Una auditoría de la AFIP
confirmó que Echegaray
espió a Macri
Justicia
También buscó información sobre otros políticos y sobre el mismo juez Bonadio,
que tiene la causa.
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Una auditoría interna de la AFIP que llegará en las próximas horas a manos del juez federal Claudio Bonadio confirma que el organismo espió a Mauricio Macri y a otras personalidades de la política bajo la gestión de Ricardo Echegaray. En total se produjeron ocho accesos a datos sensibles referidos al actual Presidente, entre agosto y octubre de 2015, todos ellos mientras se desarrollaba la campaña electoral. La orden partió de colaboradores directos del removido Auditor General de la Nación.
El 1 de octubre de 2015 hubo un insistente ingreso al sistema informático de la AFIP en busca de datos correspondientes a Macri. Entraron y salieron del registro fiscal en varias ocasiones, entre las 11:11 y las 13:52 de ese día, los agentes Carlos Campanelli, María Pía Révora y Sonia Drimer, que algunos vinculan a La Cámpora. Recibían órdenes de Julián Coronel, estrecho colaborador de Echegaray desde los tiempos de la ex ONCCA, que en aquel momento dirigía la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional y ahora trabajaba en la AGN junto a su histórico jefe. También dependían de la contadora Karina Vernier, por ese entonces a cargo del área metropolitana, que respondía al ex titular de la DGI, Angel Toninelli.
Estos datos tan puntillosos fueron aportados desde el área Sistemas y Telecomunicaciones de la AFIP y confirman el adelanto exclusivo de Clarín sobre estas maniobras de espionaje. Cuando reciba los papeles, además de las filtraciones sobre Macri, Bonadio podrá confirmar que insólitamente también él mismo fue sujeto de espionaje por parte del organismo.
La lista de personalidades investigadas incluye además al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y a varios integrantes del entorno de Macri: se esposa Juliana Awada; su amigo el constructor Nicolás Caputo; y el presidente de Boca, Daniel Angelici.
Pero la AFIP de Echegaray, según esta auditoría interna, no solo recabó información sensible sobre figuras ligadas al entonces candidato opositor. También hubo ingresos comprobados a las carpetas fiscales del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su esposa Alessandra Minicelli; y del ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. Todos ellos eran considerados rivales políticos del ex administrador federal de impuestos.
La investigación determinó además que la mayor parte de los pedidos para investigar a estas personalidades surgieron de una sección llamada “Control de Gestión”, que dependía de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas, a cargo de la mencionada Vernier. Esa área había sido creada por orden de Echegaray en marzo de 2015 con el objetivo de “confeccionar informes de situación fiscal (patrimonial, participantes, relaciones, etc.) de determinados ciudadanos y empresas”. Vernier, Coronel y una asesora de dicho funcionario, llamada María Marta Verdoya, eran quienes solían pedir ese tipo de trabajos.
En cambio no se pudo constatar filtraciones de información sobre otras figuras involucradas en la causa que maneja el juez Bonadío, que acaba de dictar el primer procesamiento de Echegaray en otro expediente judicial, vinculado con una falsa denuncia del funcionario kirchnerista contra el actual ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay. Fue ese procesamiento el que convenció al macrismo de avanzar con los trámites para pedir la revocatorio del mandato de Echegaray en la AGN. También por dicho proceso dentro de la AFIP se deberá iniciar un sumario interno que indague sobre el comportamiento de Echegaray, quien todavía es empleado estable de la Aduana, en la que comenzó a trabajar en 1996 en Río Gallegos.
A raíz de esta auditoría sobre el sistema informático, que abarca un plazo que va desde principios de 2015 a marzo de este año, ahora se sabe que “no hubo consultas al sistema” sobre el actual titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, ni sobre los jueces federales Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Julián Ercolini, Norberto Oyarbide, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros.
También se auditó qué sucedió con las carpetas de las empresas vinculadas a los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Lázaro Báez, y a IECSA, la constructora de Angelo Calcaterra, primo de Macri. En estos tres casos se detectaron decenas de consultas al sistema, pero por ahora es prematuro determinar si se trató de filtraciones, debido a la gran cantidad de causas judiciales en las que aparecen.
La segunda denuncia que se le vuelve en contra
La investigación que lleva a cabo el juez Claudio Bonadio sobre las posibles filtraciones de información secreta contenida en las bases de datos de la AFIP se originó en una denuncia que apuntaba contra la actual conducción del organismo, a cargo de Alberto Abad. Pero en base a los registros aportados por una auditoría interna, todo parece indicar que estas maniobras no se produjeron luego de la asunción del nuevo gobierno. Una vez más, ahora todas las sospechas apuntan hacia la gestión de Ricardo Echegaray.
El informe interno de la AFIP, en rigor, no niega los hechos denunciados, pero es concluyente en cuanto a que todas las filtraciones irregulares se produjeron el año pasado, cuando Echegaray era el recaudador.
Así, esta sería la segunda denuncia que salpica al funcionario kirchnerista cuando la intención original supuestamente era atacar a miembros del actual gobierno. El primer caso es el que derivó en el procesamiento de Echegaray que podría dejarlo afuera de la Auditoría. Esa otra causa tiene como protagonista al ministro Alfonso Prat Gay. Echegaray lo había denunciado por tener dinero en negro en el exterior, pero cuando se demostró la falsedad de tal acusación, Prat Gay contraatacó con una denuncia por falso testimonio y violación del secreto fiscal.
En este caso, todo se inicia con un correo anónimo de un supuesto empleado de la AFIP que denuncia todo tipo de filtraciones. El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade denunció el caso el 21 de marzo y esto derivó en la investigación penal, que originalmente apuntaba a determinar la responsabilidad de Abad; del titular de la DGI, Horacio Castagnola y, sobre todo, del nuevo subdirector de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, a quien se acusaba además de seguir órdenes de Lilita Carrió.
“Los mismos no realizaron consulta alguna a los sistemas obrantes del organismo respecto de los ciudadanos y empresas indicadas”, fue la conclusión de la auditoría, que en cambió sí detectó las maniobras en contra de Macri y sus allegados. La información que puede extraerse de las bases de AFIP está vinculados a las declaraciones juradas de impuestos, los movimientos y saldos de bancos, y hasta los consumos de tarjetas de crédito.
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