"Seguridad: sigue la improvisación"

Editorial La Nación

Viernes 24 de junio de 2011

“La decisión de reemplazar a comisarios por oficiales de la Gendarmería y la Prefectura muestra la desesperación del Gobierno”

A medida que pasan los años y aumentan tanto la ola delictiva como la cada vez más estrecha relación entre algunas fuerzas policiales y el delito, la Argentina sigue careciendo de una política de Estado sobre seguridad. En realidad, esta carencia es la causa de aquellos males.

El ejemplo más palmario de esta lamentable realidad lo constituye la voluntad de la ministra de Seguridad, Nilda Garré , de reemplazar en un futuro inmediato a los oficiales jefes de la Policía Federal por oficiales de la Gendarmería y la Prefectura en las cúpulas de ocho comisarías de La Boca, Barracas, Parque Patricios, Pompeya, Floresta, Flores, Puerto Madero y Retiro.

No caben dudas de que una medida tan extrema, que ha causado un profundo malestar en los altos mandos de la Policía Federal, seguramente se debe a que la ministra considera que esa fuerza no está en condiciones de combatir la corrupción interna y, por lo tanto, tampoco de producir la necesaria depuración debido a su posible complicidad con ciertas actividades delictivas. También se habría descartado la posibilidad de designar a un civil al frente de la fuerza.

Ha trascendido que la decisión se adoptó al verificarse la connivencia de efectivos policiales en el tráfico de drogas, especialmente en zonas como la villa 1-11-14, del Bajo Flores.

Pero también, a juzgar por varias investigaciones judiciales en marcha, aumenta en forma constante el número de efectivos de la Policía Federal acusados de otros graves delitos. Por ejemplo, ayer la Justicia procesó a seis oficiales de la fuerza acusados de liberar la zona del barrio de Barracas en la que el 20 de octubre del año pasado fue asesinado el militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra por una patota de barrabravas vinculada con la Unión Ferroviaria. Entre ellos se encuentran dos comisarios, uno de ellos ex titular de la Superintendencia Metropolitana.

Hace más de un año, el fiscal de Saavedra, José María Campagnoli, pidió la detención de ocho policías, entre los que figuran el jefe y el subjefe de la comisaría 49, a quienes acusó de integrar una asociación ilícita dedicada a extorsionar a comerciantes de la zona. También hubo policías procesados a raíz de los incidentes registrados en el parque Indoamericano, y varios de la comisaría de Liniers que integraban una banda de secuestradores. Otros de la misma zona están involucrados en el negocio de la prostitución.

Por supuesto, está por verse la efectividad de la medida que Garré quiere poner, siempre y cuando no se trate de una de las tantas acciones de tipo publicitario y efectista a las que nos tiene acostumbrados, como cuando, días atrás, quiso atribuirse el secuestro de las más de 400 toneladas de cocaína ocultas en un velero que se accidentó frente a nuestras costas, hallazgo que fue fruto de ese azar.

Aun existiendo una verdadera voluntad de apoyo político, habrá que ver cómo lograrán oficiales de la Gendarmería y la Prefectura ejercer un control efectivo de las comisarías.

Si, indudablemente, ha sido la desesperación la que ha llevado a la ministra a estos extremos, cabe preguntarse cómo se ha llegado al actual estado de cosas.

Aquí es donde se advierte como inapelable la responsabilidad que le cabe al kirchnerismo, que ya lleva ocho años en el poder, buena parte de los cuales coincidieron con la larga y nefasta jefatura del comisario Néstor Vallecca al frente de la Policía Federal, cargo para el que fue designado en julio de 2004 por Néstor Kirchner.

Es sabido que el kirchnerismo, como antes el menemismo, ha manejado a la Policía Federal en función de sus necesidades políticas y no de una auténtica política de Estado en materia de seguridad. Recordemos que jamás se quiso cumplir con el traspaso de la Policía Federal al gobierno de la ciudad, de forma tal de complicar la gestión de Mauricio Macri.

Al carecer de una política de seguridad, las autoridades nacionales degradaron el combate de la delincuencia hasta llevarlo al plano de la improvisación y la acción por reacción, mientras permitían el trágico entrelazamiento entre la policía y el delito. Y ahora sólo pueden dar manotazos de ahogado.