LOS 4 ENEMIGOS DEL KIRCHNERISMO NO PERONISTA
Verbitsky contra Massa, Cobos, Lorenzetti... y Bergoglio
Horacio Verbitsky, en su rol de ícono del 'progresismo K no peronista', decidió defender el anteproyecto de nuevo Código Penal que redactaron varios conocidos y hasta un amigo suyo. Sin embargo, el problema de fondo que padece Verbitsky es que Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en una muy difícil situación como gobernante, y buscando recomponer su imagen va rumbo al Vaticano, para ser recibida por Jorge Omar Bergoglio, hoy día el papa católico apostólico romano Francisco, con quien Verbitsky mantiene viejas cuitas. Por lo tanto, el columnista de Página/12 y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, no sabe hoy día si en términos políticos él está defendiendo a la Administración Cristina o la Administración Cristina ya no abreva en él.
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| Verbitsky afirma que hay una alianza en acción: "(...) Massa había hecho referencia a su participación en un encuentro convocado a fines de 2013 por el Episcopado Católico para plantear el tema. Los obispos firmaron en noviembre un documento titulado “El drama de la droga y el narcotráfico”, en el reclamaron “amplios consensos sociales que deriven en políticas públicas de corto, mediano y largo alcance”, la misma cuerda que pulsó Lorenzetti al reclamar políticas de Estado basadas en consensos básicos. (...)" |
"Un inconstitucional plebiscito sobre la graduación de las penas para los distintos delitos impulsado por el diputado Sergio Massa; la definición del narcotráfico como el principal problema que afecta al estado de derecho formulada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia en un aventurado discurso político y la insistencia de enfrentar la inseguridad llevando a los cuarteles militares a los jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan, formulada por Julio Cobos, a quien se le ofreció la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados son tres puntos notorios de una recta inquietante, que conduce hacia soluciones simples y de potencial represivo para problemas complejos y multidimensionales. Completa el panorama la anunciada audiencia de la presidente CFK con el Papa Francisco dentro de diez días.
(...) Las opiniones se dividen entre quienes subrayan que Massa desconoce cuestiones básicas reguladas por la Constitución Nacional, que no permite modificar la ley penal por votación popular, yaquellos impresionados por sus reflejos de predador electoral y su falta de escrúpulo, que le permitieron poner a la defensiva al resto de las fuerzas políticas, acunado por los grandes medios de comunicación. La prohibición constitucional fue fundamentada por el ex presidente Raúl Alfonsín en la Convención Reformadora de 1994 porque, dijo, en ciertos momentos los medios pueden propiciar un arrebato de la opinión pública que implante hasta la pena de muerte para cualquier delito. La idea de que el anteproyecto de la Comisión multicolor, que hasta ahora el Poder Ejecutivo no ha hecho propio, reduce penas para los más graves delitos y los hace excarcelables es inexacta: por un lado,es mayor el número de delitos cuyas penas se incrementan y por otro, el Código Penal no regula las excarcelaciones, cosa que cada Estado provincial hace en su exclusivo Código Procesal.
(...) El desdén de Massa y de su asociada Graciela Camaño de Barrionuevo (como él, flamante abogada) por el cumplimiento de la Constitución y de la ley 24.747, que prohíben la iniciativa popular que proponen, no mella su efectividad política, pero degrada el debate institucional en los precisos términos que previó Alfonsín. La UCR y el PRO se dejaron arrollar sin resistencia por esta ofensiva de la demagogia punitiva y su irrealizable ilusión penal. Lo que le molesta a Maurizio Macrì de la jugada de Massa es que no se le haya ocurrido a él dijo Felipe Solá, que fue socio de ambos. En la UCR, Cobos coincidió fuerte y claro con el diputado de Tigre, mientras Ernesto Sanz, Gerardo Morales y Oscar Aguad dijeron algo parecido pero con la boca llena y mirando hacia otro lado, de modo que no se entendió bien. La objeción que preocupó al gobierno nacional fue la de Susana Trimarco, muy angustiada porque los rufianes tucumanos que secuestraron a su hija Marita Verón intentaron hace unos días introducir en un auto por la fuerza a su nieta Micaela.
(...) Los acuerdos que el gobierno nacional intenta con la UCR no han tenido hasta ahora los efectos que se buscaban, entre otras cosas porque el radicalismo también es una bolsa de gatos, aunque no se reproducen cuando chillan.
No fueron posibles en el Consejo de la Magistratura, pese a la propuesta oficial, ni sirven ahora para sostener la reforma del Código Penal. Sin embargo, pueden tener un alto costo si se concreta la anunciada designación del ex vicepresidente Cobos para presidir la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en lugar de la kirchnerista del Frente Grande Adriana Puiggrós. Desplazar a una militante que acompañó a Kirchner y a Cristina sin defecciones desde 2003 para hacerle un lugar nada menos que en esa comisión a quien consumó el trabajo práctico de educación cívica menos positivo de la democracia argentina sería un gesto autoderrotista. El problema con Cobos no es sólo aquella deserción escandalosa cuando el gobierno necesitaba de todas sus fuerzas en la confrontación con los poderes fácticos. Tampoco son edificantes sus propuestas actuales. Hace 45 días, cuando Cristina anunció el Plan Progresar, para jóvenes de 18 a 24 años, Cobos dijo que era necesario “ir a fondo” y “estimular de otra forma a los jóvenes”. Puso como ejemplo el programa Servicio Cívico, que ejecutó como gobernador de Mendoza: “Utilizamos las instalaciones ociosas del Ejército para darles educación y capacitación en oficios a los chicos que no estaban en el sistema”, dijo.
(...) En 2010, el Senado trató proyectos de Servicio Cívico Voluntario de los radicales Ernesto Sanz y Laura Montero (ella fue ministra de Cobos), y de los peornistas Adolfo Rodríguez Saa y José Pampuro, con el objetivo de “otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo” (que no describe en qué consiste), alentarlos a que terminen el ciclo educativo básico, capacitarlos en oficios, promover talleres culturales, artísticos y recreativos y fomentar “la cohesión social”. El dictamen común para los cuatro proyectos se firmó en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que debe pronunciarse sobre “toda disposición de carácter punitivo o represivo que contenga cualquier rama del derecho”, eludiendo las de Educación y Defensa. Esto dice mucho sobre la agenda oculta de esos proyectos, representativos de la histeria punitiva que en estos días toca nuevas cumbres.
El Senado lo aprobó por mínima diferencia pero no pasó a Diputados porque ante una consulta de la ministra de Defensa Nilda Garré, el entonces Jefe de Estado Mayor del Ejército, general Luis Alberto Pozzi, objetó “la conveniencia y oportunidad de llevar adelante la aplicación del Servicio Cívico Voluntario en dependencias de las Fuerzas Armadas y por personal de dichas fuerzas, teniendo en cuenta que ello implicaría la desnaturalización del instrumento militar (...) También analizó el antecedente mendocino de Cobos. En 2005 ingresaron 254 alumnos y egresaron 111; en 2006 fueron 187 y 103; en 2007, 262 y 137 y en 2008 ingresaron 113 y egresaron 58. Este rendimiento declinante se debió “a la falta de adaptación a las normas de convivencia, al grado de inasistencias, a la no adecuación a los horarios a cumplir y a la disonancia con las expectativas generadas”, escribió el militar.
El tercer punto de la recta fue la homilía con que Ricardo Lorenzetti inauguró el año judicial. Como Cobos, dijo que hablaría de valores. En la misma línea que Massa y que los obispos católicos, presentó al narcotráfico como la peor amenaza al estado de derecho, “algo en lo cual todos coincidimos”, por lo cual sólo “tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas e implementarlas”. Esta coincidencia decretada desde el púlpito tiene poco que ver con el debate democrático en un tema en el que si algo no sobran son las coincidencias. El presidente de la Corte no ve contradicción entre su defensa de la división de poderes y esta extralimitación sobre atribuciones del Ejecutivo y del Congreso, a los que también les impuso la creación y relocalización de juzgados.
(...) La ubicación que hizo de un delito determinado como eje de la problemática institucional es una enormidad que el abogado de Rafaela resaltó con gestos histriónicos de rostro y manos. Massa había hecho referencia a su participación en un encuentro convocado a fines de 2013 por el Episcopado Católico para plantear el tema. Los obispos firmaron en noviembre un documento titulado “El drama de la droga y el narcotráfico”, en el reclamaron “amplios consensos sociales que deriven en políticas públicas de corto, mediano y largo alcance”, la misma cuerda que pulsó Lorenzetti al reclamar políticas de Estado basadas en consensos básicos. La Iglesia Católica argentina, vale la pena recordar, tiene como orientador oficial en temas de drogodependencia al vicealmirante (R) Horacio Florencio Reyser, quien participó en encuentros bilaterales sobre seguridad con el Comando de Operaciones de la Armada estadounidense y en conferencias sobre “La nueva agenda de seguridad en el hemisferio sur”, que es donde los estadounidenses colocan la cuestión de las drogas y la vinculan con el terrorismo.
(...) Otro tanto puede decirse de sus menciones a pobres y excluidos, pronunciadas el mismo día en que la Corte se negó a supervisar si se está cumpliendo en todo el país su fallo de marzo de 2012 en el caso “A. F. s/medida autosatisfactiva”. Se trata de la autorización del aborto a una adolescente violada por su padrastro, una cuestión de fuerte impacto entre pobres y excluidos. La interrupción del embarazo ya se había realizado pero la Corte quiso dejar por escrito su criterio “para la solución de casos análogos que puedan presentarse en el futuro”, dado que comprometen la responsabilidad internacional del Estado Argentino. Por eso, exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a sancionar protocolos hospitalarios que removieran las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos en abortos no punibles. También dijo que para acreditar que el embarazo es consecuencia de una violación basta la declaración jurada de la víctima, de modo que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial. Pero el mismo tribunal rechazó ahora pedir información a las provincias para supervisar el cumplimiento de su sentencia. El fallo fue unánime pero la negativa a verificar su cumplimiento no contó con las firmas de Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni.
(...) Es difícil imaginar que en su audiencia del lunes 17 con un verdadero obispo, Cristina se salve de una nueva felpeada sobre el mismo asunto, que el ahora sonriente Jorge Bergoglio consiguió instalar como eje de la política argentina, alineando a propios y extraños."
