Boudou ya es mucho más que un muerto político
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No sólo el sentido común indica que Amado Boudou ha quedado inhabilitado moralmente para reemplazar a la Presidenta en su ausencia o incluso para presidir las sesiones del Senado. Hay en esto coincidencia en todo el arco político opositor y también en no pocos legisladores del oficialismo que, desde hace bastante tiempo, sienten desprecio por el vicepresidente de la Nación.
En las últimas horas, tan pronto como tomó estado público la decisión del juez Ariel Lijo de procesar a Boudou por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función, prácticamente toda la oposición política reclamó el juicio político del vicepresidente, ante la presunción de que éste no presentará su renuncia. Se trata de una alternativa que el kirchnerismo, que controla con su número el Congreso, no admitirá.
En cambio, la salida que puede ofrecer un pedido de licencia de Boudou sería hoy algo menos improbable. El hecho de que, en febrero pasado, Cristina Kirchner impusiera como presidente provisional del Senado y segundo en la sucesión presidencial al legislador santiagueño de origen radical Gerardo Zamora, a pesar de la resistencia casi unánime del resto de los senadores oficialistas, dio cuenta de que la Presidenta ya imaginaba que Boudou podía sufrir una desgraciaen la Justicia.
Las cinco semanas en que el vicepresidente estuvo al frente del Poder Ejecutivo a raíz de la intervención quirúrgica a la cual se sometió la primera mandataria en octubre último mostraron también la desconfianza que genera Boudou hasta en muchos de los propios funcionarios kirchneristas. El Gobierno quedó virtualmente en manos de Carlos Zannini, al tiempo que el ministro Florencio Randazzo hasta se jactó públicamente de que no debía consultar decisiones relevantes con el vicepresidente en ejercicio de la presidencia.
Hay un argumento que pondría en evidencia las contradicciones del kirchnerismo si la Presidenta optara por seguir respaldando la continuidad de Boudou en su cargo. Es que por mucho menos se suspendió en sus funciones al fiscal José María Campagnoli, por el presunto delito de excederse en sus funciones al investigar hechos ilícitos asociados al empresario Lázaro Báez y al poder político.
Frente a anteriores escándalos de corrupción, el kirchnerismo reaccionó de distinta manera que ante la situación de Boudou. En tiempos en que Néstor Kirchner presidía el país, Felisa Miceli fue forzada a dejar el Ministerio de Economía cuando se descubrió una sospechosa bolsa con dinero en el baño de su despacho oficial. Lo mismo ocurrió con Claudio Uberti, titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, tras el escándalo por la valija de Antonini Wilson, y con el subsecretario de Obras Públicas Raúl Rodríguez por el caso Skanska.
Cristina Kirchner se hubiera ahorrado dolores de cabeza y algunos puntos de imagen negativa si se hubiera desprendido a tiempo de su vicepresidente. Por diversas razones, se empeñó en respaldarlo. Hubo un motivo central: siempre pensó que entregar la cabeza de Boudou hubiera significado una fuerte señal de debilidad. También se conjeturó, con razonables elementos de juicio, que detrás del negocio que habría armado Boudou con la ex imprenta Ciccone habría una red de complicidades que abarcaría a otros hombres del Gobierno y que Néstor Kirchner habría sido el primero en pedirle al entonces ministro de Economía y actual vicepresidente que desarticulara la posibilidad de que la empresa Boldt, a la cual se vinculaba desde el kirchnerismo con Eduardo Duhalde, se quedara con su control. Ese dato podría haber llevado a la Presidenta a proteger al vicepresidente con la intención de resguardar secretos comprometedores.
Pero lo cierto es que el procesamiento de Boudou y sus terminantes fundamentos dan cuenta de una inusitada gravedad institucional, en tanto estamos ante el primer vicepresidente en la historia argentina que sería juzgado por hechos de corrupción. ¿Cuánto duraría en su cargo un funcionario en una democracia normal, en iguales circunstancias?
La situación del vicepresidente pone también de manifiesto las dificultades que está empezando a padecer con la Justicia un gobierno muy poco acostumbrado a someterse a las decisiones judiciales cuando éstas no son de su agrado.
Lo que está ocurriendo en el contexto de las derivaciones del fallo de la justicia estadounidense favorable a los "holdouts", como se conoce a los acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda y demandaron a la Argentina, es ilustrativo sobre aquella cuestión. Todavía sorprende el comunicado que el gobierno nacional emitió el jueves pasado, luego de depositar el pago destinado a los bonistas que aceptaron el canje, en contradicción con la sentencia del juez de Nueva York, Thomas Griesa, quien prohibió esos giros si no se abonaba al mismo tiempo una suma similar a los llamados "fondos buitre" beneficiados por su fallo.
En ese comunicado, el Gobierno formuló una advertencia respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos, por la responsabilidad internacional que le cabe ante las decisiones de su Poder Judicial. Sobrevuela en ese mensaje la idea de que el gobierno de Barack Obama tendría que disciplinar al juez Griesa y hacerle entender cómo debería funcionar el mundo según la particular óptica kirchnerista. Esta concepción cultural se basa en la creencia en que existe un poder, el Ejecutivo, por encima de los demás, al tiempo que pretende desconocer que el poder debe someterse al derecho.
Ante la decisión del Gobierno de transferir 539 millones de dólares al Bank of New York para los bonistas que ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, Griesa ordenó a esa entidad que devolviera el depósito al Estado argentino, echando por tierra las versiones de un acuerdo secreto entre el gobierno nacional y los fondos buitre para abonarles la deuda sin que parezca un pago voluntario sino forzado. El juez consideró "ilegal" cualquier intento de pagarles a los bonistas que ingresaron en el canje sin pagarles al mismo tiempo a quienes demandaron a la Argentina y tienen sentencia favorable de la justicia estadounidense.
La Argentina tiene un mes para negociar un acuerdo con los holdouts. En ese plazo vencerá el mes de gracia para no entrar en default con los bonistas que ingresaron en el canje y que cobran en el extranjero. En el mercado local e internacional prevalece una posición mayoritariamente optimista, en el sentido de que Cristina Kirchner privilegiará la racionalidad y hará todo lo necesario para evitar un default que tendría graves consecuencias para el país y su propio gobierno.
Esto no quiere decir que no haya temores a que un gobierno acostumbrado a jugar en la cornisa pueda precipitarse al vacío o verse tentado a patear el tablero internacional. En uno de los párrafos del citado comunicado oficial, titulado "Argentina paga", subraya "el respaldo internacional que ha tenido" el país frente a quienes intentan "ponernos de rodillas ante usureros de carácter global". El riesgo de que el gobierno cristinista crea que puede desatar una revolución global contra el capitalismo salvaje, con la Argentina como mascarón de proa no sería lejano, si nos dejamos llevar por algunos discursos oficiales, de los que siempre cuesta determinar cuánto hay de realidad y cuánto de "fulbito para la tribuna".
Una adecuada lectura del procesamiento de Boudou nos permitiría inferir que los verdaderos "buitres" están entre nosotros y no en Nueva York.
