sábado, 29 de abril de 2017

La policía y el reformismo, por Jorge Lanata

La policía y el reformismo

por Jorge Lanata
La policía y el reformismo

La columna de Lanata






Con la policía ningún extremista podría censurar la necesidad de una “reforma”. Potocar fue un cómplice o un idiota: en cualquier caso, mantener su cargo lo excede.

“Planteémonos una hipótesis absurda –escribe Pier Paolo Pasolini en 1968, en un artículo titulado “Per una polizia democratica”. El Movimiento Estudiantil toma el poder en Italia. Pragmaticamente, claro: sin haberlo presupuesto, por puro ímpetu o ardor ideológico, por estricto idealismo juvenil, etc., etc.

Es preciso “actuar antes que pensar”, por consiguiente…con la acción se puede conseguir todo. Bien. El Movimiento Estudiantil está en el poder: ser el poder significa disponer de los mecanismos de poder.

El más vistoso, espectacular y persuasivo aparato del poder es la policía. El Movimiento Estudiantil, por tanto, se encuentra con que dispone de la policía. ¿Qué haría en tal caso? Si la aboliera, claro está, perdería automáticamente el poder.

Pero prosigamos con nuestra hipótesis absurda: el Movimiento Estudiantil, dado que tiene el poder, quiere conservarlo, y ello siempre con el objetivo de cambiar –¡¡por fin!!- la estructura de la sociedad.

Puesto que el poder es siempre de derechas, el Movimiento Estudiantil, pues, para obtener ese fin superior consistente en la “revolución estructural”, aceptaría un régimen provisional asambleario, no parlamentario, en última instancia de derechas y en consecuencia, entre otras cosas, tendrían que decidirse a mantener a la policía a su disposición.

En esta absurda hipótesis, como verá el lector, todo cambia y se presenta bajo un cariz milagroso, embriagador, diría yo. Sin embargo hay algo que no ha cambiado y que se ha mantenido como era: la policía.

¿Porque he planteado esta hipótesis insensata?

Porque la policía es el único punto en el que ningún extremista podría censurar la necesidad de una “reforma”.

En lo tocante a la policía no se puede ser más que reformista.

Esta semana el caso del comisario José Pedro Potocar dejó expuestas esas contradicciones: denunciado por un fiscal irreprochable, José María Campagnoli, Potocar lloró al aire de Radio Mitre en el programa de Marcelo Longobardi y luego marchó preso.

Era, hasta el viernes antepasado, el Jefe de la Policía de la Ciudad.

Las especulaciones se multiplicaron: fue un vuelto de la Federal ante la fusión; Potocar sabía que las comisarias coimeaban pero el no participaba del reparto; Potocar era honesto o un cínico, según el interlocutor.

A media semana me escribió un ex funcionario de la Alianza: “Jamás diré que el comisario acusado hoy es inocente –me dijo-. Sin embargo recuerdo lo que pasó con Santos, jefe de Policía de la Alianza. Venía de Asuntos Internos con reputación intachable. Muy resistido por la “gorra”, los policías de la calle, por imposible de corromper con alguna de las cajas. Cuando el fin de la Alianza, el día que murieron varias personas en la Ciudad, es más que posible que haya sido un ataque por elevación a Santos. Todos fueron asesinados lejos de la Casa de Gobierno, que no estaba amenazada, por la espalda y por gente de civil. Puede que ambos casos se asemejen, más allá de si Santos fue o no capaz de controlar la conducta de sus subordinados”.

El caso Potocar provocó que volviera a hablarse, con normalidad pasmosa, de que las comisarias tienen llave, de la venta de protección, de los destinatarios últimos de lo recaudado, de zonas liberadas y negocios sucios a la luz del día.

Se elogió la participación de civiles en la conducción –como si los civiles nunca hubieran robado en la Argentina- y varios se preguntaron golpeándose el pecho si habría políticos implicados.

Tal vez valga la pena volver a citar el ejemplo del narcotráfico: todas las fuerzas de seguridad incautan, por año, el 10% de la droga que se consume. ¿Y el otro noventa? Entra por la puerta. ¿Y quién la abre?: la policía, las fuerzas de seguridad, los políticos.

Cualquier especialista en el área sabe que, cuando hay paz, no significa que se terminó la droga, significa que ganó uno de los carteles que la proveen.

La mayoría de los “descubrimientos” obedecen a denuncias “anónimas” de la competencia y todos están felices: los que trafican por traficar, los que reprimen por aumentar cada vez más sus gastos ficticios de utilidad relativa.

La provincia de Buenos Aires dio un ejemplo insólito en la historia argentina: María Eugenia Vidal cortó la recaudación policial que llegó, durante décadas, a todos los gobernadores. ¿Eso eliminó la cadena de corrupción? No, pero la hizo más corta y riesgosa.

Pero tampoco eso alcanza si la justicia, los organismos de control, los intendentes y las otras fuerzas no se comprometen en la misma lucha. El testimonio de quienes intentaron no participar de la cadena muestra lo difícil que es negarse al circuito ilegal cuando se está en minoría y, para colmo, ni la justicia ni la política los protegen.

“Decir que no” ha costado traslados, órdenes arbitrarias, situaciones de peligro y muertes.

¿Potocar habrá dicho que no? Si sus subordinados participaron de la cadena –y hay sobradas pruebas de ello– el resultado posible no es muy complicado: fue un cómplice o un idiota, y en cualquiera de los dos casos mantener su cargo lo excede.

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