Editorial I
Ley antiterrorista, nueva forma de extorsión oficial
El gobierno nacional ha lanzado un nuevo ataque a las empresas privadas para intentar diluir su responsabilidad en la crítica situación socioeconómica
Las amenazas ya no alcanzan. Los aprietes e intimidaciones de todo orden con los cuales el Gobierno silenció por años a la mayoría de los empresarios, y elevó a la heroicidad civil a los pocos que hicieron frente al escarnio público promovido desde el más alto estamento del Estado cada vez que alguien se atrevió a advertir las consecuencias de políticas sin rumbo cierto, se han convertido en pólvora mojada, inútil. La situación económica general habla por sí misma y todos saben que la teatralización del caso Griesa es el último componente, y no precisamente el primero, de una dirección infortunada sobre la que el Gobierno se negó a escuchar cuantas advertencias se le habían formulado, en general de forma privada, a fin de evitar represalias.
Como quien quiere tapar el sol con una mano, con el fin de desligarse de cualquier responsabilidad en la severa crisis moral, social y económica actual, la presidenta de la Nación adjudicó la quiebra de la empresa gráfica Donnelley a una "maniobra" contra el país que apunta a "generar un clima de temor" en la población. De inmediato, anunció que promoverá la aplicación de la tan cuestionada ley antiterrorista contra esa compañía.
Este anuncio presidencial, sumado al impulso oficial de un proyecto tendiente a modificar la ley de abastecimiento para posibilitar un mayor intervencionismo estatal en el sector privado, no hará más que aumentar la incertidumbre y desalentar inversiones productivas, en momentos en que la economía atraviesa un proceso inflacionario y, a la vez, recesivo, que está provocando suspensiones y despidos en distintas actividades.
La ley antiterrorista, sancionada a fines de 2011 por iniciativa del kirchnerismo, ha incorporado al Código Penal nuevos artículos para penalizar acciones definidas con tan alto grado de generalidad, que permitiría criminalizar un gran universo de conductas aunque nada tengan de terroristas.
Desde un principio, hemos advertido sobre los peligros que encerraba esta norma, que aumenta las penas de todos los delitos que se cometan con "la finalidad de aterrorizar a la población" o de "obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
La ley en cuestión pareció haber sido sancionada precisamente con la intención de emplear su laxitud para presionar, extorsionar, perseguir o castigar a quienes no comulgan con el Gobierno o se oponen a algunas de sus medidas.
El primer antecedente del mal empleo de esta norma se produjo meses atrás en Santiago del Estero, cuando el fiscal federal acusó a un periodista de incitar a la violencia colectiva contra las instituciones con la finalidad de aterrorizar a la población, por el simple hecho de filmar y difundir la brutal detención de un efectivo policial que protestaba en la plaza central de la capital provincial por demandas salariales.
Ahora, con el anuncio de la presidenta Cristina Kirchner sobre la utilización de la norma antiterrorista contra la empresa Donnelley, el mensaje que se busca dar es que, en adelante, se podría encarcelar a los empresarios que provoquen despidos de trabajadores e incluso a los periodistas y dueños de medios de comunicación que informen sobre la real gravedad de la situación socioeconómica. Aunque suene absurdo, esto parecería tan cierto como las sorprendentes declaraciones públicas de la primera mandataria, cuando acusó a "ciertos medios que se plegaron decididamente a la maniobra (por la quiebra de Donnelley) y que con grandes titulares anunciaban que se quedaban cuatrocientas personas en la calle".
En lugar de divulgar irresponsablemente la trasnochada idea de que una empresa que durante años invirtió en el país podría cerrar sus puertas con el simple fin de desestabilizarlo o de atemorizar a su población, las autoridades deberían preguntarse dónde están el verdadero terrorismo económico y los verdaderos buitres que, de la mano de un creciente gasto público improductivo y de una emisión monetaria descontrolada, están conduciendo a la Argentina a través de un tenebroso túnel del tiempo, hacia un oprobioso pasado.
El Gobierno se ha subido a una montaña rusa de recorrido final incierto. Y no hay acto oficialista que valga ni cadena oficial que cumpla con eficacia la voluntad de neutralizar los efectos políticos de una crisis socioeconómica anunciada.
A la angustia de los industriales podríamos sumar la del sector de servicios, con baja de consumo, o el caso de escribanías e inmobiliarias paralizadas por el cepo cambiario. También la del campo, ese multiplicador de riquezas sin el cual el kirchnerismo no hubiera sido ni la sombra de lo que consiguió ser al alzarse, como buitre avaricioso, con la mayor parte de los ingresos por exportaciones logrados por la producción agropecuaria.
Despreocupado del porvenir de la Nación y concentrado en la acumulación inmediata de poder como obsesión, inquieto por su proyecto de poder antes que por un proyecto de nación, ahora el kirchnerismo debe responder preguntas que están en boca de la opinión pública y en especial de quienes desertan de sus filas. ¿Por qué dejó que se degrade la infraestructura del país? ¿Por qué la educación pública se vació de contenido y fue inoculada por las miserias de un revisionismo que ni se atreve a ser nacionalista del todo ni marxista por entero, pero es una manifestación difusa de anacronismo y superstición política? ¿Por qué la seguridad física de los habitantes es un bien que se mendiga y un derecho que se ultraja? ¿Por qué, en fin, la insuficiencia energética ha convertido a la Argentina, de exportador de gas y petróleo, en un consumidor con dependencia económica y política de importaciones por más de 10.000 de millones de dólares anuales, que a este paso habrá de verse si se pueden afrontar en el futuro inmediato?
Por aquel camino de desorden, corrupción, dilapidación de fondos públicos, inflación, intervencionismo, demagogia populista y pendencias sin cuartel, que rozaron hasta al Papa el mismo día de su unción y que hoy se dirigen contra las empresas privadas, el país podría estrellarse. Pero hay otro riesgo, no menos probable: que se persista en hundir a la Argentina en la irrelevancia y en el triste sendero transitado por la Venezuela chavista..
