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sábado, 28 de mayo de 2016

Habrá mejoras de un 45% en promedio en los haberes de 2.400.000 jubilados, por Ismael Bermúdez

Habrá mejoras de un 45% en promedio en los haberes de 2.400.000 jubilados

El nuevo paquete legislativo
El plan beneficiará a casi un tercio del total de jubilados. Luego de que se apruebe la ley en el Congreso, los alcanzados por la mejora tendrán que iniciar un trámite en la ANSeS.

1. Alcance de la medida Los nuevos cálculos de la ANSeS arrojan que el proyecto de ley abarca a casi 2.400.000 jubilados y pensionados: 50.000 que tienen sentencias firmes, 300.000 que están en juicio y 2.000.000 que no hicieron juicio, pero tienen los mismos derechos que los que hicieron juicio. Ese total representa un tercio del total de jubilados. El resto no tiene cambios y comprende, en general, a los que se jubilaron por moratoria o aportaron muchos años como monotributistas o como autónomos y los que ya cobraron con anterioridad juicios por reajuste de haberes.
2. Qué se reconoce Tanto a los que tienen sentencia firme como con juicios en trámite se les reconoce el fallo Badaro (ajuste a los jubilados por la falta de movilidad entre 2002 y 2006) y, con algunos cambios, el caso Elliff (falta de correcto ajuste hasta 2009 sobre los sueldos de los últimos 10 años que se toman como referencia para el cálculo del haber inicial). En ambos casos, se les aplica el tope máximo del haber mensual. Y con los que no hicieron juicio, no se les reconoce retroactividad, se les reajusta el haber actual según el Ellif, con cambios en el índice.
3. Quiénes no están incluidos Los casos de renta vitalicia (jubilados de las ex AFJP) que cobran de las compañías de seguros menos que el haber mínimo. Tampoco los pensionados y retirados de las FF.AA. ni los de Seguridad que cobran sus haberes de cajas propias. Tampoco habrá devolución o un reconocimiento adicional de haber a los que hicieron aportes voluntarios en las AFJP. Y no figura el otorgamiento de una jubilación anticipada para los que tienen más de 30 años de aportes pero aún no alcanzaron la edad jubilatoria (mujeres 60 años, varones 65 años).
4. Nueva pensión por vejez Los mayores de 65 años, includios los extranjeros con 20 años de de residencia que no puedan acceder a la jubilación por falta de los 30 años de aportes requeridos tendrán derecho a una pensión del 80% del haber mínimo ($ 3.967). Quienes perciben un monto (caso pensión no contributiva por vejez) que es del 70% del haber mínimo podrá solicitar el cambio de pensión. Esa pensión se ajusta dos veces por año por la movilidad previsional y el pensionado tiene la cobertura del PAMI. Esta pensión reemplazará la jubilación por moratoria, que vence en septiembre.
5. Cálculo de retroactividad El Indice de actualización de las remuneraciones que se toman como base del haber inicial entre 1995 y 2009, cuando entró en vigencia la movilidad, será el RIPTE, que elabora el Ministerio de Trabajo en base al promedio de los sueldos en blanco. Por la falta de un índice de ajuste, la Corte Suprema había fijado el Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC). Punta a punta, el ISBIC más que duplica el RIPTE, salvo en algunos años. Eso determina que tanto el cálculo de la retroactividad para los que tienen sentencia firme como para los están en juicio y el reajuste del haber actual pueden ser menores a los que surgen de los fallos judiciales.
6. Tope A los que tienen juicio en trámite se les reconocerá por el retroactivo hasta 4 años de la antigüedad del reclamo. Eso puede representar una quita o descuento que varía según la cantidad de los años reclamados. En definitiva, este segmento de jubilados deberá comparar lo que surge de la sentencia firme o lo reclamado en la Justicia con la oferta de la ANSeS, en base al nuevo índice y el tope. Y ponderar entre cobrar en efectivo ahora la mitad y el resto en cuotas o esperar el final del juicio o el pago de la sentencia firme.
7. Reajuste del haber A los que no hicieron juicio se les reconocerá solo el reajuste del haber. Ese reajuste se calculará con el índice Badaro y/o con el de Elliff, en este caso por el RIPTE (y no ISBIC) hasta 2009 y la movilidad posterior a esa fecha. El aumento del haber variará según la situación de cada jubilado y año de jubilación. Eso implica que los porcentajes de reajustes pueden ser muy variados, aunque el promedio ANSeS asegura que es del 45%.
8. Opción voluntaria En todos los casos, el jubilado deberá optar entre aceptar la propuesta de la ANSeS o continuar con su reclamo judicial. Los que rechacen la oferta no tendrán ningún reajuste de haberes (cobrarán los aumentos de movilidad de 2 veces por año) y deberán seguir con los juicios o iniciar uno nuevo. En ANSeS calculan que el proceso de normalización demandará 2 años por la cantidad de gente involucrada y que implicará, a valores actuales, unos $ 75.000 millones anuales en los próximos 5 años y $ 50.000 millones por el pago de las retroactividades.
9.Impuesto a las ganancias El cobro de la retroactividad estará sujeta a la retención del impuesto a las Ganancias. Se considerará por año devengado, tal como viene haciéndose hasta ahora.
10Trámite para adherirse Cada jubilado deberá consultar en la ANSeS o a través de Internet. En la web en la página de la ANSeS, según la situación de cada jubilado, deberá adherir al Programa, lo que implica escuchar la oferta. Luego la ANSeS lo citará y el jubilado deberá decidir si la acepta o no. Si la acepta, el acuerdo deberá ser homologado en la Justicia, con intervención del abogado del jubilado.

sábado, 25 de abril de 2015

Más de 17 millones de personas reciben todos los meses pagos de la ANSeS por Ismael Bermudez

Más de 17 millones de personas reciben todos los meses pagos de la ANSeS

La caja del Estado
La cifra surge al sumar las jubilaciones, pensiones, seguro de desempleo, asignaciones familiares, Asignación por Hijo (AUH) y por embarazo.
La ANSeS es, por lejos, el organismo más importante del país. Más de 17 millones de personas cobran todos los meses algún beneficio o subsidio de la ANSeS, y el número sigue en aumento. Así, la vida de casi el 45% de la población total depende del pago en tiempo y forma que haga un organismo que, a pesar de su origen dedicado a lo previsional, pasó a tener muchas otras funciones.
La ANSeS maneja más de un tercio del gasto anual del Presupuesto Nacional. Es un financiador o prestamista clave del Tesoro Nacional y una fuente de litigios, como lo prueban los miles y miles de reclamos judiciales por reajuste de haberes.
También es un trampolín clave de la política. En los últimos años, al frente de la ANSeS estuvieron Sergio Massa, que luego fue Jefe de Gabinete, diputado nacional y ahora candidato presidencial. De la dirección de la ANSeS, Amado Boudou pasó a ser ministro de Economía, y luego vicepresidente. Y ahora su actual titular, Diego Bossio, aspira  a ser Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Esos 17,2 millones de pagos mensuales son, entre otros, por jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, seguro de desempleo, asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH) o por embarazo. Y el número sigue en aumento, porque  se están agregando más jubilados por la moratoria previsional, más beneficiarios por la ampliación del plan Progresar para jóvenes que completan la secundaria y el plan Hogar de subsidio a los usuarios de garrafas.
Estos pagos mensuales casi triplican las 6,5 millones de personas que cobraban en 2003 de la ANSeS. Así, por ejemplo, el número de jubilados se duplicó (pasó de 3,2 millones a 6,3 millones), el de las pensiones no contributivas casi se quintuplicó (de 344.000 a 1,5 millon) y se agregaron 3,6 millones de AUH y más de medio millón jóvenes de Progresar.
Esos pagos son transferencias periódicas mensuales en dinero. También hay otras transferencias, como el plan Conectar de computadoras para los chicos en edad escolar o el Plan ProCrear de créditos para vivienda. Además, ya casi todos los jubilados pasaron a ser usuarios de la tarjeta de crédito Argenta.
Según el Presupuesto 2015, la ANSeS dispone este año de $ 449.530 millones para afrontar todos esos pagos. Es el 35,8% del gasto total, equivalente a casi el 13% del PBI. Aún así, esos fondos –que se financian de los aportes y contribuciones sobre la masa salarial formal y de impuestos– van a ser ampliados en el curso del año a traves de Decretos de Necesidad y Urgencia o Decisiones Administrativas por no menos de un 30% por la mayor inflación y las nuevas jubilaciones y prestaciones.
La ANSeS también cuenta con un Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que suma unos 450.000 millones, de los cuales el 65% está prestado al Gobierno Nacional a través de títulos y Letras del Tesoro Nacional. El resto está en acciones de sociedades privadas, lo que le da derecho a participar en los directorios de empresas o en el financiamiento de emprendimientos públicos o privados.
La ANSeS dispone en todo el país de 440 oficinas de atención al público. Es una red muy superior a la de la banca pública. Tiene una gigantesca base de datos que le permite cruzar información de todo tipo y determinar en un par de horas, por ejemplo, quienes deben recibir el subsidio de garrafas. Por las nuevas jubilaciones y la moratoria, el año pasado procesó más de un millón de expedientes.
La ANSeS carga también sobre sus espaldas con más de 300.000 juicios de jubilados por reajuste de haberes y recibe todos los meses no menos de  3.000 nuevas demandas. Tiene previsto pagar este año unas 40.000 sentencias.
Todos estos gigantescos números colocan también a la ANSeS en el centro del escenario económico, social y político del país. Es una maquinaria de la que se vale el Gobierno para anuncios por cadena nacional – como la reciente jubilación por moratoria 450.000 o aumentos en los montos de la AUH o Asignaciones familiares– y que, por la lógica asistencial oficial, va a seguir agrandándose.

domingo, 22 de marzo de 2015

Subió casi 70% la cantidad de empleados públicos desde 2003 por: Ismael Bermúdez

Subió casi 70% la cantidad de empleados públicos desde 2003

El Estado en la economía.En ese mismo periodo, la dotación privada avanzó 22%. En 2014, el Estado generó el 75% de los nuevos empleos.

Desde enero de 2003, el empleo público creció un 67%, equivalente a 1,5 millón de personas, mientras que el empleo privado sumó 2 millones de trabajadores, apenas un 22% más. Los mayores incrementos en el sector público se dieron en 2011 y 2013, en coincidencia con años electorales.
Se calcula que, sobre 16 millones de ocupados (formales, informales, por cuenta propia y autónomos), casi una cuarta parte –3,7 millones de personas– se desempeña en el sector público nacional, provincial o municipal, cuando en 2003 se ubicaba en torno del 16%.
Es que hace tiempo que el empleo privado está frenado y en muchos sectores, como el industrial, en retroceso. Así, y en forma creciente, la creación de puestos de trabajo pasó a estar liderada por el sector público. En el último período, desde fines de 2013, con la caída en el nivel de actividad, y la disminución de la ocupación laboral en la industria y la construcción, el mayor empleo público y el abandono de mucha gente del mercado de trabajo ayudaron a amortiguar o a “maquillar” el desempleo.
Un estudio del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) dice que durante la recesión económica de 2008-2009, “ante la retracción del empleo privado, el sector público pasó de representar el 25% de la creación de empleo en 2008 a prácticamente la mitad en el primer semestre de 2009”. En tanto, durante la retracción de 2014, “el sector público fue el que aportó el 75% de la creación de empleo, evitando de esta manera un mayor deterioro en el mercado laboral”.
En base a datos de FIEL, un estudio privado señala “que 2014 fue el primer año desde 2003 que se verificó destrucción de empleo, a pesar de la creación de casi 90.000 puestos en el sector público”.
IARAF sostiene que el creciente déficit fiscal “ponen en jaque la sostenibilidad de esta estrategia del sector público de crear puestos de trabajo”. De todas maneras, los salarios del sector público crecieron en estos años menos que los del sector privado.
A esto se agrega que mucha gente –casi un millón de personas– se fue retirando del mercado laboral y pasó a la inactividad, según las cifras del INDEC. Así “el actual valor de la tasa de actividad (44,7%) es el menor de los últimos 10 años”, en “una trayectoria descendente que ya acumula 5 trimestres consecutivos”. Y que los que se están retirando son fundamentalmente jóvenes de hasta 29 años.
Tanto la elevada proporción de empleo público como la retracción de la tasa de actividad suelen ser indicios de “desempleo oculto”, aunque muchos especialistas sostienen que las transferencias o ayudas en dinero del propio Estado contribuyen en parte a que se reduzca la tasa de actividad y en consecuencia, la de desempleo (ver Pág. 21).
Sin estas dos “ayudas”, la desocupación podría ser casi tres veces el 6,9% que marcó el último informe del INDEC. No obstante, también hay “sospechas” sobre la medición del INDEC porque, por ejemplo, la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que el desempleo porteño es de 3,1 puntos superior al que marca el Instituto Nacional (8,6% en lugar del 5,5%).
Por eso muchos especialistas sostienen que, bien medido, el desempleo supera el 10%. Y que en las cifras del INDEC, si la tasa de actividad no hubiera descendido el desempleo sería del 11%, afectando a casi 2 millones de personas. Y si el empleo público hubiera crecido al ritmo de la población, la desocupación saltaría al 17,6%, más de 3 millones de personas.
De los 16 millones de ocupados, un 34% trabaja “en negro”, en especial en actividades vinculadas a la construcción, en casas particulares y en hotelería y restaurantes.

domingo, 4 de mayo de 2014

Confirmado: El ajuste llegó al empleo POR ISMAEL BERMÚDEZ

El INDEC confirmó pronósticos privados: el ajuste llegó al empleo

POR ISMAEL BERMÚDEZ

Las empresas achican su dotación de personal por la menor actividad y la caída de ventas.
Golpeado. El sector automotor ya está dando señales claras de la contracción de la actividad. / ARCHIVO
 
 
A través de suspensiones, recorte de horas extras, jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios, freno de nuevas incorporaciones y cesantías “hormigas” las empresas comenzaron a achicar las dotaciones de personal.
Lo que analistas y consultores previeron meses atrás, como consecuencia de la devaluación, mayor inflación y el ajuste “ortodoxo”, ahora tiene la confirmación oficial.
El INDEC reconoció el miércoles que en el primer trimestre de este año el empleo industrial se redujo el 1,2 por ciento y el IERIC, un organismo tripartito de la construcción (que maneja información tanto de las empresas como del sindicato), informó achiques del empleo tanto en enero como en febrero.
Por su parte, las cámaras vinculadas al comercio y a los servicios informaron que continuaron con caídas en las ventas, de lo que se desprende achiques en el tema del empleo.
El INDEC también informó que son más los industriales y empresarios de la construcción que estiman que seguirán ajustando sus dotaciones de personal que los que prevén que contratarán más trabajadores.
Y que no hay mayores expectativas de nuevas inversiones – de la que depende en gran parte la creación de nuevos puestos de trabajo.
Esos datos oficiales llegan hasta fin de marzo.
Durante abril continuaron las suspensiones en la industria automotriz, incluyendo autopartistas, que, en algunos casos, se extienden a los primeros días de mayo.
A la caída de la demanda interna se suma el “conflicto” por la continuidad del régimen automotor con Brasil, que sigue sin resolverse a pesar de las reuniones cumbre mantenidas por los ministros de Economía de ambos países.
En tanto, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de rebaja permanente y transitoria de las contribuciones patronales – con aprobación del Senado– con el argumento –propio de los 90– de combatir la informalidad laboral e incentivar la contratación de nuevos trabajadores.
Es sabido que ningún empresario contrata nuevos trabajadores si no tiene asegurada una mayor demanda interna o externa.
En consecuencia, de ser aprobado ahora por Diputados, la Seguridad Social perderá de recaudar una parte de las contribuciones que ya estaba recibiendo, tendrá menores ingresos sobre las incorporaciones naturales que se producen todos los años, perjudicando las finanzas de la ANSeS, sin garantía que se blanquee empleo en negro o haya mayor demanda de trabajadores.
En la base de este “ajuste” de la fuerza de trabajo está la caída del poder de compra de los salarios, de las jubilaciones, de las prestaciones sociales que se fue ejecutando desde fines de año pasado a través de la inflación y del no ajuste de los impuestos por la inflación. Eso llevó a una baja del consumo interno que repercutió sobre las ventas y la cadena de producción.
A su vez, no se verificaron las expectativas de que a través de la devaluación del peso, ocurrida en enero, cobraran impulso las exportaciones industriales y de las economías regionales.
Eso ocurrió porque la inflación del primer trimestre, que llegó al 10 por ciento según los datos del INDEC, licuó rápidamente la “ventaja externa” de la devaluación, la fuerte dependencia de la industria de las importaciones incrementó los costos de producción y, además, porque el resto del mundo privilegia comprar de países a los que se les puede vender.

sábado, 26 de abril de 2014

La pobreza sería cinco veces mayor a la que dice el INDEC POR ISMAEL BERMÚDEZ

La pobreza sería cinco veces mayor a la que dice el INDEC

POR ISMAEL BERMÚDEZ

Contrastes. La Villa 31, que se expande día a día, vista ayer desde un edificio cercano a la Autopista Illia. Detrás, otra expansión, la de Puerto Madero. Vecindad de pobres y ricos. /CARLOS SARRAF
Un informe de la Universidad Católica la ubica en 27,5%. Y la indigencia en 5,5%. En total, son 11 millones de personas. Sin datos oficiales, Capitanich afirmó que la situación “mejoró drásticamente”.


Ayer, en medio de la polémica en torno de las cifras reales de indigencia y pobreza de la Argentina, el Observatorio Deuda Social de la Universidad Católica (UCA) dio a conocer sus propios números. El Informe señala que a diciembre de 2013 la pobreza ascendió al 27,5% de la población (más de 11 millones de pobres), de los cuales el 5,5% del total (más de 2,2 millones de personas) serían indigentes.
Así, para el Observatorio de la UCA los niveles de pobreza son más de cinco veces superiores a los del INDEC y contrastan con lo que ayer dijo el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para quien “la reducción de la pobreza y la indigencia ha sido drástica” y “todos los indicadores han mejorado de modo sustancial”. Capitanich también se encargó de acusar a la oposición de pretender “desnaturalizar los efectos claros y contundentes de las políticas adoptadas” por el Gobierno nacional.
Con estos datos del Observatorio de la UCA, todas las mediciones alternativas se ubican muy por encima de las cifras oficiales ya que van del 27,5% para la UCA, al 30,9% para la CGT y al 36,5% para IPyPP, el Instituto que dirige Claudio Lozano (ver página 6), como consignó Clarín en la edición del domingo pasado.
Las diferencias tienen que ver con los valores que cada una de esas mediciones les asignan a las denominadas canastas básicas.
Por su parte, para la primera mitad de 2013, el INDEC había registrado una pobreza del 4,9% de la población, mientras, aduciendofallas metodológicas y problemas de “empalme”, no dio a conocer las cifras de la segunda mitad del año pasado.
Ahora se estima que tras la devaluación y la mayor inflación, tanto el número de indigentes como de pobres serían mayores porque no hubo aumentos en las prestaciones sociales, como en el caso de la Asignación Universal por Hijo, y todavía muchas paritarias no renovaron los salarios acordados el año pasado.
Según Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA, entre 2010 y 2013 hubo dos procesos socio-económicos relevantes en materia de indigencia y pobreza.
A pesar del contexto crecientemente inflacionario, las tasas de indigencia –tanto a nivel de hogares como de población– se redujeron en 2011, para estancarse entre 2012 y 2013. Mientras los porcentajes de pobreza tuvieron un primera importante reducción entre 2010 y 2011, para crecer tanto en 2012 como en 2013.
Este dispar comportamiento se debió, según Salvia, a que en los últimos años “se estancó la generación de empleos de calidad y el ritmo inflacionario creció a niveles más elevados, afectando sobre todo a los asalariados y no asalariados del sector informal, los cuales no pudieron aumentar su actividad laboral ni los ingresos reales por vía del mercado de trabajo”. Esto explicaría el incremento de la pobreza.
En tanto, como la mayor parte del presupuesto de los hogares de más bajos ingresos está conformado por la asistencia que brindan los programas sociales de transferencia de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo, o las jubilaciones y pensiones, “los efectos recesivos e inflacionarios de 2012-2013 habrían sido compensados por los aumentos gubernamentales otorgados en estas ayudas económicas. Esta situación, más un aumento del subempleo de subsistencia, explican que las tasas de indigencia hayan tendido a no aumentar”. Para Salvia, sin estas transferencias se estima que las tasas de indigencia serían al menos un 50% superiores, trepando al 8-9% de la población.
La conclusión de Salvia es que a pesar de la importancia del gasto social –ya que el 22% de los hogares son beneficiarios de algún programa social–, “la marginalidad económica parece continuar siendo un rasgo estructural de nuestro sistema social, lo cual se refleja tanto en la existencia de un núcleo duro que permanece por debajo de la línea de indigencia, como a través del incremento evidenciado en las tasas de hogares y de población en situación de pobreza”.


domingo, 20 de abril de 2014

El Gobierno oculta datos y deja de informar a cuánto llega la pobreza POR ISMAEL BERMÚDEZ

Situación social: El Gobierno oculta datos y deja de informar a cuánto llega la pobreza

POR ISMAEL BERMÚDEZ

Es porque ya no publica más los valores de la canasta que sirve para calcularla. Así, se ignora cuál es la situación real de 14 millones de personas. El miércoles se conocerá el número oficial de 2013, con cifras poco creíbles.
 
 
El miércoles el INDEC dará a conocer los datos de indigencia y pobreza de la segunda mitad de 2013. Se descuenta que las cifras serán ridículamente bajas: una indigencia en torno del 1,5%, con una pobreza del 4,5% o menos (1,7 millones de pobres) que contrastará con las mediciones alternativas que ubican la pobreza por encima del 30% de la población (más de 13 millones y medio de pobres). Algunas mediciones, como las del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas van más allá y ya ubican la pobreza en el 36,5% de la población.
Así, entre la medición oficial y las alternativasla diferencia se estira, en más o en menos, a más de 14 millones de pobres.
La del miércoles será la última información oficial de indigencia y pobreza porque desde enero de este año, sin dar explicaciones, el INDEC dejó de publicar los valores de las canastas básicas que se toman como referencia para establecer las líneas de indigencia y pobreza.
Esa canasta se hizo “famosa” porque arrojaba, un año atrás, que una persona podía alimentarse con las 4 comidas diarias por tan solo $ 6 por día, dejando de esa manera de ser “indigente”.
Así, de tanto bastardear las estadísticas, las cifras oficiales de indigentes y pobres cayeron en el ridículo y desde hace tres meses el propio INDEC dejó de difundir los valores de las canastas sin reemplazar esa medición por otra. Así, la Argentina se quedó sin herramientas para medir esos indicadores claves. Y sin buena información es difícil hacer un diagnóstico para paliar las consecuencias de ese problema.
La falta de medición de estos indicadores clave se da, además, en un contexto de mayor pobreza como resultado de la mayor inflación, en especial de la suba de los precios de los alimentos que más impacta sobre los sectores de menores recursos.
Según el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, a marzo la inflación acumula un alza en los últimos doce meses del 36,7%, liderado por el43% de aumento de los precios de los alimentos.
En tanto, las prestaciones sociales se mantienen desde mediados del año pasado en los mismos valores, sufriendo esos beneficios una importante pérdida en el poder de compra En septiembre de 2012, el INDEC informó que se encontraba trabajando en una nueva “metodología de medición”. “El objetivo y desafío institucional consiste precisamente en presentar una propuesta metodológica de medición que permita caracterizar y contabilizar la pobreza desde un enfoque multidimensional, programa en el que el INDEC se encuentra trabajando”, decía el informe.
El argumento era que la medición de la indigencia y pobreza sobre la base de las canastas de alimentos y de gastos totales no servía por adolecer de una serie de defectos. Y que esa nueva medición “con un enfoque multidimensional”, incorporaría otros ingresos provistos por el Estado, como alimentos o útiles escolares, e incluso por las empresas, en los comedores de los establecimientos.
Con estos criterios se desprendería que, para el INDEC, la indigencia y pobreza podrían ser aún más reducidas.
A más de un año y medio de semejante anuncio, se desconoce si hubo avances. Y por qué se discontinuó la medición anterior, que arrojaba valores muy bajos de las canastas no por un problema metodológico sino simplemente porque esas canastas se fueron actualizando por un IPC-Índice de Precios al Consumidor adulterado que no reflejaba los precios reales que pagaban los consumidores.
El último dato de la canasta del INDEC (diciembre 2013) arrojaba que una familia tipo (matrimonio y dos hijos) podía alimentarse con $ 787,28 por mes, mientras para la CGT – a marzo ultimo– esa misma canasta sumaba $ 3.110,30, con los precios promedio del IPC de la Ciudad de Buenos Aires..
Así las cosas, de subestimar las cifras de indigencia y pobreza, ahora esos dos indicadores quedaron directamente borrados de la estadística oficial, poniendo En tanto existe otro método de medición de la pobreza conocido como el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que toma en cuenta no solo los ingresos de la población sino otros indicadores, como el acceso a la vivienda, educación y servicios públicos.
La última medición oficial usando este método es de 2001.

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