Sobreprecios: la Justicia de Santa Cruz sobresee a Lázaro Báez y hasta a Néstor Kirchner

IMPUNIDAD

El empresario kirchnerista y sus hijos obtuvieron un fallo favorable de una jueza de Río Gallegos en una causa penal por "cartelización" de la obra pública. También alcanzó al ex presidente y al gobernador Peralta.

Contacto. El ex presidente Néstor Kirchner y el empresario Lázaro Báez, años atrás, en la casa de la familia Kirchner en El Calafate. /OPI SANTA CRUZ

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El empresario kirchnerista Lázaro Báez y el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, fueron sobreseídos en una causa penal en la cual estaban imputados por presuntos "sobreprecios" y "cartelización" de la obra pública.

Fuentes judiciales informaron hoy a la agencia DyN que el fallo fue dictado por la jueza de instrucción de Río Gallegos, María Valeria López Leston, que siguió el dictamen favorable a los acusados que había emitido el fiscal Gabriel Giordano, quien consideró que en la causa no se acreditaron hechos de corrupción.

Los sobreseimientos alcanzaron también al difunto ex presidente Néstor Kirchner y a los hijos de Báez, Martín y Leandro, que también trabajan en la empresa familiar Austral Construcciones S.A., que se encarga de varias obras en Santa Cruz. 

"De las 1.464 obras que se han otorgado en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2013 sólo se ha adjudicado a las empresas en mira 108, es decir el 7,3 por ciento", sostuvo el fallo.

Y aseguró que las se realizaron "cumpliendo rigurosamente mediante procedimientos de licitación pública sin que las mismas hayan merecido objeciones de los órganos de control competentes".

También fue descartada la acusación por los sobreprecios en la obra pública ya que para Giordano la aplicación de incrementos frente a los pautado, lo que está establecido en el "decreto 1295/02 el cual establece el mecanismo para ello sobre las tablas publicadas mensualmente por el INDEC tomando como base los índices de la construcción y los precios internos mayoristas".

"El análisis de los cargos formulados sobre la imputación genérica sobre la existencia de sobreprecios y la cartelización conduce a descartar una presunta corrupción en el manejo de los fondos públicos y los procesos de licitación publica para la adjudicación de obras públicas por parte de los funcionarios sindicados", añade el fallo.

La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por la referente del ARI en Santa Cruz, Mariana Zuvic.