El escenario
Un lugar entre los peores en libertad de expresión
Por
La libertad de expresión en la Argentina está bien sólo si se la compara con lo que sucede en Venezuela y Ecuador. Esta deducción es perfectamente posible después del último período de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) . Tampoco está mucho mejor que en Venezuela y Ecuador. El gobierno argentino se ubica siempre un paso atrás, pero cerca, de los atropellos que cometen el chavismo venezolano y la administración ecuatoriana de Rafael Correa. De hecho, esos tres países (y los Estados Unidos por el masivo espionaje cibernético) son los únicos mencionados en el documento final de la CIDH sobre el estado de la libertad de expresión en el continente.
La CIDH es la institución más importante de la OEA y tiene en la Argentina jerarquía constitucional. Es uno de los dos tribunales (el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos) a los que la Constitución les otorga la facultad de supervisar que se cumplan aquí los pactos internacionales sobre los derechos de las personas.
También en su relación con la CIDH el actual gobierno argentino se colocó sólo un poco atrás de Venezuela y Ecuador. El gobierno venezolano directamente abandonó la CIDH. Correa, en cambio, ordenó que su gobierno no enviara representantes a una reciente audiencia convocada por la CIDH para revisar casos de supuestas violaciones de la libertad de expresión.
El gobierno argentino, a su vez, decidió enviar representantes a una audiencia pedida por siete periodistas que denunciaron diferentes formas de agresión a su libertad.
Sin embargo, la administración cristinista descalificó previamente a los que representaban a los denunciantes, Magdalena Ruiz Guiñazú y quien esto escribe, y luego increpó a la propia Comisión, durante la audiencia, porque consideraba que un tema general ("La situación de la libertad de expresión en Argentina") no justificaba esa audiencia. Es la vieja costumbre del kirchnerismo: insulta al juez, por las dudas.
Desde mucho antes de que se realizara la audiencia, el 1° de noviembre, se sabía en Buenos Aires que el Gobierno había recibido con enorme desagrado la decisión de la Comisión de convocar a periodistas y funcionarios.
Fuentes oficiales argentinas aseguraron en su momento que el Gobierno insistiría hasta último momento para que se cancelara la audiencia.
Cierto o no, la audiencia se realizó, pero los representantes oficiales cuestionaron la decisión de la Comisión en sus propias narices. La Comisión recibió con inocultable malestar esas objeciones, como quedó claro en el documento final del período de audiencias, conocido anteayer.
La Comisión dedicó un largo párrafo a responder esos cuestionamientos y a recordar cuáles son sus atribuciones y sus obligaciones como garante de la plena vigencia de los derechos humanos en el continente.
La Comisión, de todos modos, podrá seguir en adelante el caso argentino con una percepción más real de la situación de la libertad de expresión en el país.
La "preocupación" expresada por la CIDH sobre las descalificaciones a los periodistas que habíamos denunciado al gobierno argentino puede interpretarse con claves del pasado o del presente.
En efecto, fue la propia embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, la que maltrató a los dos periodistas que asistimos a la audiencia de la CIDH en su página de Facebook. Eso sucedió horas antes de la audiencia.
Debe consignarse, al mismo tiempo, que Garré fue, luego, respetuosa y cordial con los periodistas durante la audiencia y que se limitó a presentar a los representantes que habían sido enviados por el gobierno nacional desde Buenos Aires. No dijo nada más.
El problema del Gobierno consiste en que no respondió a ninguna de las denuncias concretas que hicimos los periodistas. No hizo ninguna referencia, por ejemplo, al uso de los medios supuestamente públicos como herramientas de venganza, a través de la difamación y la descalificación, con el periodismo independiente.
Las denuncias de los periodistas argentinos fueron en este caso muy parecidas a las de periodistas venezolanos. La representación gubernamental argentina se limitó a leer una serie de enunciados de leyes y resoluciones que teóricamente garantizan la libertad de expresión.
Una de ellas es, por ejemplo, el protocolo del Ministerio de Seguridad sobre cómo deben actuar las fuerzas policiales en las manifestaciones públicas. ¿Qué tiene que ver eso con la denuncias sobre persecuciones a la prensa libre? Nada.
También gastó inútilmente el tiempo en una larga réplica a las denuncias sobre el manejo arbitrario de la publicidad oficial. Es un tema sobre el que no hay dudas, ni dentro ni fuera del país: el Gobierno hace lo que quiere, en perjuicio de sus enemigos y en beneficio de sus amigos, con esos recursos cada vez más millonarios.
Las pruebas no son las palabras de dos periodistas, sino las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Hay dos sentencias específicas sobre la publicidad oficial, el "caso Perfil" y el "caso Río Negro", y el Gobierno no cumplió con ninguna.
En su última resolución sobre la ley de medios audiovisuales, la Corte Suprema recordó su doctrina, según la cual la publicidad oficial no puede ser distribuida de acuerdo con el humor del gobernante.
Una denuncia concreta sobre las presiones del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a empresas privadas de supermercados y electrodomésticos para que no contrataran publicidad en los diarios LA NACION, Clarín y Perfil tampoco fue respondida.
Sobre este caso, hubo una pregunta directa de un comisionado a los representantes del Gobierno, pero ningún funcionario se dio por aludido. El silencio ante ese tribunal, frente a una denuncia de tanta gravedad institucional, ratificó la voluntad del Gobierno de presionar a empresas privadas para ahogar económicamente al periodismo independiente.
El Gobierno, como es su costumbre, dio luego por inexistente todo lo que lo incomodaba y se detuvo en que los periodistas no habíamos respondido sobre por qué no llevábamos las denuncias a la justicia argentina.
El tiempo de respuesta era de sólo cinco minutos. La Comisión aclaró que podía recibir las respuestas luego mediante documentos. Es lo que se está elaborando ahora.
No obstante, cabe agregar que hay denuncias hechas sobre varios de los temas planteados por el periodismo. Es el caso de Moreno o el de Papel Prensa.
¿Cómo denunciar, además, a los fanáticos kirchneristas, adoctrinados para insultar a periodistas en la vía pública? ¿Cómo, si huyen envueltos en el anonimato después de hacerlo?
Sobre la difamación de medios del Estado, y de medios privados financiados por el Gobierno, habrá fuertes denuncias en el fuero civil. Pero será cuando haya cesado una calumnia que es continua.
En rigor, las pruebas del periodismo son casi innecesarias. Las descalificaciones públicas de Garré. La arrogancia de la delegación del Gobierno ante la propia CIDH. El silencio de los funcionarios ante las denuncias específicas del periodismo.
Ésas son las pruebas más concretas con un resultado previsible: la crucial Comisión de la OEA tomará en adelante con más preocupación el caso argentino.
