domingo, 26 de junio de 2016

Nunca se ha visto una mugre semejante, por Eduardo Van der Kooy

Nunca se ha visto una mugre semejante

por Eduardo Van der Kooy

Trama política

El kirchnerismo viene batiendo con nitidez al menemismo en la competencia de la historia negra de dos prolongadas décadas de peronismo en el poder. Una, en su pregonada versión estatista; la otra, con el demonizado y ruinoso libreto neoliberal. La ventaja de los K está a la vista: una descomunal mancha de corrupción, que incluye vínculos presuntos con el narcotráfico, permite dejar en un segundo plano lo demás. Hasta el ajuste económico dispuesto por Mauricio Macri, con impericias propias, para manipular la bomba que cedió Cristina Fernández al partir.
El menemismo también tuvo su baldón pero en circunstancias distintas. De hecho, casi quedaron en el recuerdo colectivo sólo dos emblemas de la época. El mismo Carlos Menem, con una prisión fugaz y una condena firme, y María Julia Alsogaray. El kirchnerismo, a seis meses de pasar a la oposición, computa tres encarcelados: Ricardo Jaime, José López y Lázaro Báez. Amén de diecisiete ex funcionarios procesados. Algunos de rango elevado, como la ex presidenta, Amado Boudou, Julio De Vido o Aníbal Fernández.
Los menemistas contaron con un par de ventajas. A un año de haber asumido, la Alianza de Fernando de la Rúa tronó por un caso de corrupción que la Justicia nunca probó. Después de 14 años decretó la absolución de los imputados. Fueron las supuestas coimas pagadas por la reforma laboral que derivó en la renuncia de Carlos “Chacho” Alvarez, el vicepresidente. Esa crisis política se unió a la mala praxis con la herencia económica. Sobrevino la hecatombe.
El derrotero produjo otro fenómeno. El Poder Judicial, diseñado en los 90, continuó anclado en la estructura política. Moderó su espíritu de investigación condicionado por una opinión pública en pánico a raíz del desvarío de la economía. Y un gobierno aliancista que los apañó. Dosis de impunidad quedaron sueltas. Ese plano parece ahora invertido. Hay enojo social por el ajuste pero no se advierte pánico. Los jueces, con el final del kirchnerismo, perdieron referencias en el poder. Se sienten interpelados por una sociedad que, ante la falta de otras cosas, reclama resarcimiento moral. Los magistrados sacuden la alfombra y aflora una mugre pornográfica, nunca vista en tres décadas de democracia. ¿Qué pasaría si esa presión pública llegara a ceder? No habría a mano una respuesta.
La mayoría de las conductas dan lugar a las dudas. Ariel Lijo, después de la detención en Brasil del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, dispuso el procesamiento de cinco ex funcionarios y empresarios por aportes de laboratorios farmacéuticos a la campaña de Cristina del 2007. La denuncia tuvo su punto de partida en el 2008. Julián Ercolini ordenó ahora peritajes por sobreprecios en la obra pública, en apariencia el nudo de la corrupción K, que sustancia desde el 2008. La única novedad sobre Hotesur (la empresa que controla una cadena hotelera de la familia Kirchner) la produjo Gerardo Pollicita. El fiscal le pidió al juez que levante el secreto fiscal de Cristina y sus dos hijos. Le serviría para ahondar en las maniobras de lavado. Sebastián Casanello lleva la pesquisa de la ruta del dinero K desde el 2013. La activó recién en marzo cuando surgieron los videos de La Rosadita. Marcelo Martínez de Giorgi llamó a declaración indagatoria a varios involucrados en el proyecto Sueños Compartidos que data del 2011. Entre ellos, Hebe de Bonafini y el diputado De Vido. El fiscal Eduardo Taiano se acordó en la semana de solicitar la lista de vecinos del departamento de Puerto Madero donde murió el fiscal Alberto Nisman, hace ya dos veranos. Daniel Rafecas ordenó el apresamiento de López luego que el ex secretario de Obras Públicas fue descubierto revoleando bolsos con millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez. Lo hizo en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito que posee desde el 2008.
El espectáculo de los jueces guarda indisimulada funcionalidad para este tránsito difícil de Macri. Pero la eternización de las causas, como hasta el presente, podría convertirse en una trampa. No se trata sólo del problema de la lentitud. También, de las argucias legales que posibilitan que esos trámites se traben. Las causas por corrupción pública consumen un promedio de 14 años. Y sólo el 5% reciben condenas, según las estadísticas de la diputada Margarita Stolbizer.
El Presidente no podría tolerar, sin daño, que ese procedimiento se repita. Porque siempre envuelve su discurso con la prédica de la transparencia. Y porque la expectativa popular está en la cima. Tan alta, que hasta soslaya desprolijidades que el Gobierno no resuelve. Hay una denuncia contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, por incompatibilidad con la función pública. Posee acciones en la petrolera Shell.
En el macrismo hierve un debate sobre la conveniencia de enviar señales a la Justicia para que la impunidad de la década pasada no quede indemne. Para que los jueces no crean que alcanza sólo con la acuarela del paisaje. Por lo pronto, se observa una asistencia del Estado que antes no existía. La UIF (Unidad de Información Financiera) fue clave para que Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan embretaran a los cuatro hijos de Báez en operaciones con dinero negro en Suiza. El empresario K se acerca a la idea de acogerse a la figura del arrepentido. Pésima novedad para Cristina.
Aquí habría que detenerse. Llamó la atención la alta exposición del juez Casanello, proclive siempre a pasar inadvertido. Una rueda de prensa con pompa para anunciar su éxito sobre la ruta del dinero K. ¿Lo habrá hecho para frenar la intención inicial de la Sala II de la Cámara Federal de apartarlo de la causa?
Otra de aquellas señales sería limitar facultades de Alejandra Gils Carbó. La procuradora general constituye un estorbo para la actividad de muchos fiscales. Ese proyecto impulsado por el ministro Germán Garavano recibió en su momento críticas de la oposición. Pero las cosas sufrieron un vuelco después del escándalo de López. El kirchnerismo volvió a quebrarse en Diputados –se apartó el Movimiento Evita– cuando debió resistir una propuesta del macrismo para autorizar un allanamiento en un departamento de De Vido. Los peronistas tradicionales aparecen hipersensibilizados por el calibre de la corrupción que amaga con salpicar a todos ellos.
En simultáneo, durante los últimos días, aterrizaron en el Consejo de la Magistratura dos denuncias contra Rafecas. La diputada de la UCR, Carla Carrizo, pidió la destitución del juez por su demora en la investigación sobre López. El diputado del PRO, Waldo Wolff, reclamó el juicio político porque Rafecas habría tergiversado pruebas para desacreditar al fiscal Nisman. Ese magistrado zafó del enjuiciamiento K por el escándalo Ciccone que involucra a Boudou. La mesa vuelve ahora a estar servida.
Elisa Carrió estaría satisfecha con esa iniciativa. La diputada estima que sería la única manera de impedir que los jueces remoloneen con las causas de corrupción. Su percepción y la plática macrista encuentran una manifestación tangible. María Eugenia Vidal sigue siendo la dirigente oficialista con mejor imagen. No por su política social, acotada al mínimo por la realidad económica. En cambio, se obstina en cumplir con el mandato popular que la consagró gobernadora de Buenos Aires: la lucha contra el delito, la pelea contra los narcos, el adecentamiento de la política. No por casualidad derrotó a Aníbal Fernández, doblemente procesado.
Esa tarea le provoca trastornos. La decisión de exigir declaraciones patrimoniales a los comisarios de la Bonaerense no cayó bien. Su despacho fue revisado de noche por dos agentes. La casa en La Plata del ministro de Gobierno, Federico Salvai, resultó violada la última semana por desconocidos. El funcionario alterna sus noches entre la capital platense y Palermo. ¿Mensajes policiales o aprovechamiento de la política acosada? Vidal metió hace pocos días ocho denuncias por una estafa millonaria durante la gestión sciolista en el IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial). Al parecer, sobreprecios y prestaciones falsas. Allí se entrelazan vínculos con el mundo sindical. Pesan en el organismo los dirigentes del gremio estatal UPCN (Unión Personal Civil de la Nación), varios de los cuales conservan cargos gerenciales.
Los coletazos tendrían otros registros: los secuestros. El distrito más afectado, según cifras oficiales, es Morón. Le siguen Lomas de Zamora y San Martín. Las mismas estadísticas descubrirían la precariedad de los sistemas carcelarios y de seguridad. Desde el 2013 se fugaron 1198 presos de alcaldías y cárceles bonaerenses. Uno por día. Las prisiones colapsan. El nuevo ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, informó a Vidal sobre un cuadro estremecedor: cada año ingresan a cárceles de Buenos Aires 2.200 detenidos y egresan, por distintas razones, apenas 600.
Nada de eso salió a luz durante la década kirchnerista. Al contrario, se hizo hincapié en la supuesta recuperación social de los presos, en las fiestas promovidas en las cárceles y hasta en el compromiso político con los K, asumido por muchos delincuentes. Sin querer, Claudio Bonadio le habría propinado un mazazo a tanta ficción. El juez citó a declaración indagatoria a 70 personas en la causa que indaga la distribución de subsidios del Instituto Nacional del Cine (INCAA) en el ciclo kirchnerista. Un peritaje del Cuerpo de Contadores de la Corte Suprema reveló cuestiones asombrosas. Entre varias, la producción y comercialización de la película “Verdades, Verdades, la vida de Estela”, que cuenta la trayectoria de la señora de Carlotto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo. Algunas provincias abonaron fortunas poco explicables por su adquisición.
La decisión de Bonadio significaría un epitafio para la década. Al desmembramiento del relato se añadiría el final de la película.

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