director de la KGB, así es que su nombre está unido al Gulag.
—Nos remontamos a Stalin.
—Claro, pero como es más joven no se advierte tanto su estricta observancia stalinista. Y lo demuestra, ¿cuál es la diferencia?
—En cuanto a las relaciones internacionales también tenemos actitudes que llaman particularmente la atención. Mientras comentamos una durísima carta al presidente Obama con respecto al nombramiento de una funcionaria de su administración, la señora Soderberg, anudamos lazos con Ahmadinejad que niega el Holocausto. Creo que, incluso, usted se lo hizo notar al canciller Timerman.
—Desde ya: una verdadera traición. No sólo por tratarse de un canciller de un país democrático sino porque en el caso del canciller Timerman se suma su condición de judío. Que un judío se siente a negociar con un tipo que niega el Holocausto y dice que hay que borrar de la faz de la Tierra al Estado de Israel realmente es un hecho indigno.
—Pero ¿cómo se explica esta inclinación hacia aquellos que niegan el Holocausto?
—A mí me sorprende muchísimo, porque tal como lo dije en Mar del Plata, en el coloquio de IDEA, como matriz, el sistema impuesto por el chavismo, y que el kirchnerismo ha seguido claramente, es una matriz propia del nazismo y también del stalinismo. Es decir, el discurso amigo-enemigo de Goebbels. La total destrucción de la separación de poderes y la utilización del Parlamento simplemente como “levantamanos”, el fin de la libertad de expresión, la destrucción de la independencia de la Justicia, los batallones militantes que se introducen en las escuelas o inciden sobre la educación de nuestros niños, la existencia de otros grupos armados como el de Milagro Sala que, curiosamente, utiliza el mismo saludo que el saludo nazi con la mano derecha en alto, y tenemos las filmaciones, indica que hay un ADN con cosas muy comunes. Esto es cierto y el tema es la magnitud. No digo de ninguna manera que tenga la misma magnitud, pero es el huevo de la serpiente. Millones de espectadores hemos visto la película de Bergman: empieza como un huevo de serpiente que va enroscándose. Cuando uno quiere acordar ya tiene la soga al cuello. Son procesos que llevan tiempos distintos. La sociedad argentina pudo resistir ciertas cosas: por ejemplo, cuando la sociedad sale a la calle para impedir la re-reelección; cuando frena la llamada “democratización de la Justicia” que, en realidad, es la dominación de la Justicia; cuando evita que se saque a Campagnoli, y esperemos que haga otro tanto con los jueces de los jubilados, doctores Herrero y Fernández, dos ilustres jueces que son camaristas federales de la previsión social.
—¿Y de qué se los acusa?
—Ellos, aplicando los casos Badaro I y II de la Corte Suprema, han hecho lugar a medidas cautelares interpuestas por jubilados muy mayores para que se les hagan los ajustes correspondientes de modo de no morir sin percibir los haberes que se les deben. Como estos dos jueces son de los pocos que hicieron lugar a estas cautelares, y de este modo obligaban a la Anses a pagar, los están sometiendo a un juicio político con el fin de echarlos. Justamente el jueves pasado nos reunimos frente a la Magistratura, de la misma manera en que se hizo frente al jurado que quería enjuiciar a Campagnoli, para pedir claramente que no se cumpla semejante atrocidad.
—¿Hay sordera en el oficialismo acerca de este tema?
—Sí, es una gran necedad, pero no van a juntar los votos. Sobre todo si la gente se mueve como lo ha hecho.
—Por último, esta medida que suspende la adecuación forzosa hasta que se defina la cautelar principal, ¿qué alcance va a tener?
—Por ahora paraliza la posibilidad de la adecuación forzosa hasta que no haya una sentencia sobre el fondo de la cuestión. Pueden pasar muchos meses.
—¿Y cuál puede ser el futuro de jueces como el que usted llama “el juez del anillo” (Oyarbide) en el próximo gobierno elegido en 2015?
—Yo espero que se lo remueva. Pero no sólo a él sino que hay que investigar a muchos por haber actuado abiertamente a favor del Gobierno, a favor de la corrupción, deteniendo juicios adrede esperando que prescribieran las acciones precisamente para que no se juzguen. Lo mismo que pasó con la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner en la que el doctor Oyarbide actuó en forma “exprés”, no tuvo en cuenta la mayor parte de la prueba y nadie apeló. Los fiscales están obligados a apelar. Y había dos fiscales: el fiscal de la causa y el fiscal de Investigaciones Administrativas, ya se había ido el doctor Garrido, que deberán ser juzgados porque no cumplieron con su deber.

domingo, 26 de octubre de 2014

Sabsay vuelve a pedir que la Presidenta muestre su título universitario

Sabsay vuelve a pedir que la Presidenta muestre su título universitario

El constitucionalista aseguró que, en caso de que ocurra, "voy a tener que disculparme con alegría". Calificó de "burdas" las críticas de sectores K.
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay insistió esta mañana en plantear sus dudas sobre el título de abogada de la presidenta Cristina Kirchner, al tiempo que aseguró que, si la jefa de Estado lo muestra, dará sus disculpas "con alegría".

Sabsay afirmó que en caso de que la Presidenta muestre su título "voy a tener que disculparme". Y aseguró que lo haría "con alegría, porque no me gusta vivir en la mentira".

El constitucionalista, en una entrevista con Radio Mitre,lamentó las críticas que recibió de parte del oficialismo a raíz de su pedido de ayer en el coloquio de IDEA, al sostener que intentaron desacreditarlo "de manera burda".

Sabsay, durante su exposición, afirmó que afirmó que la presidenta Cristina Kirchner "no sabe de derecho" y la desafió a mostrar su título universitario.
En esa línea, advirtió que la procuradora Alejandra Gils Carbó es "la encubridora general" y calificó al canciller Héctor Timerman de "sátrapa".
El constitucionalista afirmó que la primera mandataria "tiene que mostrar" su título de abogada: "¿Por qué no lo muestra? Porque no sabe de derecho. ¿Saben lo que dijo? Que a los extranjeros se los deporta directamente. Eso es derecho penal del enemigo, la forma más reaccionaria del derecho penal", alertó. 
"Miren qué linda manera de combatir el delito tiene esta señora profesora de derecho, que no creo que sea abogada, estoy casi convencido. Ahora que muestre el título", agregó. Al respecto, rechazó el proyecto oficial para reformar el Código Procesal Penal al opinar que representará, si se aprueba, "el método inquisitorio" para "encubrir a todos los amigos del poder".

sábado, 25 de octubre de 2014

Sabsay en IDEA: Gils Carbó es "la encubridora general"

Sabsay en IDEA: Gils Carbó es "la encubridora general"

ENCUENTRO EMPRESARIO.El constitucionalista calificó así a la procuradora general de la Nación. Y tuvo duros conceptos sobre la Presidenta y el canciller Timerman.
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay afirmó hoy que la presidenta Cristina Fernández "no sabe de derecho" y la desafió a mostrar su título universitario, advirtió que la procuradora Alejandra Gils Carbó es "la encubridora general" y calificó al canciller Héctor Timerman de "sátrapa".
Sabsay afirmó que la primera mandataria "tiene que mostrar" su título de abogada: "¿Por qué no lo muestra? Porque no sabe de derecho. ¿Saben lo que dijo? Que a los extranjeros se los deporta directamente. Eso es derecho penal del enemigo, la forma más reaccionaria del derecho penal", alertó."Miren qué linda manera de combatir el delito tiene esta señora profesora de derecho, que no creo que sea abogada, estoy casi convencido. Ahora que muestre el título", agregó el abogado.
Al respecto, rechazó el proyecto oficial para reformar el Código Procesal Penal al opinar que representará, si se aprueba, "el método inquisitorio" para "encubrir a todos los amigos del poder".
"Puso a la encubridora general de la nación, no a la procuradora, el ministerio público es para la protección de los derechos, no para defender a (empresario kirchnerista) Lázaro Báez", planteó en referencia a Gils Carbó. Sabsay denunció que el oficialismo está "buscando la impunidad" para irse "todos tranquilos después de haber desvalijado lo que se les dio la gana".
"Acá ha habido un cambio de régimen señores, no estamos en democracia, es un sistema autoritario", sentenció al exponer en el 50 Coloquio Anual de Idea, que se realiza en Mar del Plata. Luego de llamar a respetar la Constitución, las leyes y la separación de poderes, Sabsay afirmó que "hay que terminar con el reeleccionismo y el nepotismo".
"Basta de un matrimonio presidencial. Acá se permitió porque era la rotación indefinida, se iban a pasar la pelota uno a otro, ahora nos quieren poner al hijo presidencial (Máximo Kirchner), lo están midiendo, y eso no lo tenemos que permitir porque es la perpetuación en el poder", agregó. Por otra parte, el letrado apuntó contra Timerman, a quien calificó como "un ser indigno" por haber llevado negociaciones con el presidente de Irán, Mahmound Ahmadinejad, para indagar a los iraníes acusados por el atentado terrorista a la AMIA. "Estoy avergonzado del canciller que tenemos, es un traidor a su esencia. Es un ser indigno me da vergüenza que haya un judío así. No lo tendríamos que dejar entrar a ningún lado a ese sátrapa. Este atorrante se sentó con quien niega el Holocausto", criticó.

domingo, 15 de diciembre de 2013

“La Argentina es como un estado de ‘no derecho’”Por Magdalena Ruiz Guiñazú

REPORTAJE A DANIEL SABSAY  

“La Argentina es como un estado de ‘no derecho’”

Jurista, cree que la embestida del Gobierno, a través de la Procuradora General, contra el fiscal José María Campagnoli, es algo gravísimo que sólo tiene antecedentes en los gobiernos de facto. Y explica que entre las causas profundas de los saqueos que se viven otra vez ve el poco apego a la ley de quienes ejercen el poder.



IMPORTANCIA. El fiscal es la chispa de una investigación, el que enciende los caminos para que  los jueces lleven a cabo los procesos”.
IMPORTANCIA. El fiscal es la chispa de una investigación, el que enciende los caminos para que los jueces lleven a cabo los procesos”. | Foto: Sergio Piemonte
En las últimas horas se han sumado nuevos apoyos al fiscal José María Campagnoli a quien la procuradora general Alejandra Gils Carbó ha pedido suspender para someterlo a un juicio político y mientras conversamos con el jurista Sabsay (profesor de Derecho Constitucional en la UBA) a pocas cuadras una marcha reclama en apoyo a Campagnoli que, no olvidemos, es el primero que investiga a fondo el caso Lázaro Báez.
—Exactamente, asiente Sabsay.Como fiscal, Campagnoli subrogó la investigación y llegó a profundizarla de manera notable. También es cierto que, en realidad, se entendió que este caso era propio de un fiscal Federal y esta ha sido la grieta a través de la cual la fiscal General Gils Carbó ha avanzado por considerar que Campagnoli ha producido una suerte de abuso en sus funciones y por lo tanto quiere iniciarle el trámite para el juicio político. Lo cual es algo…al menos, sorprendente.
—Disculpe mi ignorancia, doctor. ¿Por qué lo sorprende tanto?
—Simplemente porque, dentro de lo que significan los controles entre los poderes, cuando un fiscal o un juez actúa fuera de su competencia esto se soluciona a través de nulidades si es que efectivamente el hecho se produjo, pero de ninguna manera puede ser su remoción el producto de esta presión. Le digo más: el fiscal cumplió con su función que es llevar a cabo las investigaciones que han sido muy conducentes. Si después resulta que el fiscal era incompetente eventualmente se anulará lo que actuó o el fiscal competente se hará cargo de esa labor pero eso de ninguna manera implica un mal desempeño. De lo contrario, todos los fiscales estarían totalmente amedrentados. Siempre, en la Argentina, cuando la gente nota determinados delitos (sobre todo los delitos contra la administración pública) advierte que se trata de delitos de corrupción. Y la pregunta que siempre formulan los abogados es ¿por qué nadie denuncia? Bueno, ese “nadie” es un fiscal que no ha denunciado.
—¿Así de claro?
—Me refiero, desde ya, a un caso X. Pero, efectivamente, ellos tienen el monopolio de la denuncia en defensa de los intereses de la sociedad y de la legalidad. Por lo tanto, un fiscal que por ahí actuó inclusive en demasía, bueno, pues bienvenido sea. No le va a causar ningún daño a nadie. Eventualmente se anulará aquello que hizo afuera de su competencia. Lo importante es que demuestra un gran desempeño. Este fiscal sintió que estaba llamado a investigar frente a hechos graves. Tan graves como el caso Báez que hemos visto en el programa Periodismo para todos y que creo que, a gran parte de los argentinos, nos produjo una sorpresa y una repugnancia enormes. Y esto ocurre aún más cuando advertimos la lentitud con que esos hechos son investigados. Allí el fiscal es la chispa porque es el que enciende los caminos para que, luego, los jueces lleven a cabo los procesos. Y cuando uso el término “cuando encienden los caminos” me refiero precisamente a que investigan y denuncian y llevan hacia los jueces la trama que, eventualmente, va a permitir desentrañar la verdad que marca el camino hacia la solución del problema.
—Lo más impresionante es que figuras del elenco gobernante aparezcan comprometidas en este caso.
—Sin duda. Los gobernantes que juran por la Constitución y por el cumplimiento de la Constitución, lo hacen en el sentido de que son los grandes defensores del orden institucional. Por lo tanto, la existencia del ministerio público es el conjunto de los fiscales. Y para que se entienda: la titularidad máxima está en manos del Defensor General de la Nación y del Procurador General de la Nación. Hoy, ambas son mujeres y en el caso que nos interesa la Procuradora es la doctora Gils Carbó. Justamente, a través del artículo 120 de la Constitución (que es producto de la reforma de 1994) esto significó un avance enorme porque creó lo que se llama un organismo “ad hoc” con independencia tanto funcional como financiera.
—Es decir que la doctora Gils Carbó es la fiscal de los fiscales.
—Y ese organismo tiene como función la defensa de la legalidad, la protección de los derechos de los habitantes frente a delitos contra el patrimonio del Estado o delitos en general contra la administración pública. Así es que el rol de ella es protegernos a nosotros y, de ahí en más, a todos los fiscales que aparecen en las distintas instancias. Lo que vemos en el desempeño de la doctora Gils Carbó es que se ha producido una inversión de su rol.
—¿Por qué?
—Porque vemos constantemente que ella protege a quienes ocupan el Poder Ejecutivo y no, en cambio, a nosotros ciudadanos frente a los eventuales abusos que puedan cometer la titular del Poder Ejecutivo y todos los funcionarios que integran el elenco gobernante. Por eso, tanto en este caso como en otro (también muy sonado) con el fiscal Marijuán (porque también allí la doctora Gils Carbó quiere denunciarlo e iniciarle un procedimiento de remoción) resulta claro que aquellos pocos fiscales más independientes y que toman su función como realmente debe ser desempeñada se ven permanentemente entorpecidos en su accionar. Y esto no es nuevo.
—¿Quiere decir que ha ocurrido siempre?
—No. Y le aclaro: esto no es nuevo en la gestión de la doctora Gils Carbó. Pensemos que ella es quien sustituye al ex Procurador General Righi y recordemos también por qué Righi deja de ser Procurador General. Esto se inscribe absolutamente en el caso Boudou.
—¿Me amplía la explicación?
—Cuando el caso Boudou llega a tal grado de avance que se allana el domicilio en el que se descubre el inicio del vínculo Vandenbroele-Nuñez Carmona-Boudou en Puerto Madero ¿qué genera? Respecto del juez Rafecas aparece un intercambio de mails con el abogado de Boudou que permite sacarle el expediente y que, al mismo tiempo, repercute sobre el fiscal Rívolo que había actuado de manera más activa y agresiva. Pero, además, provoca la renuncia del doctor Righi que se siente desautorizado por no haber parado la actividad de Rívolo y haber impedido el allanamiento del domicilio. Es decir que vivimos una suerte de panorama en el cual, para quienes enseñamos derecho constitucional, parece que la lección está invertida. Y le explico por qué: si nosotros, en un examen, le preguntamos a un alumno acerca de un caso concreto como este (¿qué debe hacer un fiscal?) y contestara con los hechos que conocemos…bueno, le ponemos un cero. ¿Por qué? Pues porque no entendió el rol del fiscal y de la Procuradora General que es la máxima instancia. Recordemos que la Procuradora General es la fiscal ante la Corte Suprema y tiene un rango similar a los miembros de la Corte. Es una funcionaria de altísimo rango en la defensa y el control de la legalidad y de los derechos,reitero, de todos nosotros y del patrimonio del Estado.
—Y usted, como jurista, cómo ubica la relación de la doctora Gils Carbó con la Corte?
—La relación de Gils Carbó con la Corte es sumamente tirante. Basta ver que, en la mayoría de los casos en los que la Corte está obligada a dar vista para que ella dictamine (el dictamen no es vinculante) en los casos más sonados la Corte no sigue la opinión del dictamen. Ni la toma en cuenta. O sea, como si fueran dos caminos que se bifurcan. Y esto, generalmente, no ocurre. Incluso, muchas veces, lo que dice el Procurador General es luego “hecho suyo” por los miembros de la Corte y lo transforman en sentencia de la Corte. Y desde que está Gils Carbó esto no ha ocurrido prácticamente en ningún caso de relevancia.
—¿Hay antecedentes de circunstancias semejantes a las que usted describe?
—Bueno, yo creo que en ese caso habría que remontarse a gobiernos de facto. Sin embargo, en los gobiernos de facto (y la Argentina es tan contradictoria) uno de los Procuradores Generales más célebre y uno de los juristas más importantes del país fue el doctor Sebastián Soler que se desempeñó como Procurador General con la Revolución Libertadora. Y que conste que no estoy hablando laudatoriamente de la Revolución Libertadora. Pero, todavía hoy, los dictámenes del doctor Soler son tomados como un paradigma, un modelo de independencia y de profundidad jurídica. Ahora bien, durante todo el último proceso militar los Procuradores generales tuvieron realmente un rol muy lamentable. Hacían la vista gorda. Eran una mera formalidad. Y recordemos que Menem remueve al ex fiscal general Andrés D´Alessio. 
—¿El mismo que actuó en el Juicio a las Juntas de Comandantes?
—Efectivamente. En aquel momento se desempeñaba como Procurador General y había sido designado durante la presidencia del doctor Alfonsín. Fue un modelo de Procurador General y recordemos que Menem, poco después de asumir, lo removió. Esto fue muy criticado y llevó a que se incluyera en el articulo 120 de la Constitución reformada en el 94 para que, en el futuro, no se pudieran efectuar este tipo de remociones. Es decir, que se mantuvieran los Procuradores Generales con inamovilidad independientemente de los gobiernos que se sucedieran para que ejercieran un control efectivo. En Santa Cruz, por ejemplo, no por casualidad el procurador General que fue el doctor Eduardo Sosa (de quien me siento honrado de haber sido su abogado patrocinante) fue removido inconstitucionalmente por los Kirchner que dividieron el cargo y consideraron que entonces ya no “existía” más y, a principios de los años 90, lo dejaron en suspenso. Allí comenzó luego un extenso peregrinar que dio lugar a 5 sentencias ante la Suprema Corte donde se exigió la reposición del doctor Sosa como Procurador General. Esto nunca se cumplió.
—¿Por qué?
—Porque siempre tuvieron, como Procuradores Generales, a personas totalmente “del palo” Vemos, ahora, que esto se repite a nivel nacional. El doctor Righi cumplió una función muy digna y discreta que permitió el allanamiento del departamento de Madero Center del Vicepresidente de la República. Para el gobierno esto marcó un límite y lo removió. Por las circunstancias se vio obligado a renunciar. Se ubicó entonces allí al doctor Daniel Reposo (actual síndico general) una persona que carecía de toda idoneidad y que había mentido acerca de la mayor parte de sus antecedentes. No logró los dos tercios para ser designado y entonces, cuando se propone a la doctora Gils Carbó la orfandad de antecedentes del doctor Reposo hace que gran parte de la oposición se engañe con respecto a la independencia de criterio de ella. Inclusive escribí al respecto señalando que, dentro de la noción de idoneidad técnica debe existir una relación con la ética y, sobre todo, con la independencia de criterio. Respecto a lo segundo, ella planteaba grandes interrogantes. Por ejemplo, en ciertos casos clave, como por ejemplo con el grupo Clarín, había demostrado una terrible arbitrariedad muy sesgada con la opinión oficial. Esto se confirma hoy. Volviendo al doctor Marijuán éste la denunció por haber nombrado fiscales sin tener la facultad para hacerlo. Me refiero al fiscal antilavado Gonella. Los nombramientos de los fiscales no son actos simples en los que sólo decide la Procuradora General. Es como si los miembros de la Corte se quedaran vacantes de jueces y decidieran poner allí a amigos. Este no es el procedimiento y le vale a Marijuán una persecución. 
—Y esto ha traído una reacción de la sociedad.
—Posiblemente nunca la imaginaron. Fíjese que, en pocos días, las redes sociales del sitio www.change.org habían registrado hasta el miércoles pasado cerca de 85.000 firmas. Le reitero, un número record para tan pocos días. Por otra parte la Asociación de Magistrados le ha brindado un comunicado de apoyo. También lo han hecho sus pares de las asociaciones de fiscales y Defensores. Pero sucediere lo que sucediere esto es algo disuasorio a futuro en términos como “investiguen sin seguir lo que nosotros pensamos y van a ver cómo les va a ir” Esto, me parece gravísimo.
—Como también lo es cuanto está ocurriendo en el país con gente armada en la calle y policías ausentes en determinadas provincias. Como jurista usted piensa que existe una amenaza latente para todo aquel que no sigue determinados caminos?
—Sin duda. Esto aparece en forma clarísima. Primero lo vivieron los medios y los periodistas pero ahora se ha extendido a todo lo que implica control. ¿Por qué ese celo en impedir que haya periodistas independientes? Implica información que se colectiviza y el “no saber” genera precisamente un nuevo requerimiento de la gente que pide investigación por parte de los organismos de control que, eventualmente, también aplican sanciones. Este es el modelo que se reproduce, desgraciadamente, en la mayor parte de las provincias. Por eso no sorprende que prácticamente todos los presidentes que hemos tenido desde 1983 (salvo el caso de Alfonsín) hayan sido gobernadores. Y Kirchner ha reproducido un modelo feudal en donde hay confusión de poderes y en el cual los problemas judiciales están absolutamente manejados de acuerdo a la voluntad de los gobernadores y del partido gobernante.
—Daría la sensación (por lo menos en estas horas) que hay complicidades ocultas en el más alto nivel. Y esto para la civilidad es terrible.
—Sin lugar a dudas. Es como el Estado de “no derecho”. Porque el Estado de Derecho implica en primer lugar el condicionamiento de todas las conductas de quienes ejercen el Poder y tienen autoridad, a lo que la Ley marca. Por eso hablamos de “Estado de Derecho”. El Estado, el gobierno de turno, está sometido al Derecho que se concreta a través de un conjunto de normas jurídicas que tienen además una enorme jerarquía. Si esto se quiebra, se rompe, se cae en la anarquía. Esto, por desgracia, lo estamos viendo en estos días puesto que la anarquía se manifiesta a través de situaciones de violencia, de saqueo, de actos extorsivos ante gente indefensa detrás de las rejas de sus negocios y, a veces, con armas en la mano.
—¿Cómo analiza las palabras del jefe de Gabinete Capitanich cuando en su primera aparición luego de los sucesos de Córdoba señaló que estos hechos eran inherentes a cada provincia y que, por ende, era la provincia quien debía hacerse responsable por ellos? Gente armada en la calle es un tema nacional ¿o me equivoco?
—No sólo es un tema nacional. Si bien las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires son autónomas, la Nación Argentina es un estado único y, ante las distintas jurisdicciones las relaciones deben regirse por la solidaridad, la cooperación y no por un bloqueo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Estado nacional (que es el garante de la seguridad de todos) observa un grado de anarquía, de violencia y, prácticamente, de batalla campal en una ciudad como Córdoba o Tucumán o cualquier otra, debe tener la iniciativa (aunque nadie lo llame) porque estos hechos son similares a una catástrofe de la naturaleza. Algo que irrumpe. Debe entonces consultar con las autoridades pero no lavarse las manos como si se tratara de otro país. Esto es absolutamente contrario al sistema. Como si no fuéramos todos argentinos. Esta es una situación de hipocresía muy notable y que siempre nos ubica en esta relación de amigos-enemigos.

domingo, 11 de agosto de 2013

REPORTAJE A DANIEL SABSAY Por Magdalena Ruiz Guiñazú

REPORTAJE A DANIEL SABSAY  

“Queremos un millón de firmas para frenar la reforma judicial”

Reconocido constitucionalista, acaba de lanzar, junto a su colega Iván Cullen, la convocatoria a una iniciativa popular para derogar las tres principales normas de la “democratización de la Justicia” impulsada por el kirchnerismo.


  • Por Magdalena Ruiz Guiñazú | 10/08/2013 | 23:45

RIESGOS. “La supresión de la medida cautelar contra actos del Estado nos deja prácticamente indefensos en la protección de nuestros derechos cuando se trata de quien tiene mayor capacidad de violar derechos”.
RIESGOS. “La supresión de la medida cautelar contra actos del Estado nos deja prácticamente indefensos en la protección de nuestros derechos cuando se trata de quien tiene mayor capacidad de violar derechos”.
En la semana que acaba de finalizar, los juristas Daniel Sabsay e Iván Cullen lanzaron una campaña destinada a evitar la reforma judicial K.
—Esta campaña es el inicio de una iniciativa popular acerca de una ley que apunta a derogar las tres principales normas de la así llamada “democratización de la Justicia”. Me refiero a las que reforman el Consejo de la Magistratura y que, prácticamente, eliminan las medidas cautelares contra actos del Estado y la que crea las Cámaras de Casación –explica el doctor Sabsay, que es titular de la cátedra de Derecho Constitucional en la UBA y también dirige la carrera de posgrado de Derecho Constitucional–. Debemos recordar también que la iniciativa popular es una institución que está incorporada (en el artículo 39) a la Constitución desde 1994 y que nos da a los ciudadanos la posibilidad de instalar en el Congreso un proyecto de ley que debe 
—¿Se inicia en la Cámara de Diputados?
—Sí. Obligatoriamente. Y le diré que ya hemos dado el primer paso ante la Defensoría del Pueblo de la Nación para que ellos, formalmente, verifiquen que se cumplan todos los requisitos que la ley impone. Esto ya lo hemos logrado la semana pasada y ahora hemos comenzado a reunir firmas.
—¿Por qué las firmas?
—Porque se necesita por lo menos el 1,5% del padrón electoral de la última elección general. Es decir del padrón de 2011, y significa alrededor de 450 mil firmas y, para ser exactos –sonríe Sabsay–, son 432 mil y algo más. Nosotros quisiéramos llegar al millón de firmas.
—Pero medio millón ya sería una avalancha.
—Sí, es enorme. Por supuesto. Además tiene que estar distribuido por lo menos en seis distritos. Y cuando hablamos de distritos, nos referimos a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, cuando la gente firma, hay que tener cuidado de que en una misma lista sean todos de un mismo distrito. También nos han hecho llegar una serie de preguntas. Por ejemplo: “… esta noche voy a una reunión y puedo conseguir firmas…”. Sí, pero ¡cuidado!, que sean todos los firmantes del mismo distrito. Si no son del mismo distrito, pueden hacerlo en una lista separada. Las listas están en nuestra página web. Están aprobadas por la Defensoría del Pueblo y tienen un máximo de veinte firmas por lista, por formulario. Y le recuerdo que nuestra página web es: www.mocion ciudadana.com.ar.
—Y esto, Sabsay, ¿nace a raíz de la preocupación de ustedes ante el estado actual de la Justicia en el país?
—Efectivamente. Es una idea tanto mía como del muy reconocido doctor Iván Cullen. Cullen es un constitucionalista y antiguo convencional constituyente de la provincia de Santa Fe. Tiene, por esto, un alcance federal, y queremos demostrar que la sociedad (utilizando un instituto de la Constitución), que los ciudadanos, “podemos”. Si bien la misma Justicia dio un primer gran paso empezando por el extraordinario fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Risso, que permitió parar (por estos comicios) la modalidad de elección que establece la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, también una cantidad de fallos de instancias inferiores, sobre todo, dejaron sin efecto (por inconstitucional) la ley de medidas cautelares. ¿Pero qué ocurre? Esto no basta. El control de constitucionalidad, en nuestro sistema, es para el caso.
—Si he comprendido bien, ustedes están señalando así un manejo irregular en la Justicia.
—Si se habla de la Justicia, nosotros pensamos que habría muchas cosas para reformar. Pero, desgraciadamente, estas leyes, lejos de solucionar esos problemas, acentúan los graves defectos existentes. ¿Por qué? Pues porque en el caso del Consejo de la Magistratura destruye la independencia de la Justicia.
—Por ejemplo, ¿que los jueces tengan que ir colgados de una boleta política?
—Exactamente. Entre otras cosas, pero ése, sin dudas, es el punto clave. La supresión de la medida cautelar contra actos del Estado nos deja prácticamente indefensos en la protección de nuestros derechos cuando se trata, precisamente, de quien tiene mayor capacidad de violar los derechos. Y me refiero a la autoridad… Por ejemplo, pensemos en el caso del corralito. Muchos miles de personas lograron proteger sus ahorros con la combinación de un amparo más una medida cautelar, porque el amparo lleva a un conocimiento rápido de una causa pero, además, el juez dicta la cautelar cuando ve que el derecho que se reclama es verosímil y que hay peligro en la demora. He puesto el tema del corralito como una demostración pero hay otros casos de cómo muchos ciudadanos pudieron ampararse, a través de una protección judicial efectiva, tal como lo reconocen los tratados internacionales, gracias a ese doble juego: el amparo más la medida cautelar. Hoy, al quedar prácticamente eliminadas las medidas cautelares con la ley de modificación de cautelares cuando se trata de actos del Estado, lo que tanta gente había logrado con el corralito... ¡hoy no podría hacerlo! Lo mismo ocurriría con toda la reforma de tipo laboral. En la época de los 90 una cantidad de leyes absolutamente irrevocables (es decir, derechos adquiridos de los trabajadores) implicaron pérdidas de derechos fundamentales para los asalariados. Tanto grupos de asalariados como asalariados individuales se protegieron gracias a esta doble institución: el amparo más la medida cautelar. Gracias a esto, no se les pudo aplicar la reducción de derechos.
—Esto ocurrió en los 90. ¿Y hoy?
—Hoy, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la reforma inconstitucional de las facultades de la Comisión de Valores (cuyo artículo 20 le otorga a un accionista que posea menos del 2% del capital social la posibilidad de poder vetar las decisiones de la comisión directiva, y hasta sustituirla por seis meses, a través de un veedor -que es un interventor sin revisión judicial. El derecho de esta pequeña minoría se transforma entonces en la mayoría absoluta que destruye (si se le antoja) toda la política que una empresa ha desarrollado a lo largo de un año. Y esto porque, supuestamente, han ocurrido irregularidades en esta empresa. Lo cual es un disparate, sobre todo sin protección judicial suficiente. Le digo más: desde los años 60, la Suprema Corte, en un fallo célebre (Fernández Arias), ya había aclarado que el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la administración sólo es posible cuando, de esas facultades, existe un control judicial suficiente. Y aquí ni siquiera está previsto el control. 
—Volviendo entonces a esas 500 mil firmas que ustedes están buscando reunir, ¿cuál sería su efecto inmediato?
—Que los ciudadanos nos equiparemos (en cuanto a iniciativa legislativa) a un legislador o al titular del Ejecutivo que, hasta 1994, eran los únicos que poseían iniciativa legislativa. Y no sólo en Derecho Peticional, que es una declaración de buena voluntad. Incluso, en este caso, hasta el superior, porque se da un plazo máximo de un año para decidir sobre el proyecto, si se lo convierte o no en ley. O sea que, realmente, es una velocidad inmensa. Además, la ley reglamentaria les otorga a los promotores (es decir a Iván Cullen y a mí) la posibilidad de participar en todas las discusiones que se hagan en el Congreso para debatir sobre el proyecto. Actuaríamos en representación de ese colectivo de 500 mil personas (o las que hubieren firmado) porque éste ya sería un número suficiente como para que, en este caso, el Congreso que dictó estas leyes las revise. Le repito que esto es lo que queremos lograr. Además, a la luz de lo que la Justicia ya ha hecho al declarar inconstitucional gran parte de las mismas, pedimos que se derogue, que se revea y que no se produzca un vacío legal porque esto significaría volver a la situación anterior.
—Y frente a las PASO que se desarrollan hoy, ¿cuál es su mirada como jurista?
—Las PASO son un sistema que, tal como su nombre lo indica, significan elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, son el espacio en el cual se dirimen los candidatos de cada uno de los partidos y alianzas partidarias que se presentan.
—Lo que antes se denominaba “internas” de cada partido.
—En efecto, antes, el partido que así lo deseaba convocaba a internas con la modalidad que determinara. Y se realizaban separadamente en la fecha dispuesta por la Justicia Electoral a pedido de cada partido político. No eran simultáneas. Ahora bien, lo que resulta contradictorio es que, salvo algunas excepciones (y la más notable y cercana es el caso de UNEN en la Ciudad de Buenos Aires), aquí no hay ninguna primaria. Es casi como una encuesta. Por eso, la gran mayoría de los partidos (empezando por el gobernante) ya cocinaron su lista con anterioridad. Esto es sólo para ratificarla, con lo cual se distorsiona mucho el sentido. No nos dejan participar en la confección de la lista. Fíjese, precisamente, que en el caso de UNEN lo interesante, y conforme a las reglas que ellos pudieron establecer, la lista de diputados se va a recomponer de conformidad a lo que la gente vote en las cuatro variables que presente esa alianza o ese frente.
—¿Usted cree, doctor Sabsay, que los jóvenes se han entusiasmado con la idea de votar en estas elecciones?
—Creo que no, y esto demuestra hasta qué punto esto fue una reforma absolutamente interesada y de ninguna manera pedida por los jóvenes. Más bien es la voluntad de dar “si puedo” un colectivo “que me agradezca porque le he dado la posibilidad de votar y, de este modo, contar con un nuevo aporte de votos”. Y esto me parece muy irresponsable porque ni siquiera se dio el tiempo correspondiente. Mire, toda reforma de esta importancia debe también dar tiempo para la formación, para la explicación. Y que aquellos que van a ser llamados a votar posean una formación cívica. Fíjese que yo tengo mucha participación en grupos de estudiantes y, precisamente, acabo de dar dos clases amplias para escuelas agrarias de Junín en la provincia de Buenos Aires, y creo que (aun con el poco tiempo que me deja la UBA) en este caso es tan importante enseñar todo lo referente a la Constitución como también hablar sobre la responsabilidad cívica que tenemos todos. Es muy importante que la gente joven tenga por lo menos los rudimentos sólidos acerca de lo que es la Constitución y la ideología que la sustenta. Justamente, en otras oportunidades, hablando con este tipo de grupos, he observado que la mayoría se muestra como que todo esto no era algo que demandaban, y con grandes dificultades para discernir cómo ejercer ese derecho. Claro –reflexiona Sabsay– a los dieciséis o diez y siete años todavía se es muy chico.
Y aprovechando la valiosa experiencia del doctor Sabsay, también lo llevamos al presente inmediato en el que el asalto a la casa del intendente Massa ocupa las vísperas de estas PASO:
—¿Cómo interpreta que el fiscal del caso le haya recomendado al intendente Massa que no dijera nada sobre este asunto?
—Si fuera cierto, me parece gravísimo. Pero lo que me preocupa realmente en todo este episodio es la manipulación de la Justicia, del Ministerio Público y de las fuerzas de seguridad por motivos políticos. Porque es muy difícil pensar que no hay alguien que, desde la política, haya ejercido una manipulación. Esto no fue espontáneo y le repito que es lo que más me preocupa porque es un signo institucional muy grave. En primer lugar, que todo esto sea manipulable. O por lo menos lo sean los integrantes de estos sectores. En segundo término, que esto pueda ser utilizado a los fines de una campaña electoral. Y esto también es gravísimo. Es lo que más me preocupa.
—¿Campaña electoral de quién?
—Quién sabe. Aquí se nos plantea un gran signo de interrogación. Me parece que sería demasiado pueril que lo hubiera hecho Massa. Es un hombre inteligente y caer en un error tan tonto… Bueno, por lo menos esto no aparece a lo largo de su carrera.
—Volviendo a la situación actual de la Justicia, doctor Sabsay, yo, por lo menos, no recuerdo que un gobierno constitucional haya estado tan enfrentado con la Corte Suprema… No sé si esto ocurrió durante las dos primeras presidencias del general Perón.
—Este es un tema interesante. Perón, en la primera presidencia, limpió la Corte para nombrar una Corte propia. Y en la segunda presidencia, ya no necesitó hacerlo. No lo olvidemos. Hubo juicios políticos exprés y se quedó exclusivamente con quienes le eran afectos. Lo curioso, en este caso, es que Kirchner hizo exactamente lo contrario: más allá de que, con metodologías que podrían ser discutibles, terminó con la Corte menemista (la así llamada “Corte de los milagros” o de mayoría automática) y dejó a aquellos que habían demostrado una gran valía y venían de la época de Alfonsín. Me refiero a los doctores Fayt y Petracchi, a los que designó gracias a un excelente decreto (222/03) de autolimitaciones de sus facultades para hacerlo y, de ese modo, Kirchner conformó una Corte realmente independiente. Entonces, esto es lo que llama realmente la atención. El inicio fue exactamente lo contrario de lo que hizo Perón en 1946 y, sin embargo, llegamos a una situación en la cual se da este enfrentamiento del que yo tampoco recuerdo antecedentes en ningún período de nuestra historia. Por ejemplo, la expresión directa de querer “limpiar” esta Corte. O también las expresiones insultantes de personas tan allegadas al Gobierno, como la titular de las Madres de Plaza de Mayo. De la manera más procaz… Esto no lo recuerdo jamás y marca un tiempo. Un tiempo de desinstitucionalización, un término muy complicado pero que habla de la vulnerabilidad y la debilidad en la que están nuestras instituciones. Con esta iniciativa nosotros pensamos que lo que deseamos detener es un derrumbe total. Si no hay Justicia independiente, ya no hay república.

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