Denuncian intimidaciones de Cristóbal López a funcionarios en Tierra del Fuego
El titular del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas reveló presiones del empresario K. “No nos someteremos a su desproporcionado apetito económico y de poder”, dijo.
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El rey del juego. Cristóbal López tiene negocios de magnitud en petróleo, medios y la industria de la alimentación. |
Funcionarios de Tierra del Fuego denunciaron hoy públicamente presiones e intimidaciones del empresario K, Cristóbal López, a la provincia, y afirmaron que se encuentran en un litigio con el dueño de Casino Club, debido a que la empresa se negó a abonar el canon que la provincia le impuso para ejercer la actividad.
Desde hace dos días, la isla se encuentra sin juego en las casas de apuestas por un conflicto contractual con el proveedor del servicio informático. En el IPRA, a través de un comunicado firmado pro su titular, Ricardo Uribe, vincularon los problemas al litigio del ente autárquico con la firma de Cristóbal López.
El Instituto se encuentra en instancia de “apelación del fallo de una jueza que dictó sentencia en esta causa, inmediatamente un día antes de jubilarse”, explicaron en el organismo a través de un comunicado. “La firma Casino Club a través de su titular, Cristóbal López, se ha dirigido de modo intimidatorio a funcionarios de esferas de rango superior al del titular de un Organismo Autárquico”, denunció Uribe.
Uribe sostuvo que la decisión de la provincia es “no someterse ni someter al estado provincial al desproporcionado apetito económico y de poder, que se ha generado en torno al juego”. En declaraciones a medios locales, explicó que la empresa que provee el sistema de apuestas "está directamente relacionada a Casino Club, con quien venimos de una situación litigiosa por aumentarles el canon, de lo cual no hay aceptación por parte de la empresa".
En la isla, el servicio de sistematización está en manos de Altec SE, que lo tercerizó a través de Tecno Accion SA. El problema surgió en 2013, cuando por una sugerencia del Tribunal de Cuentas provincial, se inició un proceso de renegociación contractual, que la firma no aceptó al considerar que existía una claúsula para una prorroga automática.
“Este lunes, la empresa cesó la prestación del servicio, y luego de las comunicaciones con la firma solicitaron al IPRA que, a través de su presidente a cargo reconozca la existencia del contrato y la deuda, y que solicite un plan de pagos, bajo condición de restablecer el servicio en forma inmediata”, señaló Uribe, que deslizó que detrás de todo está Cristóbal López.
