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La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI) envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, con observaciones y un pedido de nulidad del decreto por el cual se dispone la intervención transitoria de la Compañía de Valores Sudamericana, que se trata hoy junto con la ley que tiene media sanción del Senado que declara de utilidad pública la ex imprenta Ciccone.
La legisladora sostiene que el DNU "no sólo tiene el objeto de entorpecer el accionar judicial en la búsqueda de la verdad de los hechos, sino que además, resulta un grave precedente que configura el apoderamiento de una empresa privada por intervención de un poder político del Estado".
Según Carrió, el reglamento de la Cámara de Diputados prevé "la posibilidad de realizar observaciones" por lo que resolvió escribir al presidente Domínguez: "Observo y solicito se declare la nulidad absoluta e insanable del Decreto".
"El decreto que dispone la intervención transitoria de la Compañía de Valores Sudamericana no sólo configura una maniobra para encubrir delitos que están siendo investigados en sede judicial sino que es además un precedente de gravedad institucional, ya que de aprobarse se da una concesión de facultades extraordinarias, una usurpación de funciones y una violación flagrante de la forma republicana de gobierno, que viola derechos y garantías básicas de nuestro Estado Constitucional y Democrático", le escribió Carrió a Domínguez. La planta impresora de billetes ya está bajo control del Estado y de un funcionario de La Cámpora. Foto: LA NACION / Ricardo PristuplukCarrió detalló que "la intervención, ocupación, desposesión o como intente llamarse no es una acción que el poder político, ya sea el Poder Ejecutivo, o el Poder Legislativo pueden llevar adelante per se , simplemente porque no tiene ninguna facultad constitucional o legal para conculcar de esta manera derechos como el de propiedad o el ejercicio del comercio o cualquier industria lícita".
"La expropiación es un límite válido y constitucional al derecho de propiedad, pero que para que proceda deben darse los supuestos de la declaración de la utilidad pública por ley formal, es decir emanada del Congreso de la Nación y la indemnización previa e integral del valor de aquel bien", sostuvo Carrió en la misiva.
La diputada de la CC ARI sostuvo también: "No ignoramos, que Compañía de Valores Sudamericana es una sociedad adquirida por sus nuevos dueños, los cuales se desconocen, de una manera espuria e ilegal. Aun así nos preocupa el precedente, el accionar del Poder Ejecutivo, porque el Estado de Derecho rige para todos los habitantes de la Nación, para cada uno de los dueños, que deben conocerse y a los que corresponderá rendir cuentas en la justicia, para los acreedores de esa empresa, y para todos los ciudadanos que deben vivir en las reglas y con las garantías del Estado de Derecho".
"Tenemos la convicción que se trata de una acción desplegada a fin de encubrir o al menos facilitar el encubrimiento de sucesos que aún están siendo investigados por la Justicia penal, cuando todavía no ha habido resolución judicial al respecto que permita tener por esclarecidos puntos sustanciales sobre lo ocurrido. Sucesos que podrían configurar ilícitos penales, con la posible participación de funcionarios del Gobierno Nacional, el que a su vez tiene hoy en sus manos el control de la empresa , a través de la ocupación de la misma. Procedimiento, que parece tornarse un modus operandi de este Gobierno".
"Con esta medida mediante la cual el Gobierno pretende tener el control de todo (y con esto nos referimos particularmente, al control sobre lo pasado en la empresa), se estarían favoreciendo circunstancias que podrían configurar incluso, la figura de encubrimiento tipificada en el artículo 277 del Código Penal. Es decir, estaríamos colaborando para que funcionarios del Poder Ejecutivo ayuden a otro/s funcionario/s o a empresarios vinculados, a eludir las investigaciones de la justicia; u oculten, alteren o hagan desaparecer documentación fundamental para la acreditación de operaciones delictivas; o aseguren o ayuden a los autores o partícipes de los delitos investigados, a asegurar el producto o provecho del delito", afirmó Carrió en la carta con observaciones al DNU.
