El enriquecimiento de un camarista
El juez Eduardo Freiler, quien con sus fallos favoreció en más de una ocasión al kirchnerismo, deberá despejar toda duda sobre su incremento patrimonial
Como integrante de la Sala I de la Cámara Federal, al juez Eduardo Freiler le tocó resolver en casos controvertidos y también muy sensibles para el kirchnerismo, y por lo general falló en sintonía con los intereses del Gobierno, como cuando firmó para liquidar el caso Skanska en el fuero federal y para apartar al juez federal Claudio Bonadio de la causa Hotesur, donde se investiga un presunto lavado de activos en los hoteles de la familia Kirchner.
Ahora, Freiler vuelve a ser materia de discusión luego de que LA NACION reveló que desde el año pasado es el dueño de una enorme casa de dos plantas y 1234 metros cuadrados en Olivos, cerca de la quinta presidencial. El camarista consignó que pagó 2,8 millones de pesos por ese inmueble, que según especialistas consultados por este diario costaría alrededor de 1,4 millones de dólares, cifra que no incluye los gastos que hasta el presente vienen demandando sus refacciones. Freiler respondió que hipotecó unos campos, que una parte de la compra se financió en cuotas y que en ese momento le comentaron que el valor ascendía a menos de 700.000 dólares.
Según se ha informado, el magistrado no proviene de una familia de fortuna y en su declaración jurada de 2012, dos años antes de comprar la casa, informó un patrimonio de poco más de 820.000 pesos, que incluía la mitad de una propiedad en Olivos, la mitad de un inmueble en Necochea, una camioneta, un yate, 12 caballos y diez lotes por un total de 15 hectáreas en las afueras de La Plata.
Con esos datos, el abogado Ricardo Monner Sans radicó una denuncia ante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito e incluyó la lista de automotores que serían propiedad del juez. Previamente, se lo denunció para que se investigue si violó la prohibición de ejercer actividades lucrativas que pesa sobre los jueces por su eventual participación en la financiera Minning Pride, fundada en 2012 con 500.000 pesos. En esa sociedad figura con una cuñada del juez federal Ariel Lijo. Freiler sostuvo que Minning Pride no llegó a funcionar.
A mediados de 2000, el entonces juez Carlos Liporaci compró una casa en Vicente López que le valió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y pedidos de destitución. El magistrado no podía justificar un patrimonio de unos 300.000 dólares con los ingresos que percibía como juez más los de su grupo familiar. Finalmente, optó por presentar su renuncia.
Dada la función que desempeña, la Justicia debería resolver a la brevedad las dos causas que pesan sobre Freiler. Pero también sería esperable que el propio juez despejara las dudas cuanto antes y justificara su patrimonio sin especular con los tiempos que suele demandar este tipo de procesos. Un juez debe dar el ejemplo, y más aún un camarista que ocupa un cargo decisivo para la suerte de las causas judiciales más sensibles para el poder político. Por eso, mientras no aclare acabadamente las dudas, las decisiones que adopte en esas causas serán motivo de fundadas sospechas.
