Elecciones 2013 / Rumbo a las legislativas de octubre
En plena campaña, el Gobierno elevó drásticamente los gastos
En los primeros ocho meses del año, las partidas presupuestarias decididas por decreto crecieron 1054% si se las compara con el mismo período de 2012
Que en un año electoral el gasto público se desborda no es una novedad. Sin embargo, este año el aumento del gasto superó todos los límites: en los primeros ocho meses de 2013, las partidas presupuestarias subieron un 1054 por ciento si se comparan con igual período de 2012, un año no electoral.
En efecto, por medio del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que emitió el martes pasado, el Gobierno aumentó de un saque el gasto público en 23.160 millones de pesos, lo que representa el 3,6% del total del presupuesto. Para dimensionar lo que esta cifra representa, basta compararla con años anteriores: según datos oficiales consignados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), en 2012, durante el mismo período enero-agosto, las partidas aumentaron en 2196 millones de pesos, lo que representó el 0,4% del total presupuestado para ese año.
Si la comparación es con otro año electoral, por ejemplo 2011, se comprobará que el ritmo del gasto actual es mucho mayor. En efecto, en los ocho primeros meses de aquel año las partidas habían aumentado casi 11.000 millones de pesos, el 2,9% del total del presupuesto de ese ejercicio.
¿Cómo se financia semejante incremento presupuestario para este año electoral? Según los fundamentos del DNU, los recursos provienen de las mayores utilidades del Banco Central (BCRA) y, lo que es más relevante, de los créditos que estaban originalmente destinados al pago del cupón PBI, unos 3500 millones de dólares. El Gobierno pudo esquivar esta obligación porque ese pago se gatilla si el crecimiento del país supera el 3,25%, cosa que no sucedió el año pasado, que creció el 1,9%. En resumidas cuentas, el Gobierno se hizo de 3500 millones de dólares de reservas del BCRA y las volcó al gasto doméstico justamente en un año electoral, maniobra que la oposición había denunciado el año pasado cuando se debatió el presupuesto 2013.
Aún así, con estos aportes extras de las reservas, el déficit fiscal aumentó en más de 11.000 millones de pesos, según consigna también el DNU.
Ahora bien, ¿en qué se gastan tantos recursos? La mayor parte de los fondos van destinados al pago de subsidios: poco más de 8300 millones de pesos para la energía eléctrica y otros 1579 millones para el transporte urbano.
Pero el grueso del aumento del gasto fue a financiar empresas públicas, como Enarsa, Yacimientos Carboníferos del Río Turbio, Arsat, Entidad Binacional Yacyretá, AySA, Nucleoeléctrica Argentina SA, Ferrocarril General Belgrano SA, Tandanor y el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Todas ellas recibieron un refuerzo presupuestario por la friolera de 14.182 millones de pesos.
Mucho más módica fue la suba para gastos de salud, que, por todo concepto, recibió unos 1500 millones de pesos. O para el Ministerio de Seguridad, que embolsó 1170 millones extras, muy lejos de lo que se destina a financiar las empresas públicas.
NÚMEROS LLAMATIVOS
Hay otros gastos que llaman la atención. Por ejemplo, al Senado -que, como la Cámara de Diputados, apenas si tuvo actividad este año- este último decreto y otras decisiones administrativas anteriores le elevaron su partida de 1300 millones anuales a poco más de 1800 millones. Y si observamos el presupuesto de prensa y difusión de los gastos de gobierno, la sorpresa es todavía mayor: de los 753 millones pautados originalmente para todo este año, su partida se incrementó ahora a casi 1200 millones.
Más allá de estos gastos polémicos, la pregunta es: ¿es correcto volcar los recursos de las reservas originalmente destinadas a pagar a bonistas al gasto doméstico?
"Lo mejor hubiera sido ahorrar esos recursos, justamente en momentos de escasez de dólares y de baja de reservas -respondió a LA NACION el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf)-. En primer lugar, el Gobierno estuvo mal en haber incluido la partida para pagar el cupón PBI cuando sabía que no la iba a utilizar para ese fin. Ahora reasigna las partidas de gasto con financiamiento de emisión monetaria."
Argañaraz, al igual que su colega Walter Agosto, de la consultora @Fiscal , está convencido de que el gasto este año se va a acelerar todavía más conforme se acerquen las elecciones. "Lo más razonable, salvo una contingencia, es manejar el gasto con criterio de austeridad, bajando el gasto y mejorando el resultado fiscal. Pero este gobierno optó por lo contrario, con el agravante de que el desequilibrio financiero se financia con mayor emisión, con el consiguiente impacto inflacionario, que afecta a los sectores más vulnerables", explicó Agosto.
El problema es el descontrol en la asignación del gasto, insiste por su parte el diputado radical y economista mendocino Enrique Vaquié.
"Los subsidios adoptaron una dinámica descontrolada y sumamente inequitativa. Por ejemplo, en servicio eléctrico, los mendocinos gastamos en promedio por año unos 1000 pesos más por usuario que los residentes en la Capital y el conurbano bonaerense. La misma diferencia sucede con Córdoba, Santa Fe y otros puntos del país", explicó Vaquié.
El diputado insistió en que el gasto debería ejecutarse "con sentido económico y social", no como ahora.
NO DEBATIRÁN POR AHORA LEYES ECONÓMICAS CLAVE
El oficialismo tendría previsto postergar para después de las elecciones de octubre próximo el debate legislativo de leyes económicas clave, como el presupuesto 2014 y las prórrogas de la emergencia económica y del impuesto al cheque, que vencerán el 31 de diciembre próximo.
"Difícilmente logremos reunir el quórum en estos días de campaña. Y no podemos arriesgarnos a un fracaso antes de las elecciones", anticipó a LA NACION una importante fuente oficialista.
Tras la derrota en las primarias, el bloque oficialista que conduce la diputada Juliana Di Tullio no estaría en condiciones de exhibir la disciplina de otros tiempos. "Hay diputados en campaña y otros que no fueron incluidos en las listas para renovar su banca, por lo que no tienen ninguna motivación para sentarse y votar, menos aún leyes polémicas", deslizó un diputado oficialista.
