domingo, 13 de septiembre de 2015

Preparando el "GRAN FRAUDE" El Gobierno es juez y parte en el proceso electoral Por: Silvia Mercado

POLÍTICADOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE 2015

El Gobierno es juez y parte en el proceso electoral

Silvia Mercado
La Justicia y la oposición dudan si podrán poner en marcha más medidas de seguridad para las elecciones sin la aprobación del oficialismo. Nuevas sospechas surgen rumbo al 25 de octubre

Los faltantes de boletas fueron una constante en las PASO
Los faltantes de boletas fueron una constante en las PASOCrédito: Adrián Escandar
La Cámara Nacional Electoral se reunió la semana que pasó con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia y se comprometió a analizar las propuestas que recibió. Esta semana tendrá un encuentro similar con los representantes de los partidos políticos de oposición, con quienes profundizará la solución a los problemas. Sin embargo, hizo trascender que, aunque todos se pongan de acuerdo en la implementación de medidas para evitar el fraude, si el Poder Ejecutivo no autoriza las partidas para ponerlas en marcha, nada será posible.
Ejemplo: si se designara un delegado de la Justicia electoral por lugar de votación, algo que está previsto pero nunca se terminó de concretar, se estaría hablando de 13.800 personas. Por decisión de la justicia electoral porteña, en la Ciudad de Buenos Aires se ejecutó esa disposición, y se le pagó a cada uno de ellos $2.400 por ese día de trabajo. Si se replicara a escala nacional, se estaría hablando de $40 millones solo para cubrir ese gasto, sin viáticos, ni vianda, ni capacitación. O sea, $80 millones de pesos si hubiera segunda vuelta. Si el Ejecutivo no lo autoriza, hoy la Cámara no tiene presupuesto para afrontarlos.
Otro ejemplo: también hay dudas en relación al presupuesto para las autoridades de mesa. Como se teme que los presidentes de mesa designados hayan pasado por algún filtro de los servicios de inteligencia, es decir, que ningún empleado o militante de un partido opositor esté entre los elegidos y, por el contrario, las autoridades de mesa fueran militantes oficialistas, la Cámara Nacional Electoral pretende ampliar el número de autoridades, incorporando otras listas, proporcionadas por los partidos opositores. Se habla de que podría haber tres autoridades por mesa, con lo cual se cubrirían los horarios de apertura y cierre e incluso un reemplazo. Si a cada uno se le paga $ 450 y hay tres, estamos hablando de $ 1.350 por mesa, que multiplicados por 94 mil mesas, suponen $127 millones en la primera vuelta, y $254 millones si hay segunda vuelta.
Al hablar con Infobae, un dirigente de un partido opositor se preguntó: "¿Tienen $340 millones de libre disponibilidad solo para pagar autoridades y delegados de la Justicia? Me dicen que no, y que no se las darán desde el Gobierno, lo que es una forma indirecta de fraude". Y agregó: "Si no hago los cambios imprescindibles porque no puedo pagar el costo de implementar ese cambio, por lo tanto me resigno al fraude, porque no pude poner en marcha las reformas que impiden el fraude: es un círculo perverso".
La oposición llevará a la Justicia sus propuestas esta semana
Algo parecido sucede con la propuesta de Boleta Única Complementaria (BUC) que presentó la Red Ser Fiscal. Tanto en la Dirección Nacional Electoral como en el Correo Argentino se le hizo saber a la ONG que era propuesta viable. Desde el punto de vista logístico, solo se trata de sumar la BUC al kit que acompaña cada una de las urnas. Como aún no se realizó la capacitación de los presidentes de mesa y el sistema es tan sencillo, no reviste ningún esfuerzo incorporar este nuevo instrumento y, por supuesto, es el recurso más práctico para resolver el delito más denunciado, el robo de boletas. Es más, con la sola existencia de la BUC, lo más probable es que el delito no se produzca. Por lo menos, no en forma masiva, como sucedió el 9 de agosto.
Sin embargo, el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, que también es candidato, negó enfáticamente la incorporación de la BUC en las próximas elecciones, y detrás salió Alejandro Tullio a negarla también, apurado por no quedar mal con su jefe.
Según los expertos, los mecanismos del fraude se vienen perfeccionando con el paso de los años. Un apoderado que viene monitoreando elecciones para su partido desde 1973, le dijo aInfobae que "no sólo el Correo Argentino es cada vez más discrecional, al dejar a los fiscales de la oposición encerrados en una sala donde no tienen ningún tipo de posibilidad de auditar la carga de telegramas durante el escrutinio provisorio, sino que el Registro Nacional de las Personas, que volvió a prorrogar el plazo de vigencia de los documentos (se podrá votar con cualquier documento, no solamente los nuevos, como estaba previsto originalmente), no entrega los padrones de fallecidos y de documentos emitidos y no retirados para que la oposición pueda chequear en tiempo y forma las maniobras de adulteración".
Algunos, incluso, van más allá, y siembran sospechas en torno al jefe del Ejército que asumió en junio de este año, Ricardo Cundom, luego del sorpresivo desplazamiento de César Milani. Es que durante años tuvo a su cargo el Comando General Electoral, donde debía custodiar las urnas y la organización de comicios. De hecho, por primera vez en esta elección, los 100 o 120 mil efectivos movilizados para la vigilancia de los comicios, que normalmente no votaban, ahora sí podrán hacerlo, de acuerdo al decreto 779/2015, firmado por Cristina Kirchner, y refrendado por el jefe de Gabinete, los ministros Florencio Randazzo, Agustín Rossi y de Seguridad María Cecilia Rodríguez.
Antes no lo hacían porque solo se puede votar en la mesa correspondiente, pero a partir de este decreto, "podrán hacerlo en aquella donde actúe o en la mesa más próxima al lugar en que desempeñe sus funciones, aunque no figure inscripto en ellas, siempre que se encuentre inscripto en el mismo distrito electoral". Para ello, la Cámara Nacional Electoral definirá un mecanismo e impartirá las instrucciones respectivas, lo que todavía no hizo.
El rol del nuevo jefe del Ejército, Ricardo Cundom, en las elecciones inquieta a la oposición
Tucumán exhibió los horrores de nuestro sistema electoral, con un fraude que empieza mucho antes del día de los comicios, con flagrantes condiciones de inequidad para los candidatos y para los electores, sometidos al bestial aparato del Estado, que sólo piensa en reproducirse, sin importar los costos institucionales. Pero todavía hay contrapesos.
En su último acordada, la Cámara Nacional Electoral no sólo calificó de "imperiosa" la modificación del sistema de boletas con el que se vota, que no "difícilmente puede preservar la libre expresión de voluntad del elector", sino que se desligó del escrutinio provisorio, que realizará la empresa Indra en la sede del Correo Argentino, contratada por la Dirección Nacional Electoral.
Con la excusa de la demora en enviar las urnas y actas originales a un único centro de cómputos, se viene implementando en la Argentina un conteo con telegramas de cada urna, que son enviados por los presidentes de mesa. Pero la verdad es que carece de todo valor legal. Nos hemos acostumbrado a dar por ganadores candidatos con escrutinios que no tienen ninguna auditoría de la oposición.
El kirchnerismo, básicamente a través de La Cámpora, tiene una parte de su militancia capacitada para intervenir en el momento de ingresar los datos para ese escrutinio provisorio, con el que esperan instalar un clima de opinión pública favorable a la victoria de sus candidatos a las 22/23 horas, para ahogar cualquier reclamo posterior.
A esta altura de las cosas, sin embargo, ya saben que no la tendrán fácil. En todo el país la sociedad se moviliza para que se respete el voto de cada uno, no importa a quién haya votado. La trampa va perdiendo aliados. Una militancia republicana asoma para las elecciones del 25 de octubre. Se trata, ahora, de organizarla y darle los recursos para que se pueda cuidar el momento más sagrado de cualquier democracia.

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