Tarifazo y corrupción K, pan y circo, Julio Blanck

Tarifazo y corrupción K, pan y circo

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Bruto tarifazo. Gas, casi 300%. Agua, hasta 375%. Trenes y colectivos, hasta 100%. Subtes, 60%. Nafta, 17% en lo que va del año para el único precio que venía actualizado. Luz, desde febrero, hasta 700%. Los precios son cada vez más nuevos y los salarios se ponen cada día más viejos. La inflación de este mes se proyecta más allá del 5%. La medición de la pobreza hecha por la Universidad Católica dijo que pasamos del 29% que dejó Cristina al 32,5% luego de los tres primeros meses de Macri. Se puede argumentar, con razón, que esta es la parte dolorosa en el proceso para ordenar la economía y ponerla de pie. Suena lindo. Pero son 13 millones de compatriotas pobres. 

Pan no hay. Pero lo que abunda es el circo.

Hace veinte días se produjo un impacto profundo cuyas ondas expansivas no dejan de multiplicarse. El noticiero Telenoche mostró los videos en los que empleados de la financiera La Rosadita cuentan millones de dólares y euros ante la contemplación gozosa de Martín Báez y Daniel Pérez Gadín. Son el hijo y el contador de Lázaro Báez, el enriquecido empresario de Santa Cruz del que ya se ha demostrado que es socio de los Kirchner, aunque conocedores de sus andanzas aseguran que en verdad es testaferro de la aventajada familia patagónica que dio al país dos presidentes y un diputado nacional. 

El espectáculo obsceno de la corrupción ocupó la escena.

A partir de entonces, jueces que despiertan de su siesta indecorosa ponen en la mira a los Báez y los citan a indagatoria. Se tambalea el emporio que Lázaro había edificado gracias a recibir 650 millones de dólares para realizar obras públicas en Santa Cruz, aunque sólo la mitad de ellas fueron terminadas. Lázaro se enfrenta con Alicia Kirchner porque la plata se terminó y manda a la quiebra a su nave insignia, Austral Construcciones. En el chiquero también chapalea Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP que Cristina logró refugiar en la Auditoría General. Echegaray miró para otro lado cuando Cristóbal López alegó quebrantos para pedir la postergación del pago de impuestos por 8.000 millones de pesos. Con esa plata compró una petrolera y medios de comunicación. Se borronean los tiempos felices lubricados por el chorro generoso de dinero del Estado. Las complicidades se resquebrajan. Los socios impunes de antes empiezan a acusarse entre sí.

Mirado en perspectiva, todo esto podría ser apenas el principio.

El 13 de abril está citada a declarar Cristina. Parece el destino maldito de los ex presidentes. Por esa instancia pasaron antes Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Cada uno salió del trance con suerte diversa. A Cristina la va a indagar el juez Claudio Bonadio por el escándalo de la venta de dólar futuro, una maniobra realizada el final del gobierno anterior que perjudica al Estado en 76.000 millones de pesos según un informe del Banco Central. Beneficiarios de esa jugada perversa fueron, entre otros, grandes bancos, corporaciones cerealeras y financieras. Justo los que el mentiroso relato K decía combatir en defensa de la Patria. El denunciante original fue el actual ministro Alfonso Prat-Gay. Le había apuntado a Alejandro Vanoli, entonces titular del Banco Central que reapareció el 24 de marzo camuflado entre dirigentes kirchneristas, en la recordación de los cuarenta años del golpe del 76. El juez Bonadio amplió el radio de tiro: incluyó a Cristina y también a quien era el jefe directo de Vanoli: el ex ministro y ahora diputado Axel Kicillof.

La lluvia ácida no deja de caer sobre la nomenclatura kirchnerista.

Ayer fue detenido Ricardo Jaime, un histórico incondicional de Néstor que ya carga con tres condenas. Es otro símbolo del saqueo sistemático del Estado, perpetrado por el kirchnerismo. El viernes Bonadio había rechazado una recusación presentada por abogados de un ex director del Banco Central. El juez está convencido de que sólo fue el primer paso para tratar de apartarlo de la causa y bloquear la indagatoria. Ratificó la citación a Cristina. Máximo Kirchner asegura que su madre se presentará en los tribunales de Comodoro Py. Es un hecho político mayúsculo llevar a un ex presidente ante la Justicia. Y aunque llegó prometiendo ser implacable con la corrupción, al gobierno de Macri la perspectiva de Cristina enjuiciada no pareció atraerle demasiado. Le teme a la victimización de Cristina, a que en un pase de magia se transforme de villana en heroína. O será que a nadie le gusta verse proyectado en el hipotético espejo del propio futuro. Pero hubo un momento en que esa postura timorata se modificó.

El escenario económico parece determinar un cambio de conducta.

Sacudiéndose la tibieza inicial, que mereció la inevitable e imprescindible reprimenda pública de Elisa Carrió, el Gobierno empezó a jugar más fuerte. A través de la Oficina Anticorrupción pidió ser querellante contra Cristina en el caso Hotesur, causa emblemática con firmes sospechas de lavado de dinero que involucran a la familia Kirchner y a Lázaro Báez. La petición fue presentada por Laura Alonso, titular de la OA, el jueves. Ese mismo día se anunciaron los muy fuertes aumentos en el transporte y los servicios de gas y agua. Alonso asegura que venía trabajando desde enero en varios temas y que no le había avisado a nadie de su presentación en el caso Hotesur. Pero en pocos días produjo otros hechos remarcables. Consiguió que la Cámara Federal anule el sobreseimiento de Carlos Liuzzi, ex lugarteniente del todopoderoso Carlos Zannini, acusado de enriquecimiento ilícito. Y pidió la declaración indagatoria de Echegaray por su oscura participación en el nunca olvidado caso Ciccone. Alguna mano invisible parece haber abierto esas compuertas.

Un impulso incontrolable hizo mover al Gobierno.

Los embates reiterados de Elisa Carrió venían acumulando carga negativa sobre Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y señalado como operador de Macri en la Justicia. Carrió insinuó que estaba adormeciendo ciertos casos de corrupción K. Es demasiado evidente la figura de Angelici para hacer esa tarea que -más allá del elogio o condena que merezca– reclama de una mínima discreción. Quienes dicen conocer la entretela judicial aseguran que a Carrió le resulta más confiable el abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, a quien se ha definido como el cerebro judicial de Macri. Quizás sea una exageración la definición, tanto como la supuesta preferencia de la diputada indomable. Cuando Carrió sintió que no era escuchada eligió hablar en público sobre el “brutal aumento de tarifas”. Ese mismo día Macri la invitó a Olivos. Y ese mismo día anunció que impulsaría la ley del arrepentido, durante una entrevista con el canal de noticias TN. Carrió ya no criticó el aumento de tarifas y renovó su fe y su alianza con el Presidente. Muchas coincidencias para ser casuales. La ley del arrepentido, asimilación local de una herramienta que está destapando la cloaca en el Brasil de Dilma y Lula, es otra elaboración de la Oficina Anticorrupción. Alonso tenía listo el proyecto y en cuanto Macri habló del tema se lo mandó al ministro de Justicia Germán Garavano. Otra coincidencia temporal.

Tarifazo y corrupción se pueden mirar a través de las encuestas.

En la Casa Rosada evalúan que el respaldo social que tiene Macri, según los sondeos que consultan, permitirá pasar el mal trago de la suba de tarifas y la dificultad para controlar la inflación, sin alterar mayormente sus planes. Dicho de otro modo, que el capital político que el Presidente acumuló en casi cuatro meses de gestión podrá ser invertido en atravesar el cuello de botella económico y social que se anuncia para los meses por venir. Del otro lado del mostrador, un grupo selecto de gobernadores y legisladores peronistas recibió el resultado de la encuesta mensual de Hugo Haime, que en alguna medida permite llegar a conclusiones similares. Registra niveles de aceptación cercanos al 60% para la figura de Macri y algo por encima del 50% para la gestión del Gobierno. Estima que los votantes que hicieron presidente a Macri mantienen abierta la esperanza, pero que los problemas de la economía cotidiana le impiden lograr apoyo entre quienes no lo votaron. En ese contexto, se resalta un avance fuerte de la percepción de la corrupción como un problema a solucionar, colocándose por detrás de temas muy instalados como el salario, el empleo y la inseguridad. Visto así, el estruendo del espectáculo de la corrupción podría compensar en parte los desagrados de la economía, al menos por el tiempo que el Gobierno estima imprescindible para iniciar la recuperación.

Sin pan, pero con circo.