Dorreguitis
Por Pepe Eliaschev
Maltratados y perseguidos por varios gobiernos militares, los peronistas conservan una vieja debilidad por las Fuerzas Armadas. En eso, como en casi todo, es poco probable que cambien.
Siempre habrá una excusa facilitadora, un pretexto atendible. Quienes hoy gobiernan no se diferencian mucho de sus ancestros. Ya en 1966, Perón había ordenado desensillar hasta que aclarara, cuando las FF.AA. se apoderaron del gobierno echando de brutas maneras al gobierno civil del presidente Illia. Prefirió a Onganía, a pesar de que habían sido los radicales quienes levantaron en 1965 la proscripción electoral que pesaba sobre el peronismo.
Siempre habrá una excusa facilitadora, un pretexto atendible. Quienes hoy gobiernan no se diferencian mucho de sus ancestros. Ya en 1966, Perón había ordenado desensillar hasta que aclarara, cuando las FF.AA. se apoderaron del gobierno echando de brutas maneras al gobierno civil del presidente Illia. Prefirió a Onganía, a pesar de que habían sido los radicales quienes levantaron en 1965 la proscripción electoral que pesaba sobre el peronismo.
Lo de 1973 fue extravagante, pero ese fugaz romance que envolvió a Montoneros con la cúpula del Ejército fue más perverso que aquel desensillar de 1966. Comenzó el 4 de octubre y participaron 4 mil efectivos del Ejército y 800 militantes civiles, desplegados en Bragado, 9 de Julio, 25 de Mayo, Saladillo, Carlos Casares, Pehuajó, Bolívar, General Alvear, Junín, Lincoln, General Viamonte, General Pinto, Trenque Lauquen y Carlos Tejedor. Las columnas de la JP montonera compartieron el “operativo” con tropas comandadas por los mismos oficiales que semanas antes habían sido escupidos e insultados, cuando la muchedumbre voceaba “¡Se van, se van, y nunca volverán!”. El “operativo” fue bautizado “Dorrego”. Los líderes de la JP de las “regionales” eran Juan Carlos Dante Gullo, Juan Carlos Añón, Jorge Obeid, Miguel Angel Mossé, Guillermo Amarilla, Ismael Salame, Luis Orellana y Hernán Osorio. La idea estratégica fue unir botas castrenses con borceguíes militantes. El Ejército asignó la tarea de dirigir el teatro de operaciones a Albano Harguindeguy (1927-2012), un general de Ejército que fue el primer ministro del Interior del “proceso de reorganización nacional”.
Tras jurar como presidente el 25 de mayo de 1973, Héctor Cámpora fue echado por Perón el 19 de julio. La consigna “Cámpora al gobierno, Perón al poder” se materializó sin dilaciones. Los Montoneros fueron barridos del poder y el Operativo Dorrego se esfumó. La cúpula militar que había participado de la iniciativa (el comandante, general Jorge Carcagno, y su mano derecha, el coronel Juan Cesio) sería igualmente desplazada, y a fines de ese 1973 el Ejército ya había sido “descamporizado”. En lugar de Carcagno, fue entronizado Leandro Anaya.
Conocí a Carcagno (1922-1983) en el cenit de su carrera. En ese 1973 yo era redactor de temas internacionales en el semanario El Descamisado, dirigido por Ricardo Grassi. En septiembre de ese año, echado Cámpora pero con Carcagno aún al frente del Ejército, se celebró en Caracas la X Conferencia de Ejércitos Americanos. Carcagno viajó a Venezuela acompañado de Cesio, y a mí me enviaron para cubrir el evento, puesto que se trataba de dar cuenta de un probable fenómeno de transformación nacional revolucionaria de las Fuerzas Armadas. En Caracas hablé extensamente con ambos oficiales. En su memorable discurso, ampliamente recogido por El Descamisado, Carcagno hizo varios guiños, a ambos lados. Por una parte, dijo que “varios y diversos son los factores que se conjugan para que haya en el mundo hombres y naciones de primera clase, y hombres y naciones de categoría inferior; con el agravante de que estas diferencias tienden a aumentar. Contra esta situación internacional, se rebela mi país y dentro de él su Ejército. El deterioro de los términos del intercambio, la evolución y la estructura de la deuda externa, el ahondamiento de la brecha tecnológica, el manipule (sic) de los medios masivos de difusión, el avasallamiento de las autonomías nacionales, la exportación de culturas y modos de vida, la explotación de vulnerabilidad y contradicciones y formulaciones caprichosas referidas a límites de crecimiento llevan a que se conforme una estructura de dependencia de flagrante injusticia”.
Pero, por otro lado, aseguró que “continúa existiendo un adversario que se opone, no digo a nuestro sistema de vida, porque puede haber muchos auténticos y por lo tanto aceptables, aunque no sea el propio, el que por otra parte no tenemos derecho a imponer a quien no lo quiera.
Me refiero a un enemigo que ataca al hombre mismo en su esencia, no a una determinada civilización o contexto social regido por pautas a las que podemos o no adherirnos. El que ataca al hombre (…) basado en un ideario neonihilista que no resiste el menor análisis, va en pos de la destrucción por la destrucción misma (…), sobre el que montan otros tipos de extremismos o es arrastrado por éstos, que en definitiva se caracterizan por el empleo de la violencia indiscriminada para la consecución de sus fines como único modo de acción (resaltado mío). Para el Ejército Argentino, éste es un enemigo perfectamente delineado y no podría ser en otra forma, porque es un enemigo de la humanidad”.
Me refiero a un enemigo que ataca al hombre mismo en su esencia, no a una determinada civilización o contexto social regido por pautas a las que podemos o no adherirnos. El que ataca al hombre (…) basado en un ideario neonihilista que no resiste el menor análisis, va en pos de la destrucción por la destrucción misma (…), sobre el que montan otros tipos de extremismos o es arrastrado por éstos, que en definitiva se caracterizan por el empleo de la violencia indiscriminada para la consecución de sus fines como único modo de acción (resaltado mío). Para el Ejército Argentino, éste es un enemigo perfectamente delineado y no podría ser en otra forma, porque es un enemigo de la humanidad”.
Al desembarcar en villas de la mano de La Cámpora, Bonafini y Luis D’Elía, el Ejército da un paso de espesas proyecciones. Más de cuatro décadas después de aquella politización virulenta que terminó incendiando a la Argentina, los vástagos de ese setentismo van hoy por la inmersión de las FF.AA. en los más espesos conflictos sociales. Sólo los motiva la idea de atrapar en la máquina del Estado mecanismos de inteligencia militar, retrotrayendo al país a batallas arcaicas, cuya resurrección no puede ser sino venenosa. Bajo el mando de César Milani y Andrés Larroque, Ejército y Gobierno ponen al país en extrema emergencia institucional.
Todos los derechos
Un análisis de la regulación de piquetes que impulsa el kirchnerismo.
El proyecto de ley que la presidente Cristina Fernández de Kirchner quiere que sea aprobado por el Congreso Nacional tiende a organizar las manifestaciones en la vía pública de una manera diferente a lo vivido estos últimos once años. Se trata de un auténtico salto cualitativo, un giro poco menos que copernicano en un gobierno que durante once largos años exaltó permanentemente su compromiso con no “criminalizar” la protesta social”.
La oportunidad es sumamente propicia para encarar este tema junto a otros que tienen un común denominador. Es fácil advertir que en la sociedad argentina, al menos tal como se la ve desde Buenos Aires, hay una impronta desde hace varios años que nos cuesta modificar y que ha quedado fuertemente etiquetada como verdad irrebatible, dogma que no puede ser cuestionado.
Ya sea que hablemos de manteros, trapitos, limpia vidrios, gente que organiza piquetes, o incluso trabajadores que reciclan la basura, los cartoneros; en todas y cada una de estas ocasiones surge la defensa de un derecho a expensas de otro derecho.
En el caso de quienes se ganan la vida en la calle, no las mafias comerciales que han organizado una formidable red de venta clandestina, la explicación sistemática es que no lo hacen porque quieren, sino porque “no tienen otra alternativa”. Esto vale para manteros, limpia vidrios, trapitos, también llamados pudorosamente “cuida coches”.Los trapitos no cuidan los coches. Ni siquiera ayudan a estacionar. Se han apoderado de un lugar en la calle y extorsionan a los automovilistas a sabiendas de que la abrumadora mayoría de quienes conducen autos sienten que si no pagan el diezmo, su auto va a ser arruinado o saqueado.
Al aparecer el Gobierno admitiendo públicamente que así no se puede seguir viviendo, ha generado un repudio de diversos sectores muy diversos. Es la tarea de un periodista asumir en la materia un perfil absolutamente no demagógico, apoyado en valores y principios. ¿Qué es muy tarde? ¿Que lo deberían haber hecho antes? ¡Albricias por la noticia! Pero lo importante es un dato central que el Gobierno parece haber escuchado: el hartazgo de sectores sociales que no son precisamente los más favorecidos ante la tortura cotidiana en que ha devenido nuestra vida al menos en la ciudad de Buenos Aires.
Las principales víctimas del desastre cotidiano que son las calles y avenidas colapsadas, no son los ricos y poderosos que se desplazan con comodidad de cualquier manera, sino trabajadores, que usan el transporte público o la clase media que se vale de sus sencillos autos privados. Tarde, el Gobierno acaba de admitir que haber implantado la ley de que todo es posible terminaría llevando a una situación en la que todos pueden hacer lo que quieran, todo el tiempo, y en todas partes.
Se pretende ahora, en consecuencia, que los manifestantes callejeros anuncien previamente sus movilizaciones y al hacerlas siempre dejen carriles abiertos. Sin embargo, es tan poderosa la huella que ha dejado esta época de relativismo moral y posibilismo absoluto que va a ser extraordinariamente difícil hacer respetar la ley, aun cuando la cambien y la hagan más dura. Porque en todos y cada uno de los casos en donde hay infracciones, el gran problema argentino no es la inexistencia de leyes y normas sino su cumplimiento. ¿Con qué fuerzas policiales, con un auténtico dogma democrático, va a contar este Poder Ejecutivo para hacer frente a grupos que todos los días cortan esquinas, accesos y autopistas, alegando siempre un derecho o tratando de llamar la atención? Han proclamado su razón sacrosanta: la “visibilización de la protesta”. ¿Qué quiere decir esto, traducido a nuestra lengua? Que “el que no llora no mama y al que no mama es un gil. Y “llorar” quiere decir cortar la autopista, obligar a que venga el equipo de exteriores de TN, o de Canal 26, o de cualquiera de las señales de cable, para registrar la protesta. La carambola: corto, colapso, armo el apocalipsis, y así se enteran los poderosos. Que once años después esto siga sucediendo habla de la indigencia y escualidez de la democracia argentina, como si solo presionando de esta manera pareciera ser que el país resuelve sus situaciones.
La situación es compleja y problemática, porque cuando se habla, por ejemplo, de manteros, es imposible explicarse la existencia de estas redes, de no ser por la tolerancia o complicidad de la Policía Federal Argentina.
En general, en todas las situaciones en donde hay abuso de poder en la vía pública, tiene que ver con tolerancia, omisión, o complicidad explícita de las fuerzas de seguridad.
Las fuerzas opositoras democráticas no deberían alarmarse de que el Gobierno intente, aunque sea retrocediendo en chancletas, poner un poco de orden en lo que se ha convertido en un disparate cotidiano. Cualquiera, por cualquier razón o en cualquier momento, y sin advertirle antes nada a nadie, puede cortar una esquina, ya sean 15 personas o 25. La ciudad se ha convertido en un gran protestódromo, en donde nadie sabe, cuando sale, a qué hora va a llegar y por dónde no se puede pasar.
El derecho de manifestar debe ser prolijamente respetado y asegurado, claro que sí. Pero también es cierto que no se puede desproteger los derechos constitucionales de una parte, abrogados cuando los de la otra se convierten en dominantes. Si alguien tiene derecho a protestar, yo tengo derecho a circular; si alguien tiene derecho a reclamar, yo tengo derecho a ir a trabajar; si alguien tiene derecho a cortar una calle, yo tengo derecho a ir a la facultad o al colegio. No son derechos inferiores y subalternos. No es cierto que la necesidad de algunos elimine los derechos de los demás.
Sería bueno que muchos pensadores de almas bellas asumieran este desafío conceptual que les propongo. Es muy fácil explicar ideológicamente el estado permanente de subversión de la vida cotidiana, alegando indigencia, exclusión social, explotación, miseria y pobreza, cuando no los toca cerca. La mayor parte de los explicadores retóricos viven en zonas no afectadas por este tipo de problemas. Los invito a pensar cómo reaccionarían los manteros se instalan en la puerta de su casa. Los invito a que un trapito les cobre estacionamiento en la puerta de esa casa, para saber cómo habrán de reaccionar ante estos abusos que ya se han hecho endémicos en la Argentina.
Esta iniciativa del kirchnerismo es, en sí misma, demagógica y superficial, pero toma en consideración un dato cierto: la vida es cada vez más invivible en las zonas urbanas. La calle es una manifestación cotidiana y permanente, siete días a la semana, 24 horas al día. Iniciativa superficial y demagógica, sí, pero perspicaz: el Gobierno sabe que hay mucha gente fastidiada, y no precisamente los ricos, nunca perjudicados por el kirchnerismo, que, lejos de dañarlos, acentuó la disparidad social en la Argentina.
Será necesario compaginar derechos. Será necesario vivir en el estado de derecho. Será necesario preservar el derecho a la manifestación y a la protesta, siempre que no elimine otros derechos, tanto o más legítimos que aquellos.
El cuervo Milani
El Gobierno Nacional busca comprometer ideológicamente a las Fuerzas Armadas, otorgándole tareas que nada tienen que ver con sus verdaderas responsabilidades.
Para encarar y comprender el núcleo de este editorial, es imprescindible hacer un poco de historia.
El 25 de mayo de 1973 asumió la presidencia de la Nación el doctor Héctor Cámpora, acompañado, como vicepresidente, del doctor Vicente Solano Lima. La muchedumbre en la Plaza de Mayo coreaba “¡Cámpora al gobierno, Perón al poder!”. Concluía ese día, cuando el teniente general Alejandro Agustín Lanusse impuso sobre el pecho del doctor Cámpora las atribuciones formales del poder presidencial, una dictadura que se había iniciado el 28 de junio de 1966, cuando las Fuerzas Armadas, asociadas y aliadas al movimiento sindical peronista, derrocaron al gobierno constitucional del presidente Arturo U. Illia. Siete años de dictadura quedaron atrás. “¡Se van, se van, y nunca volverán!”, gritaban los Montoneros y otros grupos políticos aquel 25 de mayo de 1973.
A poco andar, semanas más tarde, se anunció el desarrollo de un “Operativo Dorrego”, una iniciativa político-militar pergeñada entre Montoneros y el Ejército Argentino, que en aquel momento, en la región de la provincia de Buenos Aires, encabezaba el general Albano Harguindeguy. Ese “operativo” en varias localidades de la provincia de Buenos Aires que había sufrido inundaciones, constituyó una gestión asociada entre la Juventud Peronista conducida por Montoneros, y el Ejército, que acababa de retirarse del poder.
La historia que sigue a esto se conoce: cayó el gobierno de Cámpora el 19 de julio de ese mismo año, menos de tres meses después de asumir y el dominio del poder pasó a la familia López Rega. En septiembre, un voto plebiscitario llevo a la Casa Rosada a Juan Domingo Perón, quien habría de fallecer el º1 de julio de 1974. Se están por cumplir exactamente 40 años de la muerte de Perón.
El “Operativo Dorrego” duró unas pocas semanas y rápidamente se disolvió. La peregrina idea de que la Juventud Peronista podía penetrar las filas de las Fuerzas Armadas con un operativo de “reconstrucción social” se desmaterializó en el aire.
Un signo del atraso formidable de la Argentina es que algo similar a ese Operativo Dorrego regresa al país, 41 años más tarde: acaba de presentarse en dos villas de la zona metropolitana el primer capítulo de este nuevo “operativo” que comanda La Cámpora, con Andrés "El Cuervo" Larroque a la cabeza, en sociedad con el general César Milani y con la señora Hebe de Bonafini. Han tomado como escenario, como un ejemplo práctico, una villa porteña llamada La Carbonilla y otra de Florencio Varela. Son situaciones en las que el Ejército pone muy poco en términos efectivos y tangibles, pero mucho en términos simbólicos. En el caso de la villa La Carbonilla de la Paternal, son 19 soldados, una máquina retroexcavadora, picos, palas. Su proyecto es abrir calles, limpiar el terreno, un poco de obras sanitarias y cloacas. Los soldados trabajan ocho horas por día, de 8 a 15, y tienen absolutamente prohibido meterse en cuestiones de seguridad, porque la ley argentina así lo establece, las Fuerzas Armadas no pueden afrontar tareas policiales.
¿Cuál es el pensamiento estratégico de la Secretaría de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias, del Ministerio de Defensa, cuyo titular es Agustín Rossi? ¿Cuál es, sobre todo, la estrategia de la Comisión Nacional de Tierras, encabezada por Rubén Pascolini, un hombre muy cercano a Luis D'Elía? ¿De qué se trata? ¿Es que acaso el Estado argentino reconoce ahora su impotencia, su inutilidad, su esterilidad, su negligencia, su falta de posibilidades reales de hacerse cargo de situaciones en las que se requieren obras civiles? ¿Por qué el Gobierno militariza tareas de promoción social, once años después de haber asumido el poder? ¿Qué es lo que no está funcionando en este país? ¿No funciona el Ministerio de Desarrollo Social? ¿No funciona el Ministerio de Salud? ¿No funciona el Ministerio de Educación?
Recurrir a las tropas uniformadas, aun cuando no estén armadas con fusiles, gente con borceguíes y vestidos de fajina, implica una renuncia de la potestad civil. ¿En qué punto tan dramático está la Argentina que abrir una calle, hacer zanjas o hacer obras cloacales se equipara con una tragedia? Naturalmente, si la Argentina tuviera que vivir una tragedia de las dimensiones que está viviendo Chile con los incendios de Valparaíso, se justificaría la incorporación de fuerzas de seguridad o militares, por un breve lapso, para socorrer a la población. Pero no es esto lo que está pasando en las villas: este emprendimiento ha sido tramado y tejido, minuciosa y prolijamente, por el general César Milani -imputado por cuestiones de derechos humanos-, y la señora de Bonafini y su grupo, que tanto tuvo que ver con el frustrado intento de Sueños Compartidos y Sergio Schoklender. Todos de la mano de La Cámpora. El gobierno argentino renuncia al poder civil, un retroceso de las instituciones, una confesión de que, ni siquiera para hacer obras de infraestructura en villas carenciadas, el Estado argentino se siente competente, responsable y, sobre todo potente, como para poder efectivizar esas tareas.
Ésta es la pregunta que hay que hacerle al Gobierno, al ministro Agustín Rossi, si se dignara a afrontar un reportaje, cosa que hemos intentado en vano, ¿por qué se convoca al Ejército a realizar unas obras que no tienen ninguna complejidad que no pueda enfrentar cualquier ingeniero civil o cualquier equipo de Vialidad Nacional u obras públicas? La respuesta es obvia: no se trata de hacer lo que otros no pueden hacer, y por eso se convoca al Ejército, sino de comprometer política e ideológicamente a las Fuerzas Armadas con el actual curso político del grupo gobernante. Por eso, la emblemática fotografía de Hebe de Bonafini junto a César Milani: estamos en presencia de un proyecto explícito, confeso, ostensible y evidente de chavización del Gobierno. Están tratando de imitar la peripecia de Hugo Chávez, que él sí era un militar de carrera. Lo fue desde su primer día como militar golpista y hasta su muerte; a lo largo de toda su trayectoria en política en Venezuela, Chávez asumió con orgullo su condición militar.
Pero la Argentina no tiene un gobierno militar. Néstor Kirchner no era un oficial de las Fuerzas Armadas, ni tampoco lo es Cristina Fernández de Kirchner ¿Por qué, en consecuencia, se patrocina una artificial, compulsiva y absolutamente contra natura- unión cívico–militar? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué pretextos? ¿Con qué proyecto? ¿Con qué idea de país? Uno solamente puede conjeturar. Las conjeturas, lamentablemente, no son promisorias: son oscuras y sombrías, además de preocupantes. Al incorporar al Ejército a obras civiles elementales, el actual gobierno está tratando de comprometer, de aquí en más, a las Fuerzas Armadas. Ese compromiso le haría un daño enorme, no solo a las Fuerzas Armadas, sino a la totalidad de la institucionalidad argentina.
