Advierten que el Tribunal de Arbitrariedad “es la ampliación de la Corte de Menem”
El oficialismo presentó un proyecto de ley para crear un Tribunal Nacional de Casación por Arbitrariedad que alivianaría el trabajo de la Corte Suprema. Según algunos constitucionalistas, el kirchnerismo busca controlarlo para así filtrar las causas que llegan al Máximo Tribunal. Sin embargo, otros opinan que efectivamente será “un desahogo” para la Justicia.
La presentación en el Congreso de un proyecto de ley para crear un Tribunal Nacional de Casación por Arbitrariedad ya levantó polémica. Es que mientras en el oficialismo aseguran que el objetivo es “alivianarle” la tarea a la Corte Suprema, la oposición ve un embate del kirchnerismo sobre la Justicia y a eso se le suma la voz de algunos constitucionalistas que comparan la iniciativa con la ampliación del Máximo Tribunal durante la presidencia de Carlos Menem.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Jorge Yoma, presentó una iniciativa que propone quitarle a la Corte la competencia para decidir en sentencias arbitrarias, o sea fallos que provienen de instancias menores y que fueron apelados por vicios en su formulación, según reveló hoy el diario La Nación.
El proyecto dispone que la nueva instancia judicial -con sede en Córdoba- se abocaría a las sentencias arbitrarias emanadas no sólo de los tribunales inferiores federales, sino también nacionales, provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
El Tribunal que crea este proyecto de ley estará integrado por siete miembros, quienes deberán reunir las condiciones exigidas para ser miembro de la Corte Suprema. La iniciativa prevé que el recurso por arbitrariedad de sentencia debe presentarse ante el nuevo tribunal dentro de los diez días hábiles judiciales de notificada la sentencia recurrida.
Según señaló el propio Yoma, “en la actualidad, el máximo tribunal debe atender más de 20.000 causas al año de derecho común que provienen de las instancias inferiores, y la Corte no tiene el tiempo material para abocarse debidamente a ellas”.
Pero, el jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, contraatacó al señalar que “la Corte fue restringiendo progresivamente las causales para que este tipo de sentencias sean apeladas ante esa instancia máxima” y recalcó que “las sentencias arbitrarias que quedaron fuera de esas restricciones deberían seguir libradas al buen juicio y la prudencia de la Corte”.
Opiniones enfrentadas
Claro que el proyecto también levantó polémica entre los constitucionalistas que o ven al proyecto como una herramienta positiva o lo miran como un intento del cooptar a la Justicia por parte del kirchnerismo.
Así, el abogado constitucionalista Félix Loñ comparó a la medida con la ampliación de la Corte Suprema durante el primer mandato de Carlos Menem.
“Volveríamos a esos tiempos. Si estos Tribunales terminan siendo de instancias definitivas habría que ver si la iniciativa no esconde otro objetivo, porque pueden esconderlo con un relato interesante. Lo que puede ser razonable puede esconder un sometimiento de la Justicia”, resaltó Loñ.
Según su análisis, el oficialismo buscará controlar el Tribunal para que las causas conflictivas no lleguen al Máximo Tribunal y así asegurarse una resolución favorable.
“La Corte ha demostrado su independencia como en el caso de los jubilados o el caso de la publicidad para medios no oficialistas. Hay que ver si los jueces son elegidos por el Consejo de la Magistratura donde no se pueden definir las ternas sin los dos tercios que tiene el kirchnerismo”, argumentó.
Sin embargo, para el también abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez la reforma y la creación del nuevo Tribunal “es positivo” ya que la Corte “se abocaría principalmente a las causas puntuales sobre Constitución y Derechos Humanos”.
“Es un viejo proyecto de Bidart Campos y de Kemelmajer de Carlucci para que la Corte se encargue de casos importantes lo que le daría al justiciable una posibilidad de desahogo”, recalcó.
En ese sentido, señaló que “hoy el 80 por ciento de los casos que llegan a la Corte son por arbitrariedad” y recalcó que “no es un avance sobre la Justicia sino es darle más recursos y más herramientas”.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Jorge Yoma, presentó una iniciativa que propone quitarle a la Corte la competencia para decidir en sentencias arbitrarias, o sea fallos que provienen de instancias menores y que fueron apelados por vicios en su formulación, según reveló hoy el diario La Nación.
El proyecto dispone que la nueva instancia judicial -con sede en Córdoba- se abocaría a las sentencias arbitrarias emanadas no sólo de los tribunales inferiores federales, sino también nacionales, provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
El Tribunal que crea este proyecto de ley estará integrado por siete miembros, quienes deberán reunir las condiciones exigidas para ser miembro de la Corte Suprema. La iniciativa prevé que el recurso por arbitrariedad de sentencia debe presentarse ante el nuevo tribunal dentro de los diez días hábiles judiciales de notificada la sentencia recurrida.
Según señaló el propio Yoma, “en la actualidad, el máximo tribunal debe atender más de 20.000 causas al año de derecho común que provienen de las instancias inferiores, y la Corte no tiene el tiempo material para abocarse debidamente a ellas”.
Pero, el jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, contraatacó al señalar que “la Corte fue restringiendo progresivamente las causales para que este tipo de sentencias sean apeladas ante esa instancia máxima” y recalcó que “las sentencias arbitrarias que quedaron fuera de esas restricciones deberían seguir libradas al buen juicio y la prudencia de la Corte”.
Opiniones enfrentadas
Claro que el proyecto también levantó polémica entre los constitucionalistas que o ven al proyecto como una herramienta positiva o lo miran como un intento del cooptar a la Justicia por parte del kirchnerismo.
Así, el abogado constitucionalista Félix Loñ comparó a la medida con la ampliación de la Corte Suprema durante el primer mandato de Carlos Menem.
“Volveríamos a esos tiempos. Si estos Tribunales terminan siendo de instancias definitivas habría que ver si la iniciativa no esconde otro objetivo, porque pueden esconderlo con un relato interesante. Lo que puede ser razonable puede esconder un sometimiento de la Justicia”, resaltó Loñ.
Según su análisis, el oficialismo buscará controlar el Tribunal para que las causas conflictivas no lleguen al Máximo Tribunal y así asegurarse una resolución favorable.
“La Corte ha demostrado su independencia como en el caso de los jubilados o el caso de la publicidad para medios no oficialistas. Hay que ver si los jueces son elegidos por el Consejo de la Magistratura donde no se pueden definir las ternas sin los dos tercios que tiene el kirchnerismo”, argumentó.
Sin embargo, para el también abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez la reforma y la creación del nuevo Tribunal “es positivo” ya que la Corte “se abocaría principalmente a las causas puntuales sobre Constitución y Derechos Humanos”.
“Es un viejo proyecto de Bidart Campos y de Kemelmajer de Carlucci para que la Corte se encargue de casos importantes lo que le daría al justiciable una posibilidad de desahogo”, recalcó.
En ese sentido, señaló que “hoy el 80 por ciento de los casos que llegan a la Corte son por arbitrariedad” y recalcó que “no es un avance sobre la Justicia sino es darle más recursos y más herramientas”.
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