Editorial I
La colonización de la radio
Comprado, cooptado o coaccionado, el ámbito radial está completamentea merced del kirchnerismo
El 30 de diciembre de 2005, cuando el kirchnerismo gozaba de la más amplia aprobación popular justificada primordialmente por la recuperación económica, el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó echar de Radio Nacional a Pepe Eliaschev, cuyo clásico programa Esto que pasa se emitía en esa emisora desde 2001. En una carta pública, Eliaschev -fallecido en noviembre pasado- reveló que la entonces directora de la emisora, Mona Moncalvillo, había atribuido el despido a "órdenes de arriba".
Pocos le dieron a aquella censura fundacional, de la que este año se cumplirá una década, la relevancia que tuvo y que hoy revela el plan sistemático mediante el cual el Gobierno está a un paso de controlar todo lo que se dice en el éter. La grilla de 2015 es una muestra muy representativa de esa situación, con desplazamientos de periodistas y de programas críticos. Es que aquel despido fue el primero de una larga serie de movimientos que, de espaldas a la legislación en vigor en materia de libertad de prensa, el kirchnerismo dio para colonizar la radio, un medio de comunicación tradicional que, a pesar de sus problemas de viabilidad económica actual, sigue teniendo una altísima penetración en la sociedad.
Mediante abusos de poder -como el que afectaron a Eliaschev primero, luego a Nelson Castro, expulsado de Radio del Plata en 2009, tras el arribo de los empresarios kirchneristas Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, dueños de la constructora Electroingeniería, o hace poco en Radio 10, adquirida por el amigo personal del ex presidente Cristóbal López-, con la billetera generosa de la pauta oficial o mediante la persecución regulatoria que permite una ley de medios abusiva que, además, es aplicada discrecionalmente, el kirchnerismo controla por lo menos el 70% de los contenidos periodísticos que pueden escucharse en la AM y la FM porteña.
Además, de espaldas a la legislación y con poca difusión pública, florecieron estos años las radios del poder, como AM 750 -del líder del sindicato de porteros, dirigente peronista porteño y candidato a presidente de Boca Juniors, Víctor Santa María, Radio Cooperativa -la casa del líder piquetero Luis D'Elía, que consiguió su frecuencia cuando fue derribada la antena de la emisora que transmitía en ese dial- o la Radio de las Madres, de la que en 2008 fue expulsado el periodista Quique Pesoa.
Aunque la ley de medios impide a un mismo titular tener más de tres licencias en una misma ciudad, varios empresarios kirchneristas superan ese tope sin que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) parezca enterarse. Sergio Szpolski y su socio Matías Garfunkel (que hasta diciembre del año último decía no tener injerencia en la dirección editorial del extendido conglomerado de medios que comparten) controlan las AM América y Splendid, y las FM Rock & Pop y Vorterix, esta última en sociedad con Mario Pergolini, y el zar del juego Cristóbal López mantiene el control de todas las emisoras que, según la Afsca, Daniel Hadad tuvo que vender para adecuarse a la nueva ley (una AM y cuatro FM).
Este panorama se agravó en los últimos meses con los abruptos e ilegales cambios de propiedad de varias emisoras, entre ellas, FM Identidad 92.1 y AM Radio El Mundo, adquiridas por Szpolski, Garfunkel y Pergolini, y por Juan José Levy, respectivamente. Levy es un empresario farmacéutico que supo hacer buenos negocios con Venezuela y los defendió públicamente en 2010, en medio de denuncias por el pago de coimas para comerciar con aquel país. De FM Identidad (cuya frecuencia será usada por Vorterix) y El Mundo fueron levantados decenas de programas periodísticos críticos que, de la noche a la mañana, se quedaron sin aire.
El artículo 41 de la ley de medios, declarado constitucional por la Corte Suprema en 2013, prohíbe la transferencia de licencias. Es una prohibición absurda, pero completamente legal y vigente. Esa restricción y otras disposiciones de la polémica norma fueron palmariamente violadas en las operaciones mencionadas, pero en la Afsca se alzó una única voz para denunciarla, la del director por la oposición Gerardo Milman. Paradójicamente, en FM Identidad había encontrado Eliaschev una suerte de exilio interno en 2005 cuando Kirchner lo expulsó de Radio Nacional. Ahora, otro periodista en su situación ya no tendría ni siquiera esa posibilidad.
En el interior del país, donde el mercado publicitario es mucho menos relevante y no permite a las empresas de radio una solvencia que garantice la autonomía respecto del poder de turno, el panorama es aún mucho peor. Especialmente, entre las FM de localidades de menos de 50.000 habitantes, el control político sobre los medios y sobre la radio es prácticamente absoluto y elimina casi toda posibilidad de ejercer el derecho constitucional de la libertad de prensa, intrínsecamente unido a la libertad de expresión. Además, la instalación de las emisoras municipales creadas por la ley de medios, lejos de sumar pluralismo, está ahogando las mínimas voces críticas existentes.
Comprada, cooptada o coaccionada, la radio -no una emisora en particular, sino el medio genéricamente considerado está completamente a merced del kirchnerismo.
