¿Hace falta mayor presupuesto educativo? por Jorge Ene

¿Hace falta mayor presupuesto educativo?

La crisis de la educación argentina es evidente. El pésimo estado de las escuelas y colegios, el paupérrimo nivel de preparación de maestros y profesores, los conflictos gremiales que dejan a los alumnos sin clases durante buena parte del año lectivo, son algunos de los indicadores que muestran el deterioro creciente de la oferta educativa.

Frente a ello se exige, frecuentemente, un incremento en el presupuesto educativo. Se sostiene que el dinero no alcanza para financiar la educación primaria y secundaria. Buena parte de las consignas que se escuchan en manifestaciones y huelgas exigen mayor presupuesto, sin advertir que ello significa más impuestos, es decir, mayor exacción compulsiva a los habitantes del país (incluidos maestros, alumnos y sus padres).

Éste es un fenómeno que se repite en todas las provincias, y Neuquén no está ajena a esta situación. Este Estado recibe como regalías de hidrocarburos una cantidad similar a la que gasta en educación, permitiéndonos hacer un cálculo adicional que puede ser de utilidad.

El presupuesto educativo previsto para el 2011 en Neuquén asciende a 2.071 millones de pesos, es decir, casi un 30% de las erogaciones totales de la administración pública (7.096 millones de pesos). Según el dato más actualizado que se ha publicado en la provincia (2008), el total de alumnos de escuelas primarias y secundarias (incluyendo establecimientos públicos y privados, y escuelas para adultos) asciende a 174.143.

Si se incrementara esa cantidad para cubrir algún pequeño aumento de población en los últimos tres años, más el ingreso al sistema educativo de algunos niños y jóvenes que no están recibiendo educación, y conviniéramos en un universo a educar de 190.000 personas, eso nos indicaría que la educación de cada alumno les cuesta a los contribuyentes neuquinos unos 10.800 pesos al año, es decir, unos 900 pesos mensuales.

No parece poco dinero, especialmente cuando se observa el nivel del servicio que se presta. Para encontrar algunas explicaciones de por qué con tanto se logra tan poco, se puede bucear un poco más en el presupuesto previsto para el 2011.

Trabajan en el Ministerio de Educación de la provincia 20.380 personas, de las cuales 10.691 son de planta permanente y 9.689 de planta transitoria. Este personal constituye el 45,71% de los 44.585 empleados que tiene el Estado provincial en total. Si todas estas personas fueran maestros o profesores, habría un maestro o profesor por cada nueve alumnos, lo cual no estaría nada mal, aunque es algo bastante alejado de la realidad. Pero cerca de 5.000 de esos empleados del área educativa (la mayoría en planta permanente) no son personal docente ni auxiliar, sino personal administrativo, jerárquico o de otro tipo. Por otro lado, buena parte de los más de 8.000 docentes en planta transitoria están cubriendo vacantes donde deberían estar trabajando personas de la planta principal que por algún motivo no lo hacen. De todos modos, aun tomando en consideración sólo los 15.551 docentes que contempla el presupuesto, esto nos debería indicar que cada docente tendría unos 11 ó 12 alumnos, lo que también parece bastante alejado de la realidad.

Pero ponderar sólo la cantidad de personas no es totalmente representativo de la situación, pues muchos de los 4.767 empleados del escalafón general, que incluyen a funcionarios, desde el ministro hacia abajo, cobran sueldos que contienen varias veces el de un docente. Es decir, que se llevan una porción mayor del presupuesto.

Si se discrimina el presupuesto por rubros, se advierte que de esos 2.071 millones de pesos que constituyen el presupuesto educativo, los sueldos se llevan 1.750 millones (el 87% del total). En insumos educativos se gastan 93,8 millones y en inversión en infraestructura 86,4 millones. O sea, que se asigna tan sólo el 4,3% del presupuesto educativo en ampliar o mantener los establecimientos educativos y un 4,6% en los productos que permiten que un docente dicte clases y los alumnos la reciban (tizas, pizarrones, cuadernos, fotocopias, computadoras, programas informáticos, etc.). En un mundo donde la tecnología tiende a ser un insumo clave de la educación, ese reducido porcentaje luce como una desventaja para poder brindar un servicio educativo eficaz y eficiente.

El grueso del dinero previsto para educación se gasta en sueldos, no en infraestructura ni en insumos, y aun así los alumnos pasan buena parte del período escolar sin maestros o profesores disponibles. La calidad de la educación, además, es muy deficiente.

Desde 1994, con la reforma constitucional, las provincias han adquirido el dominio originario de los recursos naturales. Esto ha hecho que sean las destinatarias de los ingresos por los hidrocarburos y otras fuentes de producción de energía. Hay una discusión filosófica muy interesante respecto de si esto es bueno o si, en realidad, el subsuelo y sus recursos deberían ser de propiedad del superficiario (como decía originalmente el Código Civil). Sin embargo, ésa es la situación actual y a ella nos remitimos para el siguiente análisis. Según el presupuesto 2011, la provincia del Neuquén recibirá en concepto de regalías por explotación de recursos energéticos (petróleo, gas, hidroeléctricas) la suma de 2.016 millones de pesos y además 277 millones por un canon extraordinario por renegociación de concesiones petroleras y gasíferas. Esto da un total de 2.293 millones de pesos, una cifra que es aproximadamente un 10% mayor al presupuesto educativo.

¿Qué ocurriría si ese dinero que pagan los concesionarios, en lugar de ingresar al "pozo mágico" de la burocracia provincial, se utilizara para constituir un sistema de "vouchers" o bonos educativos a nombre de los 190.000 estudiantes? Los vouchers serían nominales, sólo utilizables para pagar educación a sus respectivos titulares. No podrían ser negociados ni utilizados de ninguna otra manera que no sea para pagar educación.

Unos 2.293 millones de pesos repartidos entre 190.000 potenciales alumnos permitirían otorgar un bono equivalente a 12.000 pesos al año (1.000 al mes) a cada alumno y sobrarían todavía 13 millones de pesos, más de un millón de pesos mensuales, para sostener los gastos de la oficina que emita los bonos y los entregue a sus destinatarios.

Pero además, no debe olvidarse que a los gastos en educación deben integrarse las cuotas que hoy pagan los 25.467 alumnos que estudian en los 93 establecimientos educativos privados (integrantes de los 174.143, según cifras oficiales del 2008). Esa cantidad de dinero, si bien no la abona el gobierno provincial, también constituye parte del gasto educativo. Los establecimientos que recibieran los bonos educativos podrían cobrarlos directamente de una cuenta en la que los concesionarios depositen las regalías. De este modo, el dinero pasaría de los concesionarios a los servicios educativos, sin intermediarios. Ello significa que el dinero sería invertido sólo en educación, no en burocracia, y con muchos menores riesgos de corrupción o discrecionalidad.

Existen actualmente 741 establecimientos de educación en la provincia, 648 públicos y 93 privados. Los establecimientos públicos podrían ser, o bien vendidos a empresas privadas mediante licitación pública, o bien entregados a cooperativas de maestros y profesores, que se harían cargo a partir de ese momento de su gestión.

En un esquema como éste, los colegios y escuelas deberían competir entre sí por convencer a los padres de que es preferible confiarles a ellos la educación de sus hijos. La calidad del servicio sería el objeto principal de esa competencia, que reemplazaría a los estándares burocráticos monopólicos actuales.

Con un pago mensual de 1.000 pesos por alumno, dedicarse a la educación se convertiría seguramente en una buena alternativa de inversión, lo que permitiría contar con recursos suficientes como para mejorar ostensiblemente las instalaciones y las prestaciones educativas. Incluso aquellos establecimientos que superaran claramente a los demás en calidad, u ofrecieran servicios o estudios adicionales, podrían negociar con los padres algún pago extra además del bono, que sólo sería pagado voluntariamente en la medida en que se considere conveniente. Ello estimularía la competencia por ofrecer una educación cualitativamente superior. La profesión de maestro o profesor se vería jerarquizada por las mejores condiciones, lo que permitiría mejorar también por este medio la calidad de la enseñanza.

De este modo, con los mismos recursos utilizados actualmente se podría mejorar la calidad de la inversión (dinero para educación, no para burocracia), aprovechar las ventajas de la competencia y, quizá, convertir a la provincia del Neuquén en un modelo educativo en el país.

(*) Fundación Progreso y Libertad