Ampliar
La inútil deuda rionegrina
De acuerdo con la información producida por el Ministerio de Hacienda, la deuda pública de la provincia ascendía al cierre de marzo de este año a 3.800 millones de pesos, equivalente al 60% del presupuesto del presente ejercicio fiscal. La mayor proporción –86,60%– tiene como principal acreedor al gobierno nacional y el 13% restante se distribuye entre la amortización de créditos otorgados de manera directa por organismos multilaterales, la tenencia de títulos públicos por parte de inversores privados y una última fracción que se corresponde con préstamos dados por entidades financieras, principalmente el Banco Patagonia. Este mecanismo de financiación comenzó a utilizarse en el 2010 mediante un pedido de autorización de endeudamiento a la Legislatura –aprobado por ley 4463 con el voto del bloque oficialista y otras bancadas satélites del gobierno– y a través de él la administración del doctor Saiz pudo tomar créditos para pagar sueldos a tasas que varían entre el 17 y el 18% anual.
Respecto de la deuda total, el 79,37% corresponde a las obligaciones que tiene la provincia con el Ministerio de Economía de la Nación. La elevada participación de este organismo en la deuda rionegrina se debe a que en su composición hoy está incluido lo correspondiente al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, establecido mediante el decreto presidencial 660/2010, cuyo monto en la renegociación fue por 2.700 millones de pesos.
Pero lo más relevante para analizar de la gestión Saiz es el aumento que experimentó la deuda pública, que pasó de 2.500 millones de pesos a los actuales 3.800 millones. Esto significa un crecimiento en términos porcentuales de un 55% y en términos nominales de 1.350 millones.
Es ilustrativo, para comprender de qué manera funcionó la administración de Miguel Saiz, el examen del período 2003-2009, previo al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas. Del análisis se desprende lo siguiente:
• La deuda pública se incrementó en 1.344 millones de pesos.
• A pesar de haber pagado deuda por un monto total de 1.439 millones y rescatado títulos públicos en tenencia de terceros por 74 millones se realizaron nuevos endeudamientos por un monto total de 1.600 millones.
• El grueso de ese endeudamiento se realizó con el gobierno nacional, principalmente mediante los diferentes convenios de financiamiento ordenado y, posteriormente, por los convenios de asistencia financiera.
• Por último, se hace necesario mencionar que la administración de Miguel Saiz jamás puso en marcha ningún proceso de desendeudamiento aunque él mismo advirtiera, en el mensaje a la Legislatura del 1 de marzo de 2005, que el contexto económico favorable exigía la adopción de políticas que no perdieran de vista un severo control sobre la calidad del gasto y del gasto improductivo, que en su gobierno, paradójicamente, nunca dejó de crecer.
Durante el 2010 uno de los aspectos más destacados para la presionada situación de las arcas provinciales fue el dictado del decreto presidencial 660/2010, mediante el cual se creó el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas (PFD) al que Río Negro adhirió mediante la ley 4539. Los aspectos más importantes para reseñar al respecto son:
• El monto total de la deuda con la Nación era, al momento de suscripción del convenio, de 3.208 millones de pesos (2.300 millones correspondientes a la renegociación de la deuda provincial luego de la crisis del 2001 y 900 millones de pesos de los sucesivos planes de asistencia financiera –PAF– firmados del 2005 al 2009).
• De esos 3.208 millones de pesos la provincia aceptó cancelar una parte en efectivo, con recursos provenientes de Aportes del Tesoro Nacional que no fueron distribuidos. La cuota parte que le correspondió a la provincia fue por 472 millones de pesos, con lo cual la deuda a refinanciar se redujo a 2.750 millones de pesos.
• La amortización se refinanció a veinte años con un período de gracia de un año y medio, lo que implica que el pago comenzará a operar cuando inicie su gestión el gobierno que asuma en diciembre de este año.
• El saldo ya no se indexará mediante el CER sino en condiciones más favorables para la provincia, pues la tasa de interés será del 6% nominal anual sobre lo que se deba.
• El efecto del PFD se hizo más evidente en el curso de este año, ya que la provincia logró liberar recursos por un monto cercano a los 500 millones de pesos que, de no haber existido este programa, debería haber destinado al pago de capital e intereses.
Pese a todo lo expuesto, y a la quita de casi 500 millones de pesos efectuada durante el 2009 por el PFD, el monto de la deuda ya ha vuelto a los niveles previos a dicha quita.
Es sabido que una de las consecuencias principales de tener un stock de deuda creciente se relaciona con el hecho de tener que erogar cada año mayores cantidades de dinero, no sólo en concepto de amortización sino también de intereses y ajuste en el caso de que exista alguna parte de la deuda nominada en moneda extranjera o por algún mecanismo de indexación. Esto implica la consiguiente inmovilización de recursos y una fragilidad financiera también creciente, sobre todo en escenarios en los cuales los recursos de la provincia se mantienen constantes o crecen a una tasa pequeña. Por ello el gobernador que resulte electo este año deberá enfrentar el pago –durante los cuatro siguientes– de un monto total de 2.150 millones de pesos, equivalente al 90% de lo que insume durante un año el pago de la totalidad de los sueldos de los empleados estatales.
Hay, en este sentido, una relación que ejemplifica claramente la actitud de Miguel Saiz frente a la deuda. En el 2004 el stock de deuda por habitante era de 4.569 pesos y en el 2009 ya había trepado a 6.312 pesos. En orden a estos datos, el incremento registrado en el período 2004-2009 fue del 38,15%, lo que no hace más que poner en evidencia el gran crecimiento que tuvo durante todo ese período. En definitiva, esta relación evidencia –de una manera absolutamente palpable para el común de la gente– el notable crecimiento que experimentó durante la gestión del actual gobierno.
Desde luego que endeudarse no representa en sí mismo un acto negativo si aquello que se ha pedido prestado la comunidad puede verlo reflejado en una mejor calidad de los servicios indelegables del Estado o en obras de infraestructura para la producción y el desarrollo. El problema se genera cuando se observa que la deuda no se originó para apuntalar las bases del despegue provincial, con lo cual se convierte en una pesada ancla que inmoviliza y estanca. Basta, entonces, con observar la pésima calidad de los servicios básicos que debe prestar el Estado y la constante en estos casi 28 años de gobierno del radicalismo donde siempre que se utilizó deuda fue, en definitiva, para financiar gastos improductivos que apuntalaran las estructuras clientelares sobre las que ha reposado la continuidad del régimen.
Hoy sabemos, por otra parte, que Río Negro tiene un Estado cuyo gobierno afecta el 90% del presupuesto para pagar gastos corrientes –sobre todo sueldos– y deuda. En consecuencia, sólo dispone del 10% para invertir en trabajos públicos, es decir, en todo aquello que se relaciona con la construcción de infraestructura y que, en términos de realizaciones concretas, en la gestión de Saiz equivale casi a la nada.
En resumen, este gobierno tuvo todos los medios para poner en caja las cuentas públicas y avanzar hacia un modelo que pusiera el aparato estatal al servicio del desarrollo y la integración provincial y desaprovechó un tiempo sumamente favorable en un país cuya economía sigue dando señales positivas para sacar a Río Negro de un ciclo que, desde hace algo más de un cuarto de siglo, la mantiene cautiva en la desdicha y la decadencia.
(*) Vicepresidente del bloque de legisladores justicialistas
No hay comentarios:
Publicar un comentario