El Gobierno cree que manteniéndose en silencio o pronunciando frases hechas con tono compungido podrá ir capeando el temporal generado por el caso Candela.
Finalmente, como uno de sus socios políticos exhibe en el anillo, “Todo pasa”. La idea es presentar el caso como una acción del crimen organizado y así evitar que se confunda con una muestra de inseguridad. Las imágenes de la pueblada en Hurlingham, de las marchas y de la indignación popular frente al hecho no les gustan nada: nunca se sabe en qué pueden terminar, en qué momento podrá instalarse un nuevo Blumberg o una grieta como la de Cabezas, o Kosteki-Santillán, la violencia tiene la lógica de una bala perdida: nadie maneja sus efectos y puede pegar en cualquier lado. En el fondo, el temor oficial es ingenuo: recuerda a aquellos momentos en los que se intenta discutir la inseguridad desde los porcentajes de los delitos. Nadie se percibe el 5% más seguro en el Conurbano, donde los autos ya no se detienen en los semáforos para evitar los arrebatos. Y el caso de Candela, sea o no muestra de un accionar mafioso, dejó en evidencia el otro costado de la inseguridad: la Policía. ¿Podría seguir con vida la chica de once años si la Policía hubiera actuado con rapidez y eficiencia? La misma pregunta que todo el país se formuló el martes 8 de diciembre de 2009, cuando toda la familia Pomar apareció muerta al costado de la Ruta 31; Fernando, Gabriela, Pilar y Candelaria habían sufrido un accidente y los cuerpos recién fueron encontrados veinticuatro días después. ¿Podría haberse salvado algún miembro de la familia si se hubiera actuado horas después del impacto? Pilar tenía tres años y Candelaria, seis. Ver a la inseguridad como un problema exclusivo de la delincuencia y la disgregación social es contemplar el problema con un solo ojo; la inseguridad es también un asunto de la Policía, de quienes se supone están ahí para protegernos y auxiliarnos. Esta es la Policía que supimos conseguir después de veintiocho años de democracia, ya no quedan residuos del aparato represivo de la dictadura ni sus hipótesis ni sus costumbres; esta policía se construyó con purgas, con alianzas con los caciques del Conurbano, con planes y planes y más planes que fracasaron cada vez. Por eso esta vez, cuando se sugirió complicidad entre los uniformados y los piratas del asfalto, nadie se animó a descartarlo. Por eso suena verosímil que la investigación pueda haberse desviado o que haya transcurrido por canales paralelos; por eso, la inseguridad es algo más que la “sensación” de Aníbal Fernández.
Las recientes declaraciones del fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, corren en el mismo sentido: el asesinato de Candela es una muestra del fracaso del sistema de investigación bonaerense, dijo.
Una nota aparecida el viernes en La Nación señala que “los índices de esclarecimiento de delitos en el país son bajísimos. Menos de la mitad de los homicidios tienen sentencia; en el total de delitos contra las personas y contra la propiedad según las últimas estadísticas conocidas (de 2008), no se llega ni al 3% de sentencias condenatorias”. De todo esto hablan las miles de personas que piden justicia para Candela.
“Showtime”. Excavadoras, perros entrenados, policías vadeando el río, helicópteros y móviles, más de setecientos uniformados realizando un centenar de allanamientos y cruzando mil llamadas telefónicas investigaban el destino de Candela a los cinco días de su desaparición. Las primeras hipótesis fueron las obvias: secuestro extorsivo o pedofilia; Candela no podía estar lejos. Luego, sin motivo aparente, la investigación salió de cauce: trata de personas, sin elemento alguno que apoyara esa hipótesis. En sus mensajes televisivos, la madre de Candela le hablaba a alguien:
—Ya está, chicos. Ya no pueden hacer nada. Devuelvanmelá.
—Entreguensé. Tienen la manzana rodeada –decía.
Los cronistas que cubrían el hecho no tardaron en advertir la existencia de una realidad paralela.Había algo más que un padre preso, había algo más que una casa intrusada.
Fue la propia Policía la que envió el mensaje (¿quién, si no?): la intervención telefónica de un llamado extorsivo, que se conoció al mismo tiempo que el hallazgo del cadáver en un basural cercano. El “mensaje” decía lo que decía y decía más: era la excusa policial para dejar en evidencia una vendetta, un hecho imposible de prevenir. “Ahora sí que no vas a volver a ver más a tu hija –decía una voz–. Ahora sí que no la vas a volver a ver.”
¿Por qué “ahora”? Hay quienes sostienen que esa advertencia coincide en el tiempo con el inicio de la campaña telefónica de los famosos. La titular del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, lo dijo sin eufemismo alguno: “No tengo elementos para decir que Candela hubiera aparecido con vida, pero sí puedo asegurar que el circo mediático y la campaña con famosos obstaculizaron el trabajo de la Justicia”. Es fácil hacer historia hacia atrás, pero ¿cuál era entonces la caracterización del delito? Si se trataba de un secuestro extorsivo, la presión de la campaña podría haber forzado el desenlace, pero si era trata de personas hubiera sido imprescindible el aporte de testigos y la difusión pública del hecho. La difusión del llamado dejó en evidencia que se trataba de un secuestro y que aquel llamado no podía ser el único, sino parte de una serie que se ocultó deliberadamente. ¿Lo ocultó la Policía, la familia o ambos? Entonces trascendió que la familia había sido intimada a pagar 100 mil dólares “para volver a ver con vida” a la hija.
—Hasta que ese conchudo no devuelva la plata no la ves nunca más –dijo la voz.
La grabación fue chequeada con el padre de Candela recién un día después de la aparición del cadáver. ¿Candela estaría con vida si el reconocimiento se hubiese hecho horas después de la amenaza?
La temperatura de los medios en el caso subió hasta convertirse en fiebre: Candela se convirtió en un tema nacional y en la programación excluyente de todos los canales y las radios. El periodismo hizo catarsis y el aire se llenó de versiones contradictorias. La fiebre también contagió al Gobierno provincial, que facilitó a la prensa las imágenes del reconocimiento del cadáver por parte de la madre, allí donde las cámaras privadas no habían llegado, imágenes que bien podrían haberse obviado y que sólo agregaban morbo a la escena. La falta de autocontrol en la prensa provocó la reacción obvia: desde el Boletín Oficial/12 se propuso el viernes discutir “un protocolo de cobertura obligatorio para los medios en casos de secuestros o desapariciones”, con el asesoramiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), o sea: tener al secuestrado en un hombro y a Mariotto en el otro.
Ahora la pesquisa parece orientarse a la existencia de una banda mixta, de civiles y ex policías, que se movería a su antojo en una gran zona del Conurbano. “Gente pesada con antecedentes en varios secuestros de narcos”, publicó Clarín. “Por lo menos, siete hechos en los últimos cuatro meses”.
Dicen que la madre de Candela, al hacer público el hecho, rompió un pacto de silencio. Y lo pagó su hija de once años.
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