Cristóbal López no pagó a la AFIP $ 8000 millones durante el kirchnerismo Por: Hugo Alconada Mon

Cristóbal López no pagó 

a la AFIP $ 8000 millones 

durante el kirchnerismo

Por: Hugo Alconada Mon

PARA LA NACION

En los últimos cuatro años el empresario 

patagónico no abonó el impuesto

 a los combustibles; así financió la 

expansión de su emporio, ahora en problemas

Durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, cuyas copias obtuvo y analizó LA NACION con la ayuda de expertos contables y tributarios.

El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.

Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.

LA NACION consultó el miércoles a un vocero de López y a su socio, Fabián De Sousa. Les informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar. El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día siguiente, pidió demorar la publicación unos días.

Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin del Grupo Indalo como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa se negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada "no es tan grande" y que cuentan con "ingreso de caja suficiente" para afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a utilizar "todos los mecanismos legales disponibles para financiarse".

Según reconstruyó LA NACION con la ayuda de contadores, tributaristas y auditores, los ejes centrales de la operatoria que montaron López y De Sousa se reducen a unos pocos pasos. Primero, fondearon Oil Combustibles con el ITC por $ 6065 millones a junio de 2015, en tanto que el resto de la deuda corresponde al ITC que tampoco pagaron desde entonces y a los intereses acumulados sobre esa deuda, hasta orillar los $ 7400 millones, más otros $ 600 millones en impuestos que también retuvieron otras empresas del grupo. Total: $ 8000 millones.

El segundo paso llegó después. Con ese dinero, López comenzó a fondear otras firmas de su grupo, entre las que descolló Inversora M&S SA, que recibió $ 3300 millones, según surge de los balances analizados. Y el tercer paso resultó inmediato. Inversora M&S SA comenzó a comprar activos o financiar sus operaciones, lo que explicó la compra de medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal, o la supervivencia durante años de compañías que no eran redituables.

Toda esta operatoria, a su vez, ocurrió durante un período clave. Porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC, el precio de las naftas comenzó a subir. Y le alquiló al menos dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la entonces familia presidencial Kirchner durante años a cambio de varios millones de pesos, según reveló LA NACION en marzo de 2015. No sólo eso. También le giró fondos desde su hotel El Retorno, en Bariloche, al Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz.

Allí no se acaban los lazos cruzados. Porque la sobrina de la ex presidenta -e hija de la gobernadora Alicia Kirchner-, Romina Mercado, trabaja desde febrero de 2012 y hasta hoy en Inversora M&S SA, al mismo tiempo que tomó las riendas como presidenta del directorio de Hotesur, la sociedad controlante del Alto Calafate, según los registros laborales y societarios.

Durante ese mismo período, además, distintas áreas del Estado nacional mostraron indicios inusuales a favor de Cristóbal López. Desde el Ministerio de Economía y la Aduana, por Álcalis de la Patagonia, hasta la unidad antilavado (UIF) y el Banco Central (BCRA), por el banco Finansur, o la Afsca para su ingreso en el sector de los medios.

Lo mismo ocurrió en la AFIP, que toleró la retención de esos $ 8000 millones de pesos en impuestos atrasados por parte de López y De Sousa. El organismo les permitió acumular esa deuda, luego convalidó que la colocaran en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes de pago de hasta seis cuotas que ofrecía el organismo tributario- y, por último, cuando el volumen de esa deuda se tornó sustancial, les permitió consolidarla en sucesivos planes de pago.

Una vocera de Ricardo Echegaray llamó el viernes a LA NACION. Sin que mediara una pregunta específica, aclaró que el actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) ya fue investigado y sobreseído por la Justicia por la entrega de los planes de pagos a López tras una denuncia de Elisa Carrió. Lo sobreseyó el juez Sebastián Ramos, en marzo de 2014. Es decir, seis meses después de que LA NACION revelara el primer paso de la operatoria que López y De Sousa utilizaron para comprar activos de Petrobras en la Argentina.

La benevolencia de la AFIP frente a Oil Combustibles durante los últimos años contrasta, sin embargo, con la rigidez que el mismo organismo mostró frente a las otras petroleras, que no pudieron cobrar y retener el ITC sin correr el riesgo de afrontar las intimaciones y embargos del organismo tributario. De hecho, ninguna de las otras grandes compañías que operan en el país -YPF, Shell, Petrobras, Axion- mantiene deudas con la AFIP por el ITC. "La operatoria habría terminado con una denuncia penal", indicó un ex alto ejecutivo del sector petrolero que mantuvo varios cortocircuitos con el kirchnerismo.

Ahora, además, las nuevas autoridades de la AFIP comenzaron a intimar a Oil Combustibles, lo sometieron a controles más exhaustivos y le comunicaron que no le permitirán que retenga nuevos fondos por el ITC.

Riesgo inminente

Según surge de los balances de diversas empresas del Grupo Indalo, López y De Sousa concentraron esta maniobra fiscal en Oil Combustibles, que acumuló más del 90% de toda la deuda tributaria. Y que, según anunciaron el viernes, quedará a partir de ahora en manos de De Sousa.

Oil Combustibles es, a la vez, la firma con que adquirieron algunos activos en la Argentina -pero no todos- de la petrolera brasileña Petrobras, operación que quedó bajo la lupa judicial en Brasil por el presunto pago de sobornos.

Los balances de Oil Combustibles reflejaron esa paulatina acumulación del ITC que montaron López y De Sousa. Así, a mediados de 2010, la petrolera informó una deuda con la AFIP por apenas $ 78.285; pero un año después -y ya con la adquisición de activos de Petrobras en el país- subió a $ 179,9 millones, y para junio de 2012 llegó a $ 1262,9 millones.

Pero la operatoria no sólo continuó, sino que se potenció y expandió, hasta ahora correr el riesgo de resultar impagable. Así, en 2013, a $ 1591,7 millones; en junio de 2014, a $ 3145,7 millones, y para mediados de 2015, a más de $ 6065 millones (entre deuda corriente y no corriente). Desde entonces, además, continuó en ascenso hasta diciembre pasado ya que Oil siguió sin girar a la AFIP cientos de millones de pesos correspondientes al ITC, a los cuales se aplicaron los intereses.

Ahora, sin embargo, con más de $ 7400 millones de deuda fiscal acumulados en Oil Combustibles, López y De Sousa afrontan serios desafíos contables, financieros y tributarios para mantener a flote el Grupo Indalo, coincidieron los analistas consultados por LA NACION. Los motivos son múltiples:

-Según sus balances, Oil Combustibles sólo cuenta con un patrimonio neto de $ 447 millones, mientras que su crecimiento respondió al "apalancamiento" de la AFIP, y con un notable descalce de liquidez;

-Para obtener los planes de pago de la AFIP, López y De Sousa promovieron la revaluación contable (no basada en una inversión real) de los "bienes de uso" de Oil Combustibles por más de $ 1669,8 millones. Es decir que los mismos bienes de la compañía que en junio de 2013 valían $ 226,4 millones, un año después pasaron a valer 8,2 veces más: $ 1876,2 millones;

-Ese revalúo quedó a cargo de una pequeña firma sin mayores antecedentes en el mercado, y aunque el revalúo se fijó en junio de 2014, según la propia auditoría el informe se terminó seis meses después, el 15 de diciembre de ese año;

-Transcurridos 21 meses desde que se computó ese revalúo, el recálculo todavía se encuentra pendiente de la aprobación final de la Inspección General de Justicia (IGJ), que durante el último año del gobierno kirchnerista no resolvió si aprobaba o rechazaba esa operación contable;

-Como auditora externa, Deloitte también consignó la revaluación como un riesgo latente para Oil Combustibles. "De no resultar aprobada la revaluación -indicó-, el patrimonio neto disminuiría en 1.059.251.141 [pesos], el activo en 1.629.617.142 [pesos] y el pasivo no corriente (impuesto diferido) lo haría en 570.366.001 [pesos]". Es decir que pondría en serio riesgo a la compañía.

Sin embargo, la revaluación pendiente no es el único factor de riesgo para Oil. Declaró entre sus activos los préstamos por más de $ 4300 millones que le otorgó a otras empresas del grupo (los $ 3300 millones que giró a Inversora M&S SA-que ahora controlará sólo López-, más otros $ 350 millones a South Media Investments y $ 592,2 millones a "otras partes relacionadas", entre otros). Pero según Deloitte, el recupero de ese dinero es una pregunta abierta: "La realización y la cancelación a futuro de los activos y pasivos entre empresas del grupo económico se encuentran condicionadas al cumplimiento de los planes de negocios de cada unidad de negocios en el corto y mediano plazo".

Así, según surge de los propios balances de Oil Combustibles, si la IGJ no aprueba el revalúo contable de sus bienes o si las otras empresas del Grupo Indalo no pueden devolverle el dinero prestado, la petrolera mostrará un patrimonio neto negativo y quedará en condiciones de disolución. Salvo, claro, que sus accionistas le inyecten fondos frescos por montos multimillonarios. Más relevante aún, esos balances exponen las serias dificultades que afrontan López y De Sousa para devolver los $ 8000 millones en impuestos que adeudan a la AFIP. El viernes anunciaron el fin del Grupo Indalo como era hasta ahora.

Una operatoria irregular

Cristóbal López articuló un mecanismo para eludir pagos a la AFIP que fue cuestionada por una evaluadora

¿Cómo se realizó el fraude?

Báez salpicó a Cristóbal López en un caso de facturas truchas

Para justificar sus operaciones con firmas sospechadas involucró a una empresa emblemática del "zar del juego"; el oscuro circuito de Bahía Blanca

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Hugo Alconada Mon

PARA LA NACION

DOMINGO 27 DE DICIEMBRE DE 2015

Dispuesto a todo para defenderse, el empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez señaló a otro ícono de la última década, Cristóbal López, como un eslabón más en la red vinculada a las facturas truchas desde Bahía Blanca, según consta en un escrito que presentó Báez ante la justicia federal y cuya copia obtuvo LA NACION.

Baéz señaló a una de las empresas más queridas por el "zar del juego", Tsuyoi SA, en su intento de defender los números de Austral Construcciones, sospechada de acumular decenas de millones de pesos en facturas truchas emitidas por diversas firmas bahienses, tanto de Juan Ignacio Suris, como de las que pertenecen a las familias Ferreyra y Ficcadenti. Acompañado por sus abogados Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, Báez presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en el que identificó a Tsuyoi y a otras seis empresas como proveedoras de la firma bahiense Grupo Penta, a la que tanto la AFIP como la Justicia tienen bajo la lupa por emitir facturas truchas que terminaron en los balances de Austral.

El argumento de Báez es sencillo: Grupo Penta existe, tiene una larga lista de empresas que le "abastecieron recursos materiales para el desarrollo de las tareas" -como Tsuyoi-, realizó diversos trabajos reales para Austral Construcciones (ACSA) y, por tanto, las facturas que emitió Penta son reales.

Tsuyoi es una de las empresas más queridas por Cristóbal López. La creó en 1994 junto con su esposa e hijos, y se convirtió en la primera concesionaria de la marca Toyota en la Patagonia. Allí Carlos Zannini, compró su camioneta, según consta en la última declaración jurada patrimonial que presentó ante la Oficina Anticorrupción.

El planteo defensivo de Báez choca, sin embargo, con las declaraciones del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En octubre de 2014, un día después de que LA NACION reveló la operatoria bajo sospecha, convocó a una conferencia de prensa y confirmó que Grupo Penta y otra firma bahiense de los Ficcadenti, Calvento SA, se encontraban bajo fiscalización. Echegaray detalló además que Calvento SA ya había sido incluso catalogada por la AFIP como "una usina de facturas falsas" porque carecía de "actividad comercial", tal como el inspector de la AFIP determinó en mayo de 2013, aunque sólo se incluyó en la base Apoc del organismo en octubre de 2014, cuando LA NACION reveló el entramado de Bahía Blanca.

Durante aquella conferencia de prensa, sin embargo, Echegaray evitó detallar los resultados de la pesquisa de sus sabuesos locales. Detectaron que Grupo Penta carecía de empleados, vehículos o gastos de combustibles para cumplir con los supuestos trabajos para los que había sido contratado, pero aún así le facturó millones a Austral Construcciones. No sólo eso. El cuadro irregular del Grupo Penta quedó asentado dentro la AFIP con la "orden de intervención" O.I.635602, según reconstruyó LA NACION. A tal punto que los Ficcadenti rectificaron el cuadro fiscal de esa sociedad por $ 21 millones y se acogieron a un plan de 120 cuotas.

Los Ficcadenti recién tomaron esa decisión tras quedar acorralados por los sabuesos, que verificaron que muchas de sus facturas eran inverosímiles. Peor aún: cuando les exigieron que probaran la operatoria, respondieron que les habían robado de un automóvil toda la documentación contable, lo que probaron con la copia de una supuesta denuncia policial. Lo más curioso es que cuando Casanello pidió más datos a la comisaría 2° de Bahía Blanca en septiembre pasado, la respuesta que recibió fue que "no hay registro de inicio de las actuaciones". Y según probó LA NACION, tampoco llegó jamás a los Tribunales de esa ciudad.

Allí no se agotan las sorpresas. Para pagar la primera de las 120 cuotas de la moratoria, uno de los contadores del Grupo Penta se presentó en el Banco Nación, donde un cajero le preguntó sobre el origen de los fondos, ya que Penta no tenía cuenta bancaria y por entonces ni operaba. Pero el contador presentó una nota, sin certificar la firma. Y calló su verdadero origen: Báez.

Para Báez, de todos modos, la facturación bajo sospecha que acumuló su nave insignia no son más que otra "operación mediática" que no registra "correlato alguno en la realidad", según argumentó en su escrito, en el que también criticó a Casanello por "dejarse llevar por los medios".

En su nuevo escrito judicial, sin embargo, el empresario con más vínculos comerciales verificados hasta ahora con la familia Kirchner calló sobre otros múltiples indicios incómodos. Por ejemplo, el viaje de su lugarteniente, Claudio Bustos, a Bahía Blanca, el 23 de julio de 2014. Allí se reunió con la jefatura local de la AFIP y un contador de los Ficcadenti en el despacho del piso 7 del jefe de la Regional, Juan Pablo Fridenberg. Juntos ajustaron el plan de pagos al que terminó por acogerse el Grupo Penta. Toda la operatoria cuestionada generó además consecuencias en cascada. Desde la disolución de la Regional Bahía Blanca de la AFIP, y el desplazamiento del juez subrogante que estaba a cargo de la investigación en aquella ciudad, Santiago Ulpiano Martínez.

En Buenos Aires, en tanto, Báez, Echegaray, los Ficcadenti, Fridenberg y funcionario local de la AFIP en Bahía Blanca, Norberto Filipini, ya fueron imputados por el fiscal federal Guillermo Marijuan como supuestos integrantes de una "asociación ilícita fiscal", tras una presentación judicial de la diputada Margarita Stolbizer.

Tanto el fiscal Marijuan como el juez Casanello apuntan a lo que ocurre en Bahía Blanca ya que las facturas falsas no sólo le permiten evadir impuestos a la empresa receptora, sino también disponer de fondos negros por fuera de su contabilidad que puede entonces girar a cuentas bancarias en el exterior, pagar sobornos u otros destinos ilícitos.

Pero Báez niega todo. "No hubo facturas falsas ni utilización de ninguna 'usina de facturas falsas'", planteó en su escrito. "Todos los servicios prestados por esas empresas a ACSA están debidamente facturados", añadió. Entre otras, con la concesionaria de López.

KIRCHNERCORRUPCIÓN: Millonarios pagos de Cristóbal López a socios de Máximo Kirchner

Negocios

Millonarios pagos de Cristóbal López a socios de Máximo Kirchner

Por Hugo Alconada Mon |  Para LA NACION

Los socios de Máximo Kirchner recibieron casi $ 1.200.000 por mes del empresario patagónico Cristóbal López por el alquiler de inmuebles y maquinarias, y por brindarle "asesoramiento inmobiliario", según surge de constancias que obtuvo LA NACION durante las últimas semanas.

Los receptores de esos pagos son Osvaldo Sanfelice, responsable de la gerenciadora del hotel Alto Calafate en la actualidad, y el ex gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho, ambos socios del hijo de la Presidenta en una inmobiliaria de Río Gallegos.

Los movimientos se hicieron a través de una sociedad que en la actualidad figura con el CUIT inhabilitado por la AFIP y en la que figura como socio un ex docente fallecido meses atrás. Sanfelice y Sancho recibieron esos millones del bolsillo personal del propio López y de tres de sus empresas del Grupo Indalo: la petrolera Oil M&S, la fábrica Álcalis de la Patagonia y la constructora CPC SA.

Esos pagos aportan así un nuevo vínculo comercial entre el llamado "zar del juego" y el entorno más íntimo de la familia presidencial. Se suman así a los alquileres de dos departamentos y cinco cocheras de la Presidenta en el complejo Madero Center de Puerto Madero, y el histórico departamento de la familia Kirchner en la esquina de Uruguay y Juncal, en Recoleta.

Consultados por LA NACION, desde el Grupo Indalo confirmaron la veracidad de esos pagos, a los que restaron cualquier arista política. "Cristóbal conoce desde hace años a Sanfelice y mantiene vínculos personales y comerciales con él", indicó uno de sus voceros, que indicó que las facturas corresponden a "servicios" que prestó el socio en común que López mantiene con Máximo Kirchner. "Entre todas las empresas del Grupo [Indalo] tenemos alquilados más de 400 equipos de una larga lista de proveedores, no sólo de Sanfelice", explicaron.

Para recibir dinero de López, Sanfelice y Sancho recurrieron en especial a la firma Agosto SA, una sociedad constituida con fines inmobiliarios y comerciales, para la construcción y hasta como agencia de viajes, según consta en los registros societarios que obtuvo LA NACION.

En esa sociedad, Sancho figura junto a César Gustavo Virgilio, un hombre de 58 años que trabajó como docente en Río Gallegos y, luego, como empleado en la inmobiliaria de Kirchner y Sanfelice, antes de mudarse a Rosario, donde falleció en abril de este año. Hasta entonces figuró como empleado en Paraná Metal, otra empresa de Cristóbal López.

"Petalo" para sus amigos, Virgilio también figuró en los registros comerciales como integrante de otra sociedad. En 2010 apareció como director suplente del Hotel Waldorf SA, de la calle Paraguay al 400 de la ciudad de Buenos Aires, con Sanfelice como presidente del directorio.

Así, la petrolera Oil M&S emitió pagos a Agosto SA por $ 531.500 por mes, más IVA, por el alquiler de seis camiones, en tanto que Álcalis de la Patagonia registró desembolsos de $ 405.000 por mes por rentarle tres camiones más y otros $ 162.400, más IVA, por una perforadora, según reveló el sitio web Tangoleaks. Un total de $ 1.098.900 por mes.

A este primer bloque de desembolsos se sumó un segundo flujo de fondos que cobró Sanfelice en persona. López le pagó $ 35.000 por mes de su bolsillo y otros $ 20.000 desde Álcalis de la Patagonia, según reconstruyó LA NACION. Ambos, en concepto de "asesoría inmobiliaria".

¿Qué tipo de asesoría? Entre otros, la intermediación en las compraventas de la estancia "La Ensenada", en Santa Cruz, y de la hostería El Retorno, en las afueras de Bariloche, labor por la que embolsó otros $ 2,1 millones, según revelaron Tangoleaks y Clarín.

El tercer eje para los desembolsos corrió por cuenta de la constructora CPC SA, que también le giró $ 16.450 por mes, pero por un alquiler concreto: un departamento en el número 2424 de la calle O'Higgins de Buenos Aires.

En ese edificio, Sanfelice aparece vinculado a dos departamentos, en los pisos 3 y 4, donde a su vez fijó los domicilios de dos inversoras que llamó Invernepa SA e Inverlife SA.

SOCIO EN COMÚN

Elegido por los Kirchner para administrar sus propiedades hasta que Máximo dio sus primeros pasos laborales bajo su tutela, Sanfelice trabajó antes al frente de la Dirección de Rentas santacruceña mientras Kirchner fue gobernador. Apodado "Bochi", abrió una pequeña inmobiliaria en 2001 y en desde 2005 se asoció al hijo del matrimonio presidencial en Negocios Inmobiliarios, para luego montar "Sanfelice, Sancho & Asociados", con sede en la avenida Kirchner 496 de la capital provincial.

Casi al mismo tiempo, Sanfelice también apareció como empleado de López en Álcalis de la Patagonia. Lo es desde junio de 2006, aunque también figura como socio del "zar del juego" en la firma Talares de Posadas, desde abril de 2008, aunque López aclaró en una entrevista con LA NACION de marzo de 2011 que nunca se concretó.

Menos de dos años después de aquella entrevista, Sanfelice sirvió de enlace para las operaciones inmobiliarias entre los Kirchner y López, según confirmaron voceros del Grupo Indalo a LA NACION en marzo de este año, aunque remarcaron que la operatoria era legal.

López insistió en ese punto en la solicitada que días después difundió con críticas a este diario y a Clarín: "Ellos saben que Cristóbal López y su familia tienen todo su patrimonio en regla, resultado de una vida de negocios lícita sin necesidad de ocultarse, y se encuentra declarado ante los organismos correspondientes. Y sin embargo publican habitualmente notas donde sin dar ninguna prueba sugieren que algo está mal'. Así trabaja la extorsión pública".

A lo largo de toda esa solicitada, sin embargo, Cristóbal López evitó identificar por su nombre a los Kirchner, Sancho o Sanfelice como sus contrapartes inmobiliarias.

 

 

NUEVO INFORME DE STOLBIZER

La diputada nacional Margarita Stolbizer presentará más pruebas contra Cristóbal López. "Estamos preparando un informe con todas las vinculaciones; López tiene una hostería llamada El Retorno, miren qué lindo nombre, y la gente que se alojaba ahí, cuando pagaba con tarjeta, en la factura le aparecía el nombre del hotel Alto Calafate", detalló.

Con la colaboración de Mariela Arias.

Báez admitió a la AFIP que les pagó US$ 6,2 millones a los Kirchner

Por Hugo Alconada Mon

zaro Báez reconoció ante la AFIP lo que en público calla. Admitió que pagó por un total de 2300 habitaciones en el hotel Alto Calafate, de propiedad de la familia presidencial a lo largo de tres años, al mismo tiempo que alquiló dos de sus salones, según consta en los convenios confidenciales que entregó al órgano recaudador y cuya copia obtuvo LA NACION.

Fruto de esa operatoria hotelera, los Kirchner recaudaron por lo menos US$ 4 millones, más otros $ 11,5 millones entre fines de 2008 y mediados de 2013 a través de Hotesur, la firma con que controlan el hotel Alto Calafate, según surge de documentación adicional del grupo de empresas de Báez a la que accedió LA NACION. Es decir, un total cercano a los US$ 6,2 millones según la evolución del tipo de cambio a lo largo de todo ese período.

La operatoria que admitió Báez alcanzó a siete de sus empresas, según consta en esos y otros documentos a los que accedió este diario, que exponen una maniobra con dos grandes pasos. El primero fue que esas empresas firmaran convenios con Valle Mitre, la firma del propio Báez con la que gerenció el Alto Calafate entre 2008 y 2013. Y el segundo paso ocurrió cuando Valle Mitre, con los $ 23,7 millones que le aportaron esas siete empresas, comenzó a justificar los millones que empezó a pagarles a los Kirchner.

¿Qué decían esos tres contratos? Según reconstruyó la AFIP sobre la base de los documentos que aportó el propio Báez ante distintos organismos públicos, el primer contrato se selló el 10 de noviembre de 2008.

Es decir, apenas tres días después de que los Kirchner tomaron el control del Alto Calafate a través de Hotesur SA. Entonces firmaron un contrato "de locación" con Báez, quien aceptó pagarles US$ 80.000 más IVA por mes a los Kirchner entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, cerca de US$ 2,5 millones, más IVA.

Con el segundo contrato -"de cesión de explotación"- entre Báez y Hotesur, en tanto, el contratista de obra pública acordó un pago inicial de US$ 100.000 más otros US$ 40.000 por mes, también entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, otros 1,34 millones de dólares. Por último, con el tercero contrato "de locación" que reemplazó al primero y rigió entre mayo de 2011 y hasta su rescisión en julio de 2013, los Kirchner y Báez establecieron un canon de $ 408.000 por mes, más un seguro de US$ 5 millones. Es decir, casi $ 11,5 millones adicionales (cerca de US$ 2,4 millones según la evolución del tipo de cambio), más el seguro.

 

 

Consciente de la sensibilidad de esa información, Báez buscó que esos convenios se mantuvieran bajo llave cuando se los entregó a la AFIP. Trató además de recuperarlos en cuanto resultó posible. Pero igual salieron a la luz. Y exponen nuevas inconsistencias en los negocios hoteleros de los Kirchner con el empresario que recibió al menos $ 8800 millones de la Nación (en su mayoría con ejecución provincial) en contratos de obra pública durante los últimos 10 años.

LA NACION había revelado por primera vez los principales tramos de esta operatoria a fines de 2013, sobre la base de los registros contables del grupo Báez. Detalló que sus empresas pagaban millones de pesos por cientos de habitaciones en los hoteles de los Kirchner, sin utilizar esas reservas.

Ahora, LA NACION accedió a los convenios formales que Báez presentó a la AFIP para defenderse. Es decir, son los documentos que él reconoce como válidos, aunque el juez federal Claudio Bonadio buscó verificar si lo que aparecía en estos papeles coincidía con lo que de verdad ocurrió en El Calafate y Río Gallegos hasta que fue apartado de la investigación por presuntas maniobras de lavado.

¿Qué dicen esos convenios que presentó Báez ante la AFIP? Que al menos cinco de sus empresas pagaron por un número variable de habitaciones dobles por mes en el Alto Calafate -que con sus 103 habitaciones puede disponer hasta 3193 noches al mes-. Y que a esas habitaciones se sumaron los alquileres de dos salones durante 12 días al mes en ese hotel, durante años.

¿Cómo fue la operatoria, según Báez? Esas cinco empresas firmaron convenios con Valle Mitre, una firma abocada a la administración hotelera que controlaba el propio Báez, que también selló convenios con otras dos de sus empresas por supuestos "asesoramientos" en el rubro de marketing y turístico.

¿Cuál era el objetivo de esas contrataciones? Gracias a esos siete convenios, Valle Mitre se garantizó más de $ 23,7 millones, con los que Báez pudo justificar los tres contratos que Valle Mitre firmó a su vez con Hotesur, controlante del Alto Calafate.

¿Qué empresas participaron? La nave insignia del grupo Báez, Austral Construcciones, aparece como el principal sostén de la operatoria. Sólo esa constructora, con la firma del hijo de Lázaro, Martín Báez, acordó pagar hasta "500 noches" en el Alto Calafate, con un tope máximo de 20 habitaciones dobles por día. Pero el convenio no se agotó allí: también incluyó un acuerdo de "consultoría hotelera". ¿Cuánto pagó en total esta constructora a Valle Mitre? Algo más de $ 20,5 millones.

Por su parte, otra constructora de Báez, Kank y Costilla, se reservó otras 20 habitaciones por mes, entre julio de 2010 y noviembre de 2013, también con la firma de Martín Báez, aunque se acordó que sólo podría tomarlas con un tope máximo de 5 habitaciones dobles por noche. A cambio, desembolsó un total de $ 1,47 millón.

Una tercera constructora, Loscalzo y del Curto, se sumó a la operatoria, también con la rúbrica de Martín Báez. Acordó pagar por 16 habitaciones dobles por mes, también entre julio de 2010 y noviembre de 2013. A cambio, pagó otros $497.700.

A estas tres constructoras se sumaron dos sociedades de Báez -La Estación SA y Don Francisco SA-, que controlan estaciones de servicio, pero en Río Gallegos, a 300 kilómetros de El Calafate. Cada una acordó reservar un salón para al menos 30 personas durante 6 días al mes, durante 5 meses, más 24 habitaciones dobles al mes, también cada una por separado. ¿Retribución? Un desembolso de $ 248.850 cada firma.

Las dos últimas empresas de Báez que participaron en la operatoria no aparecen con reservas hoteleras. Pero sí con la contratación de Valle Mitre para su "asesoramiento". La constructora Badial, con la firma del propio Báez, aceptó pagarle $ 500.000 en 5 cuotas. Y Alucom, otros $ 193.550, también en 5 cuotas, con la firma de, otra vez, su hijo Martín.

Así, con todo ese flujo de fondos, Báez le garantizó ingresos millonarios a Valle Mitre con los que a su vez comenzó a pagarle a Hotesur.

Esa correlación directa con los intereses de los Kirchner quedó en evidencia cuando los Kirchner decidieron desplazar a Valle Mitre en 2013 y la reemplazaron con Idea SA, bajo el mando de Osvaldo "Bochi" Sanfelice, socio de Máximo Kirchner. De inmediato, se cayeron todos los convenios entre Valle Mitre y las empresas de Báez. Incluidos los que firmaron por su supuesto asesoramiento para emprendimientos turísticos propios en El Calafate y en Río Turbio.

¿Por qué Báez dio de baja a Valle Mitre cuando aún le reportaba ganancias con esos proyectos propios? No lo explicó. Pero queda claro que para el empresario, con el fin de la operatoria con los Kirchner, la administradora perdió su razón de ser. En cuestión de días la dio de baja en la AFIP..

Caso Hotesur

Domingo 23 de agosto de 2015

Investigación por lavado

Encuentran pruebas clave del nexo comercial entre los Kirchner y Báez

Entre la documentación recogida en la oficina de Máximo durante el allanamiento dispuesto por el juez Bonadio hay facturas, poderes, cheques y contratos de alquiler entre la familia presidencial y el empresario

Por Hugo Alconada Mon y Mariela Arias  | Para LA NACION

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Cristina Kirchner dice que no, pero los documentos muestran que sí. Los vínculos comerciales que unen a la familia presidencial con el empresario patagónico Lázaro Báez son mucho más amplios y profundos de lo que hasta ahora se sabía.

Y no fue necesario investigar demasiado para verificarlo: bastó con revisar qué guardaba Máximo Kirchner en su escritorio en Negocios Inmobiliarios, su oficina en Río Gallegos.

Un grupo de colaboradores del juez federal Claudio Bonadio cumplió con esa tarea cuando allanaron esa inmobiliaria y las sedes de otras empresas bajo investigación. ¿Qué encontraron? Según surge del acta de ese allanamiento, cuya copia obtuvo LA NACION, había facturas, cheques, poderes y varios contratos de alquiler entre el dueño de Austral Construcciones y el ex presidente Néstor Kirchner, en una relación comercial que luego continuó con su hijo Máximo, hoy candidato a diputado nacional.

El material recogido durante ese allanamiento contradice las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, quien afirmó el jueves que Lázaro Báez era sólo un empresario más, sin que los uniera ningún vínculo especial.

Por el contrario, demuestra una vinculación comercial muy fluida y en todo caso abre el interrogante sobre por qué el hijo de la Presidenta conserva tanta documentación de Austral Construcciones en los cajones de su oficina.

"Si soy amiga de él [por Báez], soy más amiga de otro; necesita mejores amigas", ironizó la Presidenta, mientras comparaba al empresario santacruceño con otros contratistas de obra pública que, de acuerdo con un listado difundido por el Ministerio de Planificación Federal, habían recibido más fondos desde el Estado nacional.

Esa documentación requerida por Bonadio se encuentra en poder del juez Daniel Rafecas, ahora a cargo de la causa.

La orden del juez Bonadio era que sus colaboradores se presentaran junto a agentes de la Policía Metropolitana en la sede de Negocios Inmobiliarios, en la calle Néstor Kirchner 496 de Río Gallegos, y pidieran toda la documentación por las buenas, pero aclaró que si recibían una respuesta negativa, procedieran al allanamiento del local, donde también mantienen su sede fiscal las sociedades Idea y Hotesur, controlante del Alto Calafate.

Y así fue. Primero los atendió una empleada, que los derivó al encargado, que les dijo que quería llamar a un abogado, Angel Jesús Vázquez -que integra la lista de conjueces que armó la Casa Rosada para el Juzgado federal de Río Gallegos-. Cuando a los 10 minutos apareció el letrado, les dijo que allí "no había ningún tipo de información referente" a lo que buscaban.

Entonces sí, la visita mutó en allanamiento. Y a medida que hurgaban se encontraron con un verdadero tesoro de documentos que vinculan a los Kirchner con Báez.

El operativo, que se extendió entre las 12.40 y las 19 del lunes 13 de julio pasado, también conllevó el conteo de $ 573.221 en efectivo, y el decomiso de libros contables y societarios, como así también la copia de los archivos de los discos rígidos de cinco computadoras.

Días después, la Cámara Federal porteña apartó a Bonadio de la causa que comenzó con una denuncia de Margarita Stolbizer y que quedó ahora en manos de Rafecas.

Durante el allanamiento a la inmobiliaria los emisarios de Bonadio recopilaron documentos sobre Alto Calafate y dinero en efectivo, pero también sobre la nave insignia de Báez, Austral Construcciones, constituida un mes antes de que Kirchner asumiera como presidente en 2003.

"Luego de ello, y continuando con al requisa, más precisamente en la última oficina que según dichos de Emanuel Gómez [por el apoderado de la inmobiliaria] pertenecería a Máximo Kirchner, pero no es utilizada desde hace bastante tiempo", indicó el inspector del área de Delitos y Crimen Organizado de la Policía Metropolitana que redactó el acta.

 

Foto: LA NACION 

 

La afirmación de que Máximo no utiliza esa oficina es, cuando menos, llamativa, porque el hijo presidencial acude a esa oficina a diario, donde mantiene sus reuniones laborales, comerciales y, durante las últimas semanas, las políticas. En cualquier caso, los responsables del operativo avanzaron igual. "Se procede al secuestro" de más documentos, consignaron en el acta. Entre otros, los siguientes:

• Un contrato de locación firmado entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones por el departamento "D", del quinto piso de Roca 952, un inmueble ubicado en pleno centro de Río Gallegos que pertenecía a los Kirchner desde 1982, pero que la constructora de Báez adquirió en 2008. Báez les pagó por él $ 380.000 a los Kirchner (unos US$ 115.000 al tipo de cambio entonces vigente), según consta en los registros catastrales que obtuvo y reveló LA NACION en 2013.
• Una carpeta de color marrón que en su tapa dice calle "Roca 952, 5to, 'D'" de Río Gallegos, que contiene tres facturas (186, 171 y 158) "emitidas por Néstor Carlos Kirchner y Austral Construcciones";
• Copia de un cheque, número 02203070, del Banco de Santa Cruz, emitido por Austral Construcciones;
• Dos recibos a nombre de Austral Construcciones;

• Una carpeta blanca que en su tapa dice "Carlos Kirchner y Austral Construcciones", que contiene 93 recibos celebrados entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones, aun cuando Carlos era el segundo nombre del ex presidente, pero también el primer nombre de su primo, funcionario del Ministerio de Planificación Federal.
• Dos contratos de locación entre el hijo de la Presidenta y esa constructora por un inmueble en la calle Orkeke 416 de Río Gallegos, es decir, un inmueble que adquirieron los Kirchner en 1981 y que durante años ocupó un funcionario de Vialidad nacional;
• Un poder general emitido por Austral Construcciones a favor de Martín Samuel Jacabos [sic; en alusión al contador Jacobs, de la constructora de Báez que también figuró en la sociedad Top Air del empresario, dedicada al transporte aéreo de pasajeros];
• Una cláusula accesoria entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones;
• Cinco fotocopias de los cheques 01709361 a 01709365.

Los hallazgos no se agotaron ahí. Porque los colaboradores de Bonadio, acompañados por efectivos de la Policía Metropolitana, también secuestraron:

• Cinco copias de recibos entre Néstor Kirchner y Austral Construcciones (números 170, 185, 197, 209 "y el último no registra numeración");
• Una copia del cheque 002203068 del Banco de Santa Cruz, "titular de la cuenta: Austral construcciones";
• Dos recibos (796 y 797) dirigidos a Austral Construcciones;
• Contrato de locaciones celebrado entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones, por un inmueble en la calle Brasil 520 de Río Gallegos, otro inmueble que la familia Kirchner adquirió en 1977, pero que en 2008 se la vendieron a Austral Construcciones, como reveló LA NACION.

A todo ese material se sumaron otros documentos contables y societarios de las firmas Negocios Inmobiliarios y Negocios Patagónicos. Y todo el material se remitió para que "permanezcan en depósito del Área Delitos y Crimen Organizado". Pero que cuando el juez Rafecas tomó el control del expediente, ordenó trasladar a dependencias de la Prefectura.

Al juez le queda ahora la tarea de verificar si Báez fue un empresario más para los Kirchner durante el período en que recibió más de $ 8800 millones de fondos federales con contratos de obra pública..