YPF - Chevron: Un acuerdo testimonial
Solapas principales
Por Eliana Miranda
Para explotar Vaca Muerta se necesitan 37.000 millones de dólares, mucho más de los 1.240 millones del acuerdo de YPF con Chevron. YPF carece de recursos propios para ese desarrollo: su utilidad neta en 2012fue de 800 millones de dólares, debajo de los 5.240 millones que Miguel Gallucio proyectaba invertir anualmente con cash flow propio.
Esta semana, y por decreto, se estableció un nuevo régimen de promoción para la explotación de hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales. Entre las empresas que aplican para acceder a los beneficios se encuentra Chevron que, mediante un Acuerdo de Proyecto de Inversión firmado con YPF, se comprometió a invertir 1.240 millones de dólares para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. Este acuerdo parece más bien testimonial, porque por el momento luce insuficiente para desarrollar el área: para explotar esta formación se necesita una inversión en torno a los 37.000 millones de dólares en los próximos 5 años, según los propios cálculos de Miguel Gallucio, actual CEO de la compañía. YPF carece de recursos propios para ese desarrollo: su utilidad neta cayó un 12% en 2012, alcanzando 800 millones de dólares, muy por debajo de los 5.240 millones que Gallucio proyectaba invertir anualmente con cash flow propio en su “plan de los 100 días”. La carencia de recursos propios pone de manifiesto la necesidad de atraer inversiones privadas, pero el mecanismo elegido parece seguir la lógica del “caso por caso”.
El decreto 929/13 genera incentivos concretos para quienes inviertan, pero nace dentro de una política energética nacional errática, que se ha ido modificado, sin un rumbo claro, por medio de sucesivas regulaciones (sobre precios internos, retenciones, etc.). Políticas más generales, como la introducción del cepo cambiario y la limitación a girar dividendos al exterior se sumaron para condicionar las posibilidades del sector. La declinación natural de los yacimientos necesita de cuantiosas inversiones en exploración que incrementen la probabilidad de hallar recursos. Los malos incentivos que ha generado la política energética están a la vista: en la década que va desde 2003 a 2012 se hicieron, en promedio, 57 pozos exploratorios por año, muy por debajo de los 86 que se hacían, en promedio, en la década previa. Llamativa es también la mejora en el porcentaje de éxito: el 80% de los pozos de exploración realizados en la última década fueron productivos, un porcentaje llamativamente alto, y que compara con el 50% verificado en la década previa. Esto se explicaría, en parte, en la asunción de menores riesgos en la exploración. Mayores inversiones son necesarias si se busca recuperar el autoabastecimiento perdido en 2011. La Argentina está dando recién sus primeros pasos en la explotación de recursos no convencionales, una actividad que lleva muchos años desarrollar. Todavía no se conoce con precisión la zona, ni se sabe a ciencia cierta si el precio a 7,5 dólares el MBTU que se estableció para la producción incremental, alcanza para extraer gas no convencional. El recurso se transforma en reserva recién cuando económicamente se puede poner en superficie.
Las necesidades de importación de energía de nuestro país crecen a pasos agigantados de un año a otro: más que se duplicaron entre 2010 y 2011, se estancaron en 2012 con el enfriamiento de la economía, y superarían los 13.000 millones de dólares en 2013, un aumento cercano al 50% interanual. A pesar de lo previsible de esta tendencia, las compras al exterior no están bien planificadas, lo que ocasiona costos mayores aún. Las importaciones crecientes son el resultado de un aumento de consumo a la par de la caída en la producción. A este ritmo estaríamos importando cerca de 20.000 millones de dólares en un futuro próximo. ¿Con qué recursos?, cabe preguntarse. El déficit energético de 3.050 millones de dólares del año pasado podría ascender hasta 8.000 este año.
El decreto 929/13 busca generar mayores incentivos a la inversión, pero no está en línea con el marco general que regula al sector. Hoy está vigente el decreto 1277/12, sancionado poco más de un año atrás, que tenía por objeto reglamentar la reestatización de YPF, pero que avanzó mucho más allá, profundizando el modelo intervencionista: la Comisión de Planificación dirigida por Kicillof y Moreno define los precios de las naftas y combustibles y las ganancias que tendrán las petroleras, como así también los planes de inversiones que deberán cumplir en forma obligatoria durante un año. La Comisión de Planificación del sector “establecerá los criterios que regirán las operaciones del mercado interno” para "asegurar precios comerciales razonables" y auditará costos y precios de venta para "evitar y/o corregir conductas distorsivas" y para que las empresas obtengan una “ganancia razonable”. (Artículos 27º y 28º del decreto 1277/12). El anterior decreto había avanzado un paso más en la injerencia sobre la renta petrolera, generando imprevisibilidad sobre los ingresos futuros de las empresas productoras y a YPF se le hizo cada vez más cuesta arriba conseguir las inversiones que Gallucio proyectaba en su plan.
El nuevo decreto revierte, en el margen, el espíritu intervencionista, porque establece una desregulación para una parte del sector: a los 5 años de comenzar la inversión, se le otorga al titular de la concesión de explotación la libre disponibilidad del 20% de los recursos extraídos para su exportación, eximiéndolo del pago de las retenciones. Sin embargo, nadie sabe qué condiciones pesarán sobre el 80% restante. El decreto de 2012 continúa vigente. La ambivalencia en las regulaciones presenta el interrogante de cual espíritu habrá de prevalecer. ¿La desregulación que busca mayores incentivos a la inversión? ¿o la regulación, para que las empresas tengan una “ganancia razonable”?
En una situación tan crítica como la que enfrenta nuestro país en materia energética no debería ponerse en duda que la asociación público-privada es el mejor camino para desarrollar un proyecto tan ambicioso, tanto en el plano sectorial como a nivel país. Esto debe ir acompañado de regulaciones y de un exhaustivo control (hoy limitado) en materia ambiental.
Llama la atención que los primeros pasos para recuperar el autoabastecimiento energético sean asumidos por Chevron, ya que su producción en el país se desplomó en los últimos 10 años: la producción de petróleo cayó 61% en la última década y la de gas, 82%. Es cierto que no ha sido la única empresa con pérdidas de producción (la mayoría de las grandes han verificado signos negativos en la comparación 2002/2012); pero la firma aludida es una de las que más participación perdió en la producción local: desde 9,2% en 2002 hasta 5,2% en 2012 en el caso del petróleo, y de 2,9% a 0,6% en el caso del gas. Al propiciar este acuerdo, el gobierno parece haberse inspirado en el aforismo de Groucho Marx “Estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros”.
La existencia de los recursos en Vaca Muerta y en la formación Los Molles, y los avances tecnológicos para extraer este tipo de recursos, originados en los Estados Unidos tras décadas de investigación, son excelentes noticias para un país como la Argentina altamente gas-dependiente. El gas es nuestro principal insumo de energía primaria: hace 30 años, representaba poco más de un tercio de nuestra matriz energética, hoy ya representa más de la mitad, y las reservas alcanzan para sólo 7 años. Ahora se ve más claro que, cuando el gobierno expropió YPF, estaba lejos de mostrar todas sus cartas. ¿Improvisación o premeditación?
