sábado, 8 de octubre de 2016

La ley de la selva, por Jorge Lanata

La ley de la selva

por Jorge Lanata











Enviar gendarmes a Rosario o Buenos Aires es idéntico a tomar deuda externa para pagar salarios en las provincias o mayor déficit en la Nación: mantiene intacta la enfermedad y -quizá- alivia un poco la fiebre.

Un repaso superficial de las cifras de robo, drogas, inseguridad, e ineficiencia judicial y policial es más que suficiente para entender que plantear soluciones parciales a un problema global es inútil.
El narcotráfico corrompe verticalmente todos los organismos que lo controlan, la inseguridad está íntimamente vinculada con la parcialidad política de la justicia, el sistema de puertas giratorias, y la complicidad de los sistemas de control en el establecimiento de zonas liberadas.
Si nos despertáramos mañana con un gendarme por cada cuadra de la Argentina el problema no sería distinto: la Gendarmería se corrompería del todo y las fronteras dejarían de ser un colador para transformarse en una alfombra roja.
Un solo dato alcanza para demostrar la indolencia -¿incapacidad? ¿estupidez? ¿complicidad?- policial y judicial: en Argentina hay 100.000 prófugos. Cien mil prófugos.
De ese total, 25.000 son prófugos con condena. Mil prófugos puede ser una cifra normal, diez mil una mala gestión, pero cien mil -una cancha y media de River llena de prófugos- muestra el último grado de la decadencia.
Se denuncian 85 delitos por hora, de los cuales treinta son robos.
Las cifras oficiales indican dos millones de armas en la población. Las reales precisan nueve millones, una cada cuatro habitantes.
Hay unos sesenta mil presos en el país, de los cuales 33 mil están en la provincia de Buenos Aires y unos dos mil quinientos en comisarías -algo irregular, que se supera porque los presos pagan a los comisarios para estar allí.
Según el Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en Argentina se observó en 2016 un incremento del 50% de venta de drogas a nivel barrial. “El nivel -dice el informe- experimenta un incremento abrupto entre los años 2010 y 2011 para luego seguir una senda ascendente progresiva”.
Tomando el período entre 2010 y 2014 el Barómetro señala que los incrementos más intensos tuvieron lugar en la Patagonia 87%, NEA 85% y AMBA 35%. “El incremento en el registro de venta de drogas en el barrio se produce haya o no presencia policial. Se observa que en algunas regiones urbanas el incremento es proporcionalmente mayor en las zonas que tienen presencia policial. En AMBA el registro de venta de drogas se incrementa un 43% en barrios con presencia policial y un 34% en barrios sin presencia policial, algo similar ocurre en la región pampeana”.
Eso sucede abajo, en la Argentina de las cocinas, de la marihuana envuelta en celofán. Arriba, en el mundo del dinero que la droga produce no sucede nada. En “Criminalización del lavado de activos” Juan Félix Marteau, Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, reseña cuántas condenas por lavado hubo en Argentina durante los últimos quince años en los que el país ingreso al GAFI: siete.
De esas siete, sólo en tres se identificó el famoso “delito precedente”. Hubo, en quince años, 17 condenados a prisión, pero sólo ocho debieron cumplirla de manera efectiva. Ninguna de las causas se originó por un reporte de operación sospechosa analizado por la Unidad de Información Financiera.
Si el sistema estuviera diseñado para que nada funcione, habría que contratar al que lo hizo: es perfecto.
Todos los puntos se vinculan o mantienen la relación entre causa y consecuencia. El resultado es que, azarosamente, puede conseguirse algo de justicia que de todos modos no sirve porque terminan en un laboratorio de monstruos denominado sistema penitenciario. Los jueces, mientras tanto, firman “será justicia” sin que les tiemble el pulso.
Cada miembro de la cadena, el victimario, el policía, el fiscal, el juez actúan un rol que saben impostado, todos hacen como sí.
El muerto, la víctima, no participa.
Arreglar este entuerto parece imposible, y tal vez lo sea. Pero ¿qué otra cosa podría proponerse el gobierno que sea sino arreglarlo? ¿Cómo podemos seguir viviendo así?
¿Cambiar la policía? Sí, cambiar la policía, condenar a los corruptos, capacitar a los demás, tarde lo que tarde.
¿Cambiar la Justicia? Sí, cambiar la justicia, sacar a los jueces y fiscales que anteponen su ideología a la propia ley, destituir a los venales y a sus padrinos políticos, con independencia de los compromisos que tenga el partido que gobierne o el que se oponga. Hace falta liderazgo político y coraje y tiempo.
Lo otro es esto, lo que tenemos: la selva; estamos perdidos en ella, y buscando la salida podemos perder la vida.

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